SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO: Nº 045

Sucre, 22 de noviembre de 2.005

DISTRITO: Chuquisaca PROCESO: Social de desafuero.

PARTES: Fábrica Nacional de Cemento S.A. "FANCESA" c/ Eduardo Iñiguez Coronado secretario de conflictos del sindicato de trabajadores de FANCESA

MINISTRO RELATOR: Dr. Juan José González Osio.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 172-178, interpuesto por Gonzalo Arce Arancibia, en representación de la Fábrica Nacional de Cemento S.A., "FANCESA", contra el auto de vista Nº 145/2001 de fs. 168-169, pronunciado el 8 de mayo de 2001, por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso social de desafuero, seguido por la fábrica que representa el recurrente, contra Eduardo Iñiguez Coronado, Secretario de Conflictos del Sindicato de Trabajadores de "FANCESA"; los antecedentes del proceso, el auto de fs. 188, por el que se concede el recurso, el dictamen del Fiscal General de la República de fs. 191-192, y todo cuanto ver convino y se tuvo presente para resolución; y

CONSIDERANDO: Que, interpuesta la demanda social de desafuero de fs. 71-72, el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de Chuquisaca, en suplencia legal, pronunció sentencia a fs. 119-121, por la que declaró improbada la demanda, con costas.

En apelación formulada por la Fábrica demandante, la expresada Sala Social y Administrativa, emitió el auto de vista de fs. 168-169, por el que se confirmó la sentencia apelada, con costas.

El indicado fallo, motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 172-178, interpuesto por el apoderado de la Fábrica demandante, en el que acusó la violación por mala interpretación y aplicación de los arts. 7º inc. d), 16 párrafos I-III-IV, 186 de la C.P.E.; el D.L. de 7 de febrero de 1944, 241, 242 del Cód. Proc. Trab.; el D.S. Nº 22686 de 22 de diciembre de 1990, y la Ley Nº 1383 de 26 de noviembre de 1992, porque -según el recurrente- no puede aplicarse en el presente caso, la presunción de inocencia, el derecho a defensa, ni el principio del debido proceso, al no tratarse de un proceso penal; tampoco existe ninguna norma que obligue la sustanciación de un proceso administrativo interno previo, para solicitar el desafuero sindical; no se reconoció el status jurídico de Sociedad Anónima a FANCESA, sujeta a las normas del Cód. Com., y que por Resolución de Directorio de 24 de febrero de 2000, se dejó sin efecto el Reglamento de Procesos Internos, existiendo una imposibilidad legal absoluta para organizar un proceso administrativo contra el demandado; se omitió valorar la prueba testifical de fs. 90 y 91 y documental de fs. 13, 16, 37, 51, 54, 90 y 115, que justifican el desafuero solicitado; por último, fundamentó que el art. 186 de la C.P.E., establece que el Título emitido por la Universidad, habilita ejercer una profesión en todo el territorio de la República, que constituye un deber constitucional previsto por el art. 8º inc. b) de la C.P.E., sin que sea imprescindible la afiliación y registro a un colegio de profesionales que es de carácter asociativo; sin embargo, no se consideró el informe de auditoría presentado, por el incumplimiento de esa formalidad de la profesional que suscribió el mismo.

CONSIDERANDO: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, corresponde a este Tribunal su análisis y resolución:

I.- Con carácter previo se debe recordar que el art. 159 párrafo I de la C.P.E., reconoce entre otros derechos sociales, el fuero sindical, que constituye una garantía constitucional para los dirigentes sindicales, por las actividades que despliegan en el ejercicio específico de su mandato y en defensa de los derechos laborales e intereses socio-económicos vinculados con la prestación de la fuerza de trabajo al interior de una relación laboral; por cuya razón, cuando su accionar sea contrario al ordenamiento jurídico, para evitar la impunidad de sus actos, al no poder ser objeto de persecución, procesamiento, ni sanción directa; debe cumplirse una formalidad previa establecida por los arts. 16 de la L.G.T., 241 y 242 del Cód. Proc. Trab., 2º y 3º del D.L. Nº 38 de 7 de febrero de 1944, que consiste en la acción de desafuero sindical, donde se comprueban ante la autoridad jurisdiccional las presuntas imputaciones que se acusa, quien puede autorizar el traslado o el despido del trabajador infractor.

II.- Dentro del marco conceptual y jurisdiccional del desafuero sindical, analizando los fundamentos del recurso de casación interpuesto en el caso presente, se tiene lo siguiente:

1.- Los arts. 228 y 229 de la C.P.E., consagran la supremacía constitucional, pues, la Carta Magna es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, que debe ser respetada y cumplida; entre los muchos derechos y garantías que consagra tenemos los enumerados en los arts. 7º y 16 de la C.P.E. El primero consagra los derechos fundamentales de las personas, sujetando su ejercicio a las leyes ordinarias que los reglamentan. En cambio este segundo artículo consagra las garantías de administración de justicia, garantías que se conocen como presunción de inocencia, derecho a la defensa y al debido proceso; en este caso, corresponde puntualizar el derecho a la defensa, referido a que toda persona demandada, en cualquier materia, como en materia social, tiene el derecho irrestricto e inviolable a asumir amplia defensa; desde este punto de vista, no se ha dado la acusada mala interpretación y aplicación de los indicados arts. 7º y 16 de la C.P.E.

2.- De otra parte, se tiene que los fallos de instancia extrañan la inobservancia del procedimiento administrativo disciplinario interno, a efectos de establecer los cargos técnico contables y los descargos en dicha vía; empero, los arts. 2º y 3º del D.L. Nº 38 de 7 de febrero de 1944, disponen que ante la autoridad jurisdiccional se debe demostrar la causal demandada, tomando en cuenta que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consagrados en la ley sustancial y la consiguiente interpretación de las disposiciones del Cód. Proc. Trab., lo que precisamente han observado los Tribunales de instancia. De otra parte, es incensurable en casación la apreciación de la prueba, salvo la existencia de algún error de hecho o derecho en que hubiesen incurrido el Juez de la causa o el Tribunal de grado, aspecto que en el caso presente no se ha demostrado fehacientemente por documentos o hechos auténticos.

3.- Resulta inatendible el fundamento referido a la violación del art. 186 de la C.P.E., con referencia al informe de auditoría cursante de fs. 10 a 12, que consiste en un principio de prueba sujeto a comprobación y objeción posterior, y como no fue ratificado en el proceso social no reviste el valor legal que le atribuye el recurrente; con el añadido que tal informe de auditoría y sus resultados no se hizo conocer al demandado, para que pueda presentar sus descargos, efectúe aclaraciones, en suma haga efectiva su defensa, conculcándose de esta manera el inc. II del art. 16 de la C.P.E.

4.- Por último, tenemos que en cumplimiento del art. 1º del Cód. Com., las relaciones jurídicas de las actividades comerciales, se regulan por el mencionado cuerpo legal; por cuya razón en aplicación del D.S. Nº 22686 de 22 de diciembre de 1990 y la Ley Nº 1383 de 26 de noviembre de 1992, que reconocen el status jurídico de Sociedad Anónima a la empresa demandante FANCESA, sus actos se sujetan a dicha normativa que se limita a regular las actividades comerciales emergentes del giro de dicha empresa y no las relaciones obrero-patronales, que en cumplimiento de los arts. 1º y siguientes de la L.G.T., tienen su propia regulación en las disposiciones sociales, bajo el sustento de los arts. 161 y siguientes de la C.P.E., determinándose que no son evidentes las violaciones de las normas mencionadas.

III.- Por lo expuesto, se concluye que los Jueces de instancia obraron correctamente, correspondiendo aplicar el art. 273 del Cód. Adjetivo Civil, con la permisión de la norma remisiva del art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la atribución contenida en el art. 60-1) de la L.O.J., de acuerdo con el dictamen fiscal de fs. 191-192, declara INFUNDADO el recurso de fs. 172-178, con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado, en la suma de Bs. 500.- que mandará pagar el Tribunal ad quem.

Relator:Ministro Dr. Juan José González Osio.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Juan José González Osio.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Proveído: Sucre, 22 de noviembre de 2.005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Administrativa Segunda