SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO: Nº 032

Sucre, 21 de noviembre de 2.005

DISTRITO: La Paz PROCESO: Social.

PARTES: Erick Alberto Koch Moreno c/ Y.P.F.B.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 121-122, interpuesto por Tatiana E. Gonzáles Gandarillas, en representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), contra el Auto de Vista No. 014/01-SSA-I de 18 de enero de 2000, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social instaurado por Erick Alberto Koch Moreno contra la entidad recurrente; la concesión del mismo efectuada mediante resolución de fs. 124, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO: Que tramitada la demanda social de referencia, el 27 de mayo de 1999, el Juez Cuarto del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, pronunció la sentencia de fs. 92-94, declarando probada en parte la demanda de fs. 1-2 y disponiendo el pago de Bs. 15.450.- a favor del demandante, observando para ello las disposiciones del DS 23381.

Deducida la apelación por el representante de YPFB, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior de La Paz, mediante Auto de Vista No. 014/01-SSA-I de 18 de enero de 2000, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 111, confirmó la resolución impugnada.

Este fallo, motivó para que los perdidosos interpongan recurso de casación en el fondo conforme sale a fs. 121-122 del expediente, denunciando que existe error de hecho y de derecho en la resolución impugnada, porque el ad quem no consideró que los documentos de fs. 69-78, son contratos civiles al tenor de los arts. 450 y 732 del Código Civil (CC), cuya validez le está reconocida por el art. 519 del citado cuerpo legal y que no han sido observadas por el ad quem. Agrega, que el actor proporcionaba las correspondientes notas fiscales por el pago del servicio realizado, lo que acredita la existencia de una relación civil y no laboral, razón por la que no correspondía el pago de beneficios sociales, como se estableció en el proceso, en una errónea aplicación de las normas contenidas en los arts. 12 y 13 de la Ley General del Trabajo (LGT). Concluye solicitando se case la resolución recurrida y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO: Que, por permisión expresa de la norma prevista por el art. 252 del Código Procesal de Trabajo (CPT), los aspectos no previstos en la referida ley, deben regirse por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y por las del procedimiento civil, siempre que no se violen los principios generales del Derecho Procesal Laboral. En tal virtud, se infiere que cuando se interpone el recurso extraordinario de casación o nulidad, los actores deben circunscribir su demanda a las previsiones del Capítulo IV del Título V, arts. 250 al 282 del adjetivo civil, referidos expresamente, al recurso en análisis.

Dentro de este marco normativo, la jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció de manera reiterada que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo o recurso de casación en la forma, sin que exista óbice alguno para que ambos recursos se interpongan al mismo tiempo, conforme establece la norma prevista por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Corresponde también señalar, que en el recurso de casación en el fondo, lo que se pretende es dejar sin efecto un Auto de Vista o sentencia dictada con infracción de la ley, incurriendo en errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, debiendo casarse el fallo recurrido y resolver en lo principal aplicando las leyes conculcadas, conforme a las previsiones consignadas por la norma del art. 253 del Código de Procedimiento Civil (CPC), es decir: "1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o en error de hecho. Este último deberá evidenciarse con documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador". Cuando nos encontramos frente a estos tres casos, estamos frente a los errores "in judicando", que no determina la nulidad del proceso sino la invalidez de la resolución recurrida.

En estas circunstancias, considerando que el recurso de casación es de puro derecho, este Supremo Tribunal se encuentra imposibilitado de realizar una nueva valoración de la prueba, porque constituye una atribución privativa de los juzgadores de instancia, en tal virtud, en casación se debe respetar los hechos declarados probados por el tribunal inferior, a menos, claro está, que se hubiese demostrado, que los juzgadores de grado, hubiesen incurrido en error de hecho o derecho en su apreciación, para tal efecto, deben señalar de manera precisa los documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación tratándose de error de hecho o citando correctamente la ley referida al valor de las pruebas infringidas tratándose de error de derecho; los hechos declarados probados en la resolución recurrida, dejan de tener validez legal por haber sido desvirtuados, precisamente, por la existencia de los errores mencionados.

A mayor abundamiento, corresponde indicar que a ciertas pruebas, como por ejemplo: documentos o la confesión, la ley les atribuye cierto valor conforme disponen los arts. 1289, 1297 y 1321 del CC; cuando en los fallos de instancia la autoridad judicial no reconoció a esas pruebas el valor que la ley les da o les otorga un valor diferente, comete error de derecho. Por otro lado, en aquellas circunstancias en las que el juzgador valoró otro tipo de pruebas, como por ejemplo la testifical, pericial y otras abandonadas a las reglas de la sana crítica, puede incurrir en error de hecho cuando equivocadamente cree que se probó o negó un hecho, que está en contra de lo aseverado por un documento auténtico.

CONSIDERANDO: Que en el caso de Autos, el recurso planteado no se adecua al marco normativo anteriormente descrito, a saber:

En la demanda extraordinaria en análisis, el recurrente planteó recurso de casación en el fondo, lo que implica que debió hacer un análisis sobre la existencia de errores in judicando en el trámite del proceso, adecuando el recurso a las previsiones del art. 253 del CPC, citando en términos claros concretos y precisos las normas que se presumen infringidas, la forma en que han sido vulneradas y la posible solución jurídica a la situación planteada, no siendo suficiente la simple enunciación de preceptos normativos infringidos, sin la exposición de los fundamentos legales que lo respalden, como sucedió en la especie.

Por otro lado, de manera general, fuera de toda precisión, acusó la existencia de errores de hecho y de derecho en la resolución impugnada; empero no demostró, cuál era su obligación, la consistencia de tales errores, obviando el hecho de que la valoración de la prueba es incensurable en casación, conforme se expuso anteriormente.

Finalmente, en lo que respecta a la incongruencia entre el año del sorteo y el año de la resolución de la causa, suscitado ante el Tribunal ad quem y en cuya virtud el Ministerio Público dictaminó por la anulación de obrados, resulta evidente que se trata de un error material subsanable que de ninguna manera amerita la nulidad de obrados.

Por lo expuesto, resulta evidente el incumplimiento de los requisitos formales establecidos por la norma del 258, en relación con los arts. 253 y 254 del procedimiento civil, siendo inexcusable la aplicación de los arts. 271.1) y 272.2) del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso de autos en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, con la facultad que le confiere el art. 60.1) de la Ley de Organización Judicial, y en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 126, declara IMPROCEDENTE, el recurso de fs. 121-122, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500.- que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

Relator:Ministro Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 21 de noviembre de 2.005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Administrativa Segunda