SALA SOCIAL SEGUNDA AUTO SUPREMO: Nº 013

Sucre, 24 de octubre de 2.005

DISTRITO: La Paz PROCESO: Beneficios sociales.

PARTES: Nativo Reyes Dorado y otro c/ Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

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VISTOS: Los recursos de casación de fs. 275-277, interpuesto por los demandantes Nativo Reyes Dorado y Gualberto Montaño Cáceres, y de fs. 281-283, interpuesto por la representante legal de la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros, entidad demandada, contra el Auto de Vista de fs. 272-273, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social de reintegro de beneficios sociales; la concesión del recurso efectuada mediante resolución de fs. 288 vta., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO: Que dentro del proceso de referencia, el 19 de agosto de 1999, la Jueza Tercera del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, pronunció la sentencia de fs. 244 a 246, declarando probada la demanda de fs. 1-2, e improbada la excepción perentoria de pago interpuesta por la entidad demandada, disponiendo que se cancele la suma de Bs. 24.322.- a Nativo Reyes Dorado y Bs. 6.985,97.- a Gualberto Montaño Cáceres de acuerdo a la liquidación practicada.

Deducida la apelación por ambas partes procesales, la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista de 22 de diciembre de 2000 (fs. 272-273), revocó la sentencia pronunciada y declaró probada en parte la demanda, así como la excepción perentoria de pago interpuesta por el demandado, Instituto Nacional de Seguros de Pensiones INASEP, reconociendo a favor de ambos actores la devolución de los descuentos que se les hizo y disponiendo a favor del demandante Gualberto Montaño Cáceres, el reajuste de sus beneficios sociales, incluyendo en el haber promedio indemnizable el incremento del salario por la gestión 1996, que debe ser ajustado en ejecución de fallos y según el DS 23381.

Este fallo, motivó que tanto los demandantes como la entidad demandada interpongan recurso de casación conforme consta a fs 275-277 y 281-283 del expediente, respectivamente, solicitando los primeros, se case el Auto de Vista impugnado y se disponga el pago de reintegro de beneficios sociales conforme a la demanda de fs. 1-2 del expediente, mientras que los segundos, solicitaron se case la resolución de vista impugnada y se rechace la demanda en todos sus extremos.

CONSIDERANDO: Que es deber del Tribunal Supremo fiscalizar intra proceso, si los tribunales inferiores observaron en la tramitación y resolución de la causa las normas que rigen los actos procesales, así como los plazos establecidos para su cumplimiento, conforme determina la norma del art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ). Asimismo, debe verificarse que los fundamentos del tribunal de alzada se circunscriban a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación y fundamentación, debiendo guardar, en sus argumentos, la respectiva congruencia y exhaustividad.

En el caso en análisis, curiosamente el Tribunal Ad quem en su resolución de segunda instancia, al declarar probada la demanda, no cumplió con la norma del art. 202.b) del Código Procesal del Trabajo (CPT) que establece: "en la parte resolutiva, se indicará la decisión que se adopte con determinación obligatoria e inexcusable de la cuantía de las obligaciones que debe pagar el demandado. La liquidación que contenga deberá referirse a todos y cada uno de los conceptos a que se refiere el auto de prueba previsto en el artículo de este Código, bajo responsabilidad".

En efecto, el Ad quem, resolvió revocar la sentencia apelada y declaró probada en parte la demanda y probada en parte la excepción de pago interpuesta por la entidad demandada, disponiendo primero, la devolución de los descuentos que se les hicieron a los actores; segundo, el reajuste de los beneficios sociales de Gualberto Montaño Cáceres, debiendo incluirse en el haber promedio indemnizable, el incremento al salario por la gestión 1996; tercero, el ad quem, inexplicablemente dispuso que todos estos ajustes deben realizarse en ejecución de fallos, cuando en rigor de verdad, correspondía la elaboración de una nueva liquidación a efectos de determinar con precisión, la cuantía de la obligación que debe pagar la entidad demandada a los actores, basándose en las modificaciones introducidas en la resolución de alzada.

Esta omisión, como se tiene mencionado, importa el incumplimiento de la norma prevista por el art. 202.b) del CPT, habida cuenta que el Tribunal Ad quem, con la facultad otorgada por la previsión del art. 237.3) del Código de Procedimiento Civil (CPC), para revocar una sentencia, condiciona el pronunciamiento del fallo de alzada a un riguroso cumplimiento del art. 202.b) del CPT, en el entendido que para resolver en el fondo y reparar el agravio denunciado, tienen la obligación inexcusable de regresar al análisis de los antecedentes procesales y efectuar una nueva valoración y ponderación tanto de los hechos como de los medios probatorios, especialmente, respecto a los puntos señalados en el auto de relación procesal, haciendo referencia expresa a las pruebas que obren en los mismos, dando razones y sobre todo el fundamento legal que estime pertinente, citando las normas legales y las razones doctrinales, en su caso, que se consideren aplicables. Asimismo, y como no podía ser de otra manera, tiene el deber inexcusable, de determinar la cuantía de la obligación que debe pagar el demandado, para lo cual es imprescindible que efectúe la liquidación correspondiente, situación que se extraña en el Auto de Vista impugnado y que motiva, indudablemente, la anulación de obrados conforme estableció este Tribunal en los Autos Supremos 175 y 176 de 15 de abril de 2004, entre otros.

Consecuentemente dicha infracción, que importa el desconocimiento del art. 202.b) del CPT, norma de orden público, y por lo tanto de cumplimiento obligatorio, amerita la anulación del proceso, conforme a lo dispuesto por los arts. 254.4) y 275 el Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso concreto por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la atribución prevista en el art. 60.1) de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta fs. 271 vta. inclusive, debiendo el Tribunal Ad quem, pronunciar nuevo Auto de Vista conforme a lo señalado en el Capítulo 9 del Titulo IV del Código Procesal del Trabajo sin esperar turno y con la pertinencia del art. 236 del CPC. Con responsabilidad, para los Vocales de la Sala Social y Administrativa Segunda del Distrito de La Paz que suscribieron el Auto de Vista anulado, de Bs. 100.- para cada uno de ellos, a ser descontados por planilla.

Relator: Ministro Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Juan José González Osio.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Proveído: Sucre, 24 de octubre de 2.005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social Segunda