SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Auto Supremo Nº 208

Sucre, 27/06/2012

Expediente: 145/2012-S

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Norka N. Mercado Guzmán


VISTOS: El recurso de nulidad y casación fs. 123-126, interpuesto por Milton Garabito Monrroy, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, contra el Auto de Vista Nº 255/2011 de fecha 8 de diciembre de 2011, cursante a fs. 118-119, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso social seguido por Luzmila Ureña Mérida contra el municipio que representa el recurrente, la contestación de fs. 128, el Auto que concedió el recurso de fs. 129, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitada la demanda, la Juez de Trabajo y Seguridad Social de Quillacollo, pronunció la Sentencia de fecha 19 de septiembre de 2009, cursante a fs. 101-105, en la que declaró probada en parte la demanda referente al pago de beneficios sociales de desahucio e indemnización por 10 años, 1 mes y 23 días, aguinaldo por duodécimas y vacaciones por 60 días, conminando a la entidad demandada cancele a favor de la actora en ejecución de Sentencia la suma de Bs. 27.426,59, más la actualización en UFV's y la multa del 30%, conforme dispone el artículo 9 del Decreto Supremo No. 28699 de 1º de mayo de 2006.

En grado de apelación formulado por William Quevedo Vega, representante del Honorable Gobierno Municipal de Colcapirhua (fs. 108-109), la Sala Social Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial del Cochabamba, mediante el Auto de Vista Nº 255/2011 de 8 de diciembre de 2011 (fs. 118-119), confirmó la Sentencia apelada.

Contra dicho fallo, Milton Garabito Monrroy, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, interpuso recurso de nulidad y casación, en base al tenor del memorial de fs. 123-126, enunciando que:

1.- El contrato de 7 de mayo de 1999 duró hasta el 31 de diciembre del mismo año (fs.43-44), posteriormente se renovó un nuevo contrato en fecha 10 de enero de 2000, asimismo refiere a las literales de cuenta individual de fs. 37-42, que evidenciaron que no existió pago de aportes de los meses de marzo y abril de 2002, tampoco hubo aportes de abril, mayo, junio y julio de 2005, así quedo demostrado la interrupción entre contratos, en consecuencia no se dio correcta aplicación al artículo 16. d) de la Ley General del Trabajo que prevé que no habrá desahucio e indemnización cuando exista inasistencia injustificada de más de seis días continuos.

2.- Asimismo refirió que durante la vigencia del contrato a plazo fijo, suscrito en fecha 7 de mayo de 1999 con fecha de conclusión al 31 de diciembre del mismo año (fs. 43-44), entró en vigencia la Ley Nº 2028 (Ley de Municipalidades), que habiendo suscrito otro contrato a plazo fijo y de medio tiempo en fecha 10 de enero de 2000, no se puede considerar que hubo continuidad laboral, y al no ser funcionaria de carrera como establecen los artículos 69 y 70 del Estatuto del Funcionario Público no corresponde el pago de beneficios sociales a la actora, aspectos que no fueron considerados por la Juez a-quo ni por el Tribunal de alzada, omisiones que considera que deben ser corregidas conforme establece el artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial.

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, mediante una de sus salas competentes, se case el Auto de Vista Nº 255/2011 de 8 de diciembre de 2011 cursante a fs. 118-119, de conformidad al artículo 271. 4) del Código de Procedimiento Civil.

 

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto el fundamento del recurso, corresponde su análisis en base a los antecedentes del proceso, de donde se tienen las siguientes consideraciones:

1.- Sobre la estabilidad en contratos temporales, es importante señalar que existen contratos por temporada que se originan y realizan en determinadas épocas del año, supeditada a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza del trabajo, es decir cuando la actividad laboral es propia y sólo se da durante un cierto tiempo de acuerdo a la naturaleza de la producción y cesan posteriormente, como la zafra, vendimia, etc., estos se hallan registrados en el articulo 1 del Decreto Ley Nº 16187 y en el numeral 2) de la Resolución Ministerial de la Cartera del Trabajo Nº 193/72.

Es importante manifestar que el Derecho del Trabajo, se estructura fundamentalmente sobre la base del reconocimiento de ciertos principios que deben regir la materia, tal es el caso del principio de primacía de la realidad, que establece que en materia laboral, la verdad de los hechos, prevalece sobre los acuerdos formales; es decir que tiene más valor lo que ocurre en la práctica que lo pactado en forma solemne y formal a través de documentos; y el principio de continuidad, entendido como la particularidad de que la relación laboral, no se agota mediante la realización de determinado acto, sino que tiende a prolongarse.En ese entendido la estabilidad laboral, basada en el principio de continuidad, busca asegurar al empleado, independientemente de si éste trabaja en el sector público o privado, la existencia de una expectativa cierta de mantener su fuente laboral en cuanto cumpla a cabalidad las condiciones estipuladas en su contrato, siempre y cuando no exista una causa justa para dar por culminada la relación laboral, debiendo entenderse por tanto, que la sola decisión unilateral del empleador, no puede poner fin a dicha relación; toda vez que el cumplimiento del plazo pactado, no significa la terminación del contrato; mucho menos aún, si se toma en cuenta el principio de la realidad precitado.

De lo anteriormente explicado deducimos que el trabajo desplegado por la actora, no era de carácter provisional, porque se ha evidenciado que las actividades que desempeñó como bioquímica farmacéutica en el Municipio de Colcapirhua revisten todas las características esenciales de una relación laboral, establecidas en el Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, es decir: a) la relación de dependencia y subordinación del trabajador con respecto al empleador, b) la prestación de trabajo por cuenta ajena; y c) la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, pero principalmente se ha establecido que fue permanente, por el certificado de trabajo emitido por el Jefe de Personal del Centro de Salud, que certificó que la actora trabajaba a partir del 7 de mayo a la fecha, es decir el 12 de julio de 2007, fecha en la que se expidió la certificación, además que de los contratos de trabajo cursantes de fs. 43-61 se evidencia que la institución demandada y la demandante suscribieron contratos de trabajo sucesivos y de renovación periódica y que a partir de la segunda recontratación eliminaron automáticamente los plazos pactados y determinaron que ellos se convirtieran en uno de vigencia indefinida, que a mayor abundamiento, la Resolución Ministerial 283/62 de 13 de junio de 1962 aclara que: "el contrato de trabajo se pacta esencialmente por tiempo indefinido, sin embargo podrá ser limitado en su duración si así lo impone a la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse. En este caso el contrato deberá ser forzoso e imprescindiblemente escrito y su duración no excederá de un año. Podrá ser renovado por una sola vez, siempre que el empleador pruebe ante la autoridad administrativa competente la necesidad absoluta de renovación que en ningún caso se extenderá por más de un año. Si vencido el término estipulado subsisten las actividades para los cuales el trabajador fue contratado, se operará la tácita reconducción del contrato por tiempo indefinido.", de donde también se infiere que los intervalos entre contrato y contrato no supera lo exceptuado en el

numeral 3) de la Resolución Ministerial Nº 193/72 de fecha 15 de mayo de 1972 que exceptúa el caso de la recontratación pasados los tres meses de su cesantía, por tanto se hace previsible para convertirse en contrato a tiempo indefinido, lo que ha sido debidamente reglamentado por la Resolución Ministerial Nº 283/62 de 13 de junio de 1962 que limitó la validez de cada convenio al plazo máximo de un año, aunque con la posibilidad de ser renovado por una sola vez o prorrogado automáticamente si subsisten a su vencimiento las actividades para las que el dependiente fue contratado. Tales modalidades fueron reiteradas por la Resolución Ministerial Nº 193/72 de fecha 15 de mayo de 1972 y por el Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979 que, en su artículo 2, prohíbe la suscripción de más de dos contratos sucesivos de trabajo y determina que, si adviniera tal circunstancia, el convenio se convertirá en contrato a plazo fijo. Por lo que se establece que el Tribunal ad quem evaluó apropiadamente tales circunstancias y aplicó las disposiciones que regulan la relación obrero patronal.

Respecto al artículo 16. d) de la Ley General del Trabajo, corresponde precisar previamente que la causal de "abandono de trabajo" invocada por el recurrente se encuentra derogada por el artículo 2 de la Ley de 23 de noviembre de 1944, debiendo añadirse para su conocimiento, que ésta situación incluso fue aclarada con el artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009, que sobre el particular prevé: "...el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Decreto Reglamentario, en cuanto a la sanción que establece con relación a que no habrá lugar al pago del desahucio y de la indemnización, se aplicará a todas las causales señaladas por dichos artículos, excepto a la renuncia voluntaria y la inasistencia injustificada del trabajador por más de seis días hábiles a su fuente laboral, por estar estas causales derogadas expresamente por la Ley de 23 de noviembre de 1944...". En tal sentido, la parte demandada al mencionar en su defensa normas derogadas, demuestra un descuido y una falta de acuciosidad sobre la vigencia de normas, lo que implica la impertinencia de analizar esta acusación sustentada en causales inexistentes.

2.- El artículo 59 de la Ley de Municipalidades Nº 2028 de 28 de octubre de 1999, establece que a partir de su promulgación: "el personal que se incorpore a los Gobiernos Municipales, serán considerados en las siguientes categorías: 1) Servidores públicos municipales sujetos a las previsiones de la Carrera Administrativa Municipal. 2) Funcionarios designados y de libre nombramiento; y 3) Personas contratadas en las empresas municipales mixtas, establecidas para la prestación de servicios públicos", sujetándose los primeros a las disposiciones que rigen para los funcionarios públicos, los segundos, por la naturaleza de su nombramiento y las prestaciones que realizan, no se encuentran sujetos a las normas que regulan a los servidores públicos ni a la normativa de la Ley General del Trabajo, mientras que los últimos, se encuentran sujetos a la normativa de la Ley General del Trabajo.

De otro lado, la disposición final y transitoria 11º de la mencionada ley, establece que: "Las personas que se encuentren prestando servicios a la Municipalidad, con anterioridad a la promulgación de la presente Ley, a cualquier título y bajo cualquier denominación, mantendrán sus funciones bajo las normas y condiciones de su contratación o designación original, ya sea bajo la protección de la Ley General del Trabajo o cualquier disposición legal pertinente. Los Gobiernos Municipales podrán incorporarlos paulatinamente en las categorías de empleados que establece la presente Ley". Es decir, todo funcionario municipal que estuviese ejerciendo funciones antes de la vigencia de la aludida ley, su contratación, se sujeta a la normativa por la cual fue contratado, no siendo aplicable las previsiones del artículo 59 de la Ley de Municipalidades porque no se acreditó que la actora hubiese sido sometida a un proceso de incorporación a la carrera administrativa municipal, tampoco al Estatuto del Funcionario Público, porque son normas de aplicación posterior, las que se aplican a los trabajadores que fueron sometidos a un proceso de incorporación a la carrera administrativa

municipal, previo pago de los derechos y beneficios sociales que les corresponde.

Bajo este contexto, en el caso presente ha quedado demostrado que la actora comenzó a trabajar desde el 7 de mayo de 1999 como bioquímica farmacéutico en el Centro de Salud Municipal de Colcapirhua, es decir cuando la Ley de Municipalidades Nº 2028 aún no se encontraba vigente, en consecuencia la relación que mantenía con el referido Gobierno Municipal, se encuentra sujeta a las previsiones contenidas en la Ley General del Trabajo, porque no se acreditó que hubiese sido sometida a un proceso de incorporación a la carrera administrativa municipal.

Consiguientemente, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, corresponde resolverlo de acuerdo a lo establecido en los artículos 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el artículo 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de fs.123-126. Sin costas en aplicación de los artículos 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO) de 20 de julio de 1990 y 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmando: Dr. Antonio G. Campero Segovia.

Dra. Norka N. Mercado Guzmán.

Ante Mi: Raúl Tito Choclo Rubin de Celis.

Secretario de Cámara de Sala Social y Adm.