SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº S-334/2008

AUTO SUPREMO Nº 254 Social Sucre, 05 de septiembre de 2011.

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES: Rafael Pinto Suárez c/ Agencia de Viajes Zocama Tours S.R.L.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 229, interpuesto por Jorge Miguel Zorrilla Machicao, en representación legal de la Agencia de Viajes Zocama Tours S.R.L., impugnando el Auto de Vista Nº 073/08 de 5 de marzo de 2008 cursante a fs. 225-227, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la R. Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso social que sigue Rafael Pinto Suárez contra la Agencia de Viajes Zocama Tours S.R.L., la respuesta de fs. 231-232, el auto que concede el recurso de fs. 234, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitada la demanda, el Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad Santa Cruz, pronunció la Sentencia No. 34/07 de 13 de abril del 2007, cursante de fs.182-185, declarando probada la demanda en parte sin costas, disponiendo el pago de indemnización por la consolidación de dos quinquenios por los 10 primeros años de trabajo, aguinaldo con multa por no haber pagado oportunamente, la compensación económica de la vacación por el último año de trabajo cumplido equivalente a 30 días hábiles, pago del sueldo de los últimos 2 meses y 8 días de trabajo, además pago del bono de antigüedad en el 18 % por 2 meses y el 26 % por los 22 meses. Declara también que no corresponde el pago del desahucio por el despido justificado debido a la complicidad en abuso de confianza junto con la Sra. Cárol Arteaga C. contra la agencia demandada, tampoco corresponde el pago de compensación en el excedente del año de trabajo por no ser acumulable el derecho salvo convenio escrito, el cual no se evidencia, ordenando a la agencia demandada el pago a tercero día de Bs. 23.916.80 (veintitrés mil novecientos dieciséis 80/100 bolivianos) con la actualización y reajuste dispuestos por el art. 2 del D.S. 23381 de 29/12/1992.

Deducida la apelación por parte de la empresa demandada, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 073/08 de 5 marzo del 2008 cursante a fs. 225-227, revocó parcialmente la Sentencia No. 34/07 de 13 de abril del 2007 (fs. 182-185) y deliberando en el fondo declaró probada la demanda de fs. 4-5 en todas sus partes, ordenando a la Agencia de Viajes Zocama Tours Ltda., el pago por concepto de beneficios sociales a favor de su ex -trabajador Rafael Pinto Suárez, la suma de Bs. 26.916.00 (veintiséis mil novecientos dieciséis 00/100 bolivianos) por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación sueldo, bono de antigüedad, sin costas por la doble apelación.

Esta determinación, motivó el recurso de casación de fs. 229, formulado por Jorge Miguel Zorrilla Machicao en representación de la Agencia de Viajes Zocama Tours S.R.L., acusando:

Que si bien los beneficios sociales son derechos irrenunciables, el tribunal ad quem le privó al demandante el derecho al desahucio aplicando correctamente las infracciones que tasa la norma procesal cuando se comprueba que existe una justificación legal sobre el despido conforme lo establece el art. 16 de la L.G.T. y el art. 9 del Decreto Reglamentario y en virtud al documento privado donde el demandante se compromete voluntariamente a devolver el 50 % de un dinero faltante, dio lugar a un juicio penal por el delito de apropiación indebida y abuso de confianza en contra del demandante, lo que constituye una justificación legal de la destitución.

Señaló que el monto establecido en sentencia equivale más o menos a $us 3.000 frente a la deuda de $us 25.000, sin contar los daños y perjuicios que soporta la empresa desde hace mas de tres años, importando la perdida total del patrimonio de la agencia.

Por lo fundamentado, refirió que interpone recurso de casación, solicitando ordene la remisión ante el tribunal de casación de la Exma. Corte Suprema de Justicia.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, corresponde su análisis, de donde se estable lo siguiente:

La parte recurrente cuestiona el fallo del tribunal de segunda instancia, manifestando que al demandante no le correspondería el pago de desahucio, por haber incurrido en las causales de despido justificado establecidas en el art. 16 de la L.G.T. y 9 de su D.R., al haber sido acusado por los delitos de abuso de confianza y apropiación indebida, cuando desempeñaba las funciones como mensajero de la Agencia de Viajes Zacoma Tours S.R.L., hecho que dio lugar a un juicio penal en su contra.

En ese contexto, revisados los antecedentes procesales, si bien es cierto que al demandante se le inicio un proceso penal por los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, no es menos evidente que en el aludido juicio se dictó la Sentencia Nº 42/2005 de 31 de octubre de 2005 cursante a fs. 202-208, emitida por el Juez 1º de Sentencia de Santa Cruz, Dr. Aldo Moro Gutiérrez, donde en la parte resolutiva señala: "Con relación al imputado Rafael Pinto Suárez, conforme al Art. 363.3 del Cód. Pdto. Penal, en razón a que se ha demostrado que él no participó del hecho, se lo ABSUELVE de pena y culpa de los deditos de apropiación indebida y abuso de confianza...", sentencia declarada ejecutoriada tal como se advierte por el Certificado de fs. 215, fallo en el que se evidencia que al actor se le absolvió de toda pena y culpa por los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, no siendo aplicable al caso presente las causales de retiro justificado establecidas en los arts. 16 de la L.G.T. y 9 de su D.R., de donde resulta no ser evidentes las acusaciones realizadas por el representante de la empresa demandada, mas aún si de acuerdo al art. 67 del Cód. Proc. Trab., se establece: "En los juicios sociales se resolverán las cuestiones propias de la relación de trabajo y no se admitirá la excepción de litis pendencia; en consecuencia, se aclara que las acciones penales, civiles u otras iniciadas contra el trabajador, no suspenden ni enervan la instancia laboral".

Por lo relacionado precedentemente, le corresponde al actor el pago de los beneficios sociales conforme determina el art. 13 de la L.G.T., como acertadamente y con mejor criterio que el a quo, determinó el ad quem en el auto de vista recurrido, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 158 del Cód. Proc. Trab.

Por lo referido se concluye que al no haberse advertido la existencia de infracciones referidas en el recurso, corresponde resolverlo en la forma prevista por los arts. 271 inc. 2) y 273 del Cód. Pdto. Civ. aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución conferida en el num. 1 del art. 60 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 229, con costas.

Se regula el honorario de abogado en Bs. 500, que mandará pagar el tribunal de apelación.

Relator: Ministro, Hugo R. Suárez Calbimonte

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Sucre, 05 de septiembre de 2011.

Proveído: Gladys Segovia García. Secretaria de Cámara.