SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº A-142/2008

AUTO SUPREMO Nº 210 Contencioso Tributario Sucre, 30 de junio de 2011.

DISTRITO: Pando

PARTES: Empresa Tahuamanu S.A. c/ Gerencia Distrital Pando del Servicio de Impuestos Nacionales


VISTOS: El recurso de casación de fs. 3.964-3.968, interpuesto por Heriberto Julio Tancara Calle, Gerente Distrital Pando a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra el Auto de Vista Nº 19/2008 de 18 de junio de 2008, cursante a fojas 3.954 emitido por la Sala Penal y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, dentro del proceso contencioso tributario seguido por la Empresa Tahuamanu S.A., contra la Administración Tributaria que representa el recurrente, la respuesta de fs. 3.974-3.975, el Auto de 1 de julio de 2008 de fs. 3.976, por el que se concedió el recurso, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso contencioso tributario, la Juez Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Cobija, emitió la Sentencia Nº 03/2008 de 2 de abril de 2008, cursante a fojas 3.909-3.910, declarando probada la demanda interpuesta por la Empresa Tahuamanu S.A. y por consiguiente nula e inexistente la Resolución Determinativa de 20 de julio de 2005, con los efectos dispuestos por los arts. 98, 99-1) y 100-7) del Cód. Trib. Así como inexistente la defraudación, quedando firme las devoluciones impositivas a favor del sujeto pasivo y sin lugar a la devolución pretendida por el órgano recaudador.

En grado de apelación, formulada por Heriberto Julio Tancara Calle, Gerente Distrital Pando a.i. del SIN (fs. 3.917-3.945), la Sala Penal y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, por Auto de Vista Resolución Nº 19/2008 de 18 de junio de 2008, al evidenciar que no existía ninguna fundamentación ni motivación en el recurso de alzada y por consiguiente al no haberse abierto su competencia, declaró ejecutoriada la sentencia.

Dicho fallo motivó el recurso de casación de fs. 3.964-3.968, interpuesto por Heriberto Tancara Calle, Gerente Distrital Pando a.i. del SIN, en el que luego de realizar un análisis de los antecedentes del proceso, fundamentó que el tribunal de apelación violó los arts. 16 de la C.P.E., 90, 231, 232, 236 y 237 del Cód. Pdto. Civ., 15 de la L.O.J., por lo que solicitó que se anule la resolución impugnada, porque no se radicó adecuadamente el expediente, no se notificó a las partes y especialmente no se consideraron los fundamentos del recurso de apelación, contenidos en los puntos 3.5.2, 3.5.3 y 3.6.2, en los que constan que se alegó la falta de análisis de las pruebas aportadas y los agravios alegados, realizando un extenso detalle de los aspectos que no se tomaron en cuenta en la sentencia, la que considera que carece de fundamentación.

Concluyó indicando que interpone recurso de casación, solicitando que este tribunal "case el recurso de casación" y falle en lo principal del litigo y en justicia declare improbada la demanda, manteniendo firma y subsistente la Resolución Determinativa Nº 15/05 de 20 de julio de 2005 y firme y subsistente la conducta por defraudación.

CONSIDERANDO II: Que con carácter previo a resolver los fundamentos del recurso, se debe puntualizar lo siguiente:

1.- Que conforme instituye el art. 262 del Cód. Pdto. Civ., el tribunal de apelación se encuentra constreñido a negar la concesión del recurso de casación y declarar ejecutoriada la sentencia o auto recurrido, entre otros, "Cuando pudiendo haber apelado no se hubiere hecho uso de este recurso ordinario.".

Por su parte, el art. 272 del mismo ritual civil, dispone que se declarará improcedente el recurso: "1) En los casos previstos por el artículo 262..."

De la normativa glosada se concluye que para que el recurso de casación sea concedido por el tribunal de apelación y resuelto por el tribunal supremo, previamente el recurrente debió impugnar la sentencia mediante el recurso ordinario de apelación, en caso contrario, el recurso debe ser negado y en esa consecuencia, debe ser declarada ejecutoriada la sentencia.

Para el caso de no haberse procedido de ese modo y haberse concedido indebidamente el recurso de casación, la misma norma adjetiva, conforme se tiene señalado (art. 272 inc. 1), impone al tribunal de casación la obligación de declarar improcedente el recurso.

2.- En el caso presente, el recurrente luego de haber sido notificado con la sentencia, formuló recurso de apelación, conforme consta del memorial de fs. 3.917-3.945, de cuyo texto se advierte, que ciertamente en su contenido, no se fundamentó ningún agravio que permita abrir la competencia del tribunal de alzada, conforme exigen los arts. 221 y siguientes del Cód. Pdto. Civ., por el contrario se evidencia que el contenido del memorial es un informe detallado del proceso en la fase administrativa y jurisdiccional hasta la sentencia, sin que contenga algún fundamento que pueda ser analizado por el tribunal ad quem para confirmar o revocar la sentencia, no constando causales de nulidad en el proceso.

Por lo referido, se establece que técnicamente, no cursa en obrados un recurso de apelación que hubiese impugnado la resolución de primera instancia, por ello, correspondía al tribunal de alzada, negar la concesión del recurso de casación formulado contra la resolución de vista que declaró ejecutoriada la sentencia y al no haberlo hecho debe declararse improcedente el recurso, por no haberse abierto la competencia de este tribunal para resolver en el fondo, conforme disponen los arts. 271 inc. 1) y 272 inc. 1) del Cód. Pdto. Civ., normas aplicables en la materia por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 297 del Cód. Trib. Ley Nº 1340.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución contenida por el núm. 1 del art. 60 de la L.O.J., declara IMPROCEDENTE el recurso de casación fs. 3.964-3.968, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

Relator: Ministro, Hugo R. Suárez Calbimonte

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Sucre, 30 de Junio de 2011.

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua. Secretaria de Cámara.