SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº A-40/2008

AUTO SUPREMO Nº 193 Contencioso Tributario Sucre, 06 de junio de 2011.

DISTRITO: La Paz

PARTES: Empresa Sociedad Comercial MARA Ltda. c/ Gerencia Distrital del SIN La Paz


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 113-115, interpuesto por la Gerencia Distrital del SIN-La Paz, contra el Auto de Vista Nº 245/07 de 31 de octubre de 2007, cursante a fs. 109, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso contencioso tributario instaurado por Empresa Sociedad Comercial "MARA" Ltda., contra la Gerencia Distrital del SIN-La Paz, Dictamen Fiscal de fs. 120-121, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I. Que la Empresa Sociedad Comercial "MARA" Ltda., a través de su apoderado, por escrito de fs. 30-31 interpone en contra de la Gerencia Distrital del SIN-La Paz, demanda contencioso tributaria, pidiendo se deje sin efecto la Resolución Determinativa Nº LP-002 Nº 000095, acusando que el administrador tributario no valoró una prueba documental emitida en el extranjero a través del que se demuestra que "MARA" Ltda., en relación a la Empresa ACUSTERMIC de Chile, percibía solamente un 2 % de comisiones y no un 20 %, como erradamente consideró la administración tributaria, situación que se debió a un error de taipeo y que fue base de la Resolución Determinativa.

La parte demandada, por escrito de fs. 35-37 contestó en forma negativa y cumplidas las formalidades procesales tributarias, la Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, en fecha 10 de septiembre de 2005 dicta la Sentencia Nº 30/05, cursante a fs. 78-86, aclarando primeramente que la razón principal para que se haya retrasado la emisión del respectivo informe técnico, se debió al fallecimiento consecutivo de dos peritos que estaban a cargo de la elaboración del referido dictamen. En la misma resolución declara probada en parte la demanda contencioso tributaria, disponiendo: Se modifique la Resolución Determinativa impugnada solamente con referencia al IVA de Bs.17.467 a Bs.3.195, más accesorios y mantener los cargos por IT Bs.2.232 y por impuesto a la renta presunta a las empresas Bs.7.211, más accesorios que serán liquidados al momento de pago, o sea, el adeudo tributario de la actora es de Bs.12.638, más accesorios que serán liquidados igualmente. Se mantiene la sanción impuesta al sujeto activo, por no haber sido desvirtuada.

Contra la resolución de primer grado la Gerencia Distrital del SIN-La Paz por escrito de fs. 89-92 interpuso recurso de apelación, resuelto por Auto de Vista Nº 245/07 de 31 de octubre de 2007 cursante a fs.109, dictado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Distrito Judicial de La Paz, confirmando en todas sus partes la sentencia de primera instancia.

Que dentro del plazo previsto por ley, en contra de la resolución de alzada, la Gerencia Administrativa de Impuestos Internos de La Paz a fs. 113-115, interpuso recurso extraordinario de casación en el fondo acusando lo siguiente:

Que no obstante haber dado validez el tribunal de alzada a un documento expedido en el exterior, el mismo no cumplía todas las formalidades exigidas por ley, se habría vulnerado flagrantemente lo previsto en el art. 269 de la Ley Nº 1340.

Asimismo se habría vulnerado lo previsto en el art. 1311 del C.C. en su parágrafo I, concordado con los arts. 397 y 90 del CPC, aspecto que se acredita por que el tribunal de alzada procedió a dar validez a un documento que no era pleno.

Concluye su recurso, pidiendo que este tribunal supremo de justicia, case el Auto de Vista y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda contencioso tributaria.

CONSIDERANDO II. Que mérito de dichos antecedentes, revisado exhaustivamente el recurso extraordinario de casación en el fondo, corresponde a este tribunal resolver de acuerdo a los siguientes argumentos:

Asumiendo la independencia de los diferentes Órganos que conforman el Estado Boliviano, el legislador ha creado el proceso contencioso tributario, como un mecanismo idóneo a través del cual el sujeto pasivo puede solicitar dentro de un plazo perentorio se revisen en forma imparcial los actuados realizados por el administrador tributario a tiempo de emitir una resolución administrativa sancionatoria, expresada en una Vista de Cargo, Resolución Determinativa y otras.

Complementando lo dicho, el art. 227 de la Ley Nº 1340(aplicable al caso de autos) dispone que la demanda contencioso tributaria "deberá ser presentada directamente (a la autoridad competente) dentro de los quince días siguientes al de la notificación de la resolución administrativa..."(los paréntesis son nuestros)

Asimismo, hay que señalar que el art. 214 de la Ley Nº 1340 dispone, que los juicios Contencioso Tributarios se deben sustanciar y resolver con arreglo al procedimiento establecido en dicho cuerpo legal y "sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán las normas del procedimiento civil" (textual).

De acuerdo a estas consideraciones, corresponde señalar que en el caso de autos, a través de los anexos adjuntos al expediente, se evidencia que dentro del proceso administrativo de determinación tributaria la Empresa "MARAS" Ltda, con el fin de demostrar que la comisión que le correspondía recibir de la Empresa Chilena "ACUSTERMIC", no era un 20 %, sino 2 %, ofreció en calidad de prueba documental de descargo una copia del certificado que fue extendido por la Empresa "ACUSTERMIC", en la ciudad de Santiago de Chile, de fecha 12 de julio de 1994, documento que contenía el sello de legalización de un notario público suplente.

En relación a este aspecto el D.L.Nº 07458 del 30 de diciembre de 1965, en su artículo 20 dispone que aquellos documentos otorgados en el extranjero y que pretendan ser valorados en nuestro país, imperativamente deben ser legalizados por el representante diplomático de Bolivia en el país de origen y posteriormente en el Ministerio de Relaciones Exteriores con sede en la ciudad de La Paz, será quien certifique dicha legalización.

Asumiendo que la documental indicada cursante a fs. 224 del anexo 1, no contenía dichas formalidades, en estricto apego de la ley, el administrador tributario no consideró la misma a tiempo de emitir la Resolución Determinativa objeto de la litis.

El sujeto pasivo luego de ser notificado con la Resolución Determinativa y dentro del plazo previsto por el art. 227 de la Ley Nº 1340 interpuso demanda contencioso tributaria y cumpliendo con la carga de la prueba, según el art. 266 de la Ley Nº 1340 que señala:" En el juicio contencioso tributario, podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en derecho..." (textual), ofreciendo en calidad de documental de descargo la de fs. 41-45, cuyos datos fueron aclarados por la documental de fs. 57 del expediente, literales que si bien fueron emitidas en Chile por la Empresa ACUSTERMIC, a diferencia de la documental de fs. 224 del anexo 1, éstas cumplen con todas las formalidades exigidas por el art. 20 del D.L.Nº 07458, por lo cual corresponde otorgarles plena validez al estar acorde a lo previsto por el art. 1311 del C.C. y 269 de la Ley Nº 1340, a mérito que dichas documentales fueron formal y rigurosamente otorgadas de acuerdo a ley y por autoridad competente.

Se aclara asimismo que este aspecto fue adecuadamente señalado en el informe pericial de fs. 70-72, el mismo que fue de conocimiento del ahora recurrente y no observó dicho dictamen en ningún momento.

Finalmente, si dentro de un proceso administrativo de determinación tributaria se llegase a desvirtuar correctamente una prueba de descargo, debido a formalidades habilitantes, el sujeto pasivo en un proceso contencioso tributario, interpuesto en el término previsto por ley, puede pedir a la autoridad jurisdiccional vuelva a valorar la misma prueba que fue desvirtuada en la instancia administrativa, la que en virtud del principio de verdad material y siempre que cumpla con las formalidades habilitantes, debe ser compulsada conforme a derecho por la autoridad competente.

Merced a estos antecedentes se evidencia que los miembros del tribunal de alzada al emitir el auto de vista no han incurrido en ninguna de las acusaciones realizadas por el recurrente, motivo por el cual corresponde resolver el recurso extraordinario de casación en la forma prevista por el art. 271 inc. 2) del CPC, aplicable al caso de autos en virtud del art. 297 de la Ley Nº 1340.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución contenida en el num. 1º del art. 60 de la L.O.J., y lo previsto por el Art. 273 del CPC, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 120-121, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante a fs. 113-115, sin costas por expresa disposición del art. 39 de la Ley Nº 1178 y la inexistencia de respuesta al recurso de casación.

Relator: Ministro Dr. Julio Ortiz Linares .

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte

Sucre, 06 de junio de 2011

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua. Secretaria de Cámara.