SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº A-38/2008

AUTO SUPREMO Nº 182 Contencioso Tributario Sucre, 06 de junio de 2011.

DISTRITO: La Paz

PARTES: Fernando Martin Nava Villarroel c/ Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales


VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 53-55, el testimonio, interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representado legalmente por Franz Pedro Rozich Bravo, contra el Auto de Vista Nº 068/2007 SSA-II de 5 de junio de 2007, (fs. 47), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso contencioso tributario interpuesto por Fernando Martín Nava Villarroel, contra la entidad recurrente, la respuesta de fs. 57, el auto que concede el recurso de fs. 58, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que dentro del tramite del proceso contencioso tributario, el Juez Cuarto Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, emitió la Resolución Nº 004/2007 de 14 de febrero de 2007, (fs. 36-37), por la que declaró improbada la excepción de falta de competencia opuesta (fs. 28-31) por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Internos.

En grado de apelación a instancia de la entidad demandada, la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 068/2007 SSA-II de 5 de junio de 2007 (fs. 47), confirmó en todas sus partes la Resolución Nº 004/2007 del 14 de febrero de 2007 (fs. 36-37 del testimonio remitido en fotocopias legalizadas).

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma de fs. 53-55, formulado por el representante legal de la entidad demandada, acusando:

El quebrantamiento de las formas esenciales del proceso porque se vulneró los arts. 15 de la L.O.J., 90 del Cod. Proc. Civ., 31 de la C.P.E. en relación a los arts. 108 de la Ley Nº 2492 y 4 del D.S. Nº 27874, toda vez que a su entender cursa título de ejecución tributaria Nº 20-0144-05 de 6 de septiembre de 2005, por el incumplimiento al plan de pagos concedido por deudas tributarias y por consiguiente el juez a quo carece de competencia para conocer el proceso al estar en fase coactiva la ejecución tributaria.

Concluye solicitando se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, incluso hasta el auto de admisión de la demanda.

CONSIDERANDO II.- Que en ejercicio de la facultad conferida por el Art. 15 de la Ley de Organización Judicial, este tribunal tiene la facultad de fiscalizar y revisar de oficio, los antecedentes del proceso a objeto de verificar el cumplimiento de los plazos y leyes que regulan su correcta tramitación y conclusión, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar la nulidad de oficio, conforme faculta el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, en correspondencia con el art. 90 parágrafo I del mismo cuerpo legal, por tratarse de aplicación de normas que interesan al orden público y por lo tanto de cumplimiento obligatorio, en ese entendido y de la revisión del expediente se establece lo siguiente:

El 20 de octubre de 2003, el actor Fernando Martín Nava Villarroel, presentó al S.I.N. La Paz, su acogimiento voluntario al plan de pagos por deudas tributarias, en virtud a ello mediante Resolución Administrativa GDLP Nº 0043 de 11 de diciembre de 2.003 la Gerencia Distrital La Paz del SIN, autorizó el plan de pagos sobre el monto de Bs. 9.045.-, constituyéndose dicha Resolución Administrativa en título de ejecución tributaria y que ante su incumplimiento motivó se emita la Resolución Administrativa GDLP/UJI Nº 0188, de 19 de julio de 2006, por la que al actor se lo sitúa en fase de ejecución tributaria, correspondiendo a la Unidad de Cobro Coactivo proseguir sus acciones de ejecución.

En este contexto, la declaración voluntaria prestada por el contribuyente ante la administración tributaria, en el marco del art. 133 del Código Tributario, constituye una autodeterminación impositiva, por cuanto al momento de inscribirse como contribuyente asumió la obligación de presentar periódicamente sus declaraciones impositivas, emergentes de los hechos previstos en la ley como generadores de una obligación tributaria. Esta declaración, de acuerdo a lo establecido por el art. 136 del Cod.Trib., puede ser verificada por la Administración Regional de Impuestos Internos con la finalidad de enmendar los errores aritméticos que existiesen, a tal efecto realizará la liquidación de corrección y en base a los resultados obtenidos intimará al pago, si corresponde, de: a) lo declarado y no pagado; b) de lo que faltare pagar en caso de haberse cancelado parcialmente la obligación tributaria; c) ante el incumplimiento del plan de pagos propuesto por el contribuyente o de los pagos a cuenta determinados por la Administración.

En todos estos casos existe suma líquida, exigible, reconocida y admitida por el contribuyente, por lo que no se requiere de un proceso de fiscalización para la determinación de ese monto adeudado, por ello, la administración tributaria a través de sus reparticiones puede proceder al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, emergentes de fallos y/o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, de acuerdo al art. 304 del Cod.Trib.

En definitiva, la declaración voluntaria que presta el contribuyente es un acto que manifiesta el saber, tener conocimiento y la intención de cumplir una obligación. Si la declaración es aceptada por la administración, constituye una obligación líquida -pues ya está fijado el monto que se tendría que pagar- y exigible -porque se ha presentado una vez realizado el hecho generador-; en consecuencia, si la administración tributaria no efectuó observación alguna puede proceder al cobro coactivo del monto así determinado, sin lugar a ningún tipo de impugnación ni por la vía administrativa ni judicial, pues el monto que la empresa consignó en su declaración jurada, es el que ha servido de sustento, primero para la intimación y luego para la emisión del pliego de cargo.

Que habiéndose establecido que el pliego de cargo, base de la presente demanda, es emergente de la autodeclaración voluntariamente presentada a GRACO La Paz por el actor y que fue aceptada por la administración tributaria sin ninguna observación, se infiere que adquirió la calidad de firme, líquida, exigible e inimpugnable, esto es, que no acepta recurso en contra por mandato expreso del art. 305 del Cod. Trib., de donde se concluye, que el a quo debió rechazar in límine la demanda interpuesta puesto que no tiene jurisdicción ni competencia para conocer estos procesos, así también establece la jurisprudencia de este Tribunal Supremo en el A.S. Nº 206 de 18 de noviembre de 2005, cuando señaló: "En consecuencia, el Tribunal de Segundo Grado, al revocar la resolución del a quo y declarar probada la excepción previa de incompetencia, no vulneró los dispositivos invocados en el recurso, por lo que corresponde resolver el mismo conforme lo dispuesto por el art. 273 del CPC (...)".

Por otro lado y a mayor abundamiento, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es uniforme al respecto, así la SC 31/2003 de 1 de abril, Recurso Directo de Nulidad, entre otras, estableció que: "Por todo lo explicado, la autoridad demandada ha actuado sin jurisdicción ni competencia al admitir el proceso contencioso tributario incoado por Aerosur S.A., a través del auto de 24 de septiembre de 2002, el cual cae en la nulidad prevista por el art. 31 CPE, toda vez que el pliego de cargo impugnado en el proceso contencioso tributario, deviene de las autodeclaraciones juradas presentadas a Graco Santa Cruz, que no fueron pagadas como correspondía y que al haber sido aceptadas por la Administración Tributaria sin ninguna observación ni modificación en sus montos, adquirieron la calidad de firmes, líquidas y exigibles".

Ciertamente los jueces de grado erróneamente han tomado conocimiento y han valorado las pruebas aportadas dentro del proceso y no han señalado que no correspondía tramitar el proceso contencioso tributario por cuanto el trámite se encuentra en la fase de ejecución por el cobro del tributo, de lo que se colige que el sujeto pasivo no tomó en cuenta el procedimiento administrativo por el cobro de tributos y equivocadamente, ha sostenido durante todo el proceso que no se le pueden vulnerar sus derechos, sin embargo, no ha observado que la declaración voluntaria, firmada por él, al ser presentada en sede administrativa, es un título de ejecución, al tenor de lo previsto en el art. 108, num. 6 de la Ley Nº 2492, Código Tributario.

Estos antecedentes, evidencian que el presente caso contiene vicios insubsanables que al ser advertidos por este tribunal supremo deben enmendarse, razón por la cual corresponde resolver conforme determinan los arts. 252, 271 inc. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por mandato de la norma remisiva previstas en el art. 297 del Cód. Trib. Ley Nº 1340

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 15 y 60, num. 1 de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta el auto de admisión inclusive, de fs. 8-9 del testimonio remitido de fecha 15 de agosto de 2006, disponiendo que el juez de primera instancia, a tiempo de considerar la demanda, aplique las normas tributarias vigentes referidas precedentemente. Sin multa por ser excusable.

Relator: Ministro, Hugo R. Suárez Calbimonte

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Sucre, 06 de Junio de 2011.

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua. Secretaria de Cámara.