SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº S-212/2008

AUTO SUPREMO Nº 173 Social Sucre, 06 de junio de 2011.

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES: Inocencio Rivera Coca c/ Fábrica de Mermeladas Watt`s Casal Ltda.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y la forma de fs. 272-276, interpuesto por la Fabrica de Mermeladas y Caramelos "Watt's Casal Ltda" a través de su apoderada contra el Auto de Vista Nº 364/07 de fecha 04 de octubre de 2007 cursante a fs. 269-270, dictado por la Sala Social y Administrativa del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro el proceso laboral interpuesto por Inocencio Rivera Coca contra la Fabrica de Mermeladas y Caramelos "Watt's Casal Ltda", el auto de fs 279 por el cual se concedió el referido recurso, los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I. Que Inocencio Rivera Coca, por escrito de fs 7, argumenta haber sido trabajador de la Fabrica "Watt's Casal Ltda" por 4 años y 11 meses, habiendo sido despedido en forma intempestiva demanda el pago de Bs. 45.000 por concepto de beneficios sociales. La parte demandada en forma paralela por escrito de fs 125-128, contestó la demanda negativamente y opuso excepción perentoria, de prescripción. Luego de cumplidas las formalidades procesales, la juez segundo de trabajo y seguridad social en fecha 5 de abril de 2007, emitió la sentencia Nº 28/07 de fs. 241-242, declarando improbada la excepción perentoria de prescripción y probada la demanda, disponiendo que dentro de tercero día la entidad demandada a través de su representante legal, cancele al actor Bs. 10.700 por concepto de desahucio, indemnización y vacaciones, según planilla cursante a fs. 242 vlta y 243.

Contra dicha resolución, la Fábrica de Mermeladas y Caramelos "Watt's Casal Ltda" por escrito de fs. 251-253 y la parte actora mediante escrito de fs. 257-258 respectivamente, interpusieron recurso de apelación, para finalmente en virtud del principio de disposición el actor renuncie a su recurso, situación que es admitida por el juez a quo mediante resolución de 5 de junio de 2007 saliente a fs. 262.

A mérito de estos antecedentes, la Sala Social y Administrativa del Distrito Judicial de Santa Cruz, luego de cumplidas las formalidades de ley, emitió el Auto de Vista Nº 364/07 de 4 de octubre de 2007, donde previa motivación, falla confirmando en todas sus partes la sentencia, con costas.

Dentro del término legal, la Fábrica de Mermeladas y Caramelos "Watt's Casal Ltda.." a través de su apoderada, por escrito de fs. 272-276, interpuso contra la resolución de alzada recurso de casación en el fondo y en la forma acusando lo siguiente:

En la forma; argumenta que los miembros del tribunal ad quem así como el juez a quo, vulneraron el art. 192 inc. 2) del CPC, toda vez que el auto de vista no consigna un análisis y evaluación fundamentada de la prueba.

Asimismo manifiesta que a través de la prueba documental ofrecida por la parte demandada, se ha demostrado que el sueldo del trabajador demandante ascendía a Bs. 672,50.

Por otra parte, señala que los miembros del tribunal de alzada en ningún momento acreditaron o precisaron en qué momento el actor, dijo, señaló o produjo la prueba que les lleva al convencimiento pleno de que el demandante le adeuda al demandado la suma de Bs. 10.700. Solicitando finalmente que este tribunal de justicia disponga anular obrados hasta el vicio más antiguo.

En el fondo; manifiesta que el tribunal ad quem interpretó erróneamente los arts. 1286 y 1297 del Código Civil, con relación a los arts. 397,398 y 400 del CPC, al confirmar la sentencia y con ello negar la eficacia probatoria de la prueba documental cursante en obrados.

Tampoco valoraron correctamente la prueba documental de fs. 98-120, toda vez que de esta prueba se acredita que el sueldo indemnizable es de Bs. 672,50 y no Bs.1.200.

Concluye su recurso, pidiendo que este tribunal de justicia mediante auto supremo case la resolución recurrida y declare improbada la acción principal.

Con la respuesta de fs. 278, es concedido el recurso por auto de fecha 30 de noviembre de 2007 cursante a fs. 279.

CONSIDERANDO I. A mérito de estos antecedentes y luego de una revisión minuciosa del contenido y argumentos del recurso de casación y demás antecedentes procesales, corresponde resolver conforme a los siguientes argumentos:

Siendo manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, como por ejemplo la prueba documental; el legislador con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, conforme dispone el art. 150 del CPT que indica: "En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción , sin perjuicio de que el actor porte las pruebas que crea conveniente" concordado con el art. 3 inc. h) y 66 ambos del CPT.

Esto quiere decir que los distintos medios de prueba ofrecidos por la parte empleadora deben ser idóneos, objetivos, lógicos y jurídicamente irrefutables en cuanto a su credibilidad, provocando un convencimiento total al director del proceso que es el juez.

Finalmente, hay que recordar que en materia laboral la valoración judicial de la prueba no esta sometida a la tasación legal, sino al libre convencimiento conforme dispone el art. 158 del CPT que indica: "El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes."

Sobre la base de lo argumentado, este tribunal procede al análisis y resolución de los recursos en forma individual.

En la forma; asumiendo que el recurso de casación en la forma está motivado por "errores in procedendo", imperativamente el recurrente debe acomodar tanto sus argumentos fácticos como jurídicos, mínimamente en uno de los numerales contenidos en el catálogo del art. 254 del CPC, aspecto que en el caso de autos no ha cumplido la parte demandada, ahora recurrente.

No obstante de ello, en relación a que tanto los miembros del tribunal ad quem como el juez a quo, vulneraron el art. 192 num. 2) del CPC, corresponde aclarar que el principio de supletoriedad previsto en el art. 252 del CPT, norma adjetiva que permite aplicar el Código de Procedimiento Civil, no es la regla sino la excepción, la misma que se activa "siempre y cuando el CPT no regule un determinado asunto o acto procesal". En el caso de autos, la sentencia emitida por el juez a quo, no esta sometida a las formalidades previstas en el art. 192 del CPC, sino a lo regulado por el art. 202 del adjetivo laboral, aspecto que fue cumplido a cabalidad por el juez a quo. De igual forma corresponde puntualizar que el ad quem a tiempo de emitir su resolución, no encontró argumento jurídico para aplicar el art. 192 num. 2) del CPC, precisamente porque dicha norma está referida a una sentencia y no a un auto de vista.

Un segundo agravio acusado por el recurrente, se refiere a que supuestamente la parte demandada con prueba documental suficiente hubiera demostrado que el sueldo del trabajador ascendía a Bs. 672,50 y no Bs. 1.200. Este aspecto por una cuestión lógica procedimental no puede ser tratado dentro un recurso de casación en la forma, toda vez que está referido a la valoración de determinados medios probatorios, argumentos que condicen con el recurso de casación en el fondo (art. 253 CPC) y no en la forma. Pretender analizar acusaciones "basadas en errores in jundicando" a través de un recurso de casación en la forma, es enervar la esencia de este recurso, situación corroborada con la forma de resolución, toda vez que un recurso de casación en la forma, persigue una resolución que declare la nulidad de obrados, mientras que un recurso de casación en el fondo busca una resolución que case otra de segunda instancia.

Finalmente argumenta el recurrente que los miembros del tribunal de alzada: " no establecieron con precisión cuál es la prueba y en qué momento el demandante, dijo, señalo o produjo la prueba que les lleva al convencimiento pleno de que el demandante le adeuda al demandado la suma de diez mil setecientos 00/100 bolivianos" (textual, las negrillas son nuestras).

Al respecto, este tribunal no encontró en ninguna parte del auto de vista objeto del recurso, lo expresado sobre este punto por el recurrente, no correspondiendo ningún pronunciamiento al carecer la denuncia de un respaldo jurídico material y lógico.

En el fondo; manifiesta que los miembros del tribunal de alzada habrían interpretado erróneamente los arts. 1286 y 1287 del C.C., con relación a los arts. 397,398 y 400 del CPC, al confirmar la sentencia y con ello negar la eficacia probatoria de la prueba documental cursante en obrados.

Tampoco valoraron correctamente la prueba documental de fs. 98-120, toda vez que de esta prueba se acredita que el sueldo indemnizable es Bs. 672,50 y no Bs.1.200.

A fin de establecer lo demandado, este tribunal procedió a revisar el expediente, evidenciando que el actor en su memorial de demanda de fs. 7 expresamente señaló que: " ...en el cargo de vendedor percibía un sueldo de Bs. 1200 en forma mensual...", aspecto que fue corroborado por la testifical de cargo cursante a fs. 172 y 173 del expediente, medios probatorios que tienen la suficiente credibilidad prevista por el art. 169 del CPT y que en cuanto a su calidad probatoria fueron correctamente valorados, acorde a las reglas de la libre convicción previsto en el art. 158 del CPT; en consecuencia, en el presente caso se aplica la regla "in dubio pro operario" del principio protectivo laboral.

Con relación a que el trabajador habría incurrido en la causal prevista en el art. 16 inc. a) de la LGT, referida a la competencia desleal, corresponde manifestar que si bien se ha demostrado documentalmente que el trabajador cumplía las funciones de vendedor de la entidad demandada, no cursa en el expediente un medio probatorio idóneo por el que se acredite que el trabajador estaba constreñido a ofrecer "solamente los productos elaborados por la entidad demandada", razón por la cual la conclusión unilateral de la relación laboral por parte del empleador y en contra del trabajador, quedó demostrada en el caso de autos; tampoco existe proceso administrativo interno previo al retiro y menos sentencia penal ejecutoriada que permita aplicar alguna causal de despido justificado.

A mérito de lo manifestado, corresponde resolver el referido recurso de casación, conforme lo previsto por el art. 171 inc. 2) del CPC, aplicable al caso de autos por expresa disposición del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del art. 60 de la L.O.J., y 273 del CPC declara INFUNDADO, el recurso de casación en la forma y en el fondo cursante a fs 269-270, con costas.

Se regula los honorarios del abogado patrocinante el Bs. 500.

Relator: Ministro Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte

Sucre, 06 de junio de 2011

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua. Secretaria de Cámara.