SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº S-236/2008

AUTO SUPREMO Nº 167 Social Sucre, 06 de junio de 2011.

DISTRITO: La Paz

PARTES: Rony Flores Rivera c/ Empresa M&P TECH


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 231-232, interpuesto por la Empresa "M & P TECH" a través de su representante legal contra el Auto de Vista Nº 23/08 de 1º de febrero de 2008 cursante a fs. 228, dictado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral interpuesto por Rony Flores Rivera contra la Empresa "M & P TECH", el auto de fs 235 vlta por el cual se concedió el referido recurso, los antecedentes procesales y

CONSIDERANDO I. Que Rony Flores Rivera por escrito de fs 1, modificado a fs. 4, interpone demanda laboral en contra de la Empresa "M & P TECH", argumentando haber sido despedido en forma intempestiva a finales de la gestión 2005, pidiendo se le pague Bs. 11.009,42 por concepto de desahucio, indemnización, lactancia y vacaciones. La referida pretensión es contestada en forma negativa por escrito de fs. 21-23 y cumplidas las formalidades procesales, la Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social en fecha 8 de diciembre de 2006 emitió la Sentencia Nº 86/06,cursante a fs. 209-213, declarando probada en parte la pretensión del actor y disponiendo que la Empresa demandada a través de su representante legal, dentro de tercero día, cancele a favor del demandado, la suma de Bs. 11.695,91, correspondiente a Indemnización, Desahucio, Primas y Vacaciones.

Contra dicha resolución la Empresa "M & P TECH" mediante su representante legal recurrió en apelación, por escrito de fs. 216-218 siendo resuelto por la Sala Social y Administrativa Tercera del Distrito Judicial de La Paz mediante Auto de Vista Nº 23/08 de 1º de febrero de 2008, de a fs. 228, confirmando la resolución de primer grado.

Dentro del término legal, la empresa demandada a través del escrito de fs. 231-232, en contra de la resolución de alzada interpuso recurso extraordinario de casación en el fondo, acusando:

Que los miembros del tribunal de alzada no habrían valorado adecuadamente la prueba aportada por la empresa demandada, toda vez que a través de la misma se acreditó que el sueldo promedio indemnizable alcanza a Bs. 1.321,66 y no Bs.1.505,48 como erradamente se determinó en sentencia.

En referencia al desahucio, señala que el art. 12 de la L.G.T. no establece como requisito para dar el pre-aviso, que éste se realice a través de un medio escrito, motivo por el que no corresponde el pago de desahucio, ya que el actor tampoco habría acreditado que el referido pre-aviso no fue otorgado.

Finalmente como un tercer agravio, manifiesta el recurrente que no ha existido ningún retiro indirecto al trabajador por parte de la empresa, toda vez que nunca se le rebajó su sueldo, pidiendo a este tribunal de justicia case la Sentencia Nº 86/2006.

El referido recurso fue respondido a fs. 234-235 y concedido por auto de 13 de marzo de 2008 cursante a fs. 235 vlta.

CONSIDERANDO II. Que a mérito de estos antecedentes y luego de la revisión del contenido del recurso y los antecedentes procesales, corresponde resolver de acuerdo a los siguientes argumentos:

En materia laboral la valoración judicial de la prueba no se rige por la tasación legal, sino por el libre convencimiento del juzgador, conforme dispone el art. 158 del CPT, que establece: "El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes.", concordado con el art. 3 inc. j) del mismo cuerpo legal.

Asimismo corresponde manifestar que dentro del ámbito del derecho laboral se incurrirá en error de derecho en el momento de valorar la prueba cuando se soslayen los elementos de admisibilidad de la prueba al inicio de la ritualidad probatoria, considerados en la doctrina como: a) admisibilidad extrínseca o formal referida al ofrecimiento oportuno y b) admisibilidad intrínseca o sustancial, referida a la licitud de la prueba y el modo como fue obtenida. En ambos casos no se trata aún de ponderar el contenido del material probatorio que hace al error de hecho, sino a otros aspectos formales y legales. Por su parte el error de hecho constituye una operación racional fallida sobre el contenido mismo del material probatorio, determinando en el juzgador la obtención de una significación distinta a las que ellas (las pruebas) en el marco de la lógica, la razón y la experiencia informan.

Que la desigualdad existente entre la parte empleadora y el trabajador ha pretendido ser subsanada por el legislador dentro del ámbito procesal laboral a través del principio de "inversión de la prueba", instituto por el cual el empleador es quien esta obligado a desvirtuar en forma objetiva lo argumentado por el trabajador y este último si bien no esta inhibido de ofrecer y/o producir prueba, a diferencia del empleador, ello es facultativo y no imperativo, conforme lo dispone el art. 150 del CPT, concordado con los arts. 66 y 3 inc. h) ambos del mismo cuerpo legal.

A mérito de estas precisiones procesales e ingresando a resolver el primer argumento esgrimido por la parte recurrente, hay que señalar que si bien se acusa que existió una errónea valoración de la prueba, no se identifica si la misma fue de derecho o de hecho. No obstante de ello, por expresa disposición del art. 19 de la LGT, el sueldo indemnizable es el resultado porcentual de los tres últimos sueldos percibidos por el trabajador; en el caso de autos, la parte demandante por escrito de fs. 4, argumentó que su sueldo promedio indemnizable es de Bs. 1.505,48, corroborado por la documental presentada por la entidad demandada, cursante a fs. 9-11 y correspondiente a planillas de sueldo de los tres últimos meses, octubre, noviembre y diciembre de 2005, cuyo promedio da como resultado Bs. 1.505,48, no existiendo por lo tanto ningún tipo de error sea de derecho o de hecho en la valoración de la prueba, con relación a este primer punto.

En relación al segundo punto objeto del recurso extraordinario de casación, independientemente que el pre-aviso sea otorgado por escrito o verbal al trabajador, lo puntual y específico es que el legislador ha dispuesto mediante el art. 12 de la LGT que en caso de pretender despedir a un trabajador, la parte empleadora deberá "otorgarle un pre-aviso" y es éste el punto que por expresa disposición del auto de relación procesal cursante a fs. 27 del expediente, según los arts. 3 inc. h), 66 y 150 todos del CPT, que la entidad demandada debía demostrar, en virtud al principio de inversión de la prueba, lo que no fue observado conforme se acredita de la revisión de antecedentes, no estando obligado el actor trabajador a demostrar este aspecto como erradamente argumenta el recurrente, siendo por tanto correcta la decisión asumida por los jueces de instancia en relación a este punto y haber reconocido el derecho que tiene el trabajador al desahucio.

Finalmente en relación al tercer agravio, hay que señalar que dentro de la judicatura laboral el legislador ha reconocido a través del art. 16 de la LGT. que los trabajadores no solo tienen derechos, sino también obligaciones con la parte empleadora y que en caso de incumplir con los mismos, aspecto que deberá ser acreditado objetivamente, serán despedidos sin tener derecho al reconocimiento de sus beneficios sociales cuando así corresponda, de acuerdo a la ley. Contrario sensu, cualquier actitud ejercida por el empleador en contra del trabajador, destinado a lograr su renuncia o unilateralmente concluir con la relación laboral, se considerará como despido indirecto o injustificado.

Por todo lo argumentado, se concluye que los del tribunal a quem a tiempo de emitir su auto de vista no han incurrido en ninguna de las situaciones acusadas por la parte recurrente, correspondiendo resolver el recurso de casación en estricto apego al art. 271 inc

. 2) del CPC, aplicable por el principio de supletoriedad, previsto en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del art. 60 de la L.O.J., art. 273 del CPC declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo cursante a fs 231-232. Con costas, regulándose el honorario del abogado patrocinante en Bs. 500.

Relator: Ministro Dr. Julio Ortiz Linares .

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte

Sucre, 06 de junio de 2011

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua . Secretaria de Cámara.