SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº S-178/2008

AUTO SUPREMO Nº 158 Social Sucre, 06 de junio de 2011.

DISTRITO: La Paz

PARTES: Ángel Antonio Guachilla Uzeda c/ Empresa Constructora Concordia


VISTOS: El recurso de casación de fs. 173-177, interpuesto por Pablo Carrasco Quintana, apoderado del demandante Ángel Antonio Guachalla Uzeda, contra el Auto de Vista Nº 255/2007-SSA-II de 17 de noviembre de 2007, cursante a fs. 170 pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales, gastos médicos e indemnización por accidente de trabajo, seguido contra la Empresa Constructora Concordia S.A., la respuesta de fs. 181-183, el Auto de fs. 184, por el que se concedió el recurso, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO: Que tramitado el proceso laboral, la Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, cumpliendo la nulidad determinada por Auto de Vista Nº 62/06 de 25 de marzo de 2006, de fs. 104, emitió la Sentencia Nº 83/2006 de 2 de diciembre de 2006, cursante a fs. 153-158, declarando improbada la demanda de fs. 20-22.

En grado de apelación deducida por el apoderado del actor, la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 255/2007 SSA-II de 17 de noviembre de 2007, de fs. 170, confirmó la sentencia apelada.

Esta determinación motivó el recurso de casación de fs. 173-177, formulado por Pablo Carrasco Quintana, apoderado del demandante Ángel Antonio Guachalla Uzeda, acusando:

1.- La violación del Principio Protectores en sus reglas "In dubio pro operario" y de "La norma más favorable", fundamentando que no existió abandono de labores y que por ello le corresponde el pago de la indemnización y el desahucio previstos en los arts. 12 y 13 de la L.G.T., al haberse compulsado erróneamente las literales de fs. 32 y 33.

2.- Que le corresponde el pago de la indemnización por accidente de trabajo, las primas y otros derechos, por ello denunció la infracción del art. 158 del Cód. Proc. Trab., porque si bien esta norma instituye que los jueces pueden formar libremente su convencimiento, porque están eximidos de la tarifa legal, sin embargo, en autos el tribunal de alzada omitió aplicar el principio de primacía de la realidad y sólo consideró lo expuesto por la empresa demandada.

3.- La infracción de los arts. 162 de la C.P.E. de 1967 y 4 de la L.G.T., normas que instituyen la irerrenunciabilidad de los derechos sociales, siendo nulas las convenciones contrarias. En autos se valoró erróneamente los documentos presentados, los que representan una forma de renuncia de los legítimos beneficios sociales que le corresponde.

4.- Concluyó pidiendo que se case el auto de vista recurrido y se declare probada la demanda, disponiendo el pago de los beneficios sociales con imposición de costas y penalidades de ley.

CONSIDERANDO: Que previo análisis de los fundamentos del recurso y revisión del expediente, se establece lo siguiente:

1.- Los documentos que alude el recurrente constituyen un fax remitido el 27 de septiembre de 2003, por el Encargado de Contabilidad de la Empresa demandada "Concordia S.A.", en el que hizo conocer al Encargado de Recursos Humanos de la misma empresa, que el actor Ángel Guachalla Uzeda, había abandonado sus funciones el 11 de septiembre de 2003.

Evidentemente el actor alegó en la demanda y durante el proceso, que en esa oportunidad estaba con licencia en la ciudad de La Paz, realizando trámites para afiliarse a la Caja Petrolera de Salud y solicitando ante la Gerencia General de la Empresa, en la misma ciudad, le cancelen diferentes gastos realizados por él, emergente del accidente de trabajo que sufrió cumpliendo sus funciones, conforme acredita la fotocopia simple de fs. 9, el certificado médico de fs. 11 y las notificaciones de fs. 12 a 15; y por consiguiente -afirma- que no hubo abandono de trabajo.

Lamentablemente en el curso del proceso, no se logró demostrar que evidentemente existía el aludido permiso, pues el lugar de funciones del actor se encontraba en el Proyecto caminero Tarapaya-Ventilla, Departamento de Potosí, mientras que los documentos de fs. 32-33, evidencian que el actor, no había concurrido a sus funciones y por el contrario se encontraba en otro lugar, realizando los trámites indicados precedentemente.

Es decir la prueba presentada por ambas partes, evidencia que el demandante dejó sus funciones a partir del 11 de septiembre de 2003, ausentándose a la ciudad de la Paz, lugar en el que efectivamente realizó sus reclamos para el pago de gastos realizados por él para el restablecimiento de su salud, pero sin embargo, esta pretensión lamentablemente, no permitía al actor realizar abandono de sus funciones laborales, implicando con ello que incurrió en la causal de despido previsto por el art. 7 del D.S. Nº 1592 de 19 de abril de 1949, más aún si no se acreditó la existencia de alguna de las causales previstas en el art. 6 incs. a) y d) de la misma norma, es decir que respecto del accidente de trabajo que sufrió, ya recibió su alta los últimos días del mes de enero de 2003, recibiendo su tratamiento de fisioterapia en la ciudad de la paz, donde radica (certificado médico de fs. 11, que no ha sido observado por las partes), mientras que respecto de la licencia, no se acreditó su existencia.

Por consiguiente, se establece que no es evidente que se hubiesen vulnerado el principio protector en sus reglas "In dubio pro operario" y de "La norma más favorable"

Corresponde puntualizar además que por la antigüedad del trabajador en su fuente de trabajo, quien se sometió a un retiro voluntario, no corresponde el pago del desahucio ni la indemnización en consideración a que no puede aplicarse retroactivamente en su favor el D.S. Nº 0110 de 20 de mayo de 2009, derogatorio del art. 1 del D.S. Nº 11478 de 16 de mayo de 1974.

2.- Tampoco es cierto que se hubiese vulnerado el art. 158 del Cód. Proc. Trab., porque en base al razonamiento precedentemente expuesto, al actor no le correspondía el pago de los derechos reclamados. Respecto a la indemnización por el accidente de trabajo, consta que el actor fue dado de alta y que sería sometido a un tratamiento de fisioterapia para su rehabilitación, lamentablemente no consta en obrados ningún certificado médico que determine un grado de invalidez que amerite establecer la referida indemnización.

3.- Sobre la base de la carga de la prueba que corresponde al empleador, arts. 3 inc. h), 66 y 150 del Cód. Proc. Trab., se ha establecido que el actor luego de varios meses de haber sufrido un accidente, sometido a un tratamiento médico particular que fue reembolsado por la empresa, al no haberlo asegurado oportunamente, como era su obligación, cambió de residencia permaneciendo en la ciudad de La Paz, implicando con ello que se retiró voluntariamente de su fuente laboral, aspectos que evidencian que no se vulneró los derechos del actor, pese a la omisión de su afiliación a un ente de Seguridad Social, que debe ser sancionado en la vía que corresponda, pero que constituye una situación diferente a que se pretenda burlar los derechos constitucionalmente reconocidos (arts. 162 de la C.P.E. de 1967 y 4 de la L.G.T.), aplicables al caso presente.

4.- Por lo referido, se concluye que no son evidentes las infracciones legales denunciadas en el recurso, correspondiendo desestimarlos, aplicando los arts. 271 inc. 2) y 273 del Cód. Pdto. Civ., por la permisión contenida en la norma remisiva contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia, en aplicación de la atribución contenida en el art. 60 núm. 1 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 173-176.

Relator: Ministro, Hugo R. Suárez Calbimonte

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Sucre, 06 de Junio de 2011.

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua. Secretaria de Cámara.