SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº S-82/2008

AUTO SUPREMO Nº 140 Social Sucre, 13 de mayo de 2011.

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES: Antonio Bernardo Rosa Ressini c/ Empresa Constructora NUPRA Ltda.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 158-161, interpuesto por Antonio Bernardo Rosa Ressini, impugnando el Auto de Vista Nº 359/07 de 24 de agosto de 2007, cursante a fs. 153-155, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso social que sigue el recurrente contra la Empresa Constructora NUPRA LTDA., la respuesta de fs. 163-164, el auto que concede el recurso de fs. 165, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 36/2007 de 11 de abril de 2007, cursante a fs. 129-131, declarando improbada, con costas, la demanda de fs. 14-15 y aclaración de fs. 19, interpuesta por Antonio Bernardo Rosa Ressini, por no haberse probado la relación laboral bajo la modalidad de contrato verbal indefinido, sino una relación comercial civil no regulada por la normativa ni judicatura laboral, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 1 y 2 del D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y el art. 732 del Cód. Civ.

En grado de apelación formulada por la parte demandante (fs.135-142), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 359/07 de 24 de agosto de 2007, cursante a fs. 153-155, revoca la sentencia apelada 36/2007 de 11 de abril de 2007, cursante a fs. 129-131, y deliberando en el fondo, declara probada en parte la demanda y se ordena que la parte demandada, pague al demandante a tercero día la suma de $us. 6.494,20 por concepto de beneficios sociales, conforme la liquidación inserta a fs. 154 vta. y 155.

CONSIDERANDO II.Dentro del plazo previsto por ley y contra la resolución de vista, Antonio Bernardo Rosa Ressini, interpone el recurso de casación en el fondo a fs. 355-358, acusando:

La violación del art. 190 del Cód. Pdto. Civ., de la Ley 380 de 22 de noviembre de 1950, 7 del D.S Nº 7182 de 23 de marzo de 1965, 158 del Código de Procedimiento del Trabajo, mala interpretación del art. 3 de la Ley de noviembre de 1944, y error de hecho en la liquidación de los sueldos adeudados, expresando en síntesis, que el auto de vista recurrido, desconociendo que está prohibido el pago de salarios en moneda extranjera, en forma extra petita, fuera de cambiar el tipo de moneda de pago de sus beneficios le niega el derecho de cobrar aguinaldos adeudados con el argumento de que sus salarios le pagaban en dólares, basándose en documentos sin valor legal y en lo dispuesto por el art. 3º de la Ley de 18 de diciembre de 1944, dirigida a aquellos empleados sujetos a contrato siendo inaplicable a su caso, olvidando, según afirma, que la mencionada ley fue motivo de interpretación por otra Ley Nº 380 de 22 de noviembre de 1950.

Con respecto al salario promedio indemnizable, señala que el tribunal de alzada, forzada y contradictoriamente, con base a una simple copia fotostática de una hoja de cálculo elaborada por la empresa cursante a fs. 65, establece de manera arbitraria un promedio indemnizable que no condice con el sueldo de Bs. 10.478, suma que señala en su demanda y, que no fue desvirtuado por el demandado porque jamás presentó planillas ni recibos de pago en contra de su pretensión, lo que a su juicio mal interpreta e infringe los arts. 158 del Cód. Proc. Trab. y 1311 del Cód. Civ., incurriendo además, en error de hecho en la liquidación de los sueldos adeudados, porque el tribunal considera que los dos sueldos que se le adeuda, resultan de la aplicación simple del sueldo promedio (determinado por el tribunal multiplicado por 2), cuando en la liquidación que se elaboró en el Ministerio de Trabajo hay un valor diferente (Bs. 37.177,07), que sirvió de base de cálculo para presentar su demanda de pago de beneficios sociales, valor que no resulta de la aplicación mecánica de cifras sino de la comprobación de hechos objetivamente ocurridos en el tiempo y que se traducen en documentos contables de prueba no aportados por la parte demandada, existiendo saldos por los meses de oct./nov./05; todo mar. abril/15 d./mayo/06 (detalle inserto a fs. 160 vta.).

El referido recurso es respondido por la parte demandada mediante escrito de fs 163-164 y concedido mediante auto de 10 de diciembre de 2007 cursante a fs 165.

CONSIDERANDO III. A mérito de lo señalado y luego de revisado minuciosamente el contenido del recurso y los antecedentes procesales, corresponde a este tribunal de justicia resolver el referido recurso extraordinario de casación en el fondo en virtud de los siguientes argumentos:

Primeramente señalar que en materia laboral, la valoración judicial de la prueba no esta sometida a la tasación legal, sino a las reglas del libre convencimiento conforme lo establecido en el art. 158 del CPT que dispone: "El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes".

Corresponde asimismo puntualizar que ante la evidente desigualdad existente entre el empleador y el trabajador, el legislador con el objeto de compensar dicha situación, ha previsto que en todo proceso laboral está obligado el empleador demandado ha cumplir con la carga de la prueba, vale decir desvirtuar a través de determinados medios probatorios idóneos lo argumentado por la parte contraria y el trabajador demandante, si bien puede ofrecer y producir determinados medios probatorios, esta actuación no es una obligación, sino una facultad, conforme lo previenen los arts. 3 inc h), 66 y 150 todos del CPT.

En relación al error de hecho a tiempo de valorar la prueba, constituye una operación racional fallida sobre el contenido mismo del material probatorio determinando en el juzgador la obtención de una significación distinta a las que ellas (las pruebas) en el marco de la lógica, la razón y la experiencia informan.

En el caso de autos, salvando la confusión del recurrente en cuanto a los aspectos de forma y fondo a que se refiere simultáneamente, de estos errores de redacción devendría en improcedente; sin embargo, en el marco de la irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrados en los arts. 162 de la C.P.E. y 4º de la L.G.T., analizando -únicamente- lo que hace a la supuesta infracción de normas sustantivas aplicadas en el fallo de alzada, se establece de modo general que, el fallo de segunda instancia, corrigiendo el error del inferior, revoca con acierto la sentencia de grado, reconociendo la existencia de la relación laboral entre el actor y la empresa demandada, disponiendo a su favor el pago de los beneficios sociales que le corresponden, decisorio que ciertamente, se ajusta a los datos del proceso siendo el resultado de la sana crítica con que valoró la prueba aportada en el proceso, conforme a la facultad que le reconoce el art. 158 del Cód. Proc. Trab., sin embargo, incurre en la omisión de disponer el pago de aguinaldo, en desconocimiento de la Ley de 18 de diciembre de 1944, interpretada por la Ley Nº 380 de 22 de noviembre de 1950, que dispone este beneficio a favor de todos los trabajadores sin discriminación, sumándose la previsión del art. 1º del D.S. Nº 2317 de 29 de diciembre de 1950, que indica que "todos los empleados y obreros que trabajan por cuenta ajena, sin exclusión de ninguna clase, tienen derecho al pago del aguinaldo de navidad...", omisión que corresponde enmendar, debiendo cancelarse más la respectiva multa prevista por ley, ante su incumplimiento.

Con relación al sueldo promedio indemnizable, el actor expresamente manifestó en su escrito de demanda de fs 14-15 que el mismo era de Bs. 10.478, mensual, aspecto que no fue negado en cuanto a su monto por la parte demandada a tiempo de contestar a la pretensión y menos desvirtuado en la etapa probatoria, no obstante de ser un punto de hecho a probar, conforme se acredita por el auto de fs 36, no siendo relevante para el caso de autos si la remuneración se cancelaba en dólares o en bolivianos.

Por lo anteriormente argumentado se evidencia que los miembros del tribunal de alzada, a tiempo de considerar como argumento para establecer el sueldo promedio indemnizable, la documental de fs 65, incurrieron en error de hecho, toda vez que los montos y cifras señaladas en dicha documental, fueron propuestos por el propio actor (interesado), conforme se acredita del contenido de la documental, al margen de ser una fotocopia simple y que no cumple las formalidades previstas en el art. 158 última parte y 161 ambos del CPT, por lo que corresponde enmendar esta situación y establecer como sueldo indemnizable lo manifestado por el actor.

Consiguientemente, corresponde resolver el referido recurso en la forma prevista por los arts. 271-4) y 274-II) del Cód. Pdto. Civ., aplicable por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia, con la intervención del Ministro de Sala Social y Administrativa Segunda, Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte convocado a fojas 181, con la atribución contenida en el numeral 1 del art. 60 de la L.O.J., CASA PARCIALMENTE el auto de vista recurrido, disponiendo que en ejecución de autos, se elabore nueva planilla de liquidación, tomando como sueldo indemnizable Bs. 10.478, además se cancele a favor del actor, el aguinaldo por la gestión 2005 y parte de la gestión 2006 en duodécimas, aspectos éstos que deberán incluirse en la nueva planilla juntamente con los beneficios y derechos sociales reconocidos a fs 153-155

Sin multa por ser excusable.

Relator: Ministro Dr. Julio Ortiz Linares .

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares.

Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Sucre, 13 de mayo de 2011

Proveído: Sandra Magaly Mendivil B. Secretaria de Cámara.