SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº S-66/2008

AUTO SUPREMO Nº 131 Social Sucre, 28 de abril de 2011.

DISTRITO: La Paz

PARTES: Sebastian Paredes Sirpa c/ Servicio Departamental de Caminos La Paz


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 189-190, interpuesto por Edwin Teodoro Gutiérrez Clavel, Director Técnico a.i. del Servicio Departamental de Caminos La Paz (SEPCAM), impugnando el Auto de Vista Nº 196/07 SSA-I de 28 de septiembre de 2007 cursante a fs. 184, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social que sigue Sebastián Paredes Sirpa contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 191, el auto que concede el recurso de fs. 192, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 110/2005 de 24 de abril de 2005 de fs. 163-166, declarando PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 9, sin costas, debiendo la entidad demandada cancelar al actor la suma de Bs. 8.343 por concepto de indemnización, desahucio y vacación, disponiendo, además que los montos de desahucio e indemnización serán sujetos a actualización en ejecución de sentencia conforme el D. S. Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992.

En grado de apelación formulada por el representante legal del SEPCAM de La Paz de fs. 168-169, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 196/07-SSA I de 28 de septiembre de 2007de fs. 184 y vta. CONFIRMO la sentencia apelada de fs. 163-166.

Este fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 189-190 interpuesto por Edwin Teodoro Gutiérrez Clavel, Director Técnico a.i. del Servicio Departamental de Caminos de La Paz, en el que acusa que en cumplimiento de los arts. 25 de la Ley 1654 de 28 de julio de 1995 de Descentralización Administrativa y 4º del D. S. Nº 24215 de 12 de enero de 1996, del Poder Ejecutivo se transfirieron a las Prefecturas, las unidades descentralizadas y dependencias desconcentradas, creándose en cada Departamento el Servicio Departamental de Caminos (SEPCAM) como unidad desconcentrada, con personalidad jurídica y patrimonio propio instituyéndose la liquidación del Servicio Nacional de Caminos, para su transferencia a las Prefecturas, consiguientemente, al haber sido contratado el demandante en forma posterior a la mencionada liquidación, dependía de la Prefectura del Departamento, como empleado público, sin estar sujeto a la L. G. T. no debiendo aplicarse en este caso lo indicado en el auto de vista que de manera taxativa señala: " la Ley no permite la suscripción de más de dos contratos a plazo fijo así lo tiene determinado el artículo 2do del D.L. Nº 16187, convirtiéndose en consecuencia en un contrato por tiempo indefinido"; esto debido a que el art. 1º del D. R. de la L.G.T. y D.S. Nº 08125 de 30 de octubre de 1967, excluye a los funcionarios públicos de la Ley General del Trabajo, el actor habría ingresado a trabajar el 7 de mayo de 1997, según memorandum CITE 224/97 y fue retirado el 31 de diciembre de 2000, suscribiendo contratos discontínuos y/o interrumpidos, evidenciándose que ejerció funciones después de la vigencia de la Ley de Descentralización Administrativa, lo que demuestra que el actor es funcionario público y por tanto se encuentra fuera del ámbito de la Ley General del Trabajo, lo aseverado concuerda con lo dispuesto por el art. 28 inc. c) de la Ley Nº 1178 en la que queda incluido el demandante por haber concurrido al servicio público aceptando las funciones para las que fue designado por lo que no corresponde que se le cancele por conceptos de indemnización, desahucio y vacación. Al respecto señala que la Corte Suprema ha sentado jurisprudencia uniforme (A.S. Nos. 272 de 30 de agosto de 2005, 331 de 23 de junio de 2006; 495 de 20 de julio de 2006).

Concluye solicitando se case la Resolución Nº 0196/07 SSA-I de fecha 28 de septiembre de 2007, conforme a la causal prevista por el art. 253 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil. .

CONSIDERANDO II: Que, ingresando al análisis y resolución al servicio del recurso, se puede advertir prima facie que el mismo, trae como elemento fundamental el de establecer con claridad si corresponde o no el pago de beneficios sociales al actor dentro de los alcances de la Ley General del Trabajo o por el contrario precisar si es considerado funcionario publico o servidor publico y está sujeto a otro régimen normativo, dentro del cual no corresponde el pago de los beneficios sociales demandados a ese efecto, se realiza el siguiente análisis de las normas pertinentes.

El D.L. Nº 07375 de 5 de noviembre de 1965, aprueba el Estatuto del Funcionario Público por el que se regula las relaciones entre el Estado y sus servidores, cuyo art. 2 señala: "se consideran funcionarios públicos a todas aquellas personas investidas de un cargo público creado por Ley y remunerado con fondos del Estado", excepto los expresamente excluidos por su art. 3.

Por su parte el art. 2 del D.S. Nº 8125 de 30 de octubre de 1967, dispone que: "Todo funcionario que reciba sus remuneraciones con fondos provenientes del Tesoro Nacional (Gobierno Central), cualquiera sea la institución en la que preste servicios será considerado para fines de derecho de orden social como funcionario público y por lo tanto sujeto al régimen establecido por el Decreto Ley Nº 07375 de 5 de noviembre de 1965".

Luego, el art. 1 del D.S. Nº 8141 de 16 de noviembre de 1967, amplía la exclusión del ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público D.L. 7375 y del art. 2 del D.S. 8125, entre otros, a los trabajadores y empleados del Servicio Nacional de Caminos.

Posteriormente la Ley del Sistema Nacional de Personal, aprobada mediante Decreto Ley Nº 11049 de 24 de agosto de 1973, reitera que se considera Funcionario Público a toda persona que ejerce un cargo legalmente creado por autoridad competente y consignado en los presupuestos de servicios personales de los organismos respectivos de la Administración Pública Nacional (art. 6), empero, sin enervar las exclusiones con anterioridades establecidas.

Asimismo, la Ley de Carrera Administrativa aprobada por el mismo D.L. 11049, agrega en su art. 3 que el "Régimen de Carrera Administrativa se aplica a todos los funcionarios del Estado que no se hallan amparados por la Ley General del Trabajo..."

De los preceptos legales citados, no es difícil concluir que, a partir del 16 de noviembre de 1967, los funcionarios del Servicio Departamental de Caminos se encuentran dentro de los alcances de la Ley General del Trabajo.

Posteriormente, por Ley Nº 1654 de 28 de julio de 1995 de Descentralización Administrativa, se transfieren o delegan varias funciones y atribuciones ejercidas por la Administración central a las Prefecturas de los Departamentos art. 5 -f ) , entre ellas las de formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco del plan departamental de desarrollo, lo que incluye la construcción y mantenimiento de carreteras y caminos secundarios que venían siendo cubiertos por la administración central hasta ese momento. A esos efectos se disuelven las entidades públicas descentralizadas sin fines de lucro y dependencias desconcentradas de la administración central, que hasta ese entonces cumplían las funciones relacionadas a las atribuciones delegadas en el citado artículo 5, transfiriéndose, bajo la administración del Prefecto, los recursos humanos, físicos y financieros. Asimismo, según el art. 25 se disuelven las Corporaciones Regionales de Desarrollo y sus patrimonios y se transfieren al dominio y uso departamental, bajo administración y responsabilidad de los Prefectos, conforme al art. 26.

Reglamentando la Ley 1654 anteriormente citada, por DS. Nº 24215 de 12 de enero de 1996 en su art. 11, se dispone el traspaso del personal técnico, administrativo y de apoyo de las oficinas distritales del Servicio Nacional de Caminos a los Servicios Departamentales de Caminos creados por el mismo decreto supremo que en su art. 4 dispone: "manteniendo a los efectos de Ley, sus años de servicio y su régimen laboral, de conformidad a la Ley General del Trabajo..." reservándose para el 1 de julio de 1996 la transferencia del resto del personal y otros activos, según el art. 15.

El 27 de octubre de 1999, se sanciona la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público (vigente a partir del 21 de junio de 2001 a mérito del cumplimiento del presupuesto legal exigido por la Ley 2104, de 21 de junio de 2000, modificatoria de la Ley 2027), por el que se otorga el estatus de Funcionario Público a todos aquellos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración, incluidos aquellos que presten servicios en las entidades públicas autónomas autárquicas y descentralizadas.

Asimismo, la citada Ley, en su art. 69-I, establece que "Los Servidores Públicos dependientes de las entidades públicas, autárquicas y descentralizadas, cuyas actividades se regulen por disposiciones legales o estatutarias singulares amparadas por la Ley General del Trabajo, que estuviesen prestando servicios en las mencionadas entidades hasta la fecha de vigencia de la presente Ley, seguirán sujetos a dicho régimen laboral."

Luego el art. 71, de la misma Ley denomina como funcionarios provisorios a los servidores público que a la fecha de su vigencia se encuentren desempeñando funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa, reservándoles el derecho de acceder a la misma en tanto se cumplan determinados presupuestos como los de renunciar voluntariamente y percibir su liquidación correspondiente, según el parágrafo III del art. 70.

Posteriormente, la Ley Nº 2064 de 3 de abril de 2000 de Reactivación Económica, declara al Servicio Nacional de Caminos como entidad de derecho público de carácter autárquico, bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Económico, con jurisdicción nacional, de duración indefinida, con personería jurídica y patrimonio propios (art. 58), norma que sin embargo es posteriormente derogada por la disposición derogatoria primera de la Ley Nº 3506 de 27 de octubre de 2006 emergente del proceso de liquidación del SNC dispuesta por la misma Ley.

Ordenada la liquidación del SNC en los términos descritos, por Ley Nº 3507 de 27 de octubre de 2006 se crea la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) como entidad de derecho público, autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con autonomía de gestión técnica, administrativa, económica-financiera, de duración indefinida, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Una vez vigente la Ley 2027, (21 de junio de 2001) las entidades públicas ingresaron en un proceso de institucionalización de los cargos públicos, conforme lo dispuesto por la misma ley, para que todos aquellos funcionarios provisorios ingresen a la carrera administrativa, de modo tal que muchos que a tiempo de la vigencia de la Ley 2027 se encontraban amparados por la Ley General del Trabajo, renunciaron voluntariamente recibiendo su indemnización para ingresar a la carrera administrativa y, consiguientemente, al ámbito de aplicación de la citada Ley 2027.

Sin embargo, en forma posterior, debido a un sinnúmero de conflictos de orden laboral, aunque la ley no aclara por carecer de exposición de motivos, se expidió la Ley Nº 3613 de 12 de marzo de 2007, por el que se restituye al Régimen Laboral de la Ley General del Trabajo a los trabajadores asalariados de los Servicios Departamentales de Caminos que habían ingresado a la carrera administrativa bajo el régimen de INSTITUCIONALIZACIÓN de la ley 2027 (ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PUBLICO), de tal modo que la misma ley se encarga de aclarar en su art. 5 que el tiempo de servicios bajo el régimen del Estatuto del Funcionario Público, no genera derechos y obligaciones a los fines de beneficios sociales y, en el mismo sentido el art. 6 señala que "Los trabajadores que pese haber sido objeto de cambio de régimen laboral no hubieran percibido la liquidación de sus beneficios sociales a tiempo de ser reconocidos como funcionarios de carrera, como lo establecía el Artículo 70 de la Ley 2027, deberán percibir su liquidación a la fecha de promulgación de la presente Ley.".

CONSIDERANDO III: Aclarado como se encuentra el régimen legal de los funcionarios del Servicio Departamental de Caminos, corresponde analizar el caso concreto en base a dicha normativa, que a ese efecto se tiene:

En la especie, el actor ha suscrito cuatro contratos con la institución demandada, no existiendo interrupción entre uno y otro, lo que dio origen a la relación laboral, toda vez que no esta permitido más de dos contratos a plazo fijo, tal cual lo dispone el art. 2 del D.L. 16187 de 16 de febrero de 1979, probándose además con el certificado de trabajo que cursa a fs. 37, y su original a fs. 92, que el actor ingresó a trabajar el 7 de mayo de 1997 hasta el 20 de julio del 2000, siendo su ingreso antes de la vigencia de la Ley 2027.

Ahora bien, el DS. 25366 de 26 de abril de 1999 que deroga el art. 11 del DS. 24215 de 12 de enero de 1996, dispone que una vez constituido el Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM), "el personal contratado o asimilado tendrá la condición de Servidor Público, sujeto al régimen salarial establecido para la Administración Pública" y sometidos a las normas y procedimientos del Sistema de Administración de Personal, en el marco de la Ley 1178.

Esta última definición legal debe ser entendida en sentido de que el personal será tenido como servidor público en tanto: a) hayan sido contratados en forma posterior a su vigencia (D.S. 25366 de 26 de abril de 1999) y b) habiendo sido contratado con anterioridad haya sido asimilado en el marco de los procedimientos del Sistema de Administración de Personal, aprobado por DS. 26115 de 16 de marzo de 2001, esto es, cumpliendo el procedimiento y requisitos establecidos por el art. 57-III de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (renuncia y pago de beneficios sociales, entre otros). Condiciones que no se aplican al presente caso, por cuanto el demandante prestó servicios a partir de 7 mayo de 1997, es decir con anterioridad a la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo Nº 25366 de 26 de abril de 1999, que no puede ser aplicado por no contener un efecto retroactivo.

Concluyéndose en consecuencia que los de instancia actuaron conforme a derecho al confirmar la Sentencia de fs, 163-166 dictada por la a quo porque se ajusta a las normas legales en vigencia, siendo el actor acreedor a los derechos reconocidos por estar amparado por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones complementarias, correspondiendo en consecuencia resolver el recurso en la forma que prevén los arts. 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia, con la facultad conferida por el art. 60-1 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 189-190. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178.

Relator: Ministro Dr. Julio Ortiz Linares .

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares.

Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Sucre, 28 de abril de 2011

Proveído: Sandra Magaly Mendivil B. Secretaria de Cámara.