SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº S-132/2008

AUTO SUPREMO Nº 123 Social Sucre, 28 de abril de 2011.

DISTRITO: Beni

PARTES: Carmen Galy Gonzáles Moriba c/ Colegio MADRE SETON


VISTOS: El recurso de nulidad y casación de fs. 55-56 vlta., interpuesto por la Hmna. MARIA LOURDES BONILLA SANCHEZ, en representación del COLEGIO "MADRE SETON", contra el Auto de Vista de 7 de diciembre de 2007, cursante a fs. 51-52 y vlta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, en el proceso laboral sobre sueldos devengados, seguido por CARMEN GALY GONZALES MORIBA, contra la entidad recurrente; sus antecedentes, las leyes acusadas de infringidas, lo alegado por las partes, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso, el Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social de Trinidad - Beni, dictó la Sentencia 36/2.007, de 14 de septiembre de 2007, cursante a fs. 31-33 vlta., por la que declaró PROBADA la demanda de fs. 5 y vlta; e IMPROBADA la excepción de prescripción de fs. 9 y vlta., con costas, disponiendo que la entidad demandada cancele a favor de la actora la suma de Bs. 1.164,97.- por concepto de sueldo devengado por el mes de diciembre de 2.004.

En grado de apelación, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, por Auto de Vista de 7 de diciembre de 2.007, cursante a fs. 51-52 vlta., CONFIRMO totalmente la Sentencia apelada, con costas.

Contra la citada resolución la Hmna. Maria Lourdes Bonilla Sánchez en representación del Colegio Madre Seton, interpuso recurso de nulidad y casación, acusando indebida interpretación legal y errónea apreciación de pruebas, bajo el siguiente argumento:

Que la entidad demandada fue citada después de haber transcurrido los dos años que señala el art. 126 del Cod. Proc. Trab., es decir el 17 de enero del 2.007 y por lo mismo a su entender se hubiera extinguido el derecho a cobrar lo reclamado ahora por la actora, violándose el art. 1503 del Cod. Civ. y los arts. 3 inc. f), 60 del Cod. Proc. Trab., con relación a la aplicación preferente del art. 6 -I) de la C.P.E.

Violación e interpretación errónea del art. 162 de la C.P.E., al considerar como una ley la demanda presentada el 21 de diciembre de 2.006; que la parte debía impulsar su trámite y el juez dar cumplimiento a los arts. 3 inc d) y 56 del Cod. Proc. Trab., art. 1 num 13) de la L.O.J., y 2 del Cod. Proc. Civ.

Que al incumplir lo dispuesto en el art. 236 del Cod. Civ. por parte del tribunal ad quem y haber aplicado erróneamente los arts. 120 de la L.G.T., 126 de y 2 del Cod. Proc. Trab. y 162 de la C.P.E., 6-I) 7 inc a), 8 inc a) de la C.P.E., con relación a los arts. 4, 9, 13, 14, 249 y 250 de la L.O.J., arts. 1, 2, 5, 119 y 205 del Cod. Proc. Civ., art. 3 inc. c), d), f), 56, 58 y 60 del Cod. Proc. Trab., solicita se case el Auto de Vista y sentencia recurridos, declarando en el fondo improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, dentro de este marco legal corresponde verificar si es o no evidente lo denunciado en el recurso, a ese efecto se tiene lo siguiente:

En el caso examinado, se ha probado que la actora prestó servicios a favor de la entidad demandada en su calidad de secretaria, mediante la modalidad de contrato a plazo fijo y sujeta a las reglas que hacen a la relación de dependencia laboral, de donde se ha concluido que se le adeuda un sueldo devengado por el mes de diciembre de 2.004, tácitamente reconocido por la entidad empleadora y calculado en un monto de Bs. 1.164,97.-

De igual manera y concluida la relación laboral en 30 de diciembre de 2.004, recién en 21 de diciembre de 2.006, la actora interpone la demanda de pago de salario devengado (fs. 5-6).

Conforme orienta la doctrina y se tiene recogido en la jurisprudencia emitida por este tribunal, la prescripción liberatoria consiste en la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inacción de su titular durante el lapso señalado por ley. La prescripción no afecta el Derecho en si, sino que priva al acreedor de la acción, con lo cual la obligación de la acción queda relegada a la condición de meramente natural.

Los dos elementos exigidos por la ley para configurar la prescripción son: a) el transcurso del término legal preestablecido y, b) la inacción o silencio -se entiende voluntario- del acreedor durante ese plazo. La prescripción reviste orden público porque las partes no pueden introducir alteraciones al régimen creado por la ley; de este modo las partes no pueden establecer otras causas de suspensión, interrupción, modificar los efectos jurídicos reconocidos por la ley, aplicar o reducir el plazo de prescripción, variar el curso del plazo, renunciar anticipadamente a la prescripción. (Carlos Alberto Etala, Contrato de Trabajo, Pág. 640-643).

Ahora bien para resolver el presente conflicto suscitado entre las partes del proceso, es menester referirnos al instituto de la caducidad en general, definida por Manuel Osorio en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales como: La acción y el efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto o vigor por cualquier motivo, disposición legal, instrumento público o privado o algún acto judicial o extrajudicial; la caducidad se puede producir, entre otros motivos, por la prescripción, por el vencimiento del plazo, por falta de uso; hallándose entre sus especies, la caducidad de instancia, definida como "el modo de extinguirse la relación procesal por la inactividad de las partes durante cierto período (2 años en el presente caso). En este sentido, la caducidad, llamada también perención, supone un abandono de la instancia".

Para una mejor comprensión tanto de la prescripción como de la caducidad, ha menester relacionar su aspecto común, manifestando que ambos institutos se asemejan en sentido de que el derecho o potestad de que se trate, se pierde por el transcurso del tiempo;sin embargo, también se han señalado algunas diferencias: a) la caducidad extingue el derecho, mientras que la prescripción no, pues el mismo subsiste como obligación natural; b) la prescripción afecta a toda clase de derechos, pues es una institución general, y para que ella no funcione, es menester una norma expresa en tal sentido, en tanto que la caducidad, por no ser general, solo afecta ciertos derechos, que nacen con una vida limitada en el tiempo; c) la prescripción puede verse suspendida o interrumpida en su curso, no así la caducidad; d) los plazos de la prescripción son habitualmente prolongados, mientras que los de la caducidad son comúnmente reducidos, e) la caducidad, a diferencia de la prescripción, puede ser pronunciada de oficio. (Ob. Citada. Pág. 651).

De lo expuesto se infiere que la prescripción es un instituto propio del Derecho Sustantivo y, la Caducidad, deviene en un instituto del Derecho Procesal o Adjetivo, diferenciación elemental que nos remite al análisis de los arts. 120 de la L.G.T. y 163 del D.R.L.G.T. y 70 del Cód. Proc. Trab.

Los arts. 120 de la L.G.T. y 163 de su D.R., estipulan que "Las acciones y derechos provenientes de esta ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas" y "las acciones y derechos emergentes de la ley que se reglamenta se extinguirán en el término de dos años a partir de la fecha en que nacieron; de ahí que la manera de formularla dentro del proceso laboral, es necesariamente como excepción perentoria, conforme establece el art. 127-b) del Cód. Proc. Trab., no obstante, en función de la norma remisiva contenida en el art. 252 del adjetivo laboral indicado, el legislador boliviano ha entendido que también la prescripción puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si está probada (art. 1497 del Cód. Civ.); si es opuesta hasta antes de dictarse sentencia debe ser resuelta en esa oportunidad por el juez de la causa, si es opuesta en segunda instancia debe ser resuelta en el auto de vista, por el tribunal ad quem; pero no puede ser opuesta en oportunidad del recurso de casación, en virtud a que el tribunal supremo es un tribunal de puro derecho. Luego el art. 70 del Cód. Proc. Trab., dispone: "Igualmente el desistimiento y la transacción no causan estado, no siendo tampoco procedente la perención de instancia, en virtud de la irrenunciabilidad de los derechos sociales del trabajador", de donde se infiere claramente que en materia laboral no existe la caducidad ni la perención de instancia, precisamente por la acción proteccionista asumida por el Estado a favor de los trabajadores, por impero de los arts. 162-II de la C.P.E. y 4º de la L.G.T.

En el marco de estas disposiciones constitucionales y legales, la caducidad y la perención de instancia, se hallan legisladas en el Derecho Laboral siguiendo el propósito lógico del proteccionismo laboral establecido, a diferencia de lo que ocurre en materia civil, por cuanto, cualquier reclamo del trabajador que denote la intención de ejercer su derecho sea ante autoridad administrativa competente y/o judicial con la presentación de la demanda laboral antes del término de dos años queda interrumpida la prescripción; además, siempre en el marco del principio protectorio adoptado por la legislación vigente, una vez interrumpida la prescripción con la presentación de la demanda en sede judicial, ya no se puede operar la prescripción "sobreviviente" que aduce la parte recurrente, porque la autoridad jurisdiccional (Juez Laboral), como Director del proceso, asume la obligación de impulsarlo hasta su conclusión, conforme disponen los art. 56, 151 y 152 del Cód. Proc. Trab., pero siempre, teniendo en cuenta que el objeto del proceso laboral, es la protección efectiva de los derechos sociales consignados en la ley sustancial, en beneficio del trabajador.

Estando dilucidado el alcance ya la finalidad tanto de la prescripción como de la caducidad, no son evidentes las denuncias acusadas en el recurso, por cuanto en autos se advierte la presentación de la demanda dentro del término de los dos años de haber nacido el derecho del trabajador (1 de enero de 2.005), conforme se acredita en el cargo de fs. 6, resultando que la inacción posterior para el cumplimiento de la diligencia de notificación con la demanda, no puede ser atribuida a la responsabilidad del trabajador, por lo que no es posible considerar la "prescripción sobreviviente".

Es conveniente dejar en claro que si bien la norma procesal laboral determina que los aspectos no previstos en el precitado procedimiento, regirán excepcionalmente las disposiciones contenidas en la Ley de Organización Judicial y del Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando tales normas procesales civiles "no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral". Ello implica, que dada la especialidad de la materia y la particularidad de los principios referidos en la aplicación de la ley sustantiva para resolver un caso concreto, el término de la prescripción se interrumpe con variadas situaciones, entre ellas la presentación de la demanda, tal como establece el art. 126 del citado procedimiento laboral, por lo que no corresponden las acusadas violaciones que hace el recurrente.

Por otro lado no debe olvidar la demandada que, los derechos sociales que le asisten a la trabajadora son irrenunciables y es deber del Estado, a través de la jurisdicción laboral, brindar la tutela efectiva de los derechos sociales demandados conforme los principios proteccionistas que orientan la legislación laboral, atendiendo el hecho de que el salario es la retribución que percibe el trabajador en contraprestación a su trabajo para su sustento y el de su familia, no pudiendo demorar su pago fuera de los plazos establecidos por ley, precisamente por los fines de subsistencia a los que responde, de donde su cumplimiento no esta librado a la discrecionalidad o capricho del empleador, como se quiere justificar en la especie.

Por lo relacionado precedentemente no se advierte violación de ninguna disposición legal ni mala valoración de la prueba, por el contrario, los jueces de grado obraron conforme a derecho, aplicando correctamente las disposiciones legales en que fundan sus decisorios teniendo en consideración los principios que orientan al Derecho Laboral, debiendo resolverse el recurso en la forma prevista por los arts. 271-2) y 273 del Cód. Pdto. Civ., aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución contenida por el inc. 1) del art. 60 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 111-112. Con costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 500, que mandará pagar el tribunal ad quem.

Relatora: Ministra, Beatriz Sandoval de Capobianco

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Sucre, 28 de abril de 2011.

Proveído: Sandra Magaly Mendivil B. Secretaria de Cámara.