SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº S-54/2008

AUTO SUPREMO Nº 94 Social Sucre, 28 de abril de 2011.

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES: Tito Edwin Montenegro Fernández c/ Yambal de Bolivia S.A.


VISTOS:El recurso de casación de fs. 164-166 vta., interpuesto por YAMBAL DE BOLIVIA S.A. antes BARDAL representada por RICARDO RAFAEL URBAN TUESTA Y SKARLETH IBAÑEZ VELARDE contra del Auto de Vista Nº. 335/2007 de fs. 159-160 y vta., pronunciado el 08/09/2007 por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso social sobre beneficios sociales instaurado por TITO ERWIN MONTENEGRO FERNANDEZ en contra de la Empresa recurrente, el auto de concesión de fs. 170, los antecedentes del proceso, y,

CONSIDERANDO I: Que tramitada la demanda de reliquidación y reintegro de beneficios sociales seguido por Tito Edwin Montenegro Fernández en contra de la Empresa Bardal S.A. ahora YAMBAL de Bolivia S.A, el Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 127/2006 de fecha 03/01/2006 de fs. 137-140 y vta., declarando PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 04 a 6, sin costas, ordenando a la Empresa BARDAL S.A. actualmente Yambal de Bolivia S.A., pague a 3ro. día a favor de su ex trabajador, el monto equivalente a sus beneficios sociales y derechos por reliquidación por desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación, prima, bono de antigüedad, recargo nocturno, horas extras y sueldo devengado, en la suma total de Bs.16.098.36, menos el pago efectuado de fs. 19 de Bs. 18.000.

Formulado el recurso de apelación por parte de la empresa demandada de fs. 143-145, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 0335/2007 de fs. 159-163 y vta. de 8/09/2007 CONFIRMO PARCIALMENTE la sentencia de fs. 137 a 140 vta. y deliberando en el fondo en mérito a los fundamentos legales expuestos, declaró que hay lugar al pago de prima sólo por los dos últimos años, ordenando a la Empresa Bardal S.A., actualmente "Yambal Bolivia" S.A. representada legalmente por Ricardo Rafael Urban Tuesta y Skarleth Ibáñez Velarde, el pago a favor de su ex trabajador por reliquidación de Desahucio, Indemnización, Aguinaldo de Navidad, Vacación, Prima, Bono de Antigüedad, Recargo, Horas Extras y Sueldo devengado, menos el pago de fs. 19 de Bs. 18.000, haciendo un total de Bs. 14.838,36 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 36/100 BOLIVIANOS) sin costas por la revocatoria.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo, interpuesto por los representantes de la empresa demandada de fs. 164-166, en el que fundamenta que, el tribunal de alzada aplicó indebidamente el art. 13 y 19 de la Ley General del Trabajo, incurriendo en mala valoración de la prueba, al reconocer indebidamente que el actor percibía en forma mensual la suma de Bs. 1260, pese a que demostró -dice- por los documentos de fs. 78 y la testifical de descargo de fs. 82 que merecen el valor probatorio previsto por el art. 169 del Código Procesal del Trabajo y de los arts. 1287, 1289 del Código Civil, condenándose injustamente a cancelar beneficios sociales que no corresponden al actor, causando daño en la economía de la empresa a la que representan.

Concluyen solicitando se CASE el auto de vista recurrido Nº 335 de fecha 08 de septiembre de 2007 de fs. 159-160 del expediente de la materia, sea en restricto apego a derecho.

CONSIDERANDO II: Que, del examen del recurso, corresponde verificar si es o no es evidente lo denunciado, de cuyo análisis se tiene:

Que, a efectos de resolver el recurso de casación planteado en el fondo, se advierte que la parte recurrente pretende que a través del análisis del único hecho invocado y de la normativa invocada se de una nueva valoración a la prueba aportada en el proceso, que determinó -dice- el sueldo promedio del actor; sin tomar en cuenta que ésta, es una atribución privativa de los Juzgadores de Instancia, incensurable en casación, conforme a los fundamentos siguientes:

En los procesos laborales rige el Principio de la Inversión de la Carga de la Prueba, tutelados por los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, que obliga al empleador a desvirtuar los hechos pretendidos por el trabajador en su demanda, principio que se activa en el presente caso en análisis para los recurrentes, cuando se acusa que los de instancia no han tomado en cuenta la literal de fs. 82 que registra que el sueldo del actor era de Bs. 1000 y no de Bs. 1260 como aseveró en su demanda fs. 4 a 6.

Al respecto, la declaración testifical de descargo de Ricardo Mauricio Luque Alcoba de fs. 78, señala que el sueldo percibido por el demandante estaba en un promedio de Bs. 1.000 a 1.200 mensual, con lo cual la supuesta falsedad acusada no ha sido desvirtuada en el curso del proceso, lo que debe ser necesariamente acreditada, y sólo así podrá el Juez alcanzar la convicción legal de que el actor ha consignado un monto indebidamente, para tener por acreditada la resistencia del demandado y por ende por desvirtuados los hechos pretendidos por el actor, lo cual no ha sucedido en el presente caso, haciendo que inevitablemente se de estricta aplicación al Principio Protector "In dubio Pro Operario" por lo que los de instancia han hecho una correcta y adecuada valoración de la prueba en su conjunto para la emisión de la resolución de fs. 159-160 y vta.

Con relación a la apreciación de la prueba, cabe destacar que la valoración de la prueba constituye una atribución privativa de los juzgadores de instancia incensurable en casación, más aún si se trata de materia laboral en la que el juez no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba, sino por el contrario que debe formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, conforme instituye el art. 158 del Código Procesal del Trabajo, razón por la cual, cuando se denuncia su incorrecta valoración o apreciación, los recurrentes tienen la obligación procesal de demostrar si los de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho a efecto de que el tribunal de casación abra su competencia para realizar una nueva compulsa de la prueba, conforme exige el art. 253-3) del Cód. Pdto. Civ.

En ese razonamiento, es preciso también establecer que en su sentido procesal la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio, con la finalidad de crear la convicción del juzgador sobre el hecho o hechos demandados. En el ejercicio de esta atribución las pruebas producidas, deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, esto es lo que en doctrina se denomina el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o, la apreciación de los medios probatorios debe efectuársela de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo con Couture, que las reglas de la sana crítica son ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, correspondiendo aplicar en el caso de autos, lo previsto por los arts. 3 incs. g), h), y j) y 158 del Código Procesal del Trabajo.

De los fundamentos expuestos, se concluye que no es evidente la infracción invocada por los recurrentes, habiendo por el contrario el tribunal ad quem ajustado su fallo a derecho, por lo que corresponde dar cumplimiento a lo previsto en los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución contenida por los arts. 60º num. 1 de la Ley de Organización Judicial y 271 inc. 2) y 273, del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el Recurso de casación en el fondo de fs. 164-166, con costas.

Relatora: Ministra, Beatriz Sandoval de Capobianco

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Sucre, 28 de abril de 2011.

Proveído: Sandra Magaly Mendivil B. Secretaria de Cámara.