SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº A-213/2007

AUTO SUPREMO Nº 88 Contencioso Tributario Sucre, 20 de abril de 2011.

DISTRITO: La Paz

PARTES: Corporación de Transportes y Servicios S.R.L. c/ Administración Regional de Impuestos Internos La Paz


VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante a fs 212-220, interpuesto por la Gerencia Distrital de La Paz, del Servicio de Impuestos Nacionales a través de su representante legal, contra el Auto de Vista Nº 037/07 de fecha 10-02-07, cursante a fs. 206, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz dentro el proceso Contencioso Tributario seguido por Corporación de Transportes y Servicios SRL, contra la Administradora Regional de Impuestos Internos-La Paz, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I: Que la Corporación de Transporte y Servicios SRL, mediante escrito de fs. 16-18, interpone demanda contenciosa tributaria en contra de la Administración Regional de Impuestos Internos de La Paz, a través de la cual acreditó que producto de una fiscalización cuyo objetivo era establecer el cumplimiento de las normas que rigen los impuestos IVA, IT, RC-IVA e IRPE en relación a los periodos fiscales 03/91 a 10/92 y asumiendo que las fotocopias de facturas ofrecidas como prueba de descargo cumplen lo previsto por el art. 269 del Cód.Trib. y 1311 del C.C. que no fueron aceptadas por el sujeto pasivo, y por ello impuso una obligación impositiva al contribuyente de Bs. 4.790.665, suma a la cual se adicionaron los accesorios consistentes en mantenimiento de valor, intereses y mora, las que hacen una obligación total pendiente del contribuyente de 8.124.363 (ocho millones, ciento veinticuatro mil trescientos sesenta y tres 00/100 bolivianos) y una multa del 100 % sobre el gravamen omitido, por considerar la conducta del contribuyente como defraudación de conformidad con el numeral I) del artículo 101 del mismo cuerpo legal, por lo que solicitan se dejen sin efecto la Vista de Cargo 461/93 y la Resolución Determinativa Nº 215/94 cursante de fs. 1-3.

Contestada la demanda por escrito de fs. 23-26, cumplida las formalidades procesales, la nulidad de obrados dispuesta por el Auto de Vista Nº 187/01 de 10 de septiembre de 2001 cursante a fs. 164 y vlta, la misma que se declara ejecutoriada por resolución cursante a fs. 166 de 8 de noviembre de 2001, la Juez Segundo de Partido, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de La Paz, emite la sentencia Nº 14/02 de fecha 02 de febrero de 2002 y basado en el informe técnico falla declarando probada en parte la demanda de fs. 16-18, modificándose la Resolución Determinativa Nº 215 de 24 de mayo de 1994, a la suma de Bs. 216.285, más la multa del 100 % por calificar su conducta como defraudación.

Contra dicha resolución la Administración Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, recurre en apelación por escrito de fs. 179-182, respondido a fs. 193-195 y resuelto por Auto de Vista Nº 037/07 de 10 de febrero de 2007 cursante a fs. 206, documento mediante el cual la Sala Social y Administrativa Primera del Distrito Judicial de La Paz CONFIRMA en parte la Sentencia Nº 14/02, modificando la Resolución Determinativa Nº 215 de 24 de mayo de 1994 en la forma sugerida por el Asesor Técnico de Salas Sociales, cuyo monto total asciende a Bs. 321.111 según detalle cursante a fs. 206 vlta.

CONSIDERANDO II: Que, la Administración Regional de Impuestos Internos de La Paz, dentro del término legal previsto por ley, por escrito de fs. 212-220, contra el referido Auto de Vista, interpone recurso extraordinario de casación en el fondo acusando:

Que, tanto el Tribunal de Segunda Instancia, como la Juez Aquo habrían conculcado violado y aplicado erróneamente lo previsto en los arts. 1311 del Código Civil y 269 del Código Tributario, Ley Nº 1340, artículo 31 de la CPE de 1967, artículo 281 inc c) de la Ley de Organización Judicial, artículos 214 de la Ley Nº 1340 y 397 del Código de Procedimiento Civil, violación del los artículos 90, 190 y 192 inc. 2) 236 y 254 del Código de Procedimiento Civil, en relación a la documental (facturas) ofrecida por la parte contraria en calidad de pruebas en fotocopias simples, las mismas que fueron oportuna y reiteradamente observadas por la entidad demandada.

Que, existió violación a los artículos 8 y 12 de la Ley Nº 843, y artículos 3 y 4 de la R.A. Nº 05-082-87, por haber reconocido un crédito fiscal inexistente, referente a facturas falsas cursantes de fs. 25 a 151 de obrados, solicitando finalmente que este Tribunal Case el Auto de Vista y deliberando en el fondo falle declarando improbada la demanda y por tanto subsistente la totalidad de la R.D. 0215/94 en lo referente al tributo omitido, sus accesorios y la calificación de la conducta como defraudación.

Corrido en traslado dicho recurso y la inexistencia de respuesta del sujeto pasivo, el mismo es concedido por Auto de fecha 08 de junio de 2007 cursante a fs. 221.

CONSIDERANDO III: Que luego de haber revisado minuciosamente el contenido del recurso, los cuatro anexos, los antecedentes del proceso y corroborada la inexistencia de respuesta al recurso de casación por parte del contribuyente, este tribunal a objeto de acreditar o descartar lo manifestado y argumentado por el demandado recurrente, procedió a revisar en forma minuciosa las actuaciones procesales, la interpretación y aplicación de la norma positiva y la valoración de la prueba, y el informe técnico impugnado, aspectos estos que buscaron únicamente la efectividad y objetividad en relación a la administración de justicia, en este Tribunal Supremo. A mérito de dichas consideraciones, corresponde motivar el presente fallo en base a los siguientes aspectos:

Haciendo uso de sus facultades legales, la Administración Tributaria mediante orden de fiscalización Nº 25.029 de 21 de enero de 1993 cursante a fs. 2 del segundo anexo dispone se proceda a verificar si el contribuyente Corporación de Transportes y Servicios SRL cumplió con las normas que rigen los impuestos IVA, IT, RC-IVA e IRPE, durante los periodos fiscales 03/91 a 10/92. Luego de notificado con dicho actuado (ver fs. 3 del anexo 2), el Contribuyente no obstante de solicitar prórroga de plazos para presentar sus descargos no los efectiviza, concluido el plazo de 20 días establecido por el artículo 169 del Código Tributario para la presentación de descargos del contribuyente, la Administración Tributaria emite la Vista de Cargo 461/93 de 24-03-94 cursante a fs. 196 del anexo 2, acto administrativo que textualmente establece: "Considerando que la documentación acreditada como prueba de descargo de fs. 16-151, no cumple con lo dispuesto por los arts. 269 y 1311 de los Códigos Tributario y Civil respectivamente, no son admitidas conforme lo solicitado". (textual)

En mérito de dicho antecedente la Administración Tributaria mediante la referida Vista de Cargo y considerando concluido el término previsto por ley, dispone que por la Unidad de Asuntos Jurídicos proceda a la calificación de la conducta del contribuyente y la sanción correspondiente.

En fecha 24 de mayo de 1994, la Administración Tributaria emite la Resolución Determinativa Nº 215/94, cuyo original cursa a fs. 201-203 del segundo anexo, imponiendo al contribuyente Corporación de Transportes y Servicios SRL., reparos consistentes en impuestos omitidos de pago, por la suma de Bs. 4.790.665, suma a la cual se adicionan los accesorios consistentes en mantenimiento de valor, intereses y mora, la misma que hace una obligación total pendiente del contribuyente de Bs. 8.124.363 (ocho millones, ciento veinticuatro mil trescientos sesenta y tres 00/100 bolivianos). Asimismo se le impone una multa del 100 % sobre el gravamen omitido actualizado a la fecha de emisión, por la suma de 5.735.051 Bs. (cinco millones, setecientos treinta y cinco mil, cincuenta y un 00/100 bolivianos), montos que fueron impugnados por el contribuyente respecto a la depuración de crédito fiscal efectuada por la Administración Tributaria.

Que, en mérito de dichos antecedentes la Corporación de Transportes y Servicios SRL. mediante su representante legal por escrito de fs.16-18 del expediente, interpone demanda contencioso tributaria argumentando que el Administrador Tributario no valoró su prueba documental de descargo, y que la misma cumple con todos los requisitos de ley, finalmente se declare probada la demanda y se deje sin efecto tanto la Vista de Cargo, como la Resolución Determinativa impugnadas.

Durante la fase probatoria del proceso contencioso, por expresa solicitud de la entidad actora (ver fs. 47) y a objeto de verificar los domicilios de algunos comercios o entidades que emitieron facturas a favor de la Corporación de Transporte y Servicios SRL. se llevó adelante audiencia de inspección cuya acta cursa a fs. 51-52, documento a través del cual se evidencia que muchas de las facturas ofrecidas por el contribuyente carecen de validez, aspecto corroborado por la documental de fs. 80-88, 91-96.

Asimismo, mediante Informe Técnico No. 05/95 de fs. 55, el Asesor Técnico de la Sala Primera del Tribunal Fiscal de la Nación, efectúa un análisis técnico, estableciendo según criterio, que el contribuyente dio cumplimiento al artículo 269 del Código Tributario y 1311 del Código Civil, y las facturas presentadas como pruebas de descargo de fs. 5 a 167 del segundo cuerpo deberían haber sido admitidos oportunamente, proponiendo modificar el cargo conforme a detalle establecido en su informe, sugerencias tomadas en cuenta en el Auto de Vista sujeto a Casación.

En esta parte del análisis resulta pertinente establecer que los reparos exigidos por la Administración Tributaria, emergen de la depuración del Crédito Fiscal presentado por el contribuyente para compensar el débito fiscal establecido por el artículo 7 de la Ley de Reforma Tributaria No. 843, emergente del hecho generador por operaciones inherentes al rubro del contribuyente por los cuales debió empozar pagos al Sujeto Activo, presentando para este efecto fotocopias de facturas y notas fiscales, que a decir de la Administración Distrital de Impuestos Internos no son válidas al no cumplir estas con las exigencias establecidas por el artículo 1131 del Código Civil y artículo 269 de la Ley 1340, hecho que resulta determinante para la aplicación y reconocimiento o la no aplicación y no reconocimiento del cómputo o la depuración del crédito fiscal del contribuyente, relacionado directamente con el cumplimiento de los artículos 8 y 12 de la Ley 843 y artículos 3 y 4 de la Resolución Administrativa No. 05-82-87.

A este efecto, corresponde establecer que el Recurso de Casación en el Fondo interpuesto por la Administración Tributaria, gira y versa sobre la violación del artículo 1311 del Código Civil y artículo 269 del Código Tributario, relacionado a la violación de los artículos 8 y 12 de la Ley 843 y artículos 3 y 4 de la Resolución Administrativa 05-82-87 inherentes a la pertinencia, admisibilidad y eficacia de la prueba presentada por el sujeto pasivo en la fase de descargo, la misma que ha sido validada tanto por el fallo emitido en primera instancia, Informe Técnico No. 05/95 de fs. 55, y Auto de Vista emitido por el Tribunal Ad Quem, que tuvo a su cargo el proceso en grado de apelación; sobre el tema del caso Sub Lite E. J. Couture, afirma: "...corresponde distinguir la pertinencia, de la admisibilidad de la prueba. Prueba pertinente, es aquella que versa sobre las proposiciones y hechos que son verdaderamente objeto de prueba. Prueba impertinente es, por el contrario, aquella que no versa sobre las proposiciones y hechos que son objeto de demostración [...]. En cambio de prueba admisible o inadmisible se habla para referirse a la idoneidad o falta de idoneidad de un medio de prueba determinado para acreditar un hecho"

Nuestra legislación a través del artículo 376 del Código de Procedimiento Civil señala: "...Las pruebas deberán ceñirse a los puntos de hecho fijados por el juez: las que no les fueren pertinentes serán rechazadas de oficio..."; asimismo, el artículo 397 del cuerpo legal citado establece: "I. Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica. II. El juez tendrá obligación de valorar en la sentencia las pruebas esenciales y decisivas."

Así establecido el tema materia del análisis, y con el único fin de establecer con certeza la existencia de las violaciones a la ley acusadas, corresponde someter las pruebas objetadas por el sujeto activo, a un examen a la luz de la normativa vigente el momento de los hechos, para lo cual necesariamente debe hacerse uso de las herramientas provistas por el legislador para determinar la idoneidad y eficacia de la prueba, verificando primeramente si las pruebas acusadas de írritas, se ajustan a los preceptos de admisibilidad establecidos por el artículo 1311 del Código Civil y 269 del Código Tributario, ante cuyo análisis se puede establecer que las fotocopias simples fueron legalizadas por Notario de Fe Pública, quien conforme a atribuciones normativas solamente puede efectuar la legalización de esos documentos previo cumplimiento de requisitos esenciales; es así que la Ley de 05 de marzo de 1858 "Ley del Notariado", vigente complementada por la Ley Nº 1455 de 18 de febrero de 1993, en relación a la facultad de legalizar documentos por parte de los notarios de fe pública dispone a través de su art. 281: "Los notarios están prohibidos de: c. Legalizar documentos, copias o fotocopias cuyos originales no existan en los archivos o registros a su cargo."; estableciéndose de simple revisión del proceso que el sujeto pasivo no demostró durante el desarrollo del proceso; la tenencia de los originales por parte del Notario de Fe Pública como tampoco de su persona, extrañándose el indebido actuar del Notario de Fe Pública, quien vicia de nulidad su propio acto al legalizar documentos que no le están autorizados por normativa vigente.

Asimismo, conforme al precepto legal emitido por la norma especial, artículo 269 del Código Tributario, para subsumirse en la pertinencia y admisibilidad exigida, la legalización debió ser efectuada por autoridad a cuyo cargo se encuentra el documento original, ante la inexistencia de este requisito esencial, por tratarse de documentos públicos sujetos a control de la Administración Tributaria, es ésta la instancia encargada de establecer administrativamente la veracidad y legalidad de notas fiscales y facturas.

La Administración Tributaría en actos inherentes a las funciones de fiscalización para las que fue creada, procedió a efectuar una verificación y cruce de información, habiéndose emitido por áreas de la Administración Tributaria informes de cruce información y denuncias de propios contribuyentes afectados, mismas que cursan a fs. 78 a 96 y fs 16-151 del tercer anexo, pruebas que evidentemente cayeron en una apreciación falsa y errónea sobre hechos materiales por parte de los tribunales inferiores en grado, tomado por falso lo verdadero, aspecto que tampoco fue desvirtuado o enervado por el Contribuyente.

En el caso de autos, el Administrador Tributario en el desarrollo del proceso de fiscalización así como en el proceso contencioso observó e impugnó la prueba de descargo consistente en copias de facturas, motivo por el cual el sujeto pasivo, al margen de responder a dichas observaciones, gozaba con prerrogativa legal para exigir por la vía más conveniente, que sea una autoridad competente quien proceda a legalizar la autenticidad de dichos documentos y así subsanar las observaciones, todo ello en el entendido que éste tuviese en su poder los originales. Verificándose sin embargo que no lo hizo.

En relación a la violación acusada de los artículos 8 y 12 de la Ley 843 de Reforma Tributaria, resulta preciso aclarar que el Crédito Fiscal es un derecho del contribuyente, emergente de la alícuota referida por el artículo 15 de la Ley 843, toda vez que de la característica indirecta del impuesto, el contribuyente está facultado para computar a su favor el resultado emergente de la alícuota sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Dando lugar al cómputo del crédito fiscal previsto, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto pasivo resulta responsable del gravamen, todo ello de conformidad con el artículo 8 de la Ley Nº 843.

Asimismo, el artículo 12 de la Ley Nº 843 prevé "El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal a que se refiere el Artículo 8.
Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación tributaria".

De una revisión de la Escritura Pública de Constitución de Sociedad, Testimonio No. 167/91 de 10 de abril de 1991, se establece en su artículo tercero que la Corporación de Transportes y Servicios SRL., tiene como principal actividad el transporte terrestre y otros para todo tipo de carga y mercadería, resultando que en las gestiones 1991 y 1992 la empresa dedicó su actividad exclusivamente al transporte de carga; ante lo cual de una revisión de las facturas por cómputo de Crédito Fiscal presentadas por el sujeto pasivo puede constatarse que, las copias de facturas presentadas no estaban relacionadas ni vinculadas con las operaciones gravadas del contribuyente y tampoco fueron emitidas por los supuestos proveedores, aspectos que evidentemente no fueron tomados en cuenta por el tribunal de primera instancia y el Tribunal Ad Quem, debiendo entonces considerarse que el derecho de computo del Crédito Fiscal reclamado por el sujeto pasivo, no le corresponde al no cumplir las copias de las facturas con los requisitos esenciales establecidos en la señalada normativa, siendo en consecuencia evidente la apreciación errónea de la prueba de descargo, por parte de los tribunales de instancia.

En consecuencia de todo lo referido el Crédito Fiscal pretendido por el sujeto pasivo, no cumple con las exigencias de pertinencia, admisibilidad y eficacia de la prueba establecidos en el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil, precisiones de las cuales debe necesariamente revestirse una prueba para considerarse idónea para enervar o desvirtuar los reparos establecidos por la Administración Tributaria.

Evidenciándose por el contrario, que la Administración Tributaria obró en un marco correcto, por lo que corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia resolver el recurso de casación en el fondo instaurado por la Gerencia Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales en la forma prevista por el art. 271 num. 4) del CPC, aplicable al caso de autos en virtud del art. 297 de la Ley Nº 1340.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la intervención del Ministro Presidente de Sala Social y Administrativa Segunda, Dr. Esteban Miranda Terán convocado a fojas 242, con la atribución contenida en el num. 1 del art. 60 de la L.O.J., en consonancia con el dictamen fiscal de fs. 225-227 y lo previsto por el art. 274 del Código de Procedimiento Civil CASA el Auto de Vista cursante a fs. 206 y deliberando en el fondo, declara IMPROBADA la demanda Contenciosa Tributaria interpuesta por la Corporación de Transporte y Servicios SRL a través de su representante legal, cursante a fs. 16-18, contra la Administración Regional de Impuestos Internos - La Paz, disponiéndose en consecuencia, se mantenga subsistente la Resolución Determinativa Nº 215 de 24 de mayo de 1994 en todos sus extremos y contenido.

Relatora: Ministra, Beatriz Sandoval de Capobianco

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Esteban Miranda Terán

Sucre, 20 de abril de 2011.

Proveído: Sandra Magaly Mendivil B. Secretaria de Cámara.