SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº A-56/2010

AUTO SUPREMO Nº 84 Reclamación Sucre, 08 de abril de 2011.

DISTRITO: La Paz

PARTES: Sabino Ontiveros Camacho c/ SENASIR


VISTOS:El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 146-143 vlta., interpuesto por DIEGO ALEJANDRO MARK BALDIVIESO, en representación del SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO (SENASIR), contra el Auto de Vista Nro. 277/09 de 26 de noviembre de 2009, cursante a fs. 135-134, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de reclamación, sobre calificación de renta única de vejez con reducción de edad, que sigue SABINO ONTIVEROS CAMACHO contra la entidad recurrente, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO: Que la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR., mediante Resolución Nº 006376 de 28 de mayo de 2004, cursante a fs. 88, resolvió otorgar a favor del actor renta única de vejez con reducción de edad, equivalente al 94% de su promedio salarial, en el monto de Bs. 2.875,98.- correspondiendo a la básica el 50% Bs. 1.529,78.- y a la complementaria el 44% Bs. 1.346,20.- a ser pagadera desde el mes de abril de 2.004.

Contra dicha resolución, el asegurado formuló Recurso de Reclamación a fs. 102-101, misma que fue CONFIRMADA, por la Comisión de Reclamación del SENASIR., mediante Resolución Nº 766.07 de fecha 23 de mayo de 2007, cursante a fojas 111-110, por encontrarla conforme a los datos del expediente y estar emitida de acuerdo a la normativa legal vigente que rige la materia.

Promovido el recurso de apelación por parte del demandante a fs. 116-115, la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 277/09 de 26 de noviembre de 2009 cursante a fs. 135-134, donde REVOCA EN PARTE la Resolución Nº 766/07, de 23 de mayo de 2.007, fs. 110-111, y en cuanto a la fecha de otorgación, dispone que la Comisión de Reclamación al confirmar la resolución Nº 006376 de 28 de mayo de 2004, otorgue el pago de su renta con reducción de edad al apelante a partir del 11 de enero de 1.999 y sea con todas las formalidades de Ley.

Dicho fallo motivo el recurso de casación en el fondo y en la forma a fs. 146-143 vlta., planteado por el representante legal del SENASIR., quien haciendo una relación circunstanciada del trámite y señalando como normas legales transgredidas la R.A. Nº 082.03 de 12 de agosto de 2.003, la R.A. 074.04 de 22 de marzo de 2.004 y los arts. 236 y 191 -2) y 3) del Cod. Proc. Civ., acusando:

En el Fondo, que no se debería considerar al momento de la apelación los memoriales de fs. 122 y 129-130 y tan solo el que cursa a fs. 115-116 por ser el único presentado en tiempo hábil y oportuno, toda vez que la notificación con la Resolución Nº 766.07 de 23 de mayo de 2007, se la realizo el 27 de noviembre de 2007 (fs. 111 vlta.), por lo que, en conformidad al art. 12 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobada por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1.997, tenía solo 5 días hábiles desde su notificación.

De igual manera indica que el Auto de Vista recurrido no cumple con lo señalado en el art. 192 del Cod. Proc. Civ. por el hecho de querer justificar la R.A. Nº 074.04 de 22 de febrero de 2.004, que deroga la R.A. Nº 082.03 de 12 de agosto de 2.003 al suspender los trámites de prestaciones por el incumplimiento de pago de cotizaciones, de convenios por pagos devengados al régimen básico y complementario, mas cuando señala que jamás se menciono a la citada resolución y la fecha seria de 22 de marzo de 2.004 y no la que erradamente se señala. Por lo que entiende se debe respetar el nivel jerárquico entre una Resolución Administrativa antes que un instructivo.

Señala que también no se consideró que la empresa "El Diario" en esa época se encontraba en mora en el pago de cuotas trimestrales.

En la Forma, acusa haberse otorgado mas allá de lo pedido, por que entiende que la petición del asegurado jamás fue la otorgación de la Renta Única de Vejez con Reducción de Edad a partir del 11 de enero de 1.999, tal cual ha concedido el tribunal ad quem en el Auto de Vista impugnado.

Finalmente concluyendo, solicita se Case en parte el Auto de Vista Nº 277/2009 de 26 de noviembre de 2.009, cursante a fs. 135-134.

CONSIDERANDO II: Que del examen del recurso de casación planteado y analizando si lo denunciado es evidente o no, previa revisión minuciosa del expediente se colige lo siguiente:

En cuanto al recurso de casación en el fondo, se evidencia que tomando como base la notificación de 27 de noviembre de 2007, de fs. 110 vlta, con la Resolución de la Comisión de Reclamación, el actor planteo recurso de apelación en 3 de diciembre de 2007 a fs. 116-115, lo que acredita que interpuso dentro el término de los 5 días hábiles señalados por el art. 601 del R.C.S.S. y art. 12 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición. Por lo que la concesión en efecto suspensivo para su resolución ante la Corte Superior del Distrito de La Paz, mediante auto de fs. 126, ha sido debidamente concedida.

Una vez radicado el recurso ante el Tribunal de Alzada, en cumplimiento del art. 235 -II) del Cod. Proc. Civ, aplicable al caso de autos por imperio del art. 12 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, procede a mejorar y fundamentar sus argumentos de derecho y de hecho, a través de memorial de fs. 130-129 vlta., aspecto este que es totalmente valido y permitido legalmente.

Por otro lado corresponde señalar que a fs. 122 no cursa recurso alguno, sino tan solo una constancia expresa emitida por un miembro de la Comisión de Reclamación a través de la que se ratifica que el demandante interpuso su recurso dentro del término previsto por ley, consecuentemente es errada la apreciación en contra del recurrente.

Haciendo una revisión al recurso de apelación de fs. 115-116, el actor menciona entre líneas al art. 1 de la R.A. Nº 074.4 de 22 de marzo de 2.004, mismo que deroga la R.A. Nº 082.03 de 12 de agosto de 2.003, por lo que en cumplimiento del principio de congruencia resulta lógico que el Tribunal de Alzada al momento de emitir el respectivo Auto de Vista mencione dicha resolución como parte de su motivación.

De los datos del expediente se evidencia que el 11 de enero de 1.999, cumpliendo todos los requisitos exigidos y previstos por el Instructivo Nº 01 de 14 de enero de 1.998, el actor presentó el formulario 400 (fs 30) y que fue llenado el 17 de diciembre de 1.998, solicitando la liquidación de renta única de vejez. Siendo que la R.A. Nº 082.03 de 12 agosto de 2.003 fue derogada por la R.A. Nº 074.04 de 22 de marzo de 2.004, queda plenamente vigente el anteriormente citado Instructivo Nº 01 de 14 de enero de 1.998, mismo que a través de su numeral 3.1 expresamente dispone que la fecha de inicio de pago de la renta deberá otorgarse al mes siguiente de su fecha de retiro, lo cual ocurrió en el caso de autos, en diciembre de 1.998.

Con referencia a la acusada mora en el pago de los aportes por parte de la empresa "El Diario", corresponde señalar que la misma es una obligación eminentemente del empleador y de la entidad encargada de recibirlos, misma que realizando las revisiones periódicas correspondientes, está en la obligación de activar todos los mecanismos que la Ley le franquea, con el fin de regularizar tal situación y en ningún caso corresponde atribuir dicha responsabilidad al dependiente que ya anteriormente fue descontado en su haber. Dicho de otra manera, la mora de la empresa, no es una cuestión atribuible al asegurado, pues, el SENASIR y antes la Caja Nacional de Seguridad Social, en aplicación de los arts. 194, 196 del Cód. S.S. y 545 de su Reglamento, tienen y tenían la obligación inexcusable de cobrar las cotizaciones por todos los medios que las leyes, el indicado Reglamento y demás disposiciones legales le otorgan, reconociendo incluso la última norma citada, la existencia de culpa grave de los órganos ejecutivos de la institución, que puede ser sancionada conforme determina el art. 591 del Regl. Cód. Seg. Soc., cuando no realizan los trámites necesarios.

Por lo que si bien los arts. 196 del Cód. S.S. y 475 del R. Cód. S.S., instituyen que el trabajador por quien no se hubiese pagado las cotizaciones requeridas, no tendría derecho a las prestaciones correspondientes; empero, de una interpretación contextualizada y armónica de dichas previsiones, en concordancia con la contenida en el art. 194 del Cód. S.S. se dispone que al ser el empleador directamente responsable de esos aportes, el trabajador no pierde las prestaciones impagas, sino que éstas, deben ser canceladas íntegramente por el ente gestor, quien tiene la obligación de realizar los cobros correspondientes, recuperando en su integridad los importes adeudados, más los intereses por mora, multas y otros.

En cuanto al recurso de casación en la forma, es necesario reconocer que en las resoluciones judiciales se constituye en un deber jurídico el que todo administrador de justicia, que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, inexcusablemente deberá exponer los hechos, realizar la fundamentación legal necesaria y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez la omite en una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo y por lo mismo es difícil de entender, aspecto éste que no se cumple en el presente. Por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no sólo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos.

La fundamentación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto, que podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular.

A su vez, el art. 190 del citado adjetivo civil, dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...", esta norma de aplicación general, impone además que los tribunales de alzada ajusten sus resoluciones de segunda instancia decidiendo la controversia en función del art. 236 del Cod. Proc. Civ., con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exahustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del citado adjetivo civil.

Es así que en el presente caso, el tribunal ad quen se ha pronunciado respetando toda la anterior normativa señalada y en ningún caso se evidencia el otorgar más de lo pedido, toda vez que el apelante mediante escrito de fs. 116-115 solicita se le otorgue su renta retroactiva a partir del 12 de enero de 1.999, aspecto este ratificado a fs. 129-130 y corroborado mediante formulario Nº 410, de fs 32.

Que por lo analizado, se establece que el recurso de casación en el fondo y en la forma carece de sustento legal, por haberse evidenciado que el tribunal de alzada no incurrió en interpretación errónea, ni aplicación indebida de normas legales, al no haberse demostrado error de hecho o de derecho en la apreciación y valoración de las pruebas, correspondiendo dar aplicación a los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social, art. 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997).

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución contenida en el num. 1º del art. 60 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 146-143 y vlta., tanto en la forma como en el fondo. Sin costas en aplicación del Art. 39 de la Ley 1178.

Relatora: Ministra, Beatriz Sandoval de Capobianco

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Sucre, 08 de abril de 2011.

Proveído: Sandra Magaly Mendivil B. Secretaria de Cámara.