SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº A-54/2010

AUTO SUPREMO Nº 82 Reclamación Sucre, 07 de abril de 2011.

DISTRITO: La Paz

PARTES: Raúl Humerez Aramayo c/ SENASIR


VISTOS:El recurso de casación en el fondo de fs. 171-170 vlta., interpuesto por DIEGO ALEJANDRO MARK BALDIVIESO, en representación del SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO (SENASIR) contra el Auto de Vista Nº 260/2009 de 16 de noviembre de 2009 (dieciséis de noviembre de dos mil nueve), cursante a fs. 162-161 pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de reclamación por Recálculo de Renta Única de Vejez, que sigue RAUL HUMEREZ ARAMAYO, contra la entidad ahora recurrente, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO: Que la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección de Pensiones, mediante Resolución Nº 000205 de 9 de enero de 2008 (nueve de enero de dos mil ocho) de fs. 129, resolvió disponer el recálculo de la Renta Única de Vejez con reducción de edad, otorgada al asegurado Humerez Aramayo Raúl, por modificación del salario promedio, así como también descontar el 20% mensual de la Renta Única de Vejez con reducción de edad recalculada, hasta cubrir el monto total de lo indebidamente cobrado. Es en función a ello que por Resolución 000712 de 15 de enero de 2008 (quince de enero de dos mil ocho), cursante a fs. 136, la misma Comisión de Calificación fruto de ese recalculo realizado estableció el cobro indebido en Bs. 6.486,45.- a ser descontado en el 20% mensual de su renta única de vejez con reducción de edad recalculada y por otro lado, otorga el Recálculo su Renta en Bs. 1.391,22.- mas incrementos y plus a ser pagaderos desde el mes de febrero de 1.999.

Formulado el recurso de reclamación a fs. 142-141, la Comisión de Reclamación, mediante Resolución Nº 1190/08 de 12 de noviembre de 2008 (doce de noviembre de dos mil ocho) a fs. 149-147, resolvió CONFIRMAR el Auto Nº 205 de 9 de enero de 2008 (nueve de enero de dos mil ocho) y la Resolución Nº 712 de 15 de enero de 2008 (quince de enero de dos mil ocho), ambos emitidos por la Comisión de Calificación de Rentas, por encontrarse de acuerdo a datos del expediente y normas legales que rigen la materia.

Interpuesto el recurso de apelación por el demandante a fs. 153-152, la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 260/09 de 16 de noviembre de 2010 (dieciséis de noviembre de dos mil diez) que cursa a fs. 162-161, por el que REVOCA EN PARTE la Resolución de fs. 147-149 Nº 1190/08 de 12 de noviembre de 2008 (doce de noviembre de dos mil ocho), en consecuencia deja sin efecto el descuento retroactivo del 20% mensual y ordena la devolución del descuento realizado, desde la emisión del Auto de fs. 129, es decir 9 de enero de 2008 (nueve de enero de dos mil ocho), manteniendo firme la renta de Bs. 1.391,02.- dispuesta en la resolución Nº 712 de 15 de enero de 2008 (quince de enero de dos mil ocho), por encontrarse de acuerdo a los datos del proceso.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la entidad demandada (SENASIR) a fs. 171-170 vlta., donde en su fundamentación acusa como norma legal transgredida el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, en el entendido de que no se le puede reconocer efectos retroactivos respecto de lo que ya se pagó y que es sólo entera responsabilidad del ente gestor a través de sus dependencias y no del rentista los pagos en demasía que se hubiere hecho, a no ser de que este hubiera presentado documentos, datos o declaraciones fraudulentas.

Indica que no se ha valorado el hecho de que para la calificación realizada se utilizó la documentación presentada de forma errónea y maliciosa por el mismo asegurado, porque en los meses de septiembre de 1996 registraron tres boletas con la misma fecha y que se refieren a bonos de los meses de junio, agosto y octubre, que a la larga derivó en la disminución del promedio salarial, los que evidencian que el asegurado obtuvo pagos en demasía en su favor.

Por otro lado, indica estar de acuerdo que las rentas calificadas son inembargables, irrenunciables e intransferibles, pero no se aplican al presente caso de autos ya que no se privó, embargó ni transfirió la renta del titular, sino que lo único que se pretende es que el asegurado devuelva lo indebidamente cobrado, por ser dineros del Estado que deben ser recuperados.

Finalmente concluye solicitando se case en parte el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO II:Que así planteado el recurso, ingresando a su análisis en función de los datos del proceso y las disposiciones legales cuya infracción se acusa, se tiene que:

El tribunal de alzada emitió el Auto de Vista Nº 260/09 de 16 de noviembre de 2009 cursante a fs. 162-161, revocando en parte la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 1190/08 de 12 de noviembre de 2008 (doce de noviembre de dos mil ocho), de fs. 149-147, dejando claramente establecido que el asegurado Raúl Humerez Aramayo, solicitó renta de vejez con datos contenidos en documentos idóneos que cursan a fs. 1-82, mereciendo la calificación de renta mediante Resolución Nº 013278 de 6 de octubre de 1999 (seis de octubre de mil novecientos noventa y nueve) de fs. 83, la misma que posteriormente fue recalculada por la entidad demandada mediante Resolución Nº 000205 de 9 de enero de 2008 (nueve de enero de dos mil ocho), modificando el monto a percibir por variación del salario promedio y disponiendo el descuento del 20% mensual para el cobro de lo indebidamente pagado, así como el cobro retroactivo de las rentas ya percibidas, que sin embargo, fue dispuesto sin haber comprobado que la recalificación de la renta obedecía a documentos, datos o declaraciones fraudulentas, que son contrarios a lo dispuesto en el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, y al art. 16-IV de la C.P.E. Abrog., vigente entonces, así como al principio de seguridad jurídica que protege la certidumbre sobre los derechos y obligaciones que las personas poseen, ya que ante una situación de retroactividad de una sanción administrativa, los ciudadanos pueden verse indefensos por encontrarse con nuevas resoluciones sancionadoras ante un hecho que no originaron y menos tuvieron participación alguna, cuando es derecho fundamental e irrenunciable de las personas acceder a la seguridad social conforme los arts. art. 7-k) y 158 de la C.P.E. precitada, norma que responde a los principios de proteccionismo e indubio pro operario aplicables a la especie.

Que no obstante la claridad de las disposiciones legales aplicadas al fallo recurrido, se evidencia que el recálculo de la renta de vejez del asegurado Humerez Aramayo Raul, una vez efectuada la revisión de oficio por parte de la Comisión encargada a fs 127 y vlta., con la potestad que le confiere el DS. Nº 27991 de 28 de enero de 2005 (veintiocho de enero de dos mil cinco) y el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, rectifica un error de cálculo por disminución en el promedio salarial, de los meses de septiembre y octubre de 1996 y reconoce de manera textual "(...) por ser sumadas la boletas por fecha y no por distinción de item; dando origen a un recalculo de renta (...)" (las negrillas son nuestras).

De lo expuesto se concluye que los funcionarios de la misma entidad del SENASIR admiten que el error se produjo en la sumatoria de las boletas por fecha y no como correspondía por distinción de item, extremo este que es advertido en la resolución de vista, al asumir que las prestaciones otorgadas son de entera responsabilidad del ente gestor a través de sus dependencias y no del rentista.

Así mismo, reconoce y mantiene incólume el monto de recálculo de la renta única de vejez, realizado mediante Resolución Nº 712 de 15 de enero de 2008 (quince de enero de dos mil ocho), aspecto sobre el que nada hay que fundamentar.

En cuanto al cobro retroactivo de la suma de Bs. 6.486,45.- que el SENASIR considera indebidamente pagado al asegurado, cobro retroactivo que, como se tiene dicho, esta prohibido respecto de las rentas ya percibidas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas, que hubiera presentado el asegurado para su obtención y beneficio; extremo que ha sido correctamente interpretado y aplicado por el tribunal ad quem, a través del art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, más aún cuando el SENASIR haciendo uso de todos los medios de prueba que la ley le franquea no ha podido demostrar los contrario.

En suma, si los actos de la administración por los que se calculan y otorgan las prestaciones impetradas por los asegurados, se materializan por el accionar de los servidores públicos responsables de la función pública a la que concurren como funcionarios del SENASIR, mal puede el asegurado asumir la responsabilidad emergente de los errores u omisiones de sus dependientes, por cuanto, nadie es responsable del hecho de un tercero; no existiendo entonces por castigar acción u omisión por parte del asegurado que hubiere causado daño económico al Estado, ni sea cuantificado para una posterior recuperación por el SENASIR, cuya facultad es la de revisar de oficio las prestaciones otorgadas para proceder a su rectificación si encontrare errores, y no buscar el cobro retroactivo de rentas yá pagadas al asegurado, si previamente no se ha cumplido la condición establecida en el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, es decir, "Comprobar correctamente que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas", lo que no corresponde ni puede ser permitida, tal como acertadamente apreció el tribunal de alzada en el marco de la irrenunciabilidad de los derechos sociales consagrados por los arts. 158 y 162 de la C.P.E. Abrog., vigente entonces, cuyos principios se ratifican en los arts. 35 y siguientes de la actual C.P.E. y específicamente en el art. 45 Párr. II y IV, y que garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

En mérito de tales antecedentes se concluye que las argumentaciones vertidas en el recurso que se examina no son suficientes para enervar los fundamentos del fallo recurrido.

Consiguientemente, corresponde resolver el recurso conforme previenen los arts. 271 inc. 2) y 273 del Cód. Pdto. Civ, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 60 atribución 1 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 171-170. Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990.

Relator: Ministro Dr. Julio Ortiz Linares .

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares.

Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Sucre, 07 de abril de 2011

Proveído: Sandra Magaly Mendivil B. Secretaria de Cámara.