SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº A-58/2007

AUTO SUPREMO Nº 41 Contencioso Tributario Sucre, 28 de febrero de 2011.

DISTRITO: Tarija

PARTES: Empresa Unipersonal SOCOMSUR c/ Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 992-995, interpuesto por Sergio Bejarano Eduardo, propietario de la empresa SOCOMSUR, contra el auto de vista de 27 de febrero de 2007, cursante a fs. 987-989, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso contencioso tributario seguido por la empresa recurrente, contra la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales Tarija, la respuesta de fs. 998-1001, el auto que concede el recurso de fs. 1004, el dictamen fiscal de fs. 1006-1007, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO: Que planteada la demanda contencioso tributaria de fs. 79-85, el Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de Tarija, pronunció la sentencia Nº 17/2006 de 1 de noviembre de 2006 cursante a fs. 946-950, declarando probada la demanda contenciosa tributaria de fs. 79-85, por consiguiente anula y repone la causa Administrativa hasta que se notifique con la orden de fiscalización al contribuyente Sergio Bejarano Eduardo, en su condición de propietario de SOCOMSUR. Asimismo se declara nula la R.D. Nº 010/2004 de 2 de julio de 2004, que cursa de fs. 1 a 6 de obrados. Sin costas en aplicación del art. 198 del Cód. Pdto. Civ.

En grado de apelación deducida por la entidad demandada (fs. 953-958), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, pronunció el auto de vista de 27 de febrero de 2007, cursante a fs. 987-989, revocando totalmente la sentencia apelada, deliberando en el fondo, declara improbada la demanda, por lo tanto mantiene firme la Resolución Determinativa Nº 010/2004.

Que contra la resolución de vista, Sergio Bejarano Eduardo, propietario de la empresa SOCOMSUR, interpone recurso de casación en el fondo de fs. 992-995, acusando la violación del art. 291 del Código Tributario Ley Nº 1340, por haberse admitido la apelación de la administración tributaria fuera del término de 5 días que señala el referido artículo, no existiendo a su juicio, motivo para aplicar supletoriamente el art. 220 inc.1) del Pdto. Civ., igualmente, la violación del art. 104 numeral I) de la Ley 2492, que dispone expresamente que la fiscalización se inicia con una Orden de Fiscalización, que debe ser personalmente notificada al sujeto pasivo, conforme la previsión del art. 31 del D.S. Nº 27310, actuado con el que la administración no le notificó conforme a ley como consta a fs. 136, confundiendo dicho actuado con el inicio de fiscalización; también señala la violación de lo normado en la Ley 2492, manifestando que el tribunal ad quem, convalidó el acto determinativo basado en la ley abrogada Nº 1340, cuyos procedimientos de fiscalización y cálculo fuero aplicados en el caso presente, no así los del nuevo Código Tributario Ley 2492. Con relación al Impuesto a las Utilidades IUE, acusa la violación del art. 10 del D.S. Nº 21532 art. 3 inc. c), indicando que los únicos encargados de retener este impuesto son las personas jurídicas de derecho privado y público, no existiendo disposición legal que delegue expresamente dicha obligación a las personas naturales; finalmente acusa la violación de lo normado en los arts. 8 y 9 de la Ley Nº 843 y D.S. Nº 21530, por expresar el auto de vista que la depuración del crédito fiscal se debe a que las facturas de compras no se relacionan con la actividad del contribuyente, cuando está demostrado que las mercaderías compradas del proveedor Richar Omar Soria Téllez fueron facturadas y sus impuestos declarados al fisco.

Concluyen solicitando, que la Corte Suprema se digne pronunciar Auto Supremo, declarando nulo el auto de vista recurrido, en razón de que la competencia del tribunal de alzada no fue abierta para conocer una apelación extemporánea, o alternativamente, Casando el auto de segundo grado, manteniendo firme y subsistente la sentencia de primer grado.

CONSIDERANDO: Que, así planteado el recurso ingresando a su análisis se tiene que éste no cumple a cabalidad con la técnica recursiva que exige la formulación de esta acción extraordinaria, por cuanto, si bien dice interponer recurso de casación en el fondo, empero, confundiendo totalmente la finalidad de esta acción extraordinaria, con las causales por las que procede el recurso de casación en la forma no planteado en la oportunidad, pretende la nulidad y/o alternativamente la casación del auto de vista. Sin embargo de tan deficiente formulación de donde devendría en improcedente, se pasa a considerar en resguardo del debido proceso y el derecho a la defensa constitucionalmente protegidos, por lo que alude la supuesta violación de las disposiciones legales que cita, concluyéndose en tal sentido lo siguiente:

Que no es evidente la violación del art. 291 del Código Tributario Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992, por haber sido derogado por disposición del art. 300 de la Ley Orgánica Judicial de 18 de febrero de 1993, siendo aplicable en autos la previsión del art. 220-1) del Cód. Pdto. Civ., que franquea el plazo de 10 días para interponer el recurso de apelación contra la resolución de instancia (cuestión de forma).

Asimismo, el recurrente olvida deliberadamente que el período fiscalizado, por la Administración Tributaria, en la empresa unipersonal de su propiedad SOCOMSUR, comprende los meses de enero/diciembre de 2002, iniciándose la fiscalización en 18 de septiembre de 2003, es decir en plena vigencia del Código Tributario Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, por entrar en vigencia el nuevo Código Tributario Ley Nº 2492 en 3 de noviembre de 2003, conforme su Disposición Final Novena y Primera Disposición Transitoria del D.S. Nº 27310

Que de los actuados de fs. 138-141, se infiere que el recurrente tuvo conocimiento de la fiscalización practicada en su empresa, no pudiendo aducir indefensión señalando que no se le notificó con la Orden de Fiscalización de fs. 136, habiéndose practicado de inicio y válidamente la notificación extrañada en la forma prevista por el art. 159-c) del Código Tributario Ley 1340, disposición legal cuya infracción no denuncia en la oportunidad.

Que en lo que hace a la supuesta violación del art. 10 y 3-c) del D.S. Nº 21532, por el cargo establecido por falta de retención de los impuestos IUE e IT, de compras realizadas sin facturas, queda claro que SOCOMSUR, como cualquier empresa unipersonal de derecho privado, está sujeta al cumplimiento de la Ley 843, especialmente de los arts. 30, 31, 37 y 73 en relación al numeral 19 de la Res. Adm. Nº 5-0041-99, que reglamenta las adquisiciones en las que no se puede obtener el respaldo documentario por los pagos efectuados, aplicados a la especie, por la Administración Tributaria.

En lo que concierne a la supuesta violación de los arts. 8 y 9 de la Ley 843 y el D.S. Nº 21530, es preciso señalar que la depuración del crédito fiscal del contribuyente, corresponde a facturas no vinculadas a la actividad gravada como el pago de combustible y facturas de COSETT, porque en el Balance General de fs. 314, no figuran las cuentas de vehículo ni de línea telefónica, igualmente, las facturas del proveedor Richard Omar Soria Téllez, no cumplen con lo establecido en los numerales 1 y 4 de la Res. Adm. Nº 05.0043.99 de 13 de agosto de 1999, por estar fuera del rango de dosificación autorizada por el SIN, hecho que permite a la Administración Tributaria a invalidar dichas notas fiscales presentadas por SOCOMSUR, no constando en obrados que el recurrente hubiere desvirtuado estos hechos durante la sustanciación del proceso.

Finalmente, es preciso señalar que las argumentaciones vertidas por el recurrente no son válidas para enervar los fundamentos del fallo de alzada, mucho menos la sustentación técnica de la Resolución Determinativa Nº 010/2004 de 2 de julio de 2004 que se impugna, corroborada por el Informe Técnico GSDT-SSA-AUD 08-2006 de 29 de diciembre de 2006 de fs. 970-974, que constituye opinión especializada legalmente autorizada en la que el Tribunal de alzada puede orientar su fallo.

Consiguientemente corresponde resolver el recurso en la forma prevista en el art. 271-2 y 273 del Cód. Pdto. Civ.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 60 atribución 1º) de la Ley de Organización Judicial, de acuerdo con el dictamen fiscal de fs. 1006-1007, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 992-995.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del D.S. Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Relatora: Ministra, Beatriz Sandoval de Capobianco

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Sucre, 28 de febrero de 2011.

Proveído: Sandra Magaly Mendivil B. Secretaria de Cámara.