SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº A-36/2007

AUTO SUPREMO Nº 16 Coactivo Fiscal Sucre, 18 de enero de 2011.

DISTRITO: Potosí

PARTES: AAPOS c/ Constantino Velásquez López


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 387-388, interpuesto por Constantino Velásquez López, impugnando el Auto de Vista Nº 08/2007 de 19 de enero de 2007 cursante a fs. 382-383, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por René Joaquino Cabrera, en su Calidad de Presidente del Directorio de la Administración Autónoma de Obras Sanitarias Potosí (AAPOS), contra el recurrente, el auto que concede el recurso de fs. 390 vta., el dictamen fiscal de fs. 395, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso coactivo fiscal seguido a demanda del Honorable Alcalde Municipal de Potosí en su calidad de Presidente del Directorio de AAPOS, con base al Informe de Auditoria, Preliminar Nº GP/EP31-A04 R1, Complementario Nº GP/EP31-A04 C1 y Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGR/DRC-043/2005 de 30 de diciembre de 2005, debidamente aprobados por el Contralor General de la República, la Juez Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario del Departamento de Potosí, pronunció la sentencia Nº 23/06 de 18 de noviembre de 2006 cursante a fs. 158-160, declarando probada la demanda de fs. 160-161, sin costas. Disponiendo asimismo, se gire el Pliego de Cargo Nº 39/2006 de 20 de noviembre de 2006 de fs. 361, por la suma líquida y exigible de $us. 11.100.- contra del coactivado Constantino Velásquez López.

En grado de apelación deducida por el coactivado Constantino Velásquez López (fs. 164-165), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, pronunció el Auto de Vista Nº 08/2007 de 19 de enero de 2007 cursante a fs. 382-383, confirmando la sentencia apelada Nº 23/06 de 18 de noviembre de 2006 de fs. 358-360, sin costas.

Que contra la resolución de vista Constantino Velásquez López interpone recurso de casación en el fondo y en la forma (fs. 387-388), acusando: en el fondo, que el auto de vista impugnado no ha valorado correctamente las pruebas literales de descargo que corren a fs. 181-341 de obrados, aduciendo que son simples fotocopias, radicando ahí el error de hecho y de derecho, trayendo consigo la interpretación errónea o aplicación indebida del art. 77 inc. i) de la Ley del Sistema de Control Fiscal y la Ley sustantiva arts. 1311, 1287 del Código Civil y 397 de su procedimiento, en razón de que el legajo de pruebas, si bien fueron presentadas en fotocopias simples, tienen valor legal, conforme la certificación de la Contraloría Regional Potosí, en sentido que cuentan en su archivo con fotocopias legalizadas que fueron remitidas por AAPOS, cuyos originales también fueron presentados por dicha entidad, como se acredita a fs. 267.

Como casación en la forma, señala que AAPOS, inicio la presente acción sin presentar el Contrato de Concesión de Aguas, suscrito entre AAPOS y la Superintendencia de Saneamiento Básico, en la que se hallan especificadas las obligaciones contractuales y con este error in procedendo se dictó el fallo, no habiendo observado el tribunal ad quem, la falta de ésta prueba esencial infringiendo el art. 330 del ritual civil, en el entendido que toda demanda judicial debe estar acompañada con prueba idónea original o en su defecto indicar el contenido, lugar, archivo, oficina o persona en poder de quien se encontrare. Asimismo, los informes de auditoria al mencionar el incumplimiento del referido contrato por parte del Gerente General, es puramente enunciativo, porque en la documentación original con que cuenta AAPOS, no existen documentos de informes solicitados por la Superintendencia de Saneamiento Básico a más de sus documentos justificativos enumerados en el informe complementario de auditoria Nº GP/EP31/04-R1, por lo que acusa dicho informe de auditoria de ineficaz y sin valor legal.

Concluye, señalando que su persona, no es responsable en su totalidad sino también el Directorio, porque como Gerente General sólo ejecutaba las resoluciones dictadas, por lo que solicita la concesión del recurso para que la Corte Suprema de Justicia, deliberando en el fondo, case el auto de vista recurrido y por la forma, se anulen obrados de la demanda hasta el vicio más antiguo, con costas.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, ingresando a su análisis en función de los datos del proceso y las disposiciones cuya infracción se acusa, se tiene:

Que la presente acción emerge de la Auditoria practicada en la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias Potosí (AAPOS), sobre el pago de sanciones a la Superintendencia de Saneamiento Básico, Pago de Beneficios Sociales y Costas Procesales, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2003 al 31 de marzo de 2004, en el que se cuantificó la responsabilidad civil en la suma de Bs. 84.434 equivalentes a $us. 11.100 del entonces Gerente General de AAPOS, Constantino Velásquez López, por las acciones y omisiones en el desempeño de sus funciones, conforme la previsión de los arts. 31 de la Ley 1178 y la causal contenida en el art. 77 inc. i) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, que se detallan en la parte pertinente del informe base de la presente acción (punto 2, Págs. 2-8 de informe preliminar, fs. 72-78 del expediente), cargos que sometidos al procedimiento de aclaración, no fueron desvirtuados en sede administrativa por el coactivado, dando lugar a su ratificación en el informe complementario correspondiente y el Dictamen de responsabilidad, aprobados por el Contralor General de la República, constituyéndose en instrumento con suficiente fuerza coactiva al tenor del art. 3º del Procedimiento Coactivo Fiscal.

Que analizado el origen del cargo establecido contra el coactivado, se infiere con claridad que este deviene de la sumatoria de varias sanciones impuestas, por la Superintendencia de Saneamiento Básico, por el incumplimiento al contrato de concesión Nº S/GHR6577SF833 de 9 de noviembre de 2000, suscrito con AAPOS, sanciones que obedeciendo a distintos motivos, desde la no contratación del personal previsto para la ejecución del proyecto, aprobación de tarifas y hasta la elaboración oportuna de los Estados Financieros de la gestión 2001, entre otras acciones administrativas, dan pauta de un desempeño Gerencial que cuyas acciones y omisiones dieron como resultado, el pago de las sanciones de referencia a la Superintendencia de Saneamiento básico, configurando así la causal del art. 77 inc. i) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, conforme la previsión contenida en el art. 31 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio de 1990.

En el marco de los antecedentes anotados, corresponde precisar en principio que, el recurso de casación que franquea el art. 250 del Cód. Pdto. Civ., para impugnar la resolución de alzada, sea que se plantee en el fondo o en la forma o en ambos efectos a la vez, procede únicamente por las causales expresamente previstas en los arts. 253 y 254 del Cód. Pdto. Civ., de tal manera que las causales de fondo aludidas, mal pueden fundamentar, a la vez, la casación en la forma y viceversa. Es así, que en la especie, no amerita el análisis del recurso de casación en la forma impetrada, con el mismo argumento o causal de fondo invocada, esto es, por la supuesta falta de valoración de prueba que el recurrente llama esencial en el proceso.

De ahí que, corresponde únicamente la consideración del recurso de casación en el fondo, del que se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas, por cuanto el recurrente no ha demostrado, conforme exige el art. 253 inc. 3) del Cód. Pdto. Civ., el error de hecho o de derecho, en que hubiere incurrido el Tribunal de alzada en la valoración de la prueba cursante a fs. 181-341, que cita enunciativamente, sin precisar siquiera en qué consiste dicha prueba o qué parte de ella es idónea para desvirtuar específicamente todos y cada un de los cargos imputados, que como se tiene dicho, provienen de la sumatoria de varias sanciones también por diversos motivos, impuestas por la Superintendencia de Saneamiento Básico, conforme se detalla en el Informe de Auditoria base de la acción (punto 2, Págs. 2-8 de informe preliminar, fs. 72-78 del expediente), que hacen al incumplimiento del contrato de concesión Nº S/GHR6577SF833 de 9 de noviembre de 200, suscrito con AAPOS, entidad en que el coactivado fungía como Gerente General, máxima autoridad ejecutiva responsable de su cumplimiento, como correctamente apreciara el tribunal de alzada en su razonamiento expuesto a fs. 383, no siendo evidente entonces que hubiera omitido la valoración de la prueba por presentarse en simples fotocopias, como se afirma en el recurso.

Es así que la omisión en que incurre el recurrente, no se suple con la simple interposición del recurso aludiendo la infracción de los arts. 1311, 1287 del Cód. Civ. y 397 de su procedimiento, dando lugar como dice, a la interpretación errónea o aplicación indebida del art. 77 inc. i) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, infracciones estas últimas que aún siendo evidentes, lejos están de configurar la causal invocada del art. 253 inc. 3) del Cód. Pdto. Civ., en que ampara el recurso que se examina.

Consiguientemente, corresponde resolver el recurso en la forma prevista por los arts. 271 inc. 2) y 273 del Cód. Pdto. Civ., aplicables por mandato de la norma remisiva del art. 1º de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida en el numeral 1 del art. 60 de la L.O.J., de acuerdo con el dictamen fiscal de fs. 395-396, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 387-388.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del D.S. Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Relatora: Ministra, Beatriz Sandoval de Capobianco

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Sucre, 18 de enero de 2011.

Proveído: Sandra Magaly Mendivil B. Secretaria de Cámara.