SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº S-864/2006

AUTO SUPREMO Nº 376 Social Sucre, 14 de agosto de 2010.

DISTRITO: La Paz

PARTES: Ladislao Huanca Cruz y otras c/ Gonzalo Quisbert Sarco


VISTOS: El recurso de casación de fs. 254-255 vta., interpuesto por Gonzalo Quisbert Sarco, contra el auto de vista Nº 166/06 de 18 de agosto de 2006 (fs. 244 y vta.) pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social seguido por Ladislao Huanca Cruz y otras contra el recurrente, el auto que concede el recurso de fs. 258, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de El Alto, emitió la Sentencia Nº 09/2005 de 19 de enero de 2005 (fs. 186-189) declarando probada en parte la demanda de fs. 1-2 de obrados, ordenando el pago de Bs. 13.757,2.- para Ladislao Huanca Cruz, Bs. 8.697.- para Martha Rodríguez Mamani, Bs. 9.266,6.- para Justina Rodríguez Mamani, por los conceptos de indemnización, desahucio, aguinaldo y horas extras, más lo establecido en el D.S. 23381 de de 29 de diciembre de 1992.

En grado de apelación, por auto de vista Nº 166/06 de 18 de agosto de 2006 (fs. 244 y vta), se confirma en parte la sentencia de fs. 186-189, con la modificación en el monto a percibir por Justina Rodríguez Mamani en la suma de Bs. 10.602,6.-, conforme la liquidación en dicho fallo.

Este fallo motivó el recurso de casación de fs. 254-255 vta., en el que el recurrente acusa: que la resolución recurrida no considera las pruebas de descargo respecto al retiro voluntario de la demandante Justina Rodríguez Mamani; que el actor Ladislao Huanca percibe un sueldo menor al dispuesto en sentencia y que incurrió en abandono de trabajo; que los demandantes trabajaban el horario establecido en el art. 46 de la Ley General del Trabajo, no habiendo respaldado documentalmente su demanda ni los derechos que exigen; que los actores al encontrarse involucrados en hechos delictivos en contra de la empresa no les corresponde los derechos que demandan, habiendo adecuado su conducta a los previsto por el art. 16 inc. g) de la Ley General del Trabajo.

CONSIDERANDO II: Que, dentro de este marco legal corresponde verificar si es o no evidente lo denunciado en el recurso de cuyo análisis y compulsa se tiene lo siguiente:

Que, según la doctrina el proceso es concebido como la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión. Es pues, un conjunto de actos jurídicos desarrollados de manera sistemática y ordenada con el fin de llegar a la resolución de un conflicto jurídico.

Ahora bien, el proceso se desenvuelve en instancias o etapas, de modo que los actos procesales deben ejecutarse en un determinado orden; ese desenvolvimiento ordenado responde al principio de preclusión.

Este principio de preclusión, supone que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiendo su regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados; de tal forma que extinguida la oportunidad procesal para realizar un acto, ese acto ya no podrá realizarse más. Por ello, la preclusión se entiende como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.

En ese marco, si la parte demandada ahora recurrente, evidentemente habiendo solicitado apertura del término probatorio en segunda instancia, presentó documentos, no es menos cierto que ésta documental siendo de data anterior a la demanda solamente podría haber sido introducida en el proceso, para ser tomada en cuenta, de haber cumplido con la formalidad de juramento y traslado establecida en el art. 331 del Cód. Pdto. Civ. de aplicación por supletoriedad establecida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo, ya que al haber incumplido el demandado esta formalidad insubsanable, la cuestionada documental quedó fuera del proceso. El incumplimiento a estas formalidades procesales conllevaría indefensión, al darle valor a prueba que no ha sido discutida e introducida cumpliendo las formalidades procesales, vulnerando los principios procesales de lealtad procesal y preclusión, -como pretende el ahora recurrente-, es así que el Tribunal ad quem en apego a la norma ha resuelto en la forma que lo hizo, ya que el demandado no hizo valer su derecho y simplemente se abstuvo de ejercer su derecho al incumplir con la formalidad establecida en el art. 331 precitado, aspecto que perjudica se ingrese al análisis de fondo del presente recurso, por parte de este un Tribunal de Casación, cuya competencia esta limitada para el conocimiento de cuestiones de puro derecho.

Consecuentemente, al respecto y previa revisión minuciosa del expediente, se puede advertir que las acusaciones expuestas en el recurso no son evidentes toda vez que no han sido desvirtuadas las afirmaciones de los actores por la parte demandada, a quien le corresponde e incumbe la carga de la prueba consagrada en el art. 66 del Código Procesal del Trabajo que indica: "En todo juicio social incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquél pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes", concordante con el art. 150 del mismo cuerpo legal que establece: "En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente, además de lo preceptuado en el principio de la inversión de lo establecido en el inc. h) del art. 3º del mismo cuerpo legal que señala: "Todos los procedimientos y trámites se basarán en los siguientes principios": inc. h) "Inversión de la prueba, por el que la carga de la prueba corresponde al empleador".

En nuestro ordenamiento jurídico, en materia laboral, la parte patronal tiene la obligación de desvirtuar con pruebas fehacientes los hechos afirmados en la demanda; en autos la documentación presentada por la empresa demandada e introducida legalmente al proceso -en virtud del principio de adquisición-, no desvirtuó los hechos alegados en la demanda y las presunciones legales establecidas en el art. 182 inc. c), d) y siguientes aspectos que no fueron desvirtuados como correspondía hacerlo a la parte demandada "oportunamente"

Que el sistema de libre convicción en la apreciación de la prueba normado por los arts. 182 incs. c) y d), 3 inc. g) y h) del Código Procesal del Trabajo otorga al juez libertad en la evaluación de la prueba, la convicción del juez no está ligada a un criterio legal -tarifa legal de la prueba-, fundándose en una valoración personal, ya que las exigencias de las formalidades procesales respecto de los medios probatorios no son limitantes para que el juzgador aplique la sana crítica, razonabilidad y la lógica jurídica que apropiadamente empleados, llevan a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política, puesto que la facultad de los jueces de apreciar la prueba en conciencia, no resulta encontradas a la obligación del juzgador de fundamentar sus resoluciones, principio constitucional que integra el debido proceso. Así el referido sistema de valoración probatoria, de ninguna forma podría pensarse que se trata de un régimen que permite al juzgador fallar arbitrariamente, sino un sistema valorativo de persuasión racional como aprehensión o juicio que se forma en virtud de un fundamento.

En el sistema de la libre apreciación, el juez forma su convicción conforme lo arriba expuesto, no existiendo tarifa legal de la prueba, pues éste no está sujeto a ésta, la valoración corresponde íntegramente al juzgador, al cual deja la ley en libertad para formar su convencimiento, y sólo con base a esta certeza se determinan los hechos probados, valorando en su conjunto y en su contexto "las pruebas que se produzcan en el proceso".

Es así que el en caso en examen, los tribunales de instancia han emitido a su turno fallos estrictamente en apego a procedimiento, en base s los datos del proceso, las pruebas y las normas citadas supra, conforme al principio de primacía de la realidad y dando prioridad a la naturaleza objetiva del proceso.

Consecuentemente corresponde resolver el recurso en la forma prevista por el art. 273 del Cód. Pdto. Civ., aplicable por disposición del art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sujeción a lo estipulado por los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, de aplicación por disposición del 252 del Código Procesal del Trabajo, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 254-255 vta. Con costas.

Relator: Ministro Dr. Jorge I. Von Borries Méndez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Jorge I. Von Borries Méndez.

Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Sucre, 14 de agosto de 2010

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz P. Secretaria de Cámara en suplencia legal.