SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 540/05

AUTO SUPREMO Nº 258 - Social Sucre, 9 de noviembre de 2009.

DISTRITO: La Paz

PARTES: Ángel Reyes Carmona c/ FAMTUL

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 182-183, interpuesto por Guillermo Rocha Pizarro, apoderado legal del Gobierno Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista Nº 065/2005 SSAII de 19 de marzo de 2005 (fs. 176), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro el proceso social seguido por Ángel Reyes Carmona contra la Fábrica Municipal de Tubos y Lozetas "FAMTUL", el auto que concede el recurso de fs. 214, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 92/2002 de 16 de septiembre de 2002 (fs. 130-133), declarando probada en parte la demanda de fs. 6; ordenando que el Municipio demandado cancele al actor la suma de Bs. 35.065,96, por concepto de desahucio, indemnización, vacación, menos lo cancelado en el comprobante de pago de fs. 18; además de los reajustes que prevé el D.S. Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992.

En grado de apelación formulado por el Gobierno Municipal de La Paz, la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por Auto de Vista Nº 065/2005 SSAII de 19 de marzo de 2005 (fs. 176), confirma en todas sus partes la sentencia apelada de fs. 130-133.

Que, contra el auto de vista, el apoderado legal del Gobierno Municipal de La Paz, interpone recurso de casación en el fondo (fs. 182-183, expresando que en autos se operó al excepción de prescripción sobreviviente prevista en el art. 133 del Cód. Proc. Trab., expresando que la demanda se inicia el 21 de octubre de 1995 con movimiento procesal hasta 14 de mayo de 1997 (fs. 108), abandonándose la presente acción decretándose el archivo de obrados para luego retomar su prosecución en fecha 23 de septiembre de 2000, tal como consta a fs. 109, dejando de ejercer el actor sus derechos por 3 años, 4 meses y 9 días. En ese sentido dice la entidad recurrente que el Tribunal de alzada interpretó equivocadamente los arts. 120 de la L.G.T. y 163 del D.R., como si sólo fueran aplicables el plazo de dos años para presentar la demanda, lo que no es evidente en el marco del art. 133 del procedimiento laboral.

Concluye solicitando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, case el auto de vista recurrido y que, deliberando en el fondo, declare probada la excepción perentoria sobreviviente y en consecuencia sin lugar al pago de beneficios sociales.

CONSIDERANDO II: Que así interpuesto el recurso, de la revisión de los antecedentes procesales, se tiene:

El instituto de la prescripción laboral se encuentra regulado en el art. 120 de la L.G.T., determinando que: "las acciones y derechos provenientes de esta ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido ellas"; por su parte el art. 163 del D.R.L.G.T., establece que "las acciones y derechos emergentes de la Ley que reglamenta se extinguirán en el término de dos años a partir de la fecha en que nacieron. En caso de riesgo profesional, el término se computará a partir del día en que ocurrió el accidente o en el que el trabajador abandonó el trabajo, obligado por la enfermedad profesional"; es decir, se trata de una disposición más completa que la contenida en la Ley General que regula la materia y sus incidencias afectarán no solo las relaciones individuales de trabajo sino las colectivas, por lo que es un plazo único.

Ahora bien, también es necesario dejar establecido que la prescripción no puede ser aplicada de oficio por el Juez Laboral, por cuanto, es un derecho que requiere ser solicitado únicamente por la persona a quien beneficia, según dispone el art. 1498 del Cód. Civ. Generalmente debe ser opuesta en la vía de excepción, como defensa por parte del empleador ante el juicio que promueva el titular del derecho dentro del proceso, en el marco de lo dispuesto por el art. 127 y siguientes del Cód. Proc. Trab., como excepción perentoria, antes de contestar la demanda.

No obstante, el legislador boliviano, ha entendido que también la prescripción puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si está probada (art. 1497 del Cód. Civ.); si es opuesta hasta antes de dictarse sentencia, debe ser resuelta en esa oportunidad por el Juez de la causa, si es opuesta en segunda instancia, debe ser resuelta en el auto de vista por el Tribunal ad quem, pero no puede ser opuesta en oportunidad del recurso de casación, en virtud a que el Tribunal Supremo es un Tribunal de puro derecho.

Para ingresar a resolver el caso de autos, es imprescindible esclarecer también que en el Derecho Civil existe la prescripción común que establece que los derechos se extinguen en el plazo de 5 años, a menos que la ley establezca otra cosa y, otras prescripciones breves, cuyo término se interrumpe por una demanda judicial un decreto o un acto de embargo notificado a quien se quiere impedir que prescriba, aunque sea juez incompetente; mientras que en el Derecho del Trabajo, la prescripción no se interrumpe al igual que en la referida materia, sino que, es completamente diferente, por cuanto, se observa para su aplicación el principio proteccionista relacionado con las reglas in dubio pro-operario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa; el principio de la irrenunciabilidad de los derechos; el de la continuidad de la relación laboral; el de la primacía de la realidad; el de la razonabilidad; el de buena fe entre otros, es decir, que para la prescripción en el derecho laboral, debe tomarse en cuenta por sobretodo la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador y su interpretación será restrictiva, entendiéndose ésta que en caso de duda u omisión, debe preferirse la solución que conduzca a la conservación del derecho, la subsistencia del derecho del trabajador y, en consecuencia, al cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas y no a su pérdida por la vía de la prescripción; entendiéndose como criterio rector del reconocimiento, protección e irrenunciabilidad de los derechos laborales, estatuido en los arts. 157 y 162 de la C.P.E., 4º de la L.G.T., 59, 70 y 3º inc. g) del Cód. Proc. Trab.

También conviene anotar que la caducidad en general, según define Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, es: la acción y el efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto o vigor, por cualquier motivo, alguna disposición legal, algún instrumento público o privado o algún acto judicial o extrajudicial; la caducidad se puede producir, entre otros motivos, por la prescripción, por el vencimiento del plazo, por falta de uso; hallándose entre sus especies, la caducidad de instancia, definida como "el modo de extinguirse la relación procesal por la inactividad de las partes durante cierto período. En este sentido, la caducidad, llamada también perención, supone un abandono de la instancia".

El art. 70 del Cód. Proc. Trab., dispone "Igualmente el desistimiento y la transacción no causan estado, no siendo tampoco procedente la perención de instancia, en virtud de la irrenunciabilidad de los derechos sociales del trabajador", aspecto que denota claramente que en materia laboral no existe la caducidad ni la perención de instancia, precisamente por la acción proteccionista asumida por el Estado a favor de los trabajadores, por impero de los arts. 162-II de la C.P.E. y 4º de la L.G.T.

En el marco de estas disposiciones constitucionales y de legalidad ordinaria, la caducidad y la perención de instancia, no se hallan legisladas en el Derecho Laboral, siguiendo el propósito lógico del proteccionismo establecido, a diferencia de lo que ocurre en materia civil, por cuanto, cualquier reclamo del trabajador que denote la intención de ejercer su derecho sea ante autoridad administrativa competente y/o judicial con la presentación de la demanda laboral antes del término de dos años queda interrumpida la prescripción; además, siempre en el marco del principio protectorio adoptado por la legislación vigente, una vez interrumpida la prescripción con la presentación de la demanda en sede judicial, ya no se puede operar la prescripción porque que la autoridad jurisdiccional como Directora del proceso asume la obligación de impulsarlo hasta su conclusión, conforme disponen los art. 56, 151 y 152 del Cód. Proc. Trab., teniendo en cuenta que el objeto del proceso laboral es la protección efectiva de los derechos sociales consignados en la ley sustancial, en beneficio del trabajador, cuando le asista el derecho.

En base a las conceptualizaciones precedentemente anotadas se establece con absoluta claridad que en la especie la relación laboral culminó el 7 de septiembre de 1995 habiéndose presentado la demanda en fecha 2 de octubre de 1995, es decir dentro del plazo que prevé la ley sin que se haya operado la prescripción aludida y que, ciertamente hubo abandono del proceso por más de 3 años, no es un hecho atribuible al trabajador que pueda sancionarse con la pérdida de sus derechos, en razón a que como ya se fundamentó, no puede existir prescripción una vez iniciado el proceso por la prohibición establecida en el art. 70 del Cód. Proc. Trab. y la protección señalada en el art. 162-II de la C.P.E.

Por lo relacionado precedentemente, al no ser evidentes las infracciones aludidas en el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, corresponderá resolverlo en la forma prevista por los arts. 271-2) y 273 del Cód. Pdto. Civ., en virtud a la norma remisiva contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida en el num. 1 del art. 60 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 182-183; sin costas en aplicación del art. 39 de la ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990.

Para sorteo y resolución, según convocatoria de fs. 220, interviene el Ministro Hugo. R. Suárez Calbimonte, Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda.

Relatora: Ministra Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte

Sucre, 9 de noviembre de 2009

Proveído: Carlos Bernal Tupa.- Secretario de Cámara.