SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 70/05

AUTO SUPREMO Nº 248 - Coactivo Fiscal Sucre, 16 de octubre de 2009.

DISTRITO: Beni

PARTES: Gerencia Departamental Beni de la Contraloría General de la República c/ Roberto Arauz Rea y Jesús Rossell Cuellar.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 239-240 vta., interpuesto por Roberto Arauz Rea, contra el Auto de Vista de 8 de abril de 2005, que corre a fs. 235-236, dictado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por la Gerencia Departamental Beni de la Contraloría General de la República contra el recurrente Roberto Arauz Rea y Jesús Rossell Cuéllar; el dictamen fiscal de fs. 246-247, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO: Que en base al Informe Preliminar Nº GB/EP39/M02 R2 sobre Ingresos y Gastos al Gobierno Municipal de San Borja por las gestiones 2000, 2001 hasta el 28 de febrero de 2002, Informe Complementario Nº GB/EP 39/M02C2, Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGR/DRC-003/2004 de 30 de marzo de 2004 (fs. 172-174), la Gerencia Departamental Beni de la Contraloría General de la República planteó demanda coactiva fiscal a fs. 176-177, la que fue tramitada conforme a ley y el Juez de Partido en Materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria de Trinidad, pronuncia la Sentencia Nº 03/2005 de 31 de enero de 2005, corriente a fs. 222-224, declarando "(..) Dejar sin efecto la Nota de Cargo Nº 06/2004...", girada en 28 de septiembre de 2004 contra Roberto Arauz Rea y Jesús Rossell Cuéllar, por la suma de Bs. 9.800.-, equivalentes a $us. 1.441., determinando asimismo la suspensión de las medidas precautorias determinadas en contra de los coactivados.

Apelada dicha resolución por la entidad coactivante a fs. 226-227, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, por Auto de Vista de 8 de abril de 2005, que cursa a fs. 235-236, REVOCÓ en su totalidad la sentencia impugnada, disponiendo que se mantenga la Nota de Cargo librada contra los coactivados.

Contra esa determinación de grado, Roberto Arauz Rea interpuso recurso de casación en el fondo (fs. 239-240 vta.), en el que, luego de efectuar una relación de los antecedentes, denuncia la incorrecta evaluación efectuada por el tribunal de alzada, de la prueba documental de descargo aportada por su parte, en aplicación del art. 375 numeral 2) del C.P.C. concordante con el art. 1283 del C.C., al no asignarle la validez legal correspondiente a las fotocopias legalizadas presentadas, conculcando lo establecido en el art. 1311 del C.C. También acusa la ninguna eficacia conferida a la inspección ocular realizada por el juez de primera instancia en la ciudad de San Borja (donde el coactivado desempeñó las funciones de Alcalde Municipal), cuya acta cursa a fs. 211-211 vta., acto procesal en el que se verificó la documentación oficial original, como también la construcción de las cuatro lavanderías para uso de la población en su momento y que, posteriormente, fueron reacondicionadas para el funcionamiento de capillas a pedido de los vecinos de cada uno de los barrios, de todo lo cual constan las fotografias respectivas; por lo que acusa la violación de lo establecido en los arts. 427 y 430 del C.P.C.

Finalizó su escrito, pidiendo a la Corte Suprema de Justicia case el auto de vista recurrido y pronunciándose en el fondo se mantenga la Sentencia Nº 03/2005 de 31 de enero de 2005.

CONSIDERANDO:Que así planteado el recurso y verificadas las referencias que contiene el mismo, se llega a las siguientes conclusiones:

1. El juez de primera instancia, en su resolución de grado, se basó en las pruebas de descargo cursantes de fs. 191 a 208, arrimadas al expediente, valorándolas con la facultad conferida por el art. 397 del C.P.C., coligiendo que el coactivado Roberto Arauz Rea ha demostrado no haber cometido Apropiación o Disposición Arbitraria de Bienes Patrimoniales del Estado, por lo que dejó sin efecto la Nota de Cargo Nº 06/2004 de 28 de septiembre de 2004, girada en contra de los coactivados solidarios Roberto Arauz Rea y Jesús Rossell Cuellar y dispuso la suspensión de las medidas precautorias dispuestas sobre ellos.

2. Por su parte, el Tribunal de Alzada en su determinación de fs. 235-236 que le compete, concentra su ratio decidendi en la documental de descargo que consta a fs. 191 del proceso, comprobante de contabilidad, en cuya descripción de las cuentas se consigna: "Documentos a pagar comerciales a c/p." "Seg. Balance (Gest. 94)" "9,800.00"; deduciendo de ello que la deuda fue adquirida en 1994, pero que, sin embargo, la recepción de materiales que constan en el acta de recepción de fs. 198, es de fecha 7 de abril de 1995; relacionando que para que el descargo sea válido, "(..) la deuda adquirida tendría que tener data del 07 de abril de 1995,..." y no así de 1994, de acuerdo a la documentación cursante en la foja mencionada y que los mismos coactivados admiten a fs. 209 que la deuda es de 1994; por lo que afirmó que se evidencia en forma clara una notable incongruencia en lo que respecta a fechas de documentos presentados. Concluyó indicando que "el a quo no ha aplicado correctamente la ley, a más de no examinar con detenimiento el tópico dado en las conclusiones de este auto, referente a las fechas mencionadas.", resolviendo revocar en su totalidad la sentencia apelada.

3. De la relación anterior, se puede advertir que, ciertamente, el Tribunal de Alzada, en el análisis somero contenido en el Auto de Vista de 8 de abril de 2005, no ha efectuado una correcta apreciación de la prueba cursante en el expediente, particularmente la de descargo.

Es evidente que la deuda adquirida por el Municipio de San Borja corresponde a la gestión 1994, conforme está consignado en el Balance de la misma y en el comprobante de contabilidad de fs. 191 de 13 de noviembre de 2001, como también en el estado de las cuentas auxiliares, fs. 194, con data de 31 de diciembre de 2000 y en el Balance General al 31 de diciembre de 1994, parte pertinente de fs. 197, en la que consta en el pasivo, ítem 2.1.2.1., "documentos a pagar comerciales", la suma de Bs. 43,063.82, consignada como "documentos a pagar a corto plazo", entre los que se encontraba precisamente la que fue motivo de la responsabilidad civil declarada contra el coactivado Roberto Arauz Rea; vale decir que la obligación de pago del municipio se fue postergando desde la gestión 1994 a las sucesivas administraciones, hasta que el coactivado recurrente, iniciando sus funciones de Alcalde Municipal en la gestión 2001, dispuso el pago de la citada deuda.

La cancelación de dicha obligación obedeció a distintos factores debidamente justificados de manera documental por el coactivado, como la misiva de fs. 201, suscrita por Sobeida Salinas S., propietaria de Ferretería "San Carlos", de 30 de abril de 2001, con quien se contrajo la provisión de material de ferretería para la construcción de lavanderías populares en San Borja, quien manifiesta que existe el adeudo de Bs. 9.800.- como "saldo pendiente" de pago, que "(..) por la inestabilidad de alcaldes de esa localidad no logré cobrar en su debido tiempo,...".

La amortización se efectuó previa verificación de la obligación, los documentos contables de la gestión 1994, los pagos realizados con cheques de gestiones anteriores a la ferretería antes indicada, el acta de recepción y entrega de los materiales de construcción de fecha 7 de abril de 1995, (ésta última observada por el tribunal de apelación para emitir su fallo), además de planillas de pagos, recibos y otra documentación respaldatoria, de cuya cancelación se extendió la nota fiscal que consta a fs. 202, de fecha 17 de mayo de 2001.

Otro aspecto no advertido por el tribunal ad quem, es que, siendo el pago de la obligación legítimamente exigible, se evitó consecuencias judiciales contra el municipio, además de no haberse incluido intereses legales o moratorios, con los que sí se habría causado un daño económico al gobierno municipal; hecho que se constata en los documentos referidos en el párrafo precedente, como también en el recibo de fs. 207 del proceso, emitido por el pago de la deuda comercial según balance de la gestión 1994; por lo que la conducta funcionaria del coactivado recurrente no configura una "apropiación o disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado", conforme prescribe el art. 77 inciso h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, basamento de la responsabilidad civil emitida, y sí, más bien, atentas las consideraciones precedentes, se enmarcaría a la norma contenida en el art. 33 de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, Ley SAFCO, la que expresamente manda: "No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil, cuando se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el resultado final de la operación".

Conforme ha dejado sentado el tribunal supremo en la jurisprudencia de la materia, el Tribunal de Alzada debe tener presente que, "siendo la valoración de la prueba atribución privativa de los jueces de grado, ésta contiene un mandato dirigido al juzgador para que estudie todas las circunstancias que rodearon el hecho sometido a juicio, siendo pertinente apuntar que la ciencia procesal moderna impone al juzgador el deber de valorar la prueba y fundamentar el fallo en mérito de la sana crítica racional, según las reglas del recto entendimiento, observando las leyes apriorísticas del pensamiento y sometiendo las pruebas de cargo y descargo a un riguroso análisis"; consideración que no ha observado el tribunal de segunda instancia.

Consecuentemente, resultando evidentes las infracciones alegadas en el recurso de casación de fs. 239-240 vta., queda abierta la competencia del tribunal supremo para aplicar el art. 274 parágrafo II del C.P.C., aplicable por mandato del art. 1º de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad prevista en el art. 60 num. 1 de la L.O.J., en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 246-247, CASA el Auto de Vista de 8 de abril de 2005 de fs. 235-236 y deliberando en el fondo, determina mantener firme y subsistente la Sentencia Nº 03/2005 de 31 de enero de 2005, fs. 222-224, que resuelve dejar sin efecto la Nota de Cargo Nº 06/2004 de 28 de septiembre de 2004.

Sin multa por ser excusable.

Para sorteo y resolución, conforme a la convocatoria de fs. 272 interviene el Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte, Presidente de la Sala social y Administrativa Segunda.

Interviene para resolución, en el marco de la convocatoria de fs. 274, el Ministro José Luís Baptista Morales, Presidente de la Sala Penal Segunda.

Relator: Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco

Dr. José Luis Baptista Morales

Sucre, 16 de octubre de 2009

Proveído: Carlos Bernal Tupa.- Secretario de Cámara