SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 100/2005

AUTO SUPREMO Nº 236 - coactivo Fiscal Sucre, 8 de octubre de 2009.

DISTRITO: Beni

PARTES: Gerente Departamental del Beni de la Contraloría General de la República c/ Hermes Vargas Ribera, Carmelo Parada Zarco y Wilson Franco Semo.

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 188-189 vta., interpuesto por Enrique Franco Méndez en representación de Hermes Vargas Ribera y Wilson Franco Semo, contra el Auto de Vista de 16 de mayo de 2005 (fs. 184-185), emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni dentro del proceso coactivo fiscal seguido por Ernesto Natusch Serrano en su condición de Gerente Departamental del Beni de la Contraloría General de la República, contra Hermes Vargas Ribera, Carmelo Parada Zarco y Wilson Franco Semo, el dictamen fiscal de fs. 196-197, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso coactivo fiscal, el Juez en materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria de Trinidad, en base al Informe Preliminar de Auditoria Nº GB/EP30/001 R2 y complementario Nº GB/EP30/001 C2, aprobados por el contralor General de la República, con Dictamen de Responsabilidad CGR-1/D-039/2003 de 25 de junio de 2003, emitió la Sentencia Nº 10/2005 de 16 de marzo (fs. 171-173), por la que dispone dejar sin efecto la Nota de Cargo Nº 192/03 girada contra los coactivados por la suma de Bs. 25.445, equivalente a $us. 3.839.

En grado de apelación formulada por el representante de la entidad coactivante (fs. 175-176), mediante Auto de Vista de 16 de mayo de 2005 (fs. 184-185) emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, se revocó la sentencia apelada, manteniéndose la Nota de Cargo Nº 192/03 girada contra los coactivados por la suma de Bs. 25.445, equivalente a $us. 3.839, sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 188-189, en el que se alega:

1.- Violación del art. 16 del Código de Procedimiento Coactivo Fiscal y art. 190 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse valorado los descargos presentados ni realizado una correcta apreciación de la sentencia de primer grado.

2.- Violación del art. 237-1) del Código de Procedimiento Civil, por haberse fundado en el art. 237 incisos 1) y 2) del mismo adjetivo civil, lesionando los derechos de sus mandantes, causándoles agravios económicos y sin fundamento legal se revocó la sentencia que se sustentaba en los descargos de fs. 133 a 153.

3.- Violación del art. 31 de la Ley 1178 por interpretación errónea, toda vez que habiendo demostrado con las literales de fs. 133 a 146 que no ocasionaron daño alguno al Estado, revocaron la sentencia sin considerar que conforme a la literal de fs. 134 el monto cancelado por la H. Alcaldía Municipal de Guayaramerín asciende a Bs. 209.105,15, mientras que la suma total de los montos condenados en las tres sentencias asciende a Bs. 227.693,48, de tal modo que existe una diferencia impaga de Bs. 18.587,33, consiguientemente, el municipio no canceló la totalidad de los beneficios sociales condenados en sentencia ni los honorarios profesionales que ocasionaron los cargos imputados a sus mandantes.

4.- Acusa también error de hecho en la apreciación de la prueba e infracción de los arts. 1286 del Código Civil y 375-2) del Código de Procedimiento Civil, al haber revocado la sentencia de primera instancia sin considerar que las literales de fs. 133 a 146 no admiten prueba en contrario y merecen toda la fe probatoria que le atribuye el art. 1311 del Código Civil, habiendo cumplido con la carga de la prueba conforme al art. 375-2) del Código de Procedimiento Civil.

Concluye solicitando se le conceda el recurso y este Tribunal expida auto supremo CASANDO EL AUTO DE VISTA RECURRIDO y mantenga la sentencia de fs. 171 a 173, con costas.

CONSIDERANDO II: Del examen del recurso de casación y los antecedentes del proceso, se concluye lo siguiente:

1.- El caso materia de la presente decisión tiene origen en los resultados de una auditoria especial sobre ingresos y gastos del Municipio de Guayaramerin en el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de agosto de 2001, realizado por la Contraloría General de la República, en el que se advirtieron desembolsos de recursos propios destinados a cubrir gastos de atención en restaurantes a miembros del Concejo Municipal, pagos por premios carnavaleros, gastos de representación del Comité Cívico y pago de matrículas para estudiantes.

Asimismo, se encontró la realización de gastos en honorarios profesionales y costas procesales por falta de pago oportuno de beneficios sociales a favor de varios ex funcionarios del municipio, emergente de procesos sociales sustentados contra el Gobierno Municipal auditado.

2.- En el marco de la facticidad anterior, previo a resolver la controversia traída en casación y atendiendo que el recurrente acusando infracción de normas procesales demanda la casación del auto de vista, a menester dejar establecido que la solución jurídica que corresponde a las infracciones in procedendo es la nulidad, con o sin reposición, mas no la casación. Así se tiene de la inteligencia de los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil ampliamente abordada por este tribunal en su jurisprudencia, tal el caso del AS. Nº 33 S. Social II, de 26/01/07, en el que en un caso similar, reprochando la negligencia del recurrente dejó establecido:

"...si bien plantea el recurso en el fondo, empero acusa infracción de normas procesales, olvidando que los errores en la instrumentalidad del proceso, regulado por el código adjetivo, se debe impugnar vía recurso de casación en la forma o nulidad a efectos de retrotraer el trámite hasta el momento en que pudo haberse incurrido en el error in procedendo.

Por su parte, el recurso de casación en el fondo tiene lugar ante errores in judicando, esto es, en la aplicación del derecho sustantivo al presupuesto fáctico materia de litigio, a cuya emergencia, el tribunal de casación, en su caso, sin el reenvío que motiva la nulidad, deliberará sobre el fondo y decidirá el derecho subjetivo controvertido.

Que, en ese marco legal, lo expuesto en el recurso resulta insuficiente y hace inviable su consideración, porque impide a este Tribunal Supremo abrir su competencia..."

Asimismo, esta Sala ha señalado que:

"En el área de la justicia ordinaria, el mecanismo de impugnación último, respecto de las decisiones jurisdiccionales, se encuentra regulado por el Título V, Capítulos VI-VIII del Código de Procedimiento Civil como recurso de casación, que en el marco de su art. 250-I se concede a los litigantes para invalidar una sentencia o un auto definitivo, cuando en éstos se hubiera infringido una ley, ya sea interpretándola con error o aplicándola indebidamente o cuando para arribar a la conclusión fáctica (juicio de hecho), se hubiere incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, [artículo 253-1) y 3)] del mismo Código adjetivo civil y el de nulidad (casación en la forma) cuando se hubieren dictado esas resoluciones o tramitado esos procesos violando formas esenciales del proceso, establecidas por ley; casos en los que el Tribunal de Casación examina y juzga tanto las cuestiones "in judicando" como "in procedendo" para casar o anular la resolución o el proceso. En el primer caso, con competencia positiva sin "reenvío" (artículo 274), fallando en lo principal del litigio ("iudicium rescissorium") y, en el segundo, anulando ("iudicium rescindens") y "reenviando" el expediente para que, según el caso, se pronuncie el juez de origen o el siguiente en número." (AS. 344-Social I, de 15/11/05).

Entonces, conforme a la jurisprudencia glosada y los términos en que el recurrente estructura su escrito, no es posible considerar el fondo de la causa para la casación impetrada, por cuanto las normas procesales acusadas como infringidas (art. 16 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, arts. 190, 237 y 375 del Código de Procedimiento Civil) tienen que ver con la instrumentalidad y, siendo así, la solución jurídica deberá orientarse por la nulidad, aspecto que sin embargo no se encuentra demandado.

Asimismo, se debe recordar que conforme al art. 274 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal, para casar el auto de vista, debe prima facie verificar si en el recurso se acusa la infracción de ley alguna y, luego, si en el auto de vista se incurrió efectivamente en esa infracción legal y, concurridos ambos presupuestos, fallar en el fondo "aplicando" esas "leyes conculcadas".

En el marco de la inteligencia de este dispositivo legal, mal podría este tribunal casar un auto de vista sin que el recurrente haya acusado infracción legal, por cuanto no tendría la posibilidad de aplicar ninguna norma y de hacerlo estaría expidiéndose ultra petita y casando de oficio, lo que resulta ajeno a sus competencias.

En efecto, dado el hipotético caso de que con lo que el recurrente tiene denunciado este tribunal dé lugar a la casación, tendría que aplicar los art. 16 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal y arts. 190, 237 y 375 del Código de Procedimiento Civil; normas que no tienen ninguna relación con el derecho subjetivo controvertido, por tratarse de normas procedimentales materia del recurso de nulidad o casación en la forma.

3.- Sin embargo de lo anterior y aún considerando las solas alegaciones respecto a la valoración de los descargos cursantes de fs. 133 a 146, no se encuentra mérito para la casación impetrada, en la medida que ese material probatorio, consistente en sentencias pronunciadas en proceso laboral y un comprobante de contabilidad, prueban que como emergencia de la negligencia de los coactivados, varios ex trabajadores del Municipio de Guayaramerín fueron despedidos sin el pago de sus derechos laborales y que los mismos tuvieron que iniciar procesos laborales para lograr el pago de sus derechos, aspecto que incidió negativamente en el patrimonio de dicho municipio en términos de costas judiciales y honorarios profesionales, los que bien pudieron preservarse de haberse observado diligencia y responsabilidad en el ejercicio de sus cargos por parte de los ahora coactivados.

4.- Por otro lado, resulta insustancial y devaluado el argumento que el municipio haya cancelado únicamente la suma de Bs. 209.105,15 del total de Bs. 227.693,48 condenados en las tres sentencias de fs. 135 a 146 y que en ese marco no se haya producido daño económico a título de que exista una diferencia impaga de Bs. 18.587,33.

Sobre éste aspecto, se debe aclarar que el hecho de que el municipio hubiese pagado una suma inferior a la condenada en sentencia no debe interpretarse en sentido que no se adeuda la diferencia y que no se tenga que pagar, lo mismo que las costas y los honorarios, por cuanto se trata del cumplimiento de una resolución judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, cuya ejecución no se encuentra sometida o subordinada a la voluntad del obligado.

5.- En el marco del razonamiento expuesto, mal podría esta corte censurar la decisión del tribunal ad quem, mucho menos atribuirle infracción legal del acusado art. 31 de la Ley 1178, mucho menos de las otras disposiciones legales invocadas por el recurrente.

Por consiguiente se concluye que no son evidentes las violaciones denunciadas en el recurso, por lo que corresponde aplicar losarts. 271-2) y 273 del Cód. Pdto. Civil, aplicable al caso, por mandato de la norma remisiva del art. 1º de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida en el numeral 1 del art. 60 de la L.O.J., de acuerdo con el dictamen del señor fiscal General de la República de fs. 196-197, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 188-189, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

Para sorteo y resolución, según convocatorias de fs. 199, interviene el Señor Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Relator: Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco

Sucre, 8 de octubre de 2009

Proveído: Carlos Bernal Tupa.- Secretario de Cámara