SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 464/05

AUTO SUPREMO Nº 220 - Social Sucre, 15 de septiembre de 2009.

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES: Karina Gómez Chávez c/ Nancys Spa Médico representada por Nancy Eklund Velasco c/

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VISTOS: Los recursos de casación en el fondo promovido a por Nancy Eklund Velasco de fs. 831 a 833 y vuelta y por Karina Gómez Chávez de fs. 836 a 838, contra el Auto de Vista No. 0295 de 6 de julio de 2005 cursante a fs. 794 a 795 y vuelta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales instaurado por Karina Gómez Chávez contra la empresa Nancys Spa Médico representada por Nancy Eklund Velasco, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitada la demanda señalada, el 7 de mayo de 2005, el Juez Quinto del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia No. 3 de fs. 778 a 780 y vuelta., declarando probada en parte la demanda de fs. 16-17, con costas, ordenando a la empresa demandada cancele la suma de $us. 10.430,42 por concepto de desahucio, indemnización por tiempo de servicios, primas, bono de antigüedad y horas extras conforme la liquidación constante en dicho fallo.

Deducida la apelación por la empresa demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista No. 295 de 6 de julio de 2005, confirmó en parte la sentencia modificando el monto a cancelar a $us 6.073,49, conforme la liquidación practicada en dicho fallo.

A consecuencia de esta decisión, ambos litigantes presentaron recursos de casación sosteniendo los siguientes argumentos:

Recurso de casación de la empresa Nancys Spa Médico: a fs. 831 a 833 y vuelta., la representante de la aludida empresa formuló recurso de casación en el fondo, denunciando que no se efectuó una adecuada valoración de las pruebas aportadas por su parte, como los recibos y planillas originales de servicios que acreditan el pago de comisiones que recibía la actora desde 1999 a 2001 (fs. 331 a 383), hechos corroborados por las declaraciones de los testigos de descargo. Agrega, que en el documento de fs. 390 no cursa su firma que además fue presentado fuera del término, vulnerando los arts. 1289, 1296, 1309, 1310, 1311 y 1313 del Código Civil, concordantes con los arts. 399, 400 y 401 del Código de Procedimiento Civil, 1159 y 161 del Código Procesal del Trabajo, pruebas que se deben tomar en cuenta a efectos del cómputo de la indemnización y bono de antigüedad.

Por otro lado, señala que la documental de fs. 260 a 320, estados financieros de las gestiones 2001, 2002 y 2003, de fs. 754 a 760, estados financieros de las gestiones 2000 y 2004, demuestran que la empresa demandada no ha tenido utilidades los últimos cinco años, lo que implica la vulneración del art. 50 del D.R. No. 224 de 23 de agosto de 1943.

La demandante abandonó voluntariamente su fuente laboral incurriendo en la infracción del art. 16 de la Ley General del Trabajo, modificado por la Ley de 23 de noviembre de 1944 y regulado por el D.S. No. 11478 de 16 de mayo de 1974 motivo por el que no corresponde el pago del desahucio.

Finalmente denunció que el tribunal de apelación no consideró que el art. 47 de la LGT, determina la jornada efectiva de trabajo, y la actora no estaba en ciertos horarios a disposición del empleador por eso percibía comisiones.

Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido.

Recurso de casación de Karina Gómez Chávez: denunció que el tribunal ad quem aplicó indebidamente el art. 120 de la LGT, concordante con el art. 163 de su reglamento al pago de primas, bono de antigüedad y horas extras, teniendo en cuenta que la demandante no puso excepción de prescripción, infringiendo el art. 134 del CPT, por lo que le corresponde el pago de primas, horas extra, y bono de antigüedad por el tiempo de servicios de 5 años, 1 mes y 13 días.

Por otro lado, denunció que trabajo 2.706 horas extras durante el tiempo que prestó servicios, circunstancia que no fue apreciada por el tribunal de apelación.

Asimismo, acusa que se tomó como sueldo promedio el monto de $us. 300, sin embargo, de acuerdo al art. 11 del D.S. 1592 de 19 de abril de 1949, debió incluirse en el sueldo las comisiones, horas extras, bonos y otros, por lo que a su sueldo básico debe agregársele el bono de antigüedad.

Con estos argumentos solicitó se case la resolución de vista impugnada y se declare probada la demanda, con costas.

CONSIDERANDO II: Que así expuestos los fundamentos de los recursos de casación, corresponde resolverlos conforme los siguientes lineamientos:

1.- Sobre el recurso de casación de la empresa Nancys Spa Médico: De la minuciosa revisión de antecedentes en función de las denuncias formuladas en el recurso de casación, cabe destacar

a) Que la recurrente adopta posiciones contradictorias en el trámite de la causa, pues, por un lado, aduce que no existe relación laboral con la demandante y que se trata simplemente de una relación de orden civil, por lo que no le corresponde el pago de los beneficios sociales, inmediatamente después, alega que los de instancia consideraron erróneamente la prueba que aportó en el proceso como los recibos y planillas originales de servicios de fs. 331-383, las declaraciones de los testigos de descargo, que debían ser tomadas en cuenta a efectos del cómputo de la indemnización y del bono de antigüedad, dando a entender que contrariamente a lo que afirmó anteriormente, está admitiendo la existencia de una relación laboral amparada por la Ley General del Trabajo.

En este contexto, revisando los fallos de instancia y el análisis que se hace sobre la situación de la demandante en la empresa Nancys Spa Médico, se llega a la conclusión de que con adecuado criterio jurídico se determinó que la demandante se encuentra dentro de la esfera de protección de la Ley General del Trabajo, por ende, a la conclusión de su relación laboral, le corresponde la cancelación de los beneficios sociales previstos por ley, sin que ello importe violación de los arts. 1289, 1296, 1309, 1310, 1311 y 1313 del Código Civil, 399, 400 y 401 del Código de Procedimiento Civil, 1159 y 161 del Código Procesal del Trabajo, que simplemente fueron enunciados por la recurrente en franca inobservancia del art. 258-2) del ritual civil, que exige, además de citar las leyes violadas, se explique en qué consiste la violación, la aplicación falsa o errónea del precepto invocado como infringido, circunstancia que, como se tiene dicho, se extraña en el presente caso concluyéndose que las denuncias formuladas al respecto son infundadas.

Asimismo, se debe considerar que conforme al art. 182-a) del Código Procesal del Trabajo "Acreditada la prestación del servicio o la ejecución de la obra, se presume la relación de trabajo salvo prueba en contrario", lo que supone que admitido como fue que la actora prestó servicios a favor de la demandada, para desvirtuar que los mismos hayan sido por cuenta ajena, el empleador tenía la obligación de probar materialmente que tal servicio fue por cuenta propia, aspecto no cumplido, sin que sean suficientes los aparejados a fs. 331-338, por cuanto ellos certifican la modalidad de pago, mas no la modalidad del servicio. Sobre este particular no se debe olvidar que conforme lo tiene reiterado esta Sala, "la remuneración no es la causa, sino el efecto de la relación laboral. Así lo establece el art. 52 L.G.T. cuando previene que la remuneración o salario es el que percibe el empleado por su trabajo..." (AS. 498 de 07/10/08 Sala Social I), amén de que las comisiones por sí mismas no suponen por sí mismas una prestación de servicios por cuenta ajena a mérito que aún bajo relación de dependencia laboral es lícito el pago de comisiones.

A lo anterior se debe agregar que los elementos que deben observarse para acreditar la existencia o no de una relación laboral no sólo se limita a consultar con la subordinación, la onerosidad y remuneración, sino también otros elementos como la ajenidad de mercado, "...la sujeción a la función organizadora del empleador, el carácter personal, permanente y continuo de la prestación del servicio..."entre otros. (AS. 498 de 07/10/08 Sala Social I), de ahí que Al establecer la relación laboral, los de instancia no incurrieron en infracción legal alguna.

b) En otro orden de cosas, de acuerdo a lo establecido por el art. 50 del DRLGT, el balance general constituye el documento idóneo para acreditar la existencia de ganancias o pérdidas, siempre y cuando esté aprobado por la Comisión Fiscal Permanente, ahora por el Servicio de Impuestos Nacionales, requisito que se extraña en la documental que cursa de fs. 260 a 320 y de fs. 754 a 760, invocados por la recurrente, pues en ninguna parte consta la existencia de dicha aprobación, consiguientemente, corresponde dar curso a la presunción legal establecida en el art. 181 del Código Procesal del Trabajo, en el sentido de que la falta de balance legal del empleador que tiene la obligación de presentarlo, hará presumir que ha obtenido utilidades. En consecuencia, en base a estos fundamentos no es evidente la vulneración del art. 50 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo como alega la representante de la entidad recurrente.

c) Por otro lado, la denuncia de que la demandante abandonó su fuente laboral incurriendo así en la infracción del art. 16 inc. f) de la LGT, constituye una afirmación unilateral de parte de la empleadora, toda vez que en obrados no existe prueba idónea y fehaciente que acredite dicho extremo, consiguientemente, en virtud al principio de inversión de la prueba y de favorabilidad que rige en materia laboral, es pertinente concluir que la denuncia deviene en infundada.

d) Igual razonamiento debe aplicarse en cuanto a la denuncia de vulneración del art. 47 de la LGT, toda vez que dicho precepto contiene simplemente la definición de lo que debe entenderse por jornada efectiva de trabajo, a cuyo fin basta remitirse a las planillas de asistencia de la trabajadora, donde se verifica precisamente, el horario de trabajo de la demandante, circunstancia adecuadamente compulsada por los juzgadores de instancia, concluyéndose en definitiva que los argumentos sostenidos en el recurso de casación no son sustentables ni aportan mayores elementos de juicio para asumir una posición en contrario, por ende dicha denuncia resulta infundada.

2.- Sobre el recurso de casación de Karina Gómez Chávez:

a) El art. 120 de la LGT, establece que las acciones y derechos provenientes de esta ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido ellas. En desarrollo de esta norma sustantiva el art. 134 del CPT determina que los tribunales laborales no podrán aplicar de oficio la prescripción que no fue invocada por quien podía valerse de ella.

En la especie, no es evidente la infracción denunciada por la recurrente respecto de este dispositivo legal a mérito que la prescripción la tiene alegada a fs. 321 vta. de su memorial de respuesta y siendo así mal podría atribuírsele responsabilidad al tribunal de apelación, mucho menos hacer cabida a la casación impetrada.

b) Por otro lado, en cuanto a las horas extras que trabajó la demandante -2.706 durante todo el periodo de servicios según alega en su recurso- corresponde señalar que si bien en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba, empero ello no exime a quien aduce la existencia de un derecho, aportar elementos de juicio que sustente y demuestre su pretensión, aspecto que se extraña en el caso de autos.

Por el contrario, del análisis del elenco probatorio acumulado en el proceso, especialmente de la declaración de fs. 407-409, así como de las decisiones de los juzgadores de instancia, en el marco del art. 46 de la LGT, se verifica que la demandante trabajó 6 horas extras semanales, dato en base al cual corresponde establecer -como lo hizo el a quo- el total de horas extraordinarias trabajadas durante el tiempo de prestación de servicios, lo que implica la modificación de la determinación asumida por el tribunal de alzada, en los términos establecidos por el a quo, teniendo en cuenta también, que la demandada no opuso la excepción de prescripción sobre este aspecto, conforme se explicó anteriormente.

c) Finalmente y respecto al promedio salarial y la infracción legal del art. 11 del D.S. 1592 de 19 de abril de 1949, acusado por la recurrente, se debe tener presente que éste item -el sueldo promedio- fue establecido en $us. 300 por el juez de primera instancia en sentencia, sin que la actora haya reclamado por cuanto no impugnó dicho fallo y, siendo así, consintió expresamente con su ejecutoria, precluyendo su derecho de impugnación, lo que hace aplicable el art. 3-e) y 57 del Código Procesal del Trabajo y art. 262-2) del Código de Procedimiento Civil y en defecto de ello, el art. 272-1) del mismo ritual civil en grado de casación.

En consecuencia, no siendo evidentes las denuncias formuladas en ambos recursos, corresponde fallar conforme los arts. 271-2) y 273 del ritual civil, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la atribución prevista en el art. 60-1 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación de fs. 831 a 833 y fs. 836-838. sin costas.

Para sorteo y resolución, según convocatoria de fs. 845 interviene el Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte, Presidente de la Sala Social Segunda.

RELATORA: Ministra Beatriz Sandoval de Capobianco.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte

Sucre, 15 de septiembre de 2009

Proveído: Carlos Bernal Tupa.- Secretario de Cámara.