SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 732/06

AUTO SUPREMO Nº 191 - Social Sucre, 31 de julio de 2009.

DISTRITO: La Paz

PARTES: Miguel Fernando Elías Zaiduni representado por Julia Zaiduni Vda. de Elías c/ Club Deportivo Bolívar

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VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 328-331 y 335-338, interpuestos por Mauro Cuellar Caballero y Raúl Coca Gutiérrez, Presidente y Secretario General del Club Bolívar y Julia Zaiduni Vda. de Elías, respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 118/06 SSAIII de 2 de junio de 2006 (fs. 323), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; dentro del proceso social que sigue Miguel Fernando Elías Zaiduni representado por su madre y heredera legal Julia Zaiduni Vda. de Elías contra el Club Deportivo Bolívar, las respuestas de fs. 335-338 y 341, el auto que concede el recurso de fs. 342, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 87/2005 de 25 de junio de 2005 (fs. 184-191), declarando probada en parte la demanda de fs. 4-5 y probadas en parte las excepciones perentorias de pago y prescripción planteadas a fs. 51-54 de actuados, disponiendo que El Club Bolívar cancele a favor del actor la suma de $us. 9.200, por concepto de indemnización, salario devengados, menos lo cancelado a fs. 69-81.

En grado de apelación formulado por ambas partes, la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por Auto de Vista Nº 118/06 SSAIII de 2 de junio de 2006 (fs. 323), revoca en parte la sentencia apelada, ordenando que El Club Bolívar cancele al actor los beneficios sociales en el monto de $us. 31.141, por concepto de desahucio, indemnización, salarios devengados y 2 gestiones de aguinaldos, menos el pago de fs. 3, por el tiempo de servicios de 13 años, 11 meses y 4 días con base al sueldo promedio indemnizable de 1.500 $us., mensuales.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 328-331, interpuesto por los representantes legales del Club Deportivo demandado, alegando que respecto del salario el tribunal de alzada realizó una interpretación errónea al ordenar su pago por los meses de diciembre de 2002, enero y cinco días de febrero de 2003, toda vez, que durante ese tiempo no hubo actividad laboral porque se concluyó con el torneo de la gestión 2002 y la apertura del campeonato de 2003 comenzó los primeros días del mes de febrero, aspectos que han sido reclamados oportunamente ante el superior en grado por lo que no existió infracción del art. 227 del Cód. Pdto. Civ., habiendo por el contrario violación de los arts. 52 de la L.G.T. y 202 inc. b) del Cód. Proc. Trab.

Luego aduce la improcedencia del desahucio, alegando que la carta de fs. 56 de 5 de febrero de 2003 constituye una decisión subjetiva unilateral del trabajador de alejarse de la entidad en la que prestaba sus servicios profesionales conforme dispone el art. 12 de la L.G.T., porque ya no podía concurrir a las oficinas del Club por cuya razón se despide con un gran abrazo Bolivarista, aspecto que ha sido verdaderamente valorado por el juez de primera instancia aplicando correctamente lo previsto por los arts. 159 y 161 del Cód. Proc. Trab. y 13 de la Ley sustantiva laboral.

También reclama en cuanto hace a al pago de aguinaldos injustamente concedidos al actor, puesto que tal concesión resulta contraria a la Ley de 18 de diciembre de 1944 y Ley 380 de 22 de noviembre de 1950 que determinan el pago del salario en moneda nacional y no extranjera, que se encuentra prohibida, así se encuentra expresada en la abundante jurisprudencia emitida por la Corte Suprema.

Finalmente reclama el pago dispuesto del rubro de la indemnización por el periodo de 13 años, 11 meses y 4 días, al no haberse considerado la prescripción invocada a tiempo de responder la demanda debido a que la relación de trabajo se extinguió en el año 1992 a 1994 al haber el actor prestado sus servicios a favor de la Federación Boliviana de Fútbol como emergencia del torneo eliminatorio y del mundial de 1994, es decir no hubo continuidad contractual, conforme consta en las literales de fs. 111-112 de obrados. Por lo que concluye solicitando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, case el auto de vista en todas sus partes, conforme determina el art. 271-4) del Cód. Pdto. Civ. y sea previa las formalidades de ley.

Por su parte la heredera legal del actor Julia Zaiduni Vda. de Elías a tiempo de contestar el recurso de contrario, a fs. 335-338, formula recurso de casación en el fondo, alegando que el auto de vista emitido por el tribunal de alzada no ha realizado una correcta apreciación del motivo de la demanda, resolviendo en forma errada sobre los derechos demandados porque en el marco de las previsiones legales contenidas en los arts. 4º, 152, 155, 156 y 157 del Cód. Proc. Trab., el juez tiene las facultades y prerrogativas para aclarar las circunstancias del derecho controvertido con base a los argumentos y la prueba documental, lo que no ocurrió en autos, por cuanto, el juez a quo como el tribunal de apelaciones dejaron de lado sus legítimos derechos demandados y probados como el relativo a que el vínculo laboral se extinguió por causas de enfermedad, no se ha considerado los sueldos pendientes por las gestiones 2002, 2003 y 2004, cuyo monto alcanza a $us. 41.350, lo que no ha sido enervado por el Club Bolívar; en consecuencia al ordenarse el pago únicamente por los meses de diciembre de 2002 y enero y 5 días de febrero de 2003 se desconocen sus salarios que constituyen derechos legítimamente adquiridos con el falso argumento de que no habría existido relación laboral, resultando contrario a lo dispuesto por el art. 162 de la C.P.E.

Igualmente reclama el pago doble del aguinaldo de las últimas dos gestiones trabajadas, que no ha sido cancelado oportunamente y que en honor a la verdad, debe hacerse efectivo, pero por 3 años y 11 meses, ya que este derecho no se encuentra prescrito, asimismo solicita, empero sin ninguna fundamentación, sobre la indemnización, el desahucio, bono de antigüedad y honorarios profesionales del abogado patrocinante.

Concluye solicitando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, analice y reconozca los legítimos derechos demandados, modificando la sentencia y auto de vista, otorgándose a su recurso el trámite previsto por el art. 257 y siguientes del Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, analizando si lo denunciado en relación a los antecedentes del proceso es evidente o no, se colige lo siguiente:

A. En primer lugar y por su orden corresponde resolver el recurso de casación en el fondo formulado por el Club demandado en lo que hace a la afirmación de la falta de continuidad laboral ocurrido a finales del año 2002 y el mes de enero y 5 días de febrero de 2003. Aseveración que no resulta evidente puesto que de la revisión de los antecedentes procesales (pruebas de cargo y de descargo) que corren de fs. 1 a 3, 24 a 47, 56 a 67, 69 a 81 y 121 a 171, se advierte con meridiana claridad que la prestación de servicios por parte del demandante en su calidad de Médico dependiente del Club Bolívar ha sido ininterrumpida por el tiempo que señala la resolución de alzada (13 años, 11 meses y 4 días), por consiguiente el vínculo jurídico laboral que originó los derechos sociales a favor del trabajador es correcto y se enmarca dentro de los principios de proteccionismo y de irrenunciabilidad que prevé el art. 162 de la C.P.E., pero principalmente el principio de la continuidad laboral que presume a la relación de trabajo como de tracto sucesivo que proporciona al empleado una seguridad económica y psicológica en la ocupación que desempeña; aspecto que ocurrió en la presente causa, por cuanto, es evidente que pese a la existencia de la misiva de fs. 56, la entidad demandada continuó abonando los salarios aunque sea parcialmente en forma continua y mensual a la madre del trabajador (fs. 69 a 81).

Para mayor abundamiento y no obstante lo fundamentado precedentemente es necesario referirnos que en este caso en especial si bien los campeonatos de fútbol a que hace referencia el Club comenzaban y concluían en determinado periodo del año, no debe perderse de vista que el equipo profesional de Bolívar comenzaba su preparación para cada torneo dos o tres meses antes para afrontar sus encuentros deportivos, de ahí que, se entiende que el trabajo del actor ha sido desarrollado sin interrupción alguna y el hecho de que el médico-trabajador haya prestado sus servicios en beneficio de la Selección Nacional de Bolivia para su participación el Mundial de Fútbol de 1994, lo hizo con el consentimiento absoluto de su Club, porque no consta en obrados ninguna prueba que demuestre la extinción del contrato de trabajo o que éste vínculo se hubiera interrumpido abruptamente con el consiguiente pago de los derechos sociales que se hubiera podido generar como consecuencia lógica. De ahí que no puede aceptarse la afirmación simplista de la entidad deportiva demandada de "interrupción laboral", porque el concepto de la continuidad es totalmente independiente del carácter absorbente y exclusivo de las prestaciones laborales, porque si bien nuestro ordenamiento jurídico prefija el tiempo y los límites máximos dentro de los cuales pude prestarse el trabajo, empero no excluye la posibilidad de prestaciones que no arriben a tales límites, y por ello, la prestación y el trabajo empleado no deben medirse en un sentido físico sino en la periodicidad de esa prestación de acuerdo con las modalidades que le son propias de cada actividad, por cuya razón tampoco puede considerarse la prescripción de derechos aducida por la supuesta interrupción en el período mencionado por el Club recurrente.

En cuanto al beneficio del desahucio que reclama, es pertinente dejar esclarecido que este derecho a favor del trabajador nace y se origina como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo cuya causa es atribuible al empleador y no se justifica su despido dentro de las causales contenidas en el art. 16 de la L.G.T.; en la especie, la misiva de fs. 56 no puede ser valorada a favor del Club Bolívar ni su contenido ser interpretado como un retiro voluntario y en el supuesto no admitido de darse el caso, aún así, el actor sería acreedor a los derechos adquiridos como el quinquenio, vacaciones, salarios devengados y aguinaldos; empero al no darse el caso ya que por las literales que corren de fs. 69 a 81 se constata la continuidad laboral y por ende se desvirtúa la pretensión de la parte demandada, correspondiendo en todo caso, el pago del desahucio debidamente asignado por el tribunal de apelaciones.

Respecto del reclamo de los aguinaldos en sentido de que no corresponde su pago cuando las remuneraciones de los trabajadores se perciben en moneda extranjera, tal afirmación ciertamente se encuentra basada en una interpretación exegética de las normas contenidas en la Ley de 18 de diciembre de 1944 y Ley 380 de 22 de noviembre de 1950, sin tomar en cuenta que este máximo tribunal ha dejado en claro a través de la jurisprudencia -que no es estática sino dinámica- que todos los trabajadores sin distinción ya sea que perciban sus salarios en moneda nacional o extranjera tienen derecho a percibir el aguinaldo, así se infiere del art. 1º del D.S. Nº 2317 de 29 de diciembre de 1950 que reglamenta e interpreta la Ley de 22 de noviembre de 1950, disponiendo que: "Todos los empleados y obreros que trabajan por cuenta ajena, sin exclusión de ninguna clase, tienen derecho al pago de aguinaldo de Navidad, antes del 25 de diciembre de cada año, en la proporción de un sueldo mensual y 25 días de salario, respectivamente"; en el mismo sentido la Ley Nº 380 de 22 de noviembre de 1950 que interpreta la Ley de 18 de diciembre de 1944 estipula en su artículo único que: "(...) se reconoce el derecho de empleados y obreros, sin exclusión , al aguinaldo anual, antes del 25 de diciembre de cada año, el que será pagado por duodécimas teniendo en cuenta el tiempo de servicios durante el año correspondiente".

Por lo relacionado corresponde resolver el recurso interpuesto por la entidad demandada aplicando los preceptos legales contenidos en los arts. 271-2) y 273 del Cód. Pdto. Civ., aplicables por mandato remisivo del art. 252 del Procedimiento Laboral.

B. Ahora bien atendiendo las argumentaciones contenidas en el recurso de casación en el fondo formuladas por la heredera legal y forzosa del actor, corresponde con carácter previo dejar establecido que en el marco del principio de congruencia que deben cumplir todas las resoluciones judiciales, es decir, que debe existir coherencia entre lo peticionado por las partes y el contenido de la misma, una evidente relación entre lo fundamentado en la parte considerativa y lo resuelto en definitiva en la parte dispositiva, se advierte en la especie que el tribunal de alzada en la reliquidación dispuesta en el auto de vista no realizó la operación de restar el monto del pago de los salarios devengados por las gestiones 2003 y 2004 no obstante estar documentadas por las papeletas de pago que corren de fs. 3, 58-67 y 69-81 de obrados, tomando en consideración obviamente que el sueldo promedio mensual e indemnizable es de 1.500 $us., pues únicamente dispuso como descuento el pago de fs. 3; lo que ciertamente debe ser enmendado por este máximo tribunal en razón a que el presente proceso debe reflejar la aplicación correcta de las normas sustantivas y adjetivas en relación con los hechos objetivos sucedidos, pero sobretodo tomando en cuenta que los jueces en materia laboral al tomar sus decisiones deben tener en consideración que el objeto del proceso, es el razonable reconocimiento de los derechos de los trabajadores.

Por lo que no se debe confundir el razonamiento de que los derechos sociales por concepto de indemnización constituyen un concepto totalmente diferente (desgaste del trabajador durante la prestación de los servicios), de los salarios devengados que reclama el trabajador que debe reconocerse únicamente por los dos últimos años (trabajo efectivamente prestado), beneficios que necesariamente deberán ser cancelados a la representante legal del actor.

Realizada la aclaración precedente es innegable e irrefutable el argumento vertido por la señora Zaiduni en sentido que es acreedora por su hijo al pago del aguinaldo doble por las dos últimas gestiones trabajadas por $us. 6.000, - y no como equivocadamente liquidó el tribunal de alzada por $us. 3.000-, monto que también debe ser añadido a la liquidación final que perciba el beneficiario, porque constituye un derecho del trabajador y una obligación del empleador en el marco de lo dispuesto por el art. 3º del D.S. Nº 229 de 21 de diciembre de 1944 en concordancia con los arts. 4º, 7º, 157 y 162 de la C.P.E. (derogada pero vigente al momento del inicio de la demanda) recogidos en la actual Constitución Política del Estado aprobada mediante referéndum de 25 de enero y publicada el 7 de febrero de 2009, en los arts. 46-I y II, 48-III y 49-II. Obligación que no cumplió el empleador puesto que no consta en obrados ningún documento que demuestre lo contrario, faltando con la carga procesal que le imponen los arts. 66 y 150 del Cód. Proc. Trab., en consecuencia debe resolverse favorable parcialmente el recurso de fs. 335-338 aplicando lo previsto por los arts. 271-4) y 274-II del Cód. Pdto. Civ., liquidación de derechos sociales que no tendrá más modificaciones que las fundadas anteriormente.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida en el num. 1 del art. 60 de la L.O.J., en cumplimiento a los arts. 271 inc. 2) y 4), 273 y 274-II del Cód. Pdto. Civ., aplicables por mandato del art. 252 del Cód. Proc. Trab., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 328-331 y resolviendo el recurso de fs. 335-338, CASA parcialmente el auto de vista recurrido, ordenando que el Club Bolívar cancele a favor del trabajador debidamente representada por Julia Zaiduni Vda. de Elías, la suma de $us. 41.891.-, conforme a la liquidación que sigue y con base a los fundamentos expuestos en presente auto supremo. Sin costas.

Tiempo se servicios: 13 años, 11 meses y 14 días.

Sueldo promedio indemnizable: $us. 1.500.-

Indemnización: $us. 20.891.-

Desahucio: $us. 4.500.-

Sueldos devengados últimos dos años

(menos lo cancelado a fs. 58-67, 69-80 y 13) $us. 10.500.-

Aguinaldo doble por dos gestiones $us. 6.000.-

TOTAL BENEFICIOS SOCIALES $us. 41.891.-

Son: Cuarenta y un mil ochocientos noventa y un dólares americanos

Para sorteo y resolución, según convocatoria de fs. 356, interviene el Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte, Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda.

Para resolución, según convocatoria de fs. 358, interviene el Dr. Angel Irusta Pérez Ministro de la Sala Penal Primera.

Relator: Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Fdo. Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco

Fdo. Dr. Angel Irusta Pérez

Sucre, 31 de julio de 2009

Proveído: Carlos Bernal Tupa.- Secretario de Cámara