SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 344/05

AUTO SUPREMO Nº 168 - Social Sucre, 1 de junio de 2009.

DISTRITO: Cochabamba

PARTES: Jaime Antonio Gamarra c/ Empresa TAMCO S.A.

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 373 a 376 interpuesto por Jaime Gamarra Quiroga, contra el Auto de Vista Nº 112/2005 de 16 de mayo de 2005 (fs. 371 a 372), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso social seguido por el recurrente contra la Empresa "Fábrica de Tambores Metálicos Cochabamba S.A.", el auto por el que se concede el recurso (fs. 382 vta.), los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social de pago de beneficios sociales, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió Sentencia el 13 de marzo de 2003 (fs. 323-324), por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 9-10, disponiendo que el representante legal de la Empresa "Fábrica de Tambores Metálicos Cochabamba S.A.", cancele a favor del actor Jaime Gamarra Quiroga la suma de $us. 6.638,75, por concepto de desahucio, indemnización, vacaciones y sueldos devengados por 17 días del mes de agosto de 2002.

En grado de apelación deducida por ambas partes (fs. 331 a 334 y 343 a 345), mediante Auto de Vista Nº 112/2005 de 16 de mayo de 2005, emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba (fs. 371 a 372 y vlta.) se revocó la sentencia apelada y se declaró improbada la demanda, sin costas por la revocatoria.

Contra el referido auto de vista, el demandante Jaime Gamarra Quiroga, interpuso recurso de casación (fs. 373 a 376), en el que alegó:

1.- El fallo recurrido, incurre en violación de los arts. 5º, 162 de la C.P.E., 1º, 2º, 4º de la L.G.T., 1º, 2º, 3º del Cód. Proc. Trab. y 236 del Cód. Pdto. Civ., porque el tribunal de alzada desconociendo el principio de proteccionismo al trabajador, fundamentó su resolución indicando que entre el demandante y la empresa demandada, no existió ninguna relación de dependencia y subordinación, aplicando el art. 320 del Cód. Com., como "norma adjetiva de otros campos jurídicos", sin considerar la determinación de la Junta General de Accionistas que cursa de fs. 157 a 158.

2.- Se desconoció las características esenciales de la relación laboral señalada por el art. 1º del D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993, las que se han probado en el curso del proceso; y que por lo tanto, el recurrente no esta comprendido en las previsiones del art. 13 de la L.G.T.

3.- No se efectuó una interpretación correcta de la calidad de empleado que tiene el demandante, con derecho a recibir una remuneración reconocida por los estatutos, reglamentos y arts. 72, 73, 79, 89 y 95 del Cód. Com., concordantes con el art. 6º del Cód. S.S. y normas de la L.G.T.

4.- Tampoco se consideró el art. 105 de la L.G.T., referido a que ninguna empresa puede interrumpir el trabajo intempestivamente, antes de haber agotado los medios de conciliación y arbitraje; caso contrario, el movimiento se considera ilegal, por ello, al haberse interrumpido sus funciones sin que hubiese cumplido su tercera gestión, ni mediado justificativo, se cometió despido intempestivo, siendo acreedor a los beneficios que la ley le reconoce.

5.- Concluyó solicitando que este tribunal, anule obrados hasta el estado de dictarse un nuevo auto de vista, o en su caso, previa revisión y valoración de las pruebas, case el auto de vista y deliberando en el fondo, pronuncie nueva sentencia declarando probada la demanda de pago de beneficios sociales, con costas.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso y las disposiciones que se citan infringidas, se tiene:

1.- El art. 320 del Cód. Com., determina que. "Las funciones de los directores puede ser remuneradas, salvo que los estatutos dispongan lo contrario. Las remuneraciones serán fijadas por la junta general...".

En autos, los arts. 28 inc. c) y 60 del Estatuto de la Empresa demandada TAMCO S.A., prevén que las funciones de los miembros del directorio serán remuneradas, previa determinación de la Junta General de Accionistas, implicando con ello que estas normas internas son concordantes con las previsiones del citado art. 320 del Cód. Com.

Sin embargo, se advierte que el tribunal de alzada, consideró que no existía relación laboral entre el actor y la empresa demandada, porque no existiría una autorización de la Junta de Accionistas que determine la remuneración del Presidente de su Directorio, en el presente caso el demandante, pese a que en la Junta General de Accionistas, el 17 de abril de 2001, a sugerencia del socio Oscar Molina, se solicitó que la Junta "autorice al Directorio a fijar los montos respectivos para el Presidente un sueldo mensual y a los directores y síndico una dieta por reunión", moción que fue apoyada por el socio Félix Gutiérrez y que luego fue aprobada por todos los socios presentes (acta de fs. 157 a 158).

En cumplimiento de esta autorización debidamente aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de TAMCO S.A., en reunión de Directorio llevada a cabo el 12 de junio de 2001, se fijó un sueldo para el Presidente del Directorio Jaime Gamarra Quiroga, en la suma de $us. 1.000 (fs. 175).

Determinación que no es contraria a ninguna norma del Estatuto de la sociedad, ni al Código de Comercio; sin embargo al tratarse de un trabajo desarrollado por el actor, considerado por cuenta ajena, las normas comerciales citadas simplemente son tomadas en cuenta en forma referencial puesto que al haber mediado trabajo dependiente, no desvirtuado, corresponde reconocer a favor suyo el carácter irrenunciable y de orden público de sus derechos; consiguientemente, se establece que el tribunal de alzada, al haber revocado la sentencia, incurrió en violación de los arts. 5º, 162 de la C.P.E. de 1967, 1º, 2º y 4º de la L.G.T. y 1º, 2º y 3º del Cód. Proc. Trab., citados en el recurso de casación, al desconocer los derechos del actor pese a que se encuentran debidamente tutelados por la normativa referida.

Corresponde puntualizar que no puede determinarse que existió violación del art. 236 del Cód. Pdto. Civ., porque -con diferente criterio jurídico al presente- el tribunal de alzada, resolvió los puntos apelados por ambas partes.

2.- Por lo anotado, se establece también que se incurrió en violación del art. 1º del D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993 (aplicable al caso presente en virtud a que los hechos objeto de litis se sustentan por dicha norma), porque se demostró la existencia de la relación de dependencia y subordinación entre el demandante y la empresa TAMCO S.A., la prestación de trabajo que realizó como Presidente de su Directorio y, especialmente, la remuneración o salario en el monto de $us. 1000, conforme a las previsiones de sus propios estatutos y reglamentos, en concordancia con las normas del Código de Comercio; no habiendo la parte demandada desvirtuado los argumentos de la demanda, en especial el trato laboral que la empresa le impuso al actor.

3.- Al haberse demostrado igualmente que se sustituyó el directorio, mediante determinación de Junta Ordinaria de 17 de agosto de 2002, sin que hubiese concluido el periodo previsto por los Estatutos, por haber ordenado la "Adecuación del Directorio" a solicitud unánime de los socios, procediendo a renovar el mismo (fs. 13, repetido a fs. 311); esta determinación implica el automático despido del cargo que ejercía el demandante, sin pre aviso y sin que hubiese cumplido el periodo por el que fue designado.

Consiguientemente la determinación del tribunal de alzada, de revocar la sentencia y dejar sin efecto el pago del desahucio, vulneró las previsiones del art. 105 de la L.G.T., debiendo restituirse el pago de ese beneficio.

4.- Por lo relacionado, se concluye que son evidentes las violaciones denunciadas en el recurso, correspondiendo resolver conforme prevén arts. 271-4) y 274) del Cód. Pdto. Civ., aplicables por mandato de la norma remisiva del art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida en el núm. 1 del art. 60 de la L.O.J., CASA el Auto de Vista Nº 112/2005 de 16 de mayo de 2005 (fs. 371-372 vta.), emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba y deliberando en el fondo, mantiene subsistente la Sentencia de 13 de marzo de 2003 (fs. 323-324), pronunciada por la Juez de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba. Sin multa por ser excusable.

Para sorteo y resolución, conforme a las convocatorias de fs. 385 y 387, intervienen el Ministro Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda, Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte y el Ministro Presidente de la Sala Penal Primera, Dr. Angel Irusta Pérez.

Relator: Ministro Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco

Dr. Angel Irusta Pérez

Sucre, 1 de junio de 2009

Proveído: Carlos Bernal Tupa.- Secretario de Cámara