SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 260/05

AUTO SUPREMO Nº 104 - Social Sucre, 09 de marzo de 2009.

DISTRITO: Beni

PARTES: Jorge Villavicencio Arauz c/ Antonio Nacif Hiza

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de Fs. 111-115 vlta., interpuesto por Jorge Villavicencio Arauz contra el Auto de Vista de 21 de abril de 2005 de Fs. 106-108, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, dentro del proceso laboral seguido por el recurrente contra Antonio Nacif Hiza, la respuesta de fs. 118-120, el auto que concede el recurso de fs. 120 vta., los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez Primero del Trabajo y de Seguridad Social de la ciudad de Trinidad-Beni, pronunció la Sentencia Nº 03/2005 de 25 de febrero de 2005, de Fs. 79-81, declarando probada en parte la demanda de fojas 2-3, ordenando que Antonio Nacif Hiza pague al actor Jorge Villavicencio Arauz la suma de $us.- 1.500.- por concepto de indemnización.

Apelada la sentencia tanto por Alex Armando Mejia Suárez, en representación de Antonio Nacif Hiza de fs. 85-87, así como por Jorge Villavicencio Arauz a fs. 90-94, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni emitió el Auto de Vista de 21 de abril de 2005 de Fs. 106 a 108, por el que revoca la sentencia apelada y se declara improbada la demanda, sin costas, conforme establece el art. 237 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil.

Contra la resolución de vista, el demandante interpone recurso de casación en el fondo de fs. 111-115, acusando la interpretación errónea del art. 167 del Código Procesal del Trabajo, la vulneración de los arts. 3-h), 66, 150, 158 y 252 del Código Procesal del Trabajo, arts. 424 y 409-1) y 3) del Código de Procedimiento Civil y art. 13 de la Ley General del Trabajo, error de hecho en la apreciación de las pruebas de fs. 20 y 73, por no haberse otorgado la validez de prueba plena a la presunta confesión provocada, sin considerar que en materia laboral el juez no esta sujeto a la tarifa legal de prueba; que se desconocieron las normas contenidas en los arts. 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo, hecho que ha generado el no pago de beneficios sociales por despido forzoso; que la suma de $us. 3.000.- reconocidos a cuenta de beneficios sociales no es evidente, al contrario fue por 50 torillos que el demandado se comprometió a pagar, tiene que ir necesariamente a "cuenta de algo" y que de ninguna manera puede ser considerado a cuenta de sueldo; asimismo indica que le entregaron el dinero en agosto de 2003 por concepto de pago de 50 torillos por año a $us. 60.- cada uno, lo que está corroborado con el acta de conciliación de fs. 73; luego indica, que el Tribunal de Alzada determinó que la cancelación de dicha suma de dinero fue por beneficios sociales, sin siquiera haber considerado el acta, con lo que han incurrido en un error de hecho en la apreciación de las pruebas, ocasionando, con ello, se dicte un fallo equivocado; también alega que dicha prueba fue presentada fuera de término por lo que no tiene ningún valor y que el Código de Procedimiento Civil viene a llenar los vacíos que tiene el Código Procesal del Trabajo con relación a las confesiones judiciales, encontrándose de esta manera probado y comprobado que la norma contenida en el art. 409-1) y 3) del Código de Procedimiento Civil, es aplicable al proceso laboral, que de manera errada se dio el valor probatorio a los puntos 1, 2, 7 y 8 del interrogatorio de fs. 20, que supuestamente fueron averiguados en forma afirmativa ante su ausencia en la confesión provocada, incurriendo en la violación del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

Concluye solicitando que este tribunal supremo case el auto de vista recurrido y se declare probada la demanda en todas sus partes, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, del examen del recurso con relación a las leyes acusadas en el auto de vista impugnado, se establece que la controversia se circunscribe únicamente al segundo período en el que el demandante prestó servicios a favor del demandado, relación laboral que trajo como controversia los siguientes aspectos:

1.- En cuanto a la confesión provocada y el valor de la prueba y su ponderación, se debe tomar en cuenta que, conforme se tiene doctrinalmente admitido, cuando las pruebas en su contexto individualno traen consigo el suficiente valor fundante para arribar a una conclusión fáctica que recoja los hechos más cercanos a la verdad, ha menester ponderarla conforme al principio de unidad de la prueba, esto es, en el marco de sus interconexiones, relaciones, concordancias y discordancias con las demás pruebas que hayan vencido los requisitos de admisibilidad intrínsecos y extrínsecos así como el de pertinencia.

En ese contexto, lo que la confesión provocada no absuelta permite es que los puntos contenidos en el interrogatorio ingresen al plexo probatorio como elementos de prueba, de modo que, en su caso, sean ponderados como parte del conjunto de pruebas obrantes en el expediente.

Asimismo, el hecho de que el art. 166 señale que cuando el emplazado no comparezca ante el Juez, "en rebeldía se dará por averiguados los puntos propuestos en el interrogatorio", no supone, mucho menos autoriza, que se tengan que resignar las demás pruebas. Dicho de otro modo, no devalúa el valor fundante de las otras aportadas por las partes, sino que se habilitan para su ponderación en igualdad de condiciones; una interpretación diferente daría lugar a que el juez otorgue a hechos inverosímiles valor de verdad absoluta, dependiendo del tenor de las preguntas o niegue valor a pruebas literales pre constituidas oportunamente reconocidas o admitidas por las partes.

De lo expuesto, se advierte que el tribunal ad quem, al preferir sólo la confesión judicial no absuelta y considerar como verdades absolutas las preguntas contenidas en el interrogatorio que sin foliar aparece entre fs. 78 y 79, anuló el valor fundante de todas las demás pruebas obrantes en el expediente y con ello la apreciación de la prueba se redujo a un solo documento, prescindiendo del principio de unidad de la prueba en su análisis, lo que derivó en una decisión arbitraria.

2.- El tiempo de servicios y las causas del retiro.

Absuelto y aclarado como se encuentra lo relativo a la confesión provocada y la ponderación de la prueba, corresponde expedir pronunciamiento sobre el tiempo de servicios, a cuyo efecto se tiene:

Al no existir controversia respecto al ingreso (1 de marzo de 1998), corresponde dilucidar la fecha de la desvinculación laboral, a cuyo efecto conviene recordar que el actor, en su demanda, refiere que el 28 de febrero de 2003, el ahora demandado, le refirió vía teléfono que vea la forma de llegar a Santa Ana para arreglar su situación "ya que él a partir de ese momento no tenía ninguna obligación conmigo". Luego también señala que dos días después (2 de marzo) el mismo Antonio Nacif le comunicó que ya no trabajaría para él.

En el marco de la facticidad anterior, no es difícil concluir que la desvinculación laboral tuvo lugar el 28 de febrero de 2003, por cuanto lo expresado por el empleador en fecha 2 de marzo constituye mas bien una ratificación de su decisión asumida dos días antes. Este hecho también lleva a determinar que la desvinculación laboral tuvo origen en la voluntad del empleador, por cuanto el demandado en su respuesta refiere que el demandante se retiró voluntariamente y, para probar esta su aseveración, ofrece los testigos cuyas declaraciones cursan a fs. 53-55, quienes señalan que Jorge Villavicencio el 20 de febrero debía llevar determinado número de cabezas de ganado de Santa Ana a Trinidad para su posterior traslado a Santa Cruz, empero el referido Jorge Villavicencio no llegó conjuntamente el ganado, sino después "cuando ya estuvo cargado el ganado" (fs. 55 respuesta tercera). Entonces, no es cierto que el demandante haya incurrido en abandono de trabajo o se haya retirado voluntariamente y si alguna duda trae la pregunta tercera del interrogatorio dado por absuelto, ha menester interpretar esos hechos a la luz del principio in dubio pro operario, conforme, con mejor criterio, procedió el juez a quo.

3.- Sobre la remuneración, los beneficios sociales y el pago de $us. 3.000.-

A mérito de encontrarse admitido por las partes lo referido al sueldo mensual de $us. 300 pactado, corresponde dilucidar lo relativo a la oferta de cincuenta (50) torillos que el demandado habría realizado a favor del demandante y si el pago de $us. 3.000 fue por concepto de beneficios sociales.

Sobre el particular se debe precisar que, conforme advierte el juez a quo, la oferta de los cincuenta torillos alegados en la demanda se encuentra corroborado por el acta de conciliación labrada por el Inspector General del Trabajo y Micro Empresa de Trinidad-Beni, José Fco. Melgar Olivera, cursante a fs. 73 de obrados, el mismo que se encuentra en fotocopia debidamente legalizada; consiguientemente, cumpliendo con todos los requisitos de admisibilidad.

Esa misma literal certifica y corrobora que los cincuenta torillos no formaban, ni puede actualmente considerarse, parte del sueldo mensual, sino de una bonificación independiente del sueldo, ello en razón a que la entrega de los mismos tenía un carácter anual, lo que la diferencia del sueldo pactado y pagado con carácter mensual.

Asimismo, la literal certifica que la suma de $us. 3.000.- pagados mediante el cheque Nº 00142, de fs. 37, venían a cubrir el costo de 50 torillos, en razón de $us. 60.- cada uno, con lo que se encontraría ratificada y consolidada la oferta de 50 torillos anuales, independientemente del sueldo mensual, lo que a su vez aclara definitivamente que la suma de $us. 3.000.- entregados mediante el cheque de fs. 37, no estaban destinados a cubrir los beneficios sociales del trabajador, como errádamente entendió el tribunal ad quem al considerar sólo el interrogatorio de la confesión provocada, negando su propia competencia de juzgador ex novo.

Entonces, en el caso presente, resulta claro que el empleador ofertó y entregó parte de los 50 torillos anuales a favor del demandante independientemente del sueldo mensual y omitió el pago de los beneficios sociales demandados y los restantes 50 torillos que conforme advierte el juez a quo no corresponden a mérito de no haberse cumplido el presupuesto que supone el cumplimiento del año trabajado.

Consiguientemente, habiéndose producido un retiro intempestivo y sin causal contenida en la Ley (art. 16 LGT), corresponde el pago tanto del desahucio como de la indemnización por año trabajado, conforme a los arts. 12 y 13 de la Ley General del Trabajo.

Por todo lo relacionado, se advierte que el tribunal ad quen, ciertamente incurrió en las infracciones acusadas en el recurso, debiendo resolverse el mismo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 274 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la facultad y atribución que le confiere el Art. 60-1) de la Ley de Organización Judicial, CASA el Auto de Vista de fs. 106-108 y, deliberando en el fondo, declara PROBADA en parte la demanda de fs. 2-3, debiendo el demandado Antonio Nacif Hiza cancelar a favor de Jorge Villavicencio Arauz, la suma de $us. 2.400.-, conforme a la siguiente liquidación:

Desahucio: $us. 900

Indemnización $us. 1.500

TOTAL $us. 2.400

Con responsabilidad que se califica en Bs. 200.- para cada uno de los Vocales que suscribieron el Auto de Vista recurrido, a ser descontados por planilla.

Para resolución, según convocatorias de fs. 123 y 125, intervienen los Sres. Ministros Julio Ortiz Linares y Hugo R. Suárez Calbimonte, de Sala Social y Administrativa Segunda.

Fue disidente el Sr. Ministro Jaime Ampuero García, cuyo voto fue porque se declare infundado el recurso.

Relatora: Beatriz Sandoval de Capobianco

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Dr. Jaime Ampuero García.

Dr. Julio Ortiz Linares

Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte

Sucre, 09 de marzo de 2009.

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara.