SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 08 /04

AUTO SUPREMO Nº 095 - Coactivo Social Sucre, 04 de marzo de 2009.

DISTRITO: Oruro

PARTES: Fondo Complementario de la Caja Petrolera de Salud c/ Juana Ardaya de Rios

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VISTOS: El recurso de nulidad o casación en el fondo y en la forma de fs. 86-90, interpuesto por Juana Ardaya Zabalaga, dentro del proceso coactivo social seguido por Arturo Emilio Aviles Pozo, en su calidad de Liquidador y Representante del Fondo Complementario de Seguridad Social de la Caja Petrolera de Salud, contra el Auto de Vista Nº 425/2003 de 27 de noviembre de 2003 de fs. 82-83; el Dictamen Fiscal de fs. 97, los antecedentes, y

CONSIDERANDO I: Que, en conocimiento de la demanda coactiva social de fs. 11, interpuesta por Arturo Emilio Aviles Pozo, liquidador del Fondo Complementario de Seguridad Social de la Caja Petrolera de Salud, el Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social dictó el Auto Definitivo de 15 de octubre de 2002 de fs. 54-56, declarando probada en parte la demanda sobre pago de alquileres e improbadas las excepciones de impersonería en el demandante, imprecisión, obscuridad y contradicción en la demanda y prescripción; disponiendo que la coactivada cancele la suma de Bs. 1.641,04, consistente en el 50% de la nota de cargo de fs. 1.

En apelación del mencionado fallo, interpuesto por la coactivada a fs. 60-62, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Oruro, dictó el Auto de Vista Nº 425/2003 de 27 de noviembre de 2003 que cursa a fs. 82-83, por el que confirma el Auto apelado, con costas.

En conocimiento del mencionado auto de vista, la coactivada Juana Ardaya Zabalaga, interpone el recurso de nulidad o casación en el fondo y en la forma de fs. 86-90, acusando:

En el fondo:

Violación e interpretación errónea de los arts. 609 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 32 del D.S. Nº 10173 de 28 de marzo de 1972, 15 de la Ley de Organización Judicial y de la nota de cargo del 1º de diciembre de 1999, alegando:

a) Mala aplicación e incorrecta apreciación de la nota de cargo Nº 009/99 por incumplimiento en el pago de alquiler de la oficina de planta baja del inmueble del Fondo Complementario de la C.P.S. en liquidación desde febrero a noviembre de 1999, por cuanto, señala, que para demostrar esta aseveración se debió presentar el talonario de alquileres, requisito esencial y elemental en esta clase de procesos, para demostrar el origen de la deuda. Agrega que no adeuda suma alguna por haber dejado el inmueble el mes de febrero de 1999.

b) Alega también que el tribunal de apelación incurre en falsedad al aseverar que ARTURO EMILIO AVILES POZO es quien inicia el proceso en mérito al Poder otorgado por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, debido a que quien demanda es un pseudo apoderado con el nombre de ARTURO AVILES POZO y que en el poder otorgado existen varios nombres del "supuesto" apoderado, lo que hace de dicho instrumento ilegal, incierto e incorrecto y que por ello sus excepciones debieron ser declaradas probadas. Al no haber advertido esos vicios de nulidad, prosigue, incurrieron en violación del art. 15 de la Ley de Organización Judicial.

c) Asimismo, acusa infracción legal por no haberse considerado que advirtió oportunamente que Arturo Avilés Pozo no es apoderado legal, por la insuficiencia e ilegalidad del poder en el que se consignan diferentes nombres tales como ARTURO EMILIO AVILES POZO, ARTURO AVILES POZO, EMILIO ARTURO AVILEZ POZO, que debió aclararse previamente, lo que no ocurrió y, consiguientemente, el apoderado no se encontraba a derecho para asumir representación alguna y, en esa consecuencia, al no existir parte demandante, no existe juicio alguno. Agrega que el representante tenía la carga procesal de acreditar en el primer escrito su personería.

d) Por otra parte alega que para hacer efectivo el cobro de alquileres, el supuesto actor debió haber adjuntado título de propiedad y recibos de alquileres devengados conforme dispone el art. 3º del DS. 6156 de 6 de julio de 1962, disposición que no fue interpretada correctamente y que por consiguiente se aplicó en forma indebida.

e) Respecto a los arts. 609 del Reglamento de la Ley de Pensiones y el DL. 10173, acusa que el tribunal de alzada, al concluir que el caso de autos se encuentra encuadrada a esas disposiciones y que son inaplicables al caso las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, se salió del marco de la lógica, por cuanto, conforme la pirámide de Kelsen primero está la ley y que en ese marco debería aplicarse el Código Civil y el Procedimiento Civil y la cúspide que es la Constitución Política del Estado. Agrega que el criterio expuesto por el tribunal de alza resulta falto de veracidad, toda vez que, prosigue, en una reunión del mes de octubre, se les manifestó a todos lo inquilinos que se condonarían los alquileres a quienes hicieran dejación de los ambientes, por lo que dejó el inmueble y se fue a un anticrético, por lo que no debe un solo boliviano.

f) Acusa que el tribunal de apelación concluyó que las obligaciones al seguro social prescriben en cinco años, sin considerar que quienes alquilaron el ambiente fueron los Ex trabajadores de Y.P.F.B. y no la Caja de Seguros, por lo que se operó la prescripción dispuesta por el art. 1509 que fue violado e interpretado erróneamente.

En la forma:

a) Acusa la existencia de vicios de nulidad, tales como el hecho de haber dado curso a la admisión de la demanda sin que exista título de propiedad del inmueble, menos los recibos de alquiler, para determinar el monto y el tiempo de los alquileres adeudados. Asimismo, agrega, que la Nota de Cargo está suscrita por Arturo Aviles Pozo y no por Arturo Emilio Avilez Pozo ni por Emilio Arturo Avilez Pozo, lo que debió ser aclarado oportunamente.

b) Alega también que el tribunal de apelación admite al representante de la institución coactivante Arturo Aviles Pozo, sin considerar en absoluto el art. 50 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto en el Poder Nº 19/01 del 20 de enero de 2001, existe una contracción respecto del representante legal y que la persona que se presenta en un proceso a nombre y en representación debe demostrar su personería en el primer escrito, lo que no ha ocurrido en el presente proceso, porque la participación elemental y esencial de toda demanda, son el demandante, el demando y el Juez, que al faltar uno de estos tres elementos principales no existe proceso, menos juicio, consecuentemente esta viciado de nulidad.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado y examinado el recurso en relación a los antecedentes del proceso se concluye que:

Los fundamentos del recurso, tanto en el fondo como en la forma, se circunscriben a tres puntos centrales:

a) La ausencia de los títulos de propiedad del inmueble y los talonarios de los alquileres devengados para verificar el tiempo transcurrido y el monto establecido en la Nota de Cargo 0009/99 y, con ello, la pertinencia en la aplicación del Reglamento de la Ley de Pensiones, el DL. 10173, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil.

b) La representación legal de la entidad coactivante y su legitimación en el proceso y;

c) La prescripción

Así tenido el recurso, se tienen las siguientes consideraciones:

1.- El art. 3º del DS. 6156 de 6 de julio de 1962, invocado por el recurrente a momento de extrañar el titulo de propiedad y los talonarios de los alquileres devengados, señala:

"Los locatarios e inquilinos están obligados, bajo responsabilidad, a exigir los recibos de alquiler en el formulario fiscal, que será el único documento con valor legal probatorio del pago en los trámites administrativos y demandas judiciales emergentes del contrato de locación".

Del contenido normativo glosado se advierte que el fin principal es que, en los contratos de locación o alquiler, se entregue el correspondiente recibo del canon pactado por ese concepto y que ese recibo será el único documento válido para probar que el inquilino pagó el referido canon de alquiler. Consiguientemente, no es correcta la interpretación traída por la recurrente en sentido de que el recibo de lo no pagado y su presentación en el proceso sea una condición para el cobro de alquileres.

Por otro lado, se debe aclarar que conforme se infiere del art. 2 del mismo decreto supremo, el recibo por concepto de alquiler se debe expedir al momento de la percepción de la renta y no como interpreta la recurrente: sin que se haya oblado el monto del canon pactado.

En todo caso, conforme a este dispositivo legal, la recurrente, para acreditar que no adeuda suma alguna a la entidad coactivante, tenía la obligación de adjuntar los recibos oficiales que acrediten los pagos efectuados.

Por último, como bien advierte el tribunal de apelación, el presente es un proceso coactivo social emergente de la Nota de Cargo Nº 009/99 emitida por el Fondo Complementario de la Caja Petrolera de Salud en liquidación, en el marco del art. 609 del Reglamento del Código de Seguridad Social y, en consecuencia, se encuentra sometido a los alcances del DL. 10173, en cuyo contexto no tiene aplicación el art. 3º del DS. 6156 de 6 de julio de 1962 alegado por la recurrente, por cuanto no se trata de un proceso civil de ejecución.

2.- Sobre la representación legal de la entidad coactivante y la legitimación en el proceso del representante legal, se debe precisar que ciertamente en el instrumento notarial Nº 19/01 existen imprecisiones en cuanto al nombre del representante legal, consignándose como ARTURO EMILIO AVILES POZO, EMILIO ARTURO AVILES POZO Y ARTURO AVILEZ POZO sin embargo las mismas no constituyen causales suficientes para la nulidad impetrada, mucho menos para dar cabida a la casación, por cuanto para tales efectos, se tuvo que haber probado que se trata de personas diferentes, lo que no ha ocurrido en autos, más por el contrario a instancias del juez ese aspecto fue aclarado oportunamente, conforme se tiene a fs. 12-14 y resuelto con pertinencia en la resolución de primera instancia en el marco de la excepción de impersonería opuesta por la ahora recurrente.

Sobre el particular se debe convenir que la excepción de impersonería o la exigencia de acreditación de la legitimación activa o pasiva, no tiene otros fines que no sean los de morigerar la intervención, en el pleito de terceros ajenos a la litis, lo que no ocurre en autos, por cuanto, como se tiene expuesto, el demandante se encuentra debidamente identificado y que las observaciones traídas en el recurso sólo constituyen imprecisiones en la consignación del nombre y no así de que se trate de personas distintas, más aún si en los tres casos advertidos por el recurrente los apellidos son los mismos.

Sobre el particular y entratándose de nulidades ésta Corte tiene establecido lo siguiente:

"...conforme a lo doctrinalmente reconocido, la nulidad es una decisión de última ratio y que su aplicación procede en tanto la misma se encuentre expresamente sancionada (principio de especificidad) o que el error procedimental haya causado indefensión o haya incidido en el resultado del fallo..." (AS. 034 - Social I, de 26/10/06).

"...no se justifica la nulidad cuando su única finalidad es la mera perfección procesal ajena a la justicia del caso en concreto...". (AS. 242-Social, de 19/08/05).

Consiguientemente, no existe mérito para la nulidad impetrada, mucho menos para la casación.

3.- Sobre la prescripción alegada, se debe precisar que la nota de cargo es girada por adeudos del canon de alquiler correspondientes a los meses de febrero a noviembre de 1999, emitida el 1 de diciembre de 1999. Asimismo, la demanda coactiva social se presenta el 24 de agosto de 2001 y se notifica el 17 de septiembre de 2001, esto es dentro de los cinco años conforme al art. 465 del Reglamento del Código de Seguridad Social, por lo que no se encuentra operada la prescripción alegada, no siendo de aplicación el art. 1509 del Código Civil a mérito de la naturaleza del proceso coactivo social.

4.- Sin embargo de lo anterior, se debe dejar constancia también que el recurso de casación en la forma, es interpuesto de manera simple y sin seguir la orientación procesal prevista por el art. 254 del Código de Procedimiento Civil, al margen de que no se acusa la violación de las formas esenciales del proceso, menos se especifica cual el derecho lesionado.

Consiguientemente no siendo evidentes las infracciones que se acusan corresponde resolver el recurso intentado en la forma prevista por el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por mandato del art. 252 norma remisiva del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad que le confiere el Art. 60 numeral 1 de la Ley de Organización Judicial, en desacuerdo con el Dictamen Fiscal de fs. 97, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 86-90. Con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs. 400.-, que mandará pagar el Tribunal Ad quem.

Relator: Ministro Dr. Jaime Ampuero García.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Jaime Ampuero García.

Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Sucre, 04 de marzo de 2009

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara.