SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 46/04

AUTO SUPREMO Nº 091 - Contencioso Tributario Sucre, 03 de marzo de 2009.

DISTRITO: La Paz

PARTES: EL DIARIO S.A. c/ Dirección Distrital de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales - La Paz

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 197-199, interpuesto por Antonio Martín Carrasco Guzmán, representante legal de la Empresa El Diario S.A., contra el Auto de Vista Nº 012/2004 de 22 de enero de 2004, cursante a fs. 187, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz dentro del proceso contencioso tributario seguido por El Diario S.A. contra Dirección Distrital de Grandes Contribuyentes del Servicio Nacional de Impuestos Internos; la respuesta de fs. 201-203, el auto que concede el recurso de fs. 204, el dictamen fiscal de fs. 208-209, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que planteada la demanda de fs. 13-14, subsanada a fs. 41, el Juez Tercero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 053/2000 de 18 de noviembre de 2000, de fs. 129-132, declarando improbada la demanda contenciosa tributaria de fs. 13-14 y 41 interpuesta por la Empresa El Diario S.A., por consiguiente firme y subsistente el Pliego de Cargo Impugnado.

En grado de apelación deducida por el representante legal de la empresa demandante, la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 012/2004 de 22 de enero de 2004, cursante a fs. 187, que confirmó la sentencia Nº 053/2000, con costas conforme a ley.

Que, contra la resolución de vista, la empresa demandada a través de su representante legal, interpone recurso de casación en el fondo (fs. 197-199), que se analiza.

CONSIDERANDO II: Que, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 15 de la L.O.J., los tribunales y jueces de alzada en relación a los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la correcta tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar en su caso las sanciones pertinentes.

Que, en la especie es menester realizar las siguientes consideraciones previas:

I. Que, de la revisión de la causa se establece que la Empresa El Diario S.A., interpone demanda contencioso tributaria contra la Dirección Distrital de Grandes Contribuyentes de la Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, impugnando el Pliego de Cargo Nº 203/99 de 19 de noviembre de 1999 cursante a fs. 10 de obrados, fundamentando que la Administración recaudadora olvidó el proceso de determinación previa, que no media una Resolución Administrativa ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada, razón por la cual el referido pliego de cargo es nulo de pleno derecho, porque proviene de simples intimaciones y no de una resolución expresa, careciendo de exigibilidad de pago, vulnerando los arts. 178 al 174 del Cód. Trib., 16, 21, 31, 32, 35, 116-I, II y III, 228 y 229 de la C.P.E.

II.- Que, la Administración Regional demandada sostiene que ha obrado en cumplimiento de lo establecido en los arts. 133, 136 y 204 del Cód. Trib., 17 del D.S. Nº 21530 de 27 de febrero de 1987, ya que estando legislado el procedimiento de liquidación mediante sistema de computación, no puede existir ninguna nulidad, pues los actos administrativos tienen por objetivo lograr el pago de tributos omitidos por los contribuyentes en la fase de cobranza coactiva con base a las autodeclaraciones juradas que no fueron cancelados por el contribuyente.

III.- Que, tomando en cuenta los preceptos legales antes citados, deben aplicarse coordinadamente pero sobretodo teniendo el cuidado de no alterar el espíritu del Cód. Tributario, respetando el principio de igualdad procesal y jurídica de las partes, a este efecto, se tiene:

1) Que, el art. 304 del Cód. Trib., señala claramente cuando procede la cobranza coactiva de créditos tributarios, en mora, multas administrativas, pagos a cuenta, "autodeclaraciones juradas", asimismo refiere que su cobro coactivo expidiendo el correspondiente pliego de cargo sólo procede cuando en todos los casos que se menciona se siguió con el proceso de determinación establecido en los arts. 133 al 155 del mismo cuerpo legal.

2) El art. 136 del Cód. Trib., confiere a la Administración la facultad de verificar la exactitud de las declaraciones y enmendar "errores aritméticos", mediante liquidación de corrección, puesta en conocimiento del contribuyente mediante comunicaciones de sistemas de computación que en la práctica administrativa se las denomina "intimaciones", las que sin embargo no solo alcanzan a dichos errores aritméticos, sino a otros posibles adeudos tributarios, como en la especie, y que en todo caso, la Administración tiene la facultad de realizar "determinación de oficio", pero con sujeción a lo establecido en el art. 136 del Cód. Trib.

3) Asimismo el art. 306 del mencionado cuerpo normativo, establece que para iniciar la acción coactiva es suficiente título el pliego de cargo que debe ser la consecuencia de un acto "determinativo" o sancionatorio, debidamente ejecutoriado, el mismo que además debe contener los fundamentos jurídicos que respalden la penalidad impuesta (art. 304 del citado Código).

IV.- Por lo relacionado precedentemente queda claro entonces que la aplicación de los arts. 133 al 135 del Cód. Trib., relativos a la fase de determinación son de cumplimiento obligatorio, no pudiéndose girar directamente pliego de cargo contra el sujeto pasivo, aunque sea producto de la revisión de sus declaraciones juradas o autoliquidaciones, debiendo necesariamente culminar con la dictación de la resolución determinativa con los requisitos del art. 138, contra la que queda abierta la vía jurisdiccional o alternativamente el recurso de revocatoria (art. 174 Cód. Trib.), con excepción de aquellas que corrijan simples "errores aritméticos"; infiriéndose que los actos administrativos denominados "intimaciones", no pueden ser considerados sentencias, resoluciones determinativas, ni siquiera autos sancionatorios, constituyendo providencias de mero trámite.

V.- En autos la Autoridad Administrativa no ha justificado ni demostrado en forma clara que se trate de errores aritméticos solamente, los reparos contenidos en el pliego de cargo, ingresando directamente a la fase coactiva sin antes haber procedido conforme a ley en la determinación de posibles adeudos, coartando el derecho de defensa del sujeto pasivo, infringiendo así, los arts. 133, 168, 169 y 170 del Cód. Trib., viciando de nulidad todas las actuaciones posteriores inclusive al Pliego de Cargo, lo que no ha sido advertido por los Tribunales de instancia, por lo que en el marco del art. 90 inc. 1º) del Cód. Pdto. Civ., que establece que las normas procedimentales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio, correspondiendo anular todo lo actuado.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el art. 60 atribución 1º) de la Ley de Organización Judicial, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 208-209, ANULA obrados hasta que la Administración de Impuestos Regionales La Paz inicie el proceso de determinación de adeudos impositivos que tuviere la Empresa El Diario S.A., conforme a los argumentos expuestos en el presente Auto Supremo. Sin multa por ser excusable.

Relator: Ministro Dr. Jaime Ampuero García.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Jaime Ampuero García.

Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Sucre, 03 de marzo de 2009

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara.