SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 40/04

AUTO SUPREMO Nº 082 - Contencioso Tributario Sucre, 03 de marzo de 2009.

DISTRITO: La Paz

PARTES: Laboratorio Fotográfico FOTO - GNICOS c/ Administración Regional de Impuestos Internos - La Paz

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 89-91 interpuesto por Juan Carlos Maldonado Benavidez, Gerente Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, del Auto de Vista No. 012/2004 cursante a fs. 85, dictado por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, en el proceso contencioso tributario seguido José Vásquez Blanco, propietario del laboratorio fotográfico "Foto Gnicos" con la entidad recurrente, impugnando la Resolución No. 00030/96 de 24 de enero de 1996, de la Administración Regional en la Paz de la Dirección General de Impuestos Internos; sus antecedentes, las leyes acusadas de infringidas, el Dictamen Fiscal de fs. 98-99, y

CONSIDERANDO I: Que, en conocimiento de la demanda de José Vásquez Blanco, propietario de "Laboratorio Fotográfico Gnicos", interpuesta contra la Administración Regional de Impuestos Internos de La Paz, como se tiene referido, a fs. 4-7, el Juez Tercero en Materia Administrativa, Coactivo Fiscal y Tributaria de La Paz, dictó la Sentencia No. 006/2000 de fs. 64-66 declarándola probada, de acuerdo con el Dictamen Fiscal de fs. 48 y, consiguientemente, nula y sin valor la Resolución Sancionatoria No. 00030 de 24 de enero de 1996, de fs. 12.

En conocimiento de la apelación interpuesta a fs. 70-71 por el Director Distrital de La Paz, del Servicio de Impuestos Internos, José Carlos Burzuri Romero, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior de Justicia de ese Distrito Judicial, de acuerdo con el Dictamen Fiscal de fs. 82, confirma la Sentencia de fs. 64-66.

Auto de Vista del Ad quem, No. 012/2000 de fs. 85 del que, como se tiene referido, el Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de La Paz, interpone el recurso de casación que se examina.

CONSIDERANDO II: Que, interpuesto en el fondo, fundamenta su alegato, en el contexto de la relación de antecedentes para la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada, por omisión en la emisión de facturas, acusando la interpretación errónea del 303 del Código Tributario, Ley No. 1340, que señala el procedimiento para el levantamiento de un acta, por los funcionarios fiscales, dejando constancia de las circunstancias relativas al hecho, su prueba y sujeción a normas legales; suscrita por los actuantes y el titular del establecimiento, dejando constancia si no pudieran o se negaran a firmar.

Sosteniendo que, en el proceso de establecimiento de la omisión sancionada, la extensión de nota fiscal, no es de responsabilidad de la Administración Tributaria el que el comprador al que no se le entregó nota Fiscal, no portara cédula de identidad o se negara a firmar; lo que no invalida la actuación como sostiene el Auto de Vista, no existiendo incumplimiento del citado art. 303-a) y, debiendo recordarse el art. 28 de la Ley Safco que establece la licitud de los actos de los funcionarios públicos.

Como sustento del recurso en el fondo, se sostiene que se ha incurrido en error de hecho en la valoración de la prueba, tenido en consideración que, como se verificó al labrar el acta, la factura emitida a favor del comprador era No. 7368 y no la No. 7373 que es la que correspondía, de acuerdo a la revisión del talonario que cursa a fs. 21; estableciéndose que el cliente al salir del Laboratorio Fotográfico no contaba con la correspondiente nota Fiscal.

Concluye formalizando la interposición del recurso y pidiendo de este Tribunal, case el Auto de Vista y, deliberando en el fondo revoque el fallo de segunda instancia, declarando improbada la demanda y, firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No. 30/96, en todas sus partes.

CONSIDERANDO III: Que, en el examen de los antecedentes del proceso corresponde de principio puntualizar que tratándose del Recurso de Casación como demanda nueva de puro derecho, es pertinente su conocimiento y resolución en los alcances legales y jurídicos que éste tiene, en el marco legal de los arts. 250, 253, 254, 258 y 271 del Código de Procedimiento Civil.

A partir de esta definición se tiene que, planteado el recurso en el fondo, como es el de autos, cuya finalidad en ese efecto es la de unificar la interpretación de las normas jurídicas, creando la jurisprudencia correspondiente, se encuentran limitaciones en su conocimiento al estar restringido en su fundamentación discursiva, a acusar la errada interpretación del art. 303 del Código Tributario, vigente por la Ley No. 1340, referido a procedimiento en casos de defraudación fiscal por no emisión de nota fiscal; vinculando el alegato con la previsión del art. 28 de la Ley No. 1178, denominada Safco, sobre presunción de licitud de las actuaciones de los servidores públicos.

En ese contexto se tiene que en el proceso de inspección o verificación en las instalaciones comerciales del sujeto pasivo, se determinó la facturación a favor de Javier Mendoza como cliente, por la suma de Bs. 49 con la nota fiscal en su poder, No. 7368, que se negó a la suscripción del acta y la entrega de su cédula de identidad; siendo irrelevante si del examen del talón de facturas, los funcionarios de la Administración Tributaria definen que la que correspondía era la No. 7373, no estando absolutamente precisado ni menos demostrado que se hubiera incurrido en omisión de la obligación de facturación por servicios o venta de bienes, en el caso; por lo que se concluye determinando una conducta subjetiva en ellos, en el cumplimiento de sus obligaciones al pretender atribuir al actor responsabilidad y sanciones por el número de la factura, que sí fue emitida como sale el hecho de obrados y de la confesión espontánea de la Administración recurrente.

Con relación a lo anterior, debe quedar claramente establecido que la previsión del art. 28-b) de la Ley No. 1178, no puede constituir base para explicar o justificar un desempeño funcionario con el argumento de la presunción de licitud, debiendo al efecto relacionarse lo anterior con el inc. c) del mismo art. 28 que define el término de "Servidor Público" con señalamiento de los niveles jerárquicos que comprende, y con el art. 6 del D.S. No. 23318-A, reglamentario de la citada Ley, que determina como exigencia para esa licitud en un acto operativo o administrativo la legalidad, ética y transparencia.

De donde se concluye que la actuación de los funcionarios en la verificación de la emisión de notas fiscales en la empresa del demandante, carece de sustento legal ya que contrariamente a lo sostenido en el recurso, el acta de fs. 11 no suscrita por el comprador, simplemente citado o referido y no identificado legalmente, le resta toda validez legal como instrumento legítimo para la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada que, como señala el Adquem confirmando la Sentencia, es nula y carece de valor legal a los fines que se pretende de sancionar a un contribuyente cuya responsabilidad no está claramente establecida, en base a presunción de licitud, ignorando en el marco de la argumentación el Principio de Presunción de Inocencia del art. 16-I Constitucional.

Resultando consecuentemente, no ser evidente la infracción acusada en el recurso y, por el contrario, que los de instancia dieron debida aplicación a las normas legales atinentes al caso y la materia, con apreciación de la prueba en la valoración que le otorgue la ley y la facultad para su valoración, incensurable en casación si no incurrieron en errores de hecho o de derecho; definición que es coincidente con el criterio del Ministerio Público en ambas instancias.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la facultad y atribución que le confiere el Art. 60-1) de la Ley de Organización Judicial, en aplicación del Art. 273 del Código de Procedimiento Civil, en desacuerdo con el Dictamen Fiscal de fs. 98-99, declara INFUNDADO el recurso de fs. 89-91. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley No. 1178 con relación al 22 del D.S. 23215 de 22 de julio de 1992.

Relator: Ministro Dr. Jaime Ampuero García.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Jaime Ampuero García.

Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Sucre, 03 de marzo de 2009

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara.