SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 274/05

AUTO SUPREMO Nº 037 - Social Sucre, 30 de enero de 2009.

DISTRITO: Potosí

PARTES: Justiniano Sustacha Martínez c/ Empresa Constructora APOLO Ltda..

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 71-73, interpuesto por Edwin Rodríguez Horna y Rosalba Gimena Villa Mendizabal en representación legal de la Empresa Constructora APOLO Ltda., contra el Auto de Vista Nº 041/05 de 4 de mayo de 2005, cursante a fs. 68-69, dictado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, en el proceso laboral por pago de desahucio seguido por Justiniano Sustacha Martínez contra la empresa que representan los recurrentes; el auto que concede el recurso de fs. 76 vta., los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que tramitada la causa, el Juez del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Potosí, en fecha 6 de abril de 2005, pronunció la Sentencia Nº 24/2005 de fs. 52-54, declarando improbada la demanda por pago de desahucio; sin costas.

Apelada la sentencia por la parte demandante, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Potosí emitió el auto de vista Nº 041/05 de 4 de mayo de 2005, cursante a fs. 68-69, que recova la sentencia de fs. 52-54 y declara probada la demanda de fs. 7-8, ordenando el pago del desahucio en la suma de Bs. 5.406.-, dentro del tercer día de ejecutoriado el fallo, más la aplicación del I.P.C., previsto en el D.S. Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992. Sin costas.

Que, contra el referido auto de vista, la empresa demandada, a través de sus representantes legales, interpone recurso de casación en el fondo (fs. 71-73), denunciando la violación del art. 159 del Cód. Proc. Trab., al pretender que los contratos debían estar vigentes hasta la conclusión de la obra, lo que no es así, puesto que se suscribieron contratos de obra de acuerdo a ITEM ASIGNADO A CADA TRABAJADOR, razón por la cual no hubo despido intempestivo sino que la relación de trabajo quedó extinguida por CONCLUSIÓN DE ITEM, por lo que al haberse determinado el pago de desahucio, se aplicó indebidamente el art. 13 de la L.G.T., incurriendo asimismo en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, resultando inaudito que funden su resolución en el D.S. Nº 17289 de 18 de marzo de 1980, abrogado por disposición del art. 55 del D.S. Nº 21060 de 29 de agosto de 1985, además que pretenden la inaplicabilidad de la modalidad del contrato de terminación de obra, únicamente por haberse incorporado al contrato el periodo de prueba, inventando la existencia de "duda" en el Juez de grado, con el propósito de aplicar el principio in dubio pro operario.

Concluye solicitando la casación del auto de vista y la confirmación de la sentencia de primera instancia.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto el fundamento del recurso, corresponde su análisis y consideración en base a los antecedentes del proceso, de donde se tiene:

El Tribunal ad quem atento a los agravios expresados en el recurso de apelación de fs. 57-59, revocó la sentencia de primer grado, reconociendo al demandante el pago del desahucio en el marco del art. 13 de la L.G.T., debido al incumplimiento del contrato por parte de la Empresa APOLO Ltda., cuyo distracto le es atribuido, conforme consta en la carta de agradecimiento de fs. 5, quedando así interrumpida la relación laboral sin previo aviso y por un acto unilateral del empleador, ajustándose el fallo de segunda instancia a los principios proteccionistas que orientan la legislación laboral vigente, conforme a las previsiones legales contenidas en los arts. 162 de la C.P.E. y 4º de la L.G.T.

Por otro lado, es menester precisar que la parte demandada, no cumplió con la carga procesal que le impone los arts. 66 y 150 del Cód. Proc. Trab., por cuanto no llegó a demostrar en el proceso que el contrato de obra estuviere limitado a la condición resolutoria de "conclusión de ítem", sino que, por el contrario, lo que sí se encuentra probado en autos (fs. 4) es que el contrato individual fue interrumpido por el empleador antes de su conclusión en el término pactado, consiguientemente no es evidente el error de hecho y de derecho denunciado.

Por lo relacionado precedentemente queda claro que el Tribunal de alzada al revocar la sentencia de grado, ha obrado dentro del marco de la ley, aplicando correctamente las disposiciones legales que sustenta su decisorio, no siendo evidentes las infracciones denunciadas en el recurso, correspondiendo resolver el mismo, de acuerdo a lo que prevén los arts. 271 inc. 2º) y 273 del adjetivo civil, aplicables al caso de autos, por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 de la norma procesal laboral.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la facultad y atribución que le confiere el Art. 60-1) de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 71-73 de obrados; con costas.

No se regula honorario profesional de Abogado en razón de no haber sido contestado el recurso.

Relator: Ministro Dr. Jaime Ampuero García.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Jaime Ampuero García.

Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Sucre, 30 de enero de 2009

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara.