SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 96/04

AUTO SUPREMO Nº 113 - Social Sucre,11 de marzo de 2008.

DISTRITO: Beni

PARTES: Eddy Vicente Coronado Torrez c/ Empresa Constructora ALFA Ltda.

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 121-122, interpuesto por Bergman Cuellar Arauz, en representación de la Empresa Constructora Alfa Ltda., según poder cursante a fs. 9 del expediente, contra el auto de vista de 29 de enero de 2004, cursante a fs. 117-118, pronunciado por la Sala Social de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, dentro el proceso laboral seguido por Eddy Vicente Coronado Tórrez contra la Empresa que representa el recurrente; la respuesta de fs. 125-126, el auto que concede el recurso de fs. 127, los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Trinidad- Beni, pronunció la sentencia de fs. 94-97, declarando probada en parte la demanda de fs. 2 y vta., sin costas, disponiendo que la empresa demandada cancele al actor el monto de $us. 6.205,75, por concepto de sueldos devengados.

En grado de apelación formulado por ambas partes, por auto de vista de 29 de enero de 2004, cursante a fs. 117-118, se confirma la sentencia apelada, con costas.

Que, contra el mencionado auto de vista, Bergman Cuellar Arauz, interpone el recurso de casación en el fondo de fs. 121-122, alegando que el tribunal ad quem ha violado los arts. 161 inc. a) del Cód. Proc. Trab., 1311 y 1312 del Cód. Civ., al haber negado validez a las fotocopias presentadas como prueba en calidad de descargo que no fueron observadas por la parte actora de fs. 16-31, que acreditan conjuntamente con las literales de fs. 10-15 y 69-70, la no existencia de relación laboral, porque el demandante nunca ha sido empleado de ALFA Ltda., sino que era empleado del Sub-contratista Herlan Suárez Gómez a quien le prestaba sus servicios como Ingeniero en el sitio de la obra.

Por lo que solicita la casación del auto de vista de fs. 117-118 y, deliberando en el fondo, se declare improbada la demanda de fs. 2, con costas; además denuncia que el auto de vista condena en costas cuando ambas partes han sido apelantes incumpliendo lo previsto en el art. 237-II del Cód. Pdto. Civ.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, corresponde su análisis y consideración en base a los siguientes aspectos:

Que, el principal aspecto a dilucidar es si efectivamente entre las partes litigantes existió o no relación de dependencia que origine el cumplimiento por parte de la empresa demandada al pago de los salarios asignados en sentencia.

1.- La ley laboral considera que la relación individual de trabajo se da entre dos sujetos, de los cuales uno (trabajador) realiza actos y ejecuta obras o presta servicios a favor del otro (empleador), bajo dependencia de éste, en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen; por consiguiente, se presume que la prestación de servicios dirigidos o regulados son de carácter laboral, a menos que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven demuestre lo contrario.

También es menester precisar que el contrato de trabajo cualquiera sea su denominación, es el acuerdo expreso o tácito de voluntades mediante el cual se crean obligaciones y derechos entre el empleador y el trabajador, no siendo necesario como condición y para que surta efectos legales la solemnidad o que sea escrito, ya que está permitido acreditar por todos los medios legales su existencia, conforme determinan los arts. 6º de la L.G.T. y 5º de su D.R.

A tal efecto, es necesario demostrar y probar durante el desenvolvimiento del proceso, la acreditación de la prestación, que debía ser dirigida, sin necesidad de demostrar que se convino una remuneración, ya que el contrato de trabajo se presume oneroso, porque muchas veces se encapsula la verdadera realidad, bajo la apariencia de una figura no laboral.

2.- En el marco de las consideraciones doctrinales y legales expuestas precedentemente y de la revisión minuciosa de obrados se establece con claridad que tanto el juez de la causa como el tribunal de apelación no aplicaron correctamente las disposiciones legales en que se fundan sus decisorios, por cuanto, la empresa demandada ha dado cabal observancia a la carga procesal que le imponen los arts. 66 y 150 del Cód. Proc. Trab., presentando las literales de fs. 16-31, consistentes en la escritura pública Nº 1526/98 sobre contrato de obra para la construcción y acabado del lote Nº 3 de las obras del proyecto de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Trinidad, suscrito entre la Empresa de Ingeniería y Construcciones ALFA Ltda. y el Subcontratista Ing. Herland Suárez Gómez, por un costo total de la obra de $us. 1.230.241,65, obligándose este último a mantener en obra equipo pesado adecuado, personal y operarios capacitados para la ejecución de los trabajos, bajo la dirección de un Ingeniero Civil con experiencia en construcción que representará al Subcontratista en el sitio de la obra (ver cláusulas novena y decimotercera); de donde se advierte que entre la empresa demandada y el actor nunca hubo relación de dependencia laboral directa que merezca el reconocimiento de los derechos sociales consignados en los arts. 13 y 52 de la L.G.T. y protegidos por el art. 162 de la C.P.E.

3.- Para mayor fundamento, por la literal de fs. 10-14, que está referida a una misiva dirigida por el Subcontratista Herlan Suárez Gómez al Gerente de la Empresa ALFA Ltda., poniendo en conocimiento que Jorge Coronado Tórrez es representante de su persona en el proyecto y que su hermano Eddy Vicente Coronado Tórrez ejerce las funciones de Ingeniero Civil en el sitio de la obra, expresión que guarda absoluta relación con el pliego de especificaciones y condiciones generales del contrato de fs. 16-31, resultando por ello, que no se cumplen con las exigencias establecidas en el D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993, para que esta relación pueda ser considerada como de carácter laboral; sino que por el contrario, se evidencia que el actor debió iniciar el cobro de sus derechos sociales a la persona de quien dependía en forma directa; por consiguiente, las planillas de fs. 36 y 37, no son suficientes para enervar la prueba de descargo analizada y que el hecho de no estar legalizadas conforme estipula el art. 1311 del Cód. Civ., ello no implica que no puedan ser analizadas por los jueces de grado, por cuanto, contienen un acto declarativo y representativo de acuerdo a lo previsto por el art. 159 del Cód. Proc. Trab., ya que su análisis conlleva a la resolución del fondo del litigio, dando efectiva obediencia a lo señalado en el art. 59 del adjetivo laboral; además no debe olvidarse el hecho de que dicha prueba no ha sido observada por la parte actora.

En el marco de lo precedentemente expuesto, este tribunal considera evidentes las infracciones denunciadas por el recurrente, lo que debe ser enmendado, por ello se debe aplicar la disposición 274-I del Cód. Pdto. Civ., aplicable al caso de autos por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida en el art. 60 inc. 1) de la L.O.J., CASA, el auto de vista de 29 de enero de 2004 de fs. 117-118 y, deliberando en el fondo, declara improbada la demanda de fs. 2-3, sin costas y sin multa por ser excusable.

Para resolución, según convocatorias de fs. 130 y 132, intervienen los Sres. Ministros Hugo R. Suárez Calbimonte y Eddy Walter Fernández Gutiérrez, de la Sala Social y Administrativa Segunda.

Fue disidente la Sra. Ministra Beatriz Sandoval de Capobianco, cuyo voto fue por que se declare infundado el recurso.

Relator: Ministro Dr. Jaime Ampuero García.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Jaime Ampuero García.

Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte

Dr. Eddy Walter Hernández Gutiérrez

Sucre,11 de marzo de 2008

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara.