SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 76/04

AUTO SUPREMO Nº 088 - Social Sucre, 28 de febrero de 2008.

DISTRITO: Chuquisaca

PARTES: Ruth Vivian Gutiérrez Sáinz y otro c/ Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca

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VISTOS: El recurso de casación de Fs. 159-162 interpuesto por Walter Arízaga Cervantes en su condición de Rector, por la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, del auto de vista No. 018/2004 de Fs. 155-156, dictado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, en el proceso laboral seguido por Ruth Vivian Gutiérrez Sainz y Gabriel Peláez Gantier contra la recurrente, demandando pago de reintegro de beneficios sociales; los antecedentes del proceso, lo alegado por las partes, el Dictamen Fiscal de Fs. 184-185, y

CONSIDERANDO I: Que, la Sentencia No. 48/03 de Fs. 134-135, dictada por la Jueza Segundo del Trabajo y Seguridad Social de Chuquisaca, declara probada la demanda de Fs. 16-18 y 23, disponiendo, en consecuencia, que la Universidad demandada cancele a los actores por concepto de reintegro de indemnización Bs. 95.983.- a Vivian Gutiérrez de Linares, como saldo final del monto total condenatorio de Bs. 270.833.- del que se deduce el anticipo de Bs. 174.850.- en base a un salario mensual promedio indemnizable de Bs. 10.000.- por 27 años y 1 mes de antigüedad. A Gabriel Peláez Gantier Bs. 48.730.- saldo del monto de Bs. 165.500.- del que se deduce el pago previo de Bs. 116.770.-, en base a un salario mensual promedio de Bs. 6.000.- por 27 años y 7 meses de antigüedad.

Apelada la sentencia por la Institución demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de ese Distrito Judicial la confirma totalmente, por Auto de Vista No. 018/04 de Fs. 155-156, con costas en ambas instancias.

Auto de vista del que la Universidad demanda interpone el recurso de casación, que se pasa a examinar.

CONSIDERANDO II: Que del análisis y conocimiento del mismo, cursante a Fs. 159-162, interpuesto en el fondo, se tiene:

Que el recurso en el memorial de interposición, con el título de "Fundamenta Agravios" hace una relación de las pretensiones y alcances de la demanda de los actores a través de su apoderado legal, de pago de beneficios sociales por todo el lapso que prestaron servicios a la Universidad de Chuquisaca, por más de 27 años, incluyendo el periodo comprendido entre octubre de 1980 y junio de 1981 que, por definición del Gobierno Militar de entonces, que intervino las universidades del país dispuso la cesación de las actividades docente estudiantiles; lapso de 10 meses en el que se reordenó el Sistema Universitario y fue la propia Universidad demandada a través de su Rector que invita a los docentes a reasumir funciones. A continuación transcribe las definiciones de "Cesantía", "Cesar", "Cesación" e "Interrumpir" del Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas.

Que, continúa, al existir cesantía o interrupción no existe el vínculo obrero patronal, conforme a la Jurisprudencia en casos análogos; citando al efecto autos supremos sobre el tema, emitidos en demandas sociales por beneficios sociales, después del golpe de estado de 1971.

Refiere que la Universidad emitió la Resolución No. 006/6-82 de la X Conferencia de Rectores y Dirigentes Universitarios, para el retorno de los docentes despedidos por causas político sindicales con el consiguiente reconocimiento de antigüedad, pero no para el pago de beneficios sociales; situación normada por el D.S. No. 17286 de 17 de marzo de 1980, cuyo art. 1º instituye que el tiempo de cesantía por causas político sindicales, debidamente comprobados conforme al D. S. No. 16167 de 16 de febrero de 1979, (se acreditará) mediante resolución ministerial.

El Sistema Universitario, cita, reconoce que ha habido una ruptura en la relación obrero patronal y en aplicación del art. 3 del D.S. 07850 de 1º de noviembre de 1966, el trabajador conservará su antigüedad sólo para efectos del cómputo de categorización o bono de antigüedad y periodo anual de vacaciones. Situación que se ha respetado a cabalidad con los actores, haciendo constar que no han presentado documento alguno que avale su despido por causas político sindicales, para que el tiempo de cesantía no se tome como interrupción de acuerdo al D.S. No. 1592 de 19 de abril de 1949, cuyo art. 15 indica que de acuerdo con el art. 1 de la Ley de 21 de diciembre de 1948, las disposiciones de la misma no se aplicarán a los funcionarios públicos.

Fundamenta que la prueba de Fs. 41 a 58 y 72 a 136 demuestra que la Universidad de San Francisco Xavier no fue la causante del cierre temporal, que existió cesación de funciones docentes, que a muchos otros profesionales se les canceló sus beneficios sociales por esa interrupción, que no existe ningún documento que avale que los demandantes hayan efectuado reclamo alguno; por lo que el Adquem hace una interpretación errónea de los hechos al determinar que es aplicable el art. 6 del D.S. No. 1592, obviando el art. 15 del mismo.

Dice, haberse desvirtuado el espíritu de los arts 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Reglamento al interpretar que la prescripción se interrumpió con la continuidad laboral, cuando nuestra Jurisprudencia y legislación laboral establecen que esa interrupción se produce por el reclamo de los interesados ante autoridad competente o no, de acuerdo con el art. 1503 del Código Civil.

Concluye acusando la infracción de los arts. 13 y 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Reglamento e interponiendo el presente recurso para que, el Tribunal Supremo se pronuncie casando el Auto de Vista y, deliberando en el fondo, declare improbada la demanda en el concepto accionado.

CONSIDERANDO III: Que del examen y conocimiento anterior, se establece que el recurso en conclusión se limita a acusar la infracción de las normas recién citadas, sobre las que corresponde al Tribunal pronunciarse en el fondo.

Que, con relación a lo alegado se tiene claramente establecido que la interrupción en la relación laboral, de 10 meses, entre octubre de 1980 y junio de 1981 fue absolutamente ajena a la voluntad de los demandantes, siendo emergente de una acción de gobierno en situación de hecho que afectó a todo el sistema universitario nacional, con las peculiaridades que se dieron y que, en ningún caso son equiparables a las del despido por causas político sindicales, que este implica una rescisión del contrato de trabajo originado en el conflicto del enfrentamiento de ideas y definiciones personales en ámbito de la lucha política en procesos de facto. Situación que no es la de autos ya no hubo despido con esa definición, sino un periodo de receso en el que el docente universitario mantuvo su compromiso de prestación de servicios a la Universidad, impedido de cumplir por razones y circunstancias ajenas a su voluntad.

En el caso, la definición de cierre de las universidades del país, con fines alegados entonces, de reordenamiento institucional, afectó a todo el ámbito docente de ellas, sin producirse una acción de cesación en la prestación de servicios individual que, amerite la exigencia de cumplimiento del D.S. No. 17286 de 18 de marzo de 1980 con relación al No. 16167 de 16 de febrero de 1979, para la gestión individual para la emisión de una resolución ministerial que acredite la cesantía o despido por motivos político sindicales.

Si la situación que se dio en ese momento fue de crisis institucional en un proceso político en una situación de hecho, ajeno al tema sindical en las universidades, resulta pertinente la aplicación al caso, como lo han definido los de instancia, el art. 6-e) del D. S. No. 1592 de 19 de abril de 1949 en tanto y en cuanto queda claro que la interrupción en la prestación de servicios de los actores se debió a causas que les eran absolutamente ajenas.

En lo atinente a la pretendida aplicación a ellos de la previsión del art. 15 que se reclama se tiene que, si bien, en un sentido, pueden ser considerados como funcionarios públicos al haber prestado servicios en una institución del Estado, no debe ignorarse que la Universidad demandada estuvo gobernada y administrada en un régimen de autonomía que incorpora a su personal en el sistema protectivo de la Ley General del Trabajo y normas conexas de la legislación social; resultando írrita y poco sería la afirmación en contrario para eludir el cumplimiento de obligaciones sociales.

Con relación a la infracción que se acusa del art. 13 de la L.G.T., se tiene que la misma resulta incongruente, ya que la norma prevé el pago de beneficios sociales por despido injustificado, no ha sido fundamentada en el recurso y no guarda relación de pertinencia con el fondo del mismo.

Por lo analizado y referido precedentemente, resulta insustancial referir la infracción que se plantea de los arts. 120 y 163 de la Ley General del Trabajo y su Reglamento, respectivamente, primero por ser inatinentes al caso, ya que como se tiene dicho existe continuidad en la prestación de servicios de los actores en el marco de la relación laboral desde su contratación original, Vivian Gutiérrez de Linares del 1º de diciembre de 1972 al 31 de diciembre de 1999 y, Gabriel Peláez Gantier del 1º de diciembre de 1972 al 31 de marzo de 2001; ambos por más de 27 años, con la interrupción a la que son ajenos entre octubre de 1980 y junio de 1981, cuando son invitados por el Rector de la Universidad a "reasumir funciones", esto es, volver a una prestación interrumpida, no conclusa, con sentido de continuidad, que se pide se la retome. Resultando insustancial y carente de seriedad lo aseverado en contrario al respecto en el recurso, en este aspecto.

De donde se concluye no ser evidentes las infracciones referidas y acusadas, habiendo obrado la Juez de primera instancia en la calificación y valoración de la prueba y de los antecedentes del proceso, con criterio legal, incensurable en casación si no incurrió en errores de hecho o de derecho y, el Ad quem en el marco de las atribuciones jurisdiccionales que le otorga el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, al confirmar la sentencia.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la facultad y atribución que le confiere el Art. 60-1) de la Ley de Organización Judicial, en aplicación del Art. 273 del Código de Procedimiento Civil, en desacuerdo con el Dictamen Fiscal de Fs. 184.185, declara INFUNDADO el recurso de casación de Fs. 159 a 162, con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs. 400.-, que el Tribunal ad quem mandará hacer efectivo.

Para resolución, según convocatoria de fs. 190, interviene el Sr. Ministro Eddy Walter Fernández Gutiérrez, de Sala Social y Administrativa Segunda.

Fue disidente la Sra. Ministra Beatriz Sandoval de Capobianco, cuyo voto fue por la anulación de obrados.

Relator: Ministro Dr. Jaime Ampuero García.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Jaime Ampuero García.

Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez

Sucre, 28 de febrero de 2008

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara.