SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 408/02

AUTO SUPREMO Nº 293 - Social Sucre, 04 de mayo de 2007.

DISTRITO: Oruro

PARTES: Roxana Volga Peredo López c/ Cooperativa de Autotransporte Oruro

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VISTOS: Elrecurso de nulidad de fs. 134-136, interpuesto por Roxana Volga Peredo López, contra el auto de vista Nº 183/2002 de 19 de junio de 2002, cursante a fs. 130-131, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso laboral seguido por la recurrente contra la Cooperativa de Auto Transporte Oruro Ltda., la respuesta de fs. 139-140, el auto concesorio del recurso de fs. 141 vta., los antecedentes procesales.

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Jueza Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro, pronunció la sentencia Nº 35/2002, en 25 de marzo de 2002, cursante a fs. 105-107, declarando improbada la demanda de fojas 13-14 e improbada la excepción perentoria de prescripción opuesta por la empresa demandada a fs. 26, sin costas; consecuentemente sin lugar al pago de subsidios prenatal, natalidad y lactancia demandados por la actora.

En grado de apelación a instancia de la demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, emitió el auto de vista Nº 183/2002 de 19 de junio de 2002, cursante a fs. 130-131, por el que confirma la sentencia en todas sus partes, con costas en ambas instancias.

Que contra el mencionado auto de vista, la parte demandante interpone el recurso de nulidad de fs. 134-136, alegando que el fallo de alzada no consideró el principio de irrenunciabilidad de los derechos de seguridad social, respecto del pago de los subsidios reclamados, ni observó lo dispuesto por los arts. 18 del C.S.S. y 481 de su Reglamento, en directa relación con los arts. 157 y 158 de la C.P.E.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, de la revisión del auto de vista de Fs. 130 a 131, se establece:

El art. 193 de la C.P.E., del Título Quinto de la C.P.E., consagra el régimen familiar, determinando que el matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección del Estado; en el mismo sentido los arts. 157-I y 162 del Texto Constitucional, previenen que el trabajo y el capital gozan de la protección del Estado proclamando la irrenunciabilidad de los derechos sociales, en concordancia con lo establecido en los arts. 1º tanto del C.S.S. y de su D.R.

Dentro del ámbito de las asignaciones familiares, que son parte de los seguros a corto plazo, a partir de la vigencia del D.S. Nº 21637 de 25 de junio de 1987, se encuentran los subsidios prenatales, de natalidad, lactancia y sepelio; siendo los tres primeros demandados por la recurrente y que fueron indebidamente negados por los jueces de instancia con el argumento de que la actora no presentó los documentos para el trámite de afiliación respectivo ante la Caja Nacional de Salud, de acuerdo al Reglamento de Asignaciones Familiares. Al respecto, conviene precisar que si bien es obligación de la trabajadora presentar la documentación pertinente para el trámite de afiliación ante dicho ente gestor, no es menos evidente que esta obligación es atribuible única y exclusivamente a la Cooperativa demandada, más aún, cuando se observa del cuaderno procesal que esta obligación ha sido incumplida por el empleador desde el inicio de la relación laboral.

Luego, estas prestaciones familiares, al constituir derechos inherentes a la condición de mujer cuya protección esta reconocida por nuestra Carta Constitucional y que por imperio del art. 228 no pueden estar supeditadas al Reglamento que invocan los jueces de grado, mas aún si los subsidios están destinados al consumo y uso inmediato como consecuencia del embarazo y del nacimiento del hijo en períodos donde tanto la madre como el hijo necesitan de extremo cuidado por su delicado estado de salud (fs. 2-4); por ello los subsidios consignados en el D.S. Nº 21637 de 25 de junio de 1987, son irrenunciables, en consecuencia la negligencia de la parte demandada de no realizar los aportes ante el ente gestor, siendo agente de retención, conlleva la obligación de otorgar los subsidios demandados a tiempo de conocer el estado de gravidez de la demandante y al no haberlo hecho, corresponde sean cancelados.

Por lo expuesto precedentemente, se evidencia que el Tribunal de alzada al confirmar la sentencia de primera instancia, no consideró las disposiciones aludidas y no valoró la prueba en forma adecuada, lo que corresponde enmendar, dando aplicación a lo previsto en los arts. 271 inc. 4) y 274-I del Cód. Pdto. Civ., aplicable al caso de autos por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la atribución prevista en el art. 60-1) de la L.O.J., CASA, el auto de vista Nº Nº 183/2002 de 19 de junio de 2002, cursante a fs. 130-131 y, deliberando en fondo declara PROBADA la demanda de fs. 13-14 y rectificada a fs. 16, disponiendo el pago a favor de la actora de los subsidios demandados, en el monto de Bs. 6.390.-, conforme a la liquidación consignada a fs. 13 vta., con costas. Sin multa por ser excusable.

Para resolución, según convocatoria de Fs. 144, interviene el Sr. Ministro Juan José González Osio, de Sala Social y Administrativa Segunda.

Relator: Ministro Dr. Jaime Ampuero García.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Jaime Ampuero García.

Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Dr. Juan José González Osio

Sucre, 04 de mayo de 2007

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara.