SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 216/02

AUTO SUPREMO Nº 087 - Social Sucre, 13 de febrero de 2007.

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES: Jhon William Cabrera Vargas c/ Julio Eleazar Daza Zuleta

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

VISTOS: El recurso de casación en la forma de Fs. 107 interpuesto por Jhon William Cabrera Vargas contra el auto de vista Nro. 075 de Fs. 104, dictado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz en 11 de marzo de 2002, dentro del proceso laboral seguido por el recurrente contra Julio Eleazar Daza Zuleta; los antecedentes del proceso, las infracciones acusadas, lo alegado por las partes, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral conforme a ley, el Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz pronunció la sentencia de fs. 93-94 en 27 de septiembre de 2001 por la que declara probada la demanda, con costas, y ordena al demandado pagar en favor del demandante la suma de Bs. 27.533.-. En apelación, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en 11 de marzo de 2002, emitió el auto de vista de Fs. 104 por el que anula obrados hasta la recepción de la prueba, con el fundamento de que en las declaraciones de los testigos no se dejó constancia de haber sido leídas aquéllas, así como por no haberse dado cumplimiento a lo establecido por el Art. 418 del Código de Procedimiento Civil, especialmente en la última parte de su numeral I y el numeral II. Contra esta resolución se interpuso el recurso de casación que se analiza.

CONSIDERANDO II: Que, la nulidad determinada por el Tribunal de apelación se funda en la falta de constancia -en las actas- de haberse dado lectura a las declaraciones de los testigos para que éstos puedan hacer aclaraciones o modificaciones, al igual que en las declaraciones confesorias prestadas.

Que, en primer término, es pertinente referir la jurisprudencia establecida por este Tribunal Supremo, respecto a la celeridad procesal y las nulidades procesales. El AS. 005/2004 de 07 de enero de 2004 expresa que "...la tarea fundamental del juzgador es precisamente administrar justicia, dirimir la controversia a efectos de la materialización del derecho sustantivo en la que la aplicación del derecho procesal resulta subsidiaria y no un fin en sí mismo..." y, respecto a la nulidad, en el A.S. Nro. 137 de 17 de marzo de 2004 se ha pronunciado en sentido de que "El procedimiento garantiza el debido proceso y la pronta administración de justicia y no puede ni debe interpretarse como un fin en sí mismo o como fórmulas sine qua non, de modo tal que se constituyan en óbice que impidan satisfacer prontamente las expectativas de los justiciables; así el Art. 59 del Código Procesal del Trabajo previene que las normas procesales contenidas en el adjetivo laboral deberán ser interpretadas tomando en cuenta que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial, es decir que no persigue su propia realización, sino el de decir el derecho con prontitud y en resguardo de los principios de contradicción e igualdad"; asimismo, en el A.S. Nro. 304 de 5 de octubre de 2004, ha manifestado que "...es menester considerar que la formalidad no debe entenderse como una limitante para la justicia del caso específico, no sólo porque, como en el sub lite, no se haya reclamado, sino en la medida en que es obligación del administrador de justicia, precisamente velando por el interés superior y originario de las partes, procurar pronunciamientos sobre lo litigado, evitando, en lo que fuere posible, el reenvío y no se constituya perjudicial para la pronta solución jurídica del caso, observando el principio de celeridad prescrito por el artículo 1 numeral 13 de la Ley de Organización Judicial y consagrado en el artículo 116 parágrafo X de la Constitución Política del Estado; también en el A.S. Nro. 023 de 31 de enero de 2005 ha expresado que " En el marco del estricto ritualismo procesal, la negligencia advertida en el trámite de la causa, por su vinculación con el precepto contenido en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, cuyo cumplimiento se ha soslayado, la solución de la causa no tendría mas alternativa que la nulidad de obrados, lo que sin embargo, conforme lo tiene establecido esta Corte en uniforme jurisprudencia (AS. 137-Social de 17/03/04) repercutiría en innecesaria retardación de justicia, mas aún si tales actos no tuvieron mayor gravitación en el derecho a la defensa que, en efecto, el demandado lo ha ejercido con amplitud. Por otro lado se incurriría de manera incorrecta en subordinar el sustantivo al adjetivo en contradicción con la expresa determinación del art. 59 del Código Procesal del Trabajo de cuya inteligencia se deberá entender que el procedimiento no entraña un fin en sí mismo, sino, la materialización del sustantivo (....). De ahí que, en la materia no corresponde dar cabida a la nulidad, sino resolver el fondo de la controversia en el marco de las violaciones acusadas en el recurso."; finalmente, en el A.S. Nro. 241 de 19 de agosto de 2005 ha establecido que "... en materia de nulidades, rige el principio de especificidad que recoge el art. 251 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la materia con la permisión del art. 252 del Procesal Laboral, en virtud del cual, ningún trámite será declarado nulo, si la nulidad no estuviere determinada previamente en la ley. Principio que es acompañado por el de trascendencia, por el cual no existe nulidad si la violación no tiene importancia, por aquello de que "no hay nulidad sin perjuicio". Es decir, que para dar lugar a la nulidad es preciso que la infracción haya ocasionado algún gravamen a la parte que la invoca. Demás está decir también, que en virtud del principio de convalidación, toda violación de forma que no se hubiera reclamado oportunamente por quien se sienta perjudicado, se considera convalidada con el consentimiento tácito".

Ahora bien, en el caso sub lite, el Tribunal de apelación dispone la nulidad de obrados por la inobservancia de los arts. 173 del Código Procesal del Trabajo y 418 del Código de Procedimiento Civil, empero no ha tomado en cuenta que si bien son ciertas las circunstancias sobre las que fundamenta su fallo, no deja de ser menos cierto que el demandante, conforme se desprende de las actas de fs. 52 a 55 y de 60 a 64, estuvo presente en las audiencias de recepción de las declaraciones testificales de cargo y de descargo y, en su momento y en la misma audiencia, no reclamó la falta de la lectura de las declaraciones recibidas, como tampoco pidió la lectura de su propia declaración confesoria de fs. 65, ni de la del demandante de fs. 66, dando así su asentimiento y conformidad tácitos con las actas levantadas, por una parte; por otra, más importante aún, es que no puede soslayarse el hecho de que en el recurso de apelación formulado por el demandado a fs. 96-97, si bien hace notar las circunstancias anotadas que dieron lugar a la nulidad de obrados, empero, en la pretensión de fondo de dicho recurso no pide la nulidad de obrados sino la revocatoria de la sentencia, aspectos éstos que no han sido debidamente considerados por el inferior. Es más, conforme la jurisprudencia glosada precedentemente y según se establece de la tramitación del proceso, la circunstancia de no haberse dado lectura a las declararaciones testificales y confesorias no ha afectado al debido proceso, menos el derecho a la legítima defensa del demandado que, por el contrario, lo ha ejercido a plenitud y sin restricción de ninguna naturaleza; además, que tales circunstancias no causan perjuicio alguno a las partes y el reenvío del proceso ante al Juez A quo, para "subsanar" aquellas omisiones, sólo afectarían a la celeridad procesal, correspondiendo, en consecuencia, que el Tribunal Ad quem se pronuncie sobre el fondo del recurso de apelación formulado, con la pertinencia establecida por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la facultad y atribución que le confiere el Art. 60-1) de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta el auto de vista de fs. 104 inclusive, dejando sin efecto el sorteo de fs. 103 vlta. y disponiendo que el Tribunal de apelación, sin esperar turno y previo sorteo, pronuncie nuevo auto de vista conforme los fundamentos de la presente resolución. Sin responsabilidad por ser excusable.

Relatora: Ministra Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Dr. Jaime Ampuero García.

Sucre, 13 de febrero de 2007.

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara.