SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 4/02

AUTO SUPREMO Nº 103 - Social Sucre, 15 de diciembre de 2006.

DISTRITO: Chuquisaca

PARTES: Victoria Molina Arias c/ Empresa de Plásticos "Avemar".

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 363-365 interpuesto por Victoria Molina Arias contra el auto de vista No. 295/01 de 19 de octubre de 2001 cursante a fs. 359-360, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro el proceso laboral seguido por la recurrente contra la Empresa de Plásticos "Avemar"; los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO I: Que, Tramitada la causa conforme a ley, el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Sucre, pronuncia la sentencia Nro. 084/2001 en 22 de agosto de 2001, de fs. 337-339, por la que declara probada la demanda, con costas, disponiendo que la empresa demandada pague en favor de la demandante la suma de Bs. 36.433,38, por concepto de desahucio, indemnización, sueldos devengados, vacación y primas; la suma de Bs. 400.- por subsidio de natalidad, en especie, y la suma de Bs. 5.200.- por concepto de subsidio de lactancia, también en especie.

Apelada la sentencia por la parte demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, emite el auto de vista No. 295/01 de 19 de octubre de 2001 cursante a fs. 359-360 de obrados, por el que se anula obrados hasta fs. 336 inclusive, para que el Juez de la causa se pronuncie sobre el recurso de fs. 327-328.

Esta resolución dio lugar al recurso de casación en el fondo que se analiza, en el que concretamente se acusa la violación del art. 251 parágrafo I del Cód. Pdto. Civ. por haberse incurrido en la ilegalidad de anular el proceso; la violación del 236 del mismo cuerpo procedimental por no haberse circunscrito, el auto de vista, a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de la apelación y fundamentación; finalmente, acusa la retardación de justicia con una innecesaria anulación de obrados sin que cursen infracciones que interesan al orden público, en contra de los principios de pronta administración de justicia y economía del proceso, solicitando se case el auto de vista y se declare válida la sentencia.

CONSIDERANDO II.- Que, ingresando al análisis de los antecedentes procesales, que dieron lugar a la nulidad determinada por el Tribunal Ad quem, y a los fundamentos del recurso de apelación, abierta como se encuentra la competencia de este Tribunal Supremo, en primer término tenemos que, respondida que fue la demanda, el Juez de la causa dicta auto de relación procesal de fs. 260 vlta., abriendo término de prueba con señalamiento de los puntos de hecho a probar sobre los beneficios sociales demandados, en el marco normativo del art. 149 del Cód. Proc. Trab. Vigente dicho plazo, la Empresa demandada ofrece prueba a fs. 321-322, entre otras de inspección ocular de documentación que había presentada como prueba en un proceso penal, inspección que el A quo rechazó de plano con el fundamento de que la misma no corresponde al estar la causa referida al cobro de beneficios sociales. Dicha negativa motivó la interposición del recurso de reposición con alternativa de apelación, fs. 327, al amparo de la previsión del art. 215 del Cód. Pdto. Civ. y en base a la permisión del 252 del Cód. adjetivo laboral, decretándose traslado a la parte actora que, a fs. 340 responde pidiendo se rechace la reposición pedida y se dicte sentencia, recurso que es resuelto conjuntamente la sentencia en la que se rechaza y al mismo tiempo se concede el recurso de apelación, conforme consta en los dos últimos considerandos de la sentencia.

En segundo lugar, de la contrastación de los antecedentes procesales con los argumentos del recurso, se llega las siguientes conclusiones:

El Tribunal Ad quem, evidentemente, no sólo ha incurrido en la violación del art. 251-I del Cód. Pdto. Civ., al anular obrados por una causal que no se encuentra específicamente determinada por la ley y que tampoco se adecúa a la previsión del art. 252 del mismo cuerpo legal, sino también en la violación de los principios generales del Derecho Laboral.

El art. 251-I del Cód. Pdto. Civ. establece que toda nulidad debe estar expresamente determinada en la Ley, conforme el principio de especificidad. Este principio sustenta que las nulidades, por su trascendencia, deben ser declaradas únicamente en los casos en que sean estrictamente indispensable y cuando así lo determine la Ley, con el objeto de impedir las frecuentes pretensiones indebidas de los litigantes, propensos a encontrar motivos de nulidad sin sustento legal alguno. Por su parte, el art. 247 de la L.O.J. establece con claridad y precisión las causales de nulidad de obrados, siendo éstas: a) la falta de citación con la demanda, b) la falta de notificación con el auto de apertura del término de prueba y c) la falta de notificación con la sentencia, circunstancia procesales que en el caso de autos no ocurre. Por otro lado, la falta de resolución del recurso de reposición con alternativa de apelación, tampoco es causa de nulidad por infracción del interés público, pues tal denuncia no existe por lo que se dirá a continuación.

El art. 153 del Cód. Proc. Trab. establece que las pruebas deben ceñirse a la materia del proceso, siendo inadmisibles las legalmente ineficaces; asimismo, en su última parte, faculta al Juez rechazar la práctica de pruebas obviamente inconducentes.

Ahora bien, en virtud a tales disposiciones y facultades por ley conferidas, el Juez A quo, con acertado criterio, rechazó la práctica de la inspección ocular solicitada por la empresa demandada, en virtud a que "...se litigan beneficios sociales y otros", por tanto la consideró ineficaz y obviamente inconducente para la comprobación, de los derechos reclamados por la demandante. Al respecto, habrá que recordar que la inspección judicial, conforme lo establece el art. 183 del Cód. Proc. Trab. tiene como finalidad "...la práctica de inspecciones o reconocimientos judiciales de lugares, cosas, bienes, muebles, inmuebles, semovientes o de personas...", es decir que la inspección ocular no se puede pedir, como se pretende, para "verificar la documentación que fue entregada..." a la empresa demandante; esa no es su finalidad. Peor aún si, como afirma en su memorial de reposición de fs. 326-327, dicha inspección perseguía "...demostrar que la Sra. Victoria Molina nunca ha rendido cuentas de sus acciones, y tan solo se conformó con dejar en nuestra fábrica una bolsa de polietileno conteniendo un sinúmero de documentos en total desorden..." aspecto ajeno a la demanda de beneficios sociales y a los puntos de probanza establecidos en el auto de fs. 260 vlta.

Una vez rechazada de plano la inspección ocular, ésta no podía ni puede admitir la interposición del recurso de reposición con alternativa de apelación, si no es en franca violación de los Principios Generales del Derecho Procesal Laboral, pues bastará recordar, por una parte, que el art. 2 del Cód. Proc. Trab. establece que "Este código dará autonomía a los procedimientos del trabajo y eliminará todo uso y remisión a las normas adjetivas de otros campos jurídicos. Tiene como finalidad esencial reforzar los poderes del juzgador (...) respecto a la dirección del proceso y todos los trámites de materia laboral y de seguridad social" y, por otra, que el recurso de reposición con alternativa de apelación no está previsto dentro de la normativa procesal laboral, precisamente, porque incidiría contra los principios de economía y celeridad procesales, puesto que, de admitirse tal recurso, simplemente daría lugar a que sea utilizado de manera indiscriminada y se atentaría contra la continuidad y la propia naturaleza sumaria del proceso laboral. Por lo mismo, no puede ser aplicable la excepción remisiva contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

Consecuentemente, en mérito a los fundamentos precedentemente expuestos, habiéndose procedido a la nulidad de obrados por una causa no contemplada específicamente por la ley, corresponde resolver el recurso en la forma prevista por el art. 274 del Cód. Pdto. Civ., aplicable con la permisión contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad prevista en el Art. 60-1) de la L.O.J., CASA el auto de vista No. 295/01 de 19 de octubre de 2001 cursante a fs. 359-360 y, deliberando en el fondo, mantiene firme y subsistente la sentencia de fs. 337-339. Sin responsabilidad por ser excusable.

Para sorteo y resolución de la causa, según la convocatoria de fs. 344, interviene el Ministro Eddy Wálter Fernández Gutiérrez, Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda.

Para resolución, según convocatoria de fs. 345, interviene el Ministro Juan José González Osio de Sala Social y Administrativa Segunda.

Relator: Ministro Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Jaime Ampuero García.

Dr. Juan José Gonzáles Osio.

Sucre, 15 de diciembre de 2006

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara