SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 610/01

AUTO SUPREMO Nº 102 - Social Sucre, 15 de diciembre de 2006.

DISTRITO: Cochabamba

PARTES: Irma Vargas Lagraba c/ EIPROCOR Equipo Integral de Proyectos y Construcciones Rurales.

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VISTOS: El recurso de Casación de fs. 85, interpuesto por Germán Soto Encinas, en representación de EIPROCOR (Equipo Integral del Proyectos y Construcciones Rurales) y el recurso de fs. 90-92 interpuesto por Irma Vargas Lagraba, ambos contra el auto de vista de fs. 82-83, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso social seguido por Irma Vargas Lagraba contra EIPROCOR; la respuesta de fs. 94, el Dictamen Fiscal de fs. 99, los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO I: Que tramitada la demanda, la Jueza Primero del Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, en 26 de junio de 2001, pronunció la sentencia de fs. 35-36 declarando probada en parte la demanda, conminando a la entidad demandada a pagar en favor de la demandante la suma de Bs. 14.955,12 por concepto de desahucio, indemnización, subsidios prenatales, de natalidad y lactancia.

En grado de apelación, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba emitió el auto de vista Nro. 401/2001 de 4 de septiembre de 2001, cursante a fs. 82-83, por el que se confirma la Sentencia apelada y se modifica el monto a pagar con la reducción de la suma de Bs. 7.373.- a lo liquidado en sentencia. Esta resolución ha motivado los recursos que se analizan.

CONSIDERANDO II: Que el primero de los recursos interpuesto a fs. 85 por el demandado Germán Soto Encinas, no cumple con los requisitos formales exigidos por el art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil, referidos a la cita clara, concreta y precisa de la resolución que se recurre, su folio dentro el expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y la obligación de especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación, en la forma, en el fondo o ambos. En efecto, el recurrente, se conforma con reproducir, de un modo mas bien epistolar, las circunstancias de la desvinculación laboral sin especificar si recurre en el fondo o en la forma, menos expresa en qué consiste la violación, falsedad o error y, lo más grave, no cita ninguna norma, es decir, no acusa la vulneración de norma alguna.

Así el recurso y dadas sus limitaciones, no permite abrir la competencia de este Tribunal para ingresar a considerar el fondo del mismo, correspondiendo dar aplicación de la expresa previsión del art. 272-2) del Cód. Pdto. Civ. aplicable en la materia con la permisión contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

CONSIDERANDO III: El segundo de los recursos, interpuesto por Irma Vargas Lagrava y que corre a fs. 90-92 de obrados, acusa violación del art. 61 de la L.G.T., modificado por ley de 6 de diciembre de 1949, arts. 150, 153 y 167 del Cód. Proc. Trab., art. 1311 del Cód. Civ. y art. 331 del Cód. Pdto. Civ. Asimismo, acusa error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, en especial de las literales de fs. 1-14, 25-29, 69-76 y las testificales de fs. 32-34, por lo que alega haber probado que su retiro se produjo el 2 de febrero del año 2001 y que fue retirada intempestivamente, encontrándose en estado de embarazo y que, por ello mismo, se hace acreedora de los beneficios sociales de desahucio, indemnización, descanso pre y post natal, subsidio de natalidad, lactancia y 12 sueldos de inamovilidad, establecidos por el art. 13 de la L.G.T. y art. 8º de su D.R. y por la Ley 975 de 2 de mayo de 1988, normas que también acusa de infringidas. Señala, asimismo, que el tribunal de apelación declaró no haber lugar al pago de los beneficios de pre y post natal sobre la base de las literales de fs. 38-42 presentadas en segunda instancia sin el cumplimiento de los arts. 331 del Cód. Pdto. Civ. y art. 1311 del Cód. Civ.

El Tribunal de Apelación, sobre el tema materia de controversia, concluye que "la demandante recibió sus beneficios y suscribió el documento de fs. 40 el 2 de octubre de 2000, habiendo dado a luz el 7 de enero del 2001, conforme se acredita a fs. 13, por lo que ya no le correspondía ningún descanso pre y post natal". Asimismo, concluye que conforme a las literales de fs. 39, 40 y 41 la actora recibió un total de Bs. 7.582 por concepto de liquidación de beneficios sociales, por lo que corresponde su deducción de la liquidación final. También establece que no corresponde el pago de los 12 sueldos reclamados por la demandante entendiendo que la Ley 975 no obliga el pago por un trabajo no realizado, aplicando en contraposición a esa circunstancia el art. 52 de la L.G.T.

Analizando las conclusiones del tribunal de apelación en el marco de los fundamentos expuestos en el recurso de casación, se establece:

En lo que respecta a la Ley 975 y el pago de 12 sueldos que en ese marco legal pretende la recurrente, este Tribunal no encuentra mérito para la casación impetrada en la medida que la decisión del Tribunal Ad quem no vulnera ningún dispositivo legal, menos la citada Ley 975. En efecto, conforme lo tiene establecido este Tribunal, la Ley Nº 975, al prescribir en su art. 1º que "...toda mujer en período de gestación hasta una año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo..." está garantizando la inamovilidad de la mujer embarazada. Para el caso que se hubiera producido el despido en estas condiciones y consiguientemente vulnerado el derecho protegido por dicha normativa que es la estabilidad laboral, no tiene cabida "la compensación en dinero" sino "la reincorporación"; primero, porque se ingresaría a un peligroso camino de monetarización de ese derecho, que es lo mismo que aceptar que al empleador -siempre y cuando compense en dinero- le sea permitido vulnerar cualquier otro derecho y; segundo, porque la finalidad y sentido de dicha disposición legal, no lo admite, en la medida que, la norma no supone, que quien se ampara por ella, pueda elegir entre exigir su reincorporación o simplemente solicitar un pago compensatorio por tal período.

Respecto a la deducción dispuesta por el Tribunal de Apelación de la suma de Bs. 7.582, si bien es cierto que se ha demostrado por el empleador el pago de dicho monto, no ha considerado el Tribunal que una parte de ese monto, esto es, la suma de Bs. 710 certificada a fs. 39, corresponden a subsidios pre natales de los meses de octubre y noviembre del año 2000, los mismos que la actora los tiene admitido a fs. 8 de obrados, circunstancia que fue oportunamente advertida por la jueza de primera instancia al momento de expedir la sentencia de fs. 35-36 en la que sólo condena el pago de las restantes dos últimas de un total de 5, que le correspondía en el marco del art. 25-a) del D.S. 21637 de 25 de junio de 1987, por considerar, precisamente, que las anteriores fueron oportunamente canceladas, entre las que se incluyen aquellas que se encuentran certificadas a fs. 39; de ahí que no correspondía deducir ese monto de la liquidación final, sino únicamente el pago certificado a fs. 40 por un total de Bs. 6.872,87, lo que deberá ser enmendado.

En lo que corresponde al pago que en sustitución del descanso pre y post natal pretende la actora, al igual que el pretendido pago de los 12 sueldos por "inamovilidad", sobre los que nos hemos referido en el punto 1 de esta Resolución, no corresponde su pago, máxime si no existe norma legal que respalde tal extremo, como acertadamente discurrieron los de instancia.

De todo lo expuesto se concluye, entonces, que corresponde deducir del monto total liquidado en sentencia, sólo la suma de Bs. 6.872,87 cuyo pago a cuenta de liquidación final se encuentra certificado a fs. 40 de obrados.

Consecuentemente, siendo improcedente el recurso del demandado y encontrándose parcialmente probadas las infracciones acusadas en el recurso de la actora, corresponde, para el primer caso, observar la disposición contenida en el art. 272-2) del Cód. Pdto. Civ. y, para el segundo caso, la disposición del art. 274-II del mismo adjetivo civil, ambos aplicables en la materia con la permisión de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida en el art. 60-1) de la L.O.J., de acuerdo en parte con el Dictamen Fiscal de fs. 99, declara IMPROCEDENTE el recurso de fs. 85 y, en lo que respecta al recurso de fs. 90-92, CASA parcialmente el auto de vista de fs. 82-83; disponiéndose que la entidad demandada pague en favor de la demandante la suma de Bs. 8.082,25, conforme la siguiente liquidación:

Sueldo indemnizable Bs. 1.412,40

Desahucio : Bs. 4.237,20

Indemnización : Bs. 4.762,92

Subsidio prenatal : Bs. 755,00

Subsidio de natalidad : Bs. 400,00

Subsidio de lactancia : Bs. 4.800,00

TOTAL : Bs.14.955,12

Menos lo recibido : Bs. 6.872,87

TOTAL A PAGAR : Bs. 8.082,25

Sin responsabilidad por ser excusable.

Sin costas, por ser ambas partes recurrentes.

Para sorteo y resolución de la causa, según la convocatoria de fs. 100, interviene el Ministro Eddy Wálter Fernández Gutiérrez, Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda.

Para resolución de la causa, según convocatoria de fs. 102, interviene el Ministro Juan José González Osio de Sala Social y Administrativa Segunda.

Relator: Ministro Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Jaime Ampuero García.

Dr. Juan José Gonzáles Osio.

Sucre, 15 de diciembre de 2006

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara