SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 614/01

AUTO SUPREMO Nº 099 - Social Sucre, 09 de diciembre de 2006.

DISTRITO: Tarija

PARTES: Ciro Weimar Tapia Fernández y otro. c/ Empresa Servicios Eléctricos Tarija S.A. SETAR.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 153, interpuesto por Amparo Ruth Brañez Ríos en representación de la Empresa Servicios Eléctricos Tarija S.A. - SETAR, contra el auto de vista de fs. 147 pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija en 14 de septiembre de 2001, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales y otros, seguido por Ciro Weimar Tapia Fernández y René Rivera Guerrero contra la empresa recurrente; la respuesta de fs. 155, el auto concesorio del recurso de fs. 156 vlta, el Dictamen del Fiscal General de la República de fs. 159-160, los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la demanda, la Jueza del Trabajo y Seguridad Social de Tarija, en 28 de abril de 2001, pronunció la sentencia a fs. 126-127 declarando probada la demanda.

En grado de apelación, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija pronunció el auto de vista de 14 de septiembre de 2001, cursante a fs. 147, por el que se confirma la sentencia.

Esta resolución motivó el recurso de casación en el fondo que se analiza, acusando interpretación errónea y aplicación indebida del D.L. Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, por no tratarse de trabajadores con contratación indefinida y del art. 13 de la L.G.T. por haberse condenado al pago de desahucio cuando jamás existió despido. Finaliza solicitando se case el auto de vista recurrido y se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, revisados los antecedentes del proceso en función al recurso de casación interpuesto, se concluye lo siguiente:

Los contratos que cursan de fs. 3 a 43 de obrados, -tal como establecieron los tribunales de instancia- revelan, claramente, la existencia de la relación laboral entre los demandantes y la entidad demandada, con las características propias de aquella y dentro de los alcances que establecen los arts. 2 y 6 de la L.G..T. y el D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993, disposición, ésta última, que interpretando el art. 1 de la L.G.T., señala que las características esenciales de la relación laboral son: a) la relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) la prestación de trabajo por cuenta ajena y c) la percepción de remuneración o salario en cualquiera de su formas de manifestación. Además, entre otras características de la relación laboral se encuentran, igualmente, la exclusividad, la percepción de aguinaldo, etc.

Asimismo, debe señalarse que los contratos suscritos, ocho (8) con Ciro Weimar Tapia Fernández y nueve (9) con René Rivera Guerrero, que tienen vigencia por tres meses, cinco meses, seis meses y hasta un año son continuos y sucesivos, cuyas "interrupciones" que arguye la demandada, son breves, que no exceden de los tres meses, revelando la marcada intencionalidad del empleador de encubrir tal relación laboral con contratos "discontinuos", tratando de simular su correspondecia con otra materia, en un claro intento de eludir las obligaciones emergentes de las relaciones laborales establecidas por ley y las normas de protección del trabajo subordinado; sin tomar en cuenta que por disposición de la Resolución Ministerial Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972 y por el D.L. Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, no está permitida la suscripción de más de dos contratos sucesivos de trabajo a plazo fijo y tampoco los contratos a plazo en tareas propias de la empresa y, en ambos casos, si se dieran tales circunstancias, se considera el contrato de trabajo como de plazo indefinido.

En la especie es precisamente esto último lo que acontece, pues, como se tiene dicho, se han suscrito contratos sucesivos con ambos demandantes por más de dos veces y, además, para tareas propias de la Empresa demandada, como son: la instalación de medidores, tendido de líneas, cortes a los ususarios, etc.

Consecuentemente, conforme lo precedentemente expuesto, queda en evidencia que ni el Tribunal Ad quem ni el Juez A quo, a su turno, han infringido las normas legales aplicables al caso, obrando mas bien de manera acertada y, con facultad propia, han valorado la prueba según su prudente criterio, no siendo evidente, en consecuencia, las infracciones acusadas y, por ello, corresponde resolver de la forma establecida por el art. 273 del Cód. Pdto. Civ., con la permisión contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la atribución inmersa en el art. 60 inc. 1) de la L.O.J., de acuerdo con el Dictamen Fiscal de fs. 159-160, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 153, con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs. 500.-, que mandará pagar el Tribunal Ad quem.

Para sorteo y resolución de la causa, según la convocatoria de fs. 161, interviene el Ministro Eddy Walter Fernández Gutiérrez, Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda.

Relator: Ministro Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Jaime Ampuero García.

Sucre, 09 de diciembre de 2006

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara