SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 636/01

AUTO SUPREMO Nº 082 - Social Sucre, 06 de diciembre de 2006.

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES: Gaby Solíz de Arnez c/ Cooperativa Educacional Santa Cruz Ltda.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 137-138, interpuesto por Juan Mario Bravo Román en representación de Gaby Solíz de Arnez, contra el auto de vista de 4 de octubre de 2001, cursante a fs. 133, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por la recurrente contra la Cooperativa Educacional Santa Cruz Ltda. (Santa Cruz Cooperative School), la respuesta de fs. 140-141, el auto concesorio del recurso de fs. 142, los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la demanda, el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, en fecha 31 de mayo de 2001, pronunció la sentencia de fs. 119-120 declarando improbada la demanda y probada la excepción perentoria de pago documentado, con costas.

Apelada la sentencia por la demandante, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz emitió el auto de vista de 4 de octubre de 2001, cursante a fs. 133 de obrados, por el que confirma la sentencia en todas sus partes. Esta resolución motivó el recurso de casación que se analiza, en el que se acusa la violación de los arts. 2 y 4 del D.L. Nro. 16187 de 16 de febrero de 1979, al haberse declarado probada la excepción perentoria de pago documentado ya que en el presente contrato han habido más de dos contratos a plazo fijo y no existe discontinuidad entre uno y otro contrato de trabajo; asimismo, acusa la indebida aplicación del D.L. Nro. 2941, sin fundamentar por qué se aplica.

CONSIDERANDO II: Que, de la revisión de los antecedentes procesales y los fundamentos del recurso, se concluye lo siguiente: Si bien es cierto que los finiquitos de fs. 33, 36, 40, 44, 45, 50, 55 y 57 en apariencia denotan la continuidad de los contratos de trabajo, no es menos cierto que del análisis de los contratos propiamente dichos se desprende, con meridiana claridad, que aquellos fueron suscritos por "período académico", es decir por el período en el cual se desenvolvían las actividades académicas de la institución demandada y que la relación laboral quedaba extinguida de manera automática al concluir dicho período, además que dicho período no excedía de diez meses, así está establecido en los diferentes contratos que cursan a fs. 28, 29, 31-32, 34-35, 37-39, 56; por otro lado, también está establecida la forma de pago de los salarios, determinándose el pago de diez salarios, dos adicionales por vacación, el aguinaldo y la correspondiente indemnización, en algunos casos incluso con el señalamiento del mes en que se pagarían éstos últimos. A lo anterior hay que agregar, que es la propia demandante la que se ocupa de desvirtuar su pretensión al afirmar, a fs. 74, que: "A pesar de ello mi persona cumplió a cabalidad lo pactado entre partes, pues jamás perjudiqué a nadie, peor al alumnado conforme se evidencia en el Cronograma de Trabajo anual, ya que LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE ALUMNOS SE REALIZÓ EL DIA 06 DE JUNIO de 2000. Cómo podía perjudicar a los alumnos si ya había finalizado el año escolar?. Todos los años después de finalizado el año escolar el profesor deja, obviamente, de asistir a clases".(sic), afirmación corroborada por el documento de fs. 71 (Calendario Escolar).

De lo anterior se desprende que la relación laboral existente entre la demandante y la Cooperativa Educacional Santa Cruz Ltda. (Santa Cruz Cooperative School) estaba regida, desde su inicio, por la normativa contenida en el D.L. Nro. 2941 de 29 de enero de 1952 -además de preferente aplicación por ser norma especial- de donde resulta ilegal la pretensión de la demandante -ahora recurrente- de que se le paguen benenficios sociales, cuando éstos han sido debidamente cancelados en forma anual, conjuntamente los salarios correspondientes a dos meses de vacación, a la finalización de cada gestión académica.

Consiguientemente, en mérito a lo expuesto no siendo evidentes las infracciones acusadas por la recurrente, corresponde dar aplicación a lo establecido en el art. 273 del Cód. Pdto. Civ., con la permisión contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad prevista en el art. 60 inc. 1) de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 137-138, con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs. 500.-, que mandará pagar el Tribunal Ad quem.

Para sorteo y resolución de la causa, según convocatoria de fs. 153, interviene el Ministro Eddy Wálter Fernández Gutiérrez, Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda.

Relator: Ministro Dr. Jaime Ampuero García.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Jaime Ampuero García.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Sucre, 06 de diciembre de 2006

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara.