SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 616/01

AUTO SUPREMO Nº 072 - Social Sucre, 06 de diciembre de 2006.

DISTRITO: Cochabamba

PARTES: Emeterio Quispe Coca c/ Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

VISTOS: El recurso de Nulidad (Casación en el Fondo) de Fs. 62-63, interpuesto por Gonzalo Terceros Rojas, en su calidad de Alcalde del Municipio de Cochabamba, y el recurso de nulidad de Fs. 68 interpuesto por Emeterio Quispe Coca, ambos contra el auto de vista de Fs. 60, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social seguido por Emeterio Quispe Coca contra la Alcaldía de Cochabamba; los antecedentes del proceso, el Dictamen Fiscal de Fs. 72; y

CONSIDERANDO I: Que planteada la demanda a Fs. 2-3, el Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba la tramita conforme a Ley y pronuncia la Sentencia de Fs. 49 a 50 en 22 de agosto de 2001, declarando probada la demanda y ordenando que el Municipio cochabambino pague en favor del demandante la suma de Bs. 5.483,77, por concepto de desahucio, indemnización y vacaciones. En grado de apelación la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, en 1 de octubre de 2001, emitió el auto de vista Nro. 437/2001 de Fs. 60, por el que confirma la Sentencia apelada, con la modificación del monto a cancelar en Bs. 5.364,55. Esta resolución motivó los recursos de nulidad que se pasan a analizar.

CONSIDERANDO II: Que el recurso de casación de Fs. 62-63 acusa Infracción de los Arts. 1, 2 y 6 de la Ley General del Trabajo y del DS. 23570 de 26 de julio de 1993, argumentando en sus fundamentos que el Tribunal de apelación ignoró que el actor fue trabajador bajo la modalidad de jornalero, sujeto a jornal diario, que se desempeñó en forma discontínua y, consiguientemente, no ha existido contrato, horario normal de trabajo y sueldos o salarios mensuales que hacen a una verdadera relación laboral y que, por su parte, el demandante no cumplió con los puntos de prueba fijados en el auto de relación procesal, considerando insuficientes las pruebas de cargo aportadas, así como contradictorias e incoherentes las testificales de descargo.

De la revisión de los antecedentes en relación a los términos del recurso examinado, se establece:

1. El Tribunal de apelación, al momento de confirmar la sentencia de primer grado ha establecido que el actor fue trabajador dependiente del Municipio de Cochabamba y, refiriéndose a los otros aspectos que se reclaman en casación (tiempo de servicios y la relación laboral), sostuvo que correspondía a la parte demandada desvirtuar tales aspectos en el marco de los Arts. 3-h) y 66 del Código Procesal del Trabajo, lo que resulta correcto, por cuanto:

a) En la medida que la entidad demandada se limitó a negar la demanda, sin aportar elementos de prueba que permitan sostener sus argumentos, no pudieron, ni el Juez de mérito ni el Tribunal de Apelación, sostener sus resoluciones en otros elementos de prueba que no sean las cursantes en el expediente, constituidas por las literales de Fs. 1, 32 a 34 y 42, así como las actas de Fs. 39 a 41, papeletas de pago y atestaciones de cargo, que certifican que el actor fue trabajador dependiente del Municipio de Cochabamba, sujeto a sueldo mensual.

b) Por su parte, el Municipio se limitó a negar la demanda y aseverar que el actor estuvo sujeto a jornal diario, sin aportar un solo elemento probatorio, ya sean planillas de pago de los haberes, libro de control de asistencia o cualquier otro elemento probatorio que demuestre fehacientemente la veracidad de sus aseveraciones.

2. Evidenciándose que el Tribunal Ad quem se expidió con corrección sobre los hechos, también se tiene que el juicio de derecho resulta correcto, por cuanto los hechos así establecidos por el Tribunal demuestran que el actor fue dependiente de la entidad demanda sujeto a contrato verbal, cuyo valor se encuentra reconocido expresamente por el Art. 6º de la Ley General del Trabajo; circunstancia que el Art. 2º de la misma Ley General define como servicios prestados por cuenta ajena y, siendo así, se encuentran comprendidos en los alcances de la misma Ley, en el marco de su Art. 1. Consiguientemente, no se advierte que, ni el Juez de mérito ni el Tribunal de Apelación, hayan incurrido en infracción de tales dispositivos, menos el contenido en el Art. 1º del DS. 23570 de 26.07.93 que establece los requisitos de validez para la concurrencia de la relación laboral.

3. Por último, corresponde señalar que el trabajo eventual que se alega en el recurso, mal pudo ser reconocido por los jueces de instancia, en la medida que las papeletas de pago arrimadas al expediente, advierten que el actor percibía un sueldo mensual, sin que la entidad demandada haya probado fehacientemente lo contrario; más aún, tomando como parámetro la definición contenida en el Art. 10-a) del Código de Seguridad Social, por el que se considera que aquellos trabajos ocasionales y extraños a la actividad ordinaria que suponen eventualidad, dejan de serlos a partir del 15º día de prestación del servicio; en el caso de autos, no puede considerarse eventual al prestado por el actor dada su naturaleza y el tiempo de su prestación. Tampoco este aspecto pudo ser enervado bajo el argumento de que el actor no probó sus aseveraciones, por cuanto conforme lo advierte el Tribunal de apelación, en el marco de los Arts. 3-h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, la carga de la prueba le corresponde al empleador, por lo que era su obligación, mas no del trabajador, aportar los medios probatorios necesarios para la convicción del juzgador.

CONSIDERANDO III: El recurso de nulidad de Fs. 68, interpuesto por Emeterio Quispe Copa, no cumple con los requisitos formales exigidos por el Art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil, referidos a la cita clara, concreta y precisa de la resolución que se recurre, su folio dentro el expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y la obligación de especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación, en la forma o en el fondo o ambos. En efecto, el recurrente, se conforma con dejar constancia que el tribunal Ad quem desestimó las costas procesales, sin especificar si recurre en el fondo o en la forma, menos expresa en qué consiste la violación, falsedad o error y, lo más grave, no cita ni acusa la vulneración de norma legal alguna.

Así formulado el recurso y dadas sus limitaciones, no permite abrir la competencia de este Tribunal para ingresar a considerar el fondo del mismo.

CONSIDERANDO IV: Sin embargo de lo anterior y atendiendo a que en su respuesta al recurso de casación de contrario, el actor señala que en la materia no procede el recurso de casación en el fondo, corresponde precisar que si bien es cierto que el Capítulo II, del Título V, Libro II del Código Procesal del Trabajo, no hace referencia al Recurso de Casación sino al de nulidad, ello no supone una expresa exclusión del recurso de casación, en el fondo y en la forma regulado por el Código de Procedimiento Civil, por cuanto la denominación que aquél asume (NULIDAD), -atendiendo "el proceso de constitucionalización" expresado en la exposición de motivos del Decreto Ley 16896 de 25 de julio de 1979-, no tuvo sino la finalidad de concordar con el denominativo que asumía el Art. 127-4) de la Constitución Política del Estado de 1967 vigente en ese entonces, mas no para restringir ese medio extraordinario de impugación sobre el fondo, más aún si como antecedente se tiene, por una parte, que para 1976 ya se había promulgado el actual Código de Procedimiento Civil, que en su Art. 250 y con mayor precisión, en su Art. 253, regula este instituto y, por otra, la Ley de Procedimiento del Trabajo (1977 - 1979), aprobado por DL. 14546 de 26 de abril de 1977, en concordancia con el Código de Procedimiento Civil, contenía, en su Capítulo X del Título III exactamente el mismo sistema recursivo actual de la materia, bajo la denominación de RECURSO DE CASACION.

Ahora bien, nuestra Constitución Política del Estado a partir de las reformas de 1994, ha incluido en su Art.118-3) el recurso de CASACION, en concordancia con el Art. 60-2) de la Ley de Organización Judicial, por el que se atribuye competencia a la Sala Social para conocer y resolver los recursos de nulidad o casación y, siendo así, se encuentra reconocido el recurso de casación en el fondo y en la forma en nuestra economía procesal de la materia, mas aún si por expresa permisión de la norma remisiva contenida en el Art. 252 del mismo adjetivo laboral tienen aplicación las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, incluidas aquellas referidas al recuso de casación en el fondo. Un entendimiento diferente al que se tiene expresado, no tendría más virtud que negar el acceso a la justicia y privar de un mecanismo de impugnación sencillo, rápido y efectivo consagrados por el Art. 8-h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica".

Por lo expuesto, siendo improcedente el recurso del demandante y no encontrándose probadas las infracciones acusadas en el recurso del demandado, corresponde, para el primer caso, observar la disposición contenida en el Art. 272-2) del Código de Procedimiento Civil y, para el segundo, el Art. 273 del mismo adjetivo Civil, aplicables en la materia con la permisión de la norma remisiva contenida en el Art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el Art. 60-1) de la Ley de Organización Judicial, en desacuerdo con el Dictamen Fiscal de Fs. 72, declara INFUNDADO el recurso de Fs. 62 a 63 e IMPROCEDENTE el recurso de Fs. 68, sin costas, por ser recurrentes ambas partes.

Para sorteo y resolución de la causa, según la convocatoria de Fs. 73, interviene el Ministro Eddy Wálter Fernández Gutiérrez, Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda.

Relator: Ministro Dr. Jaime Ampuero García.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Jaime Ampuero García.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Sucre, 06 de diciembre de 2006

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara.