SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 600/01

AUTO SUPREMO Nº 068 - Social Sucre, 10 de noviembre de 2006.

DISTRITO: La Paz

PARTES: Ricela Bustillos Martínez c/ Fondo Complementario de Caminos y R.A.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 80-81, interpuesto por Gonzalo Escobari Cardozo, Liquidador del Fondo Complementario de Caminos y R.A., contra el auto de vista Nro. 174/2001 de 23 de agosto de 2001, cursante a fs. 71, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro el proceso laboral seguido por Ricela Bustillos Martínez contra el Fondo Complementario de Caminos y R.A.; el auto concesorio del recurso de fs. 83, la respuesta de fs. 83(bis), el Dictamen del Fiscal General de la República de fs. 85, los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, el Juez Quinto del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, en fecha 19 de agosto de 1998, pronunció la sentencia de fs. 59-60 declarando probada la demanda, disponiendo que en ejecución de autos se proceda a la restitución de la demandada a su fuente de trabajo con el consiguiente pago de sueldos y otros.

Apelada la sentencia por el Fondo Complementario en liquidación, demandado, la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, emitió el auto de vista Nro. 174/2001 de 23 de agosto de 2001, cursante a fs. 71, por el que confirma en todas sus partes la sentencia apelada.

Esta resolución motivó el recurso de casación en el fondo que se analiza, el que acusa la violación del D.S. 8125 de 30 de octubre de 1967 porque la demandante es funcionaria pública al haber mantenido relación laboral con la entidad liquidadora del Fondo Complementario de Caminos Y R.A. que es una oficina de la Administración Pública y por tanto el Juez del trabajo tramitó el proceso actuando sin competencia; expresa también que "...se ha cancelado beneficios sociales en favor de la actora (se adjunta fotocopia del finiquito de pago de beneficios sociales, con intervención del Ministerio del Trabajo...)".

CONSIDERANDO II: Que, ingresando al análisis de los fundamentos del recurso y los antecedentes procesales, tomando en cuenta que la controversia se circunscribe a determinar si corresponde o no la reincorporación de la demandante a su fuente laboral, el consiguiente reconocimiento de salarios por los meses que dejó de trabajar y el pago de subsidios, es necesario, en primer término, dejar claramente establecido que entratándose de una demanda que persigue la reincorporación al amparo de lo establecido por la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, resulta irrelevante ingresar a la determinación de si la demandante fue funcionaria pública sujeta a las disposiciones del Estatuto del Funcionario Público o si, por el contrario, su relación laboral con la entidad demandada se encontraba sujeta a las dispocisiones de la L.G.T., esto en razón de que las previsiones de la Ley 975 -que establecen la inamovilidad en su puesto de trabajo de la mujer en período de gestación hasta un año de nacido el hijo- abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas a la L.G.T. como a las funcionarias o servidoras públicas, sin exclusión, ya que aquella normativa tiene como finalidad la protección de la maternidad por parte del Estado, tal como está expresado en el art. 193 de la C.P.E.Esta protección se efectiviza cuando el empleador tiene conocimiento del embarazo de la trabajadora y, no obstante de ello, procede a su retiro, a la rebaja de sueldo o al cambio de puesto de trabajo a uno inferior o en condiciones inapropiadas, en tales situaciones se vulnera la protección especial que merecen tanto la vida de la madre como del hijo o hija de la trabajadora, establecidos en el art. 25 del DS. 21637 de 25 de junio de 1987.

Por otro lado, cabe remarcar que esta protección de inamovilidad laboral reclamada por la actora, no implica que debe cancelarse salarios por el tiempo de trabajo no efectuado, según ha establecido la jurisprudencia de este Supremo Tribunal, pues de la inteligencia del art. 52 de la L.G.T. se tiene que la "Remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo...", con el antecedente que el empleador no acepta la reincorporación, empero debe cumplir con el pago del subsidio familiar establecido por el expresado art. 25 del D.S. 21637.

A su vez, el Tribunal Constitucional por SC 0109/2006-R de 31 de enero de 2006, entre otras, con relación a la tutela a la mujer embarazada, siguiendo la línea jurisprudencial de la SC 0587/2005-R, de 31 de mayo de 2005, sobre el tema señaló: "(...) en interpretación y aplicación correcta de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988 que en su art. 1º establece la inamovilidad en su puesto de trabajo de la mujer en período de gestación hasta un año de nacido el hijo, y abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las funcionarias o servidoras públicas, sin exclusión, tengan contratos permanentes o eventuales porque el sentido de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado como lo expresa el precepto constitucional contenido en el art. 193 de la Carta Fundamental. De la misma manera la jurisprudencia constitucional ha dejado sentado que no obstante de que exista un contrato de trabajo a plazo fijo, antes de cuya conclusión la mujer embarazada comunica de su estado a la entidad, y a pesar de ello es despedida al vencimiento del contrato, merece tutela por constituir su despido un acto ilegal y desconocimiento de los derechos al trabajo, a la seguridad jurídica y social además de contravenir la Ley 975 (SC 1416/2004, de 1 de septiembre)".

En este caso, la actora, en su memorial de demanda fechado en 2 de octubre de 1997, deja constancia de encontrarse en el octavo mes de gestación por lo cual su hijo o hija, al presente, tendría más de 8 años de edad, resultando inconducente la reincorporación de la demandante a su fuente de trabajo; empero, los subsidios familiares deben cancelarse de conformidad con lo dispuesto por el art. 25 del D.S. Nro. 21637 de 25 de junio de 1987, sobre la base del salario mínimo vital que regía a momento de interponer la demanda, que en ese entonces ascendía a Bs. 240.- fijado por el D.S. Nro. 24468 de 14 de enero de 1997.

Que, por lo expuesto, los antecedentes procesales y las disposiciones legales citadas corresponde la resolución del recurso de casación intentado, en la forma siguiente:

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida en el inc. 1) del art. 60 de la L.O.J. y en cumplimiento a los arts. 271 inc. 4) y 274 del Pdto. Civil, aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo, en desacuerdo con el Dictamen de fs. 85, CASA el auto de vista de fs. 71 y, deliberando en el fondo, deja sin efecto la reincorporación de la demandante a su fuente laboral de acuerdo a lo manifestado y dispone el pago de los subsidios familiares en la suma total de Bs. 4.320.-, a cancelarse por la entidad empleadora a favor de la demandante, de acuerdo a la liquidación siguiente:

Salario Mínimo Nacional a la fecha de la demanda Bs. 240.-

Subsidio Prenatal: 5 meses S/M/N Bs. 1.200.-

Subsidio de Natalidad: 1 mes S/M/N Bs. 240.-

Subsidio de Lactancia: 12 meses S/M/N Bs. 2.880.-

Total: Bs. 4.320.-

Sin responsabilidad por ser excusable.

Para sorteo y resolución de la causa, según la convocatoria de fs. 86, interviene el Sr. Ministro Juan José González Osio, de Sala Social y Administrativa Segunda.

Para resolución, según convocatoria de fs. 88, interviene el Ministro Eddy Wálter Fernández Gutiérrez, Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda.

Relator: Ministro Dr. Juan José González Osio..

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Juan José González Osio.

Dr. Jaime Ampuero García.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Sucre, 10 de noviembre de 2006

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara.0