SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 526/01

AUTO SUPREMO Nº 066 - Social Sucre, 10 de noviembre de 2006.

DISTRITO: Cochabamba

PARTES: Ronald Román Fernández c/ Empresa RUDINEX COURRIER.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 45-46, interpuesto por Ronald Román Fernández, contra el auto de vista Nro. 348/2001 de 1 de agosto de 2001, cursante a fs. 42-43, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso social seguido por el recurrente contra la empresa RUDINEX COURRIER; la respuesta de fs. 48, el auto concesorio del recurso de fs. 48 vlta., los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, en 7 de junio de 2001 pronunció la sentencia de fs. 31-32, declarando PROBADA la demanda, ordenando que la Empresa demandada pague en favor del demandante la suma de Bs. 7.487,08 por concepto de indemnización, desahucio, vacación, bono de antigüedad y salario devengado.

Apelada la sentencia por la parte demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, emitió el auto de vista Nro. 348/2001 de 1 de agosto de 2001, cursante a fs. 42-43, por el que se confirma la sentencia en lo relativo a las vacaciones, bono de antigüedad y sueldo devengado que son liquidados sobre el salario de Bs. 330, y revoca en cuanto al desahucio y la indemnización, disponiendo el pago, en favor del demandante, de la suma de Bs. 731,50. Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el demandante, que se analiza, en el que se acusa: la violación del art. 13 de la L.G.T., entendiendo que el Tribunal de apelación ha determinado los hechos a partir de simples deducciones y sin haber analizado en forma exhaustiva la prueba documental de fs. 26 con la que alega haber probado su retiro intempestivo y sin causal alguna. Agrega que el demandado, por su parte, no ha probado su alegado abandono de trabajo y que los testigos de descargo presentados fueron tachados oportunamente en el marco del art. 446-2) del Cód. Pdto. Civ.; la violación de los arts. 4 y 19 de la L.G.T. y 162 de la C.P.E., porque el demandado no desvirtuó el promedio indemnizable propuesto en la demanda y que, conforme al art. 9º de la L.G.T., para el cálculo de los beneficios sociales se debe tomar en cuenta el término medio de lo percibido en los últimos tres meses, aspecto que no fue acreditado por la entidad demanda al no haber presentado las planillas de sueldos y salarios de la gestión 2000, menos de los últimos tres meses, razonamiento con el que cuestiona la actitud del Vocal Relator al considerar un promedio salarial de Bs. 330, sin advertir que este monto resulta inferior al mínimo nacional y que, asimismo, la planilla donde se consigna ese monto corresponde a la gestión 99.

CONSIDERANDO II: Que, de la revisión de los antecedentes en relación a los términos del recurso, se establece que el Tribunal de apelación ha vulnerado los arts. 4, 13 y 19 de la L.G.T. y, con ellos, el art. 162 de la C.P.E, al privar al demandante de los derechos que legítimamente le correspondían, por lo siguiente:

Los testigos, cuyas atestaciones aparecen a fs. 18 y 19 de obrados que sirvieron de base para inferir el abandono de labores del actor por el Tribunal Ad quem, pero en el marco del art. 446-2) del Cód. Pdto Civ. no otorgan la garantía de credibilidad suficiente de modo que permita formar convicción plena respecto de los hechos, por cuanto éstos, conforme ha denunciado oportunamente el demandante, se encontraban en la especial circunstancia de dependientes de su presentante, aspecto que no fue negado por la entidad demandada y, mas bien, fue puesto en evidencia a tenor de las respuestas de los mismos testigos y por la literal de fs. 28 que constituye una planilla de pago de haberes donde figuran, los referidos testigos, como empleados de quien los presentó, circunstancia que, precisamente, motivó la tacha de fs. 15 de obrados y que no fue debidamente considerada por el Tribunal Ad quem.

En lo que corresponde a la dedución a la que llega el Tribunal de apelación con relación al interrogatorio formulado a fs. 22, no pasa de ser un simple equívoco cuando se trata de atribuir contradicción en su contenido, pero más destacable aún es el error de hecho en que incurre el Tribunal en la ponderación de la prueba en tanto le atribuye al actor haber admitido, en su confesión provocada, que el City Bank -cliente del empleador- hubo rescindido contrato con Rudinex, cuando tal admisión no es evidente y mas bien es negada por el demandante en su confesión de fs. 21; sin embargo, aunque se tomara como cierto que el actor haya admitido esa rescisión de contrato, de ninguna manera puede interpretarse, de ello, que se haya producido el alegado abandono de trabajo.

De lo expuesto, se advierte que el Tribunal de apelación ha incurrido en manifiesto error de hecho al momento de apreciar la prueba, lo que como lógica consecuencia derivó en una errónea conclusión fáctica y con ello la violación del art. 13 de la L.G.T., de cuyo imperativo no se puede sustraer al demandado, más aún considerando que en el expediente existe prueba concluyente de haberse producido un retiro forzoso e intempestivo; así el informe de fs. 26 expedido por el Inspector Departamental del Trabajo de Cochabamba que se corrobora con la imprecisión del mismo demandado al pretender, primero, convencer de un supuesto abandono de trabajo (fs. 7) y sostener, después, haberse tratado de una suspensión (fs. 36).

Sin embargo de lo anterior, en lo que corresponde al promedio salarial determinado por los inferiores, no deja de resaltar el error de hecho en la ponderación de la prueba en que incurrieron, a su turno, el Juez de primera instancia como el Tribunal de apelación, al establecerlo, el primero, en la suma de Bs. 850.- según lo aseverado por el demandante en su demanda y, el segundo, en la suma de Bs. 330.- en base a los datos contenidos en las literales de fs. 27 y 28 de obrados. En efecto, si bien es cierto que a tenor de lo establecido por los arts. 3-h), 66 y 150 del Cód. Proc. Trab. la carga de la prueba corresponde al demandado, no es menos cierto que el demandante tiene la obligación de aportar mínimamente un principio de prueba, aún sea sólo indiciaria, que oriente al juzgador a la resolución correcta y ecuánime de lo demandado y no pretender inducirlo a error con tan sólo afirmaciones propias y sin sustento legal alguno.

Empero, ha sido el propio demandante quien se ha ocupado de probar, por medio de las literales de fs. 27 y 28 de obrados, que el salario que percibía era el mínimo nacional, señalado para la gestión 1999 en Bs. 330.-. Esta prueba resulta ser contundente e irrebatible, pues el salario señalado para los "distribuidores", cargo que ejercía el demandante, era de Bs-. 330 en 1999 de donde, en aplicación del principio de primacía de la realidad, se llega a la conclusión que el salario que percibía el actor en la gestión 2000 debió ser el salario mínimo nacional vigente para aquel año, por lo que correspondía liquidar los beneficios laborales, que este Tribunal reconoce en favor del demandante, tomando como promedio dicho salario mínimo nacional, que por disposición del D.S. Nro.25679 de 25 de Febrero de 2000 fue de Bs. 355, al que debe agregarse el bono de antigüedad correspondiente, calculado sólo sobre un salario mínimo por tratarse de una empresa de servicios y no productiva. Asimismo, se reconoce en favor del demandante el pago de vacación por dos gestiones, salario devengado por 21 días del mes de diciembre de 2000 y reintegro de bono de antigüedad por 9 meses, por no estar demostrado su pago.

Por lo expuesto precedentemente y demostradas como se encuentran las infracciones legales acusadas en el recurso, corresponde resolver el mismo en el marco del art. 274 del Cód. Pdto. Civ., aplicable en la materia con la permisión de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el art. 60-1) de la L.O.J. CASA el auto de vista Nro. 348/2001 de fs. 42-43 impugnado y, deliberando en el fondo, declara PROBADA en parte la demanda de fs. 2, disponiéndose el pago, por parte de la Empresa RUDINEX en favor del demandante, de la suma de Bs. 2.697,55, que será reajustada conforme lo dispuesto por el D.S. 23381 de 29 de diciembre de 1992, sólo en lo que respecta a la indemnización y desahucio, según la liquidación que sigue:

Salario promedio indemnizable Bs. 372,75.-

Desahucio 3 meses: Bs. 1.118,25

Indemnización 2 años 9 meses y 21días Bs. 1.046,80

Vacación, 2 gestiones, 30 días: Bs. 372,75

Reintegro de Bono de antigüedad Bs. 159,75

TOTAL Bs. 2.697,55

Sin responsabilidad por ser excusable.

Para sorteo y resolución de la causa, según la convocatoria de fs. 51, interviene el Sr. Ministro Juan José González Osio, de Sala Social y Administrativa Segunda.

Para resolución, según convocatoria de fs. 53, interviene el Ministro Eddy Wálter Fernández Gutiérrez, Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda.

Relator: Ministro Dr. Juan José González Osio..

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Juan José González Osio.

Dr. Jaime Ampuero García.

Dr. Eddy Wálter Fernández Gutiérrez.

Sucre, 10 de noviembre de 2006

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara