SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 578/01

AUTO SUPREMO Nº 065 - Social Sucre, 10 de noviembre de 2006.

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES: Susana Alvarado Coimbra c/ Rim Saffart Sagal.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

VISTOS: El recurso de casación de Fs. 106 a 109 interpuesto por Susana Alvarado Coimbra contra auto de vista de Fs. 101, dictado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Santa Cruz, en el proceso laboral sobre cobro de beneficios sociales, seguido contra Rim Saffart Sagal, como responsable de la Piscina en la Villa Olímpica de esa ciudad; sus antecedentes, las leyes acusadas de infringidas, lo alegado por las partes, y

CONSIDERANDO I: Que, interpuesta la acción a Fs. 8-9 y tramitada conforme a ley, el Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Santa Cruz dicta la sentencia de Fs. 91 a 92 que declara improbada la demanda, con costas, salvado los derechos de la demandante para "accionar ante quien corresponda".

En Alzada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de ese Distrito, en su Resolución de Vista de Fs. 101 confirma la sentencia apelada; auto de vista contra el que se interpone el recurso en examen.

CONSIDERANDO II: Que el referido recurso de casación en el fondo y en la forma acusa la violación, por una parte de los Art. 2, 4, 12 y 13 de la Ley General del Trabajo y, de otra, los Arts. 169, 159 y 161, 3-g), 179 y siguientes; todos del Código Procesal del Trabajo en cuanto el Ad quem en su auto de vista es coincidente con la interpretación incorrecta del A quo, con relación a las normas legales antes citadas que han sido violadas, erróneamente interpretadas y aplicadas indebidamente, al desconocer derechos con el fundamento de no existir relación laboral entre las partes, contrariamente a lo probado en el curso del proceso.

CONSIDERANDO III: Que del examen de los fundamentos del recurso y de los antecedentes del proceso se establece claramente que, la demandada fue quien contrato verbalmente los servicios de la actora y demandante Susana Alvarado C., quien prestó servicios administrando la Piscina de la Villa Olímpica en la ciudad de Santa Cruz, tanto en lo que hace a los ingresos por la utilización de la misma, como en el cuidado y protección del inmueble, extremos que se desprenden de la literal de Fs. 18-73; quedando demostrado, además, que como forma parcial de remuneración la actora vivía en el tercer piso del edificio, durante el periodo de esa prestación hasta el torpe desalojo solicitado a Fs. 13 por el Jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, con evidente parcialidad por el texto de esa comunicación; sin duda con la permisión de la Presidenta de la Asociación Cruceña de Natación, responsable de esa propiedad, y habiéndose dado la ocupación referida por un lapso de más de un año, con del pago mensual de $us 100,00 como la otra parte integrante del salario; Fs. 1 a 4 de obrados.

Que la prueba testifical de Fs. 79, 79 Vlta. y 80 es categórica en cuanto a la prestación de servicios de la actora y el cumplimiento de responsabilidades como administradora de la aludida piscina, con todo el valor probatorio previsto por el Art. 169 del Código Procesal del Trabajo.

Consiguientemente, la demandante ha cumplido con su deber procesal al probar los extremos en que funda su acción, con la probanza antes relacionada que se suma a la preconstituida de Fs. 1 a 7 sin embargo de la previsión de los Art. 3-g), 66 y 150 del precitado Adjetivo que, al establecer el principio de la inversión de la prueba en la materia, deja a cargo de la parte demandada la responsabilidad de desvirtuar el contenido y pretensiones de la demanda que, en el caso, ha omitido cumplir la demandada, limitándose a la propuesta probatoria de la literal de Fs. 11 a 12 no atinente al caso y la testifical propuesta y no producida en el periodo de prueba que el Aquo extendió en tiempo injustificada e ilegalmente.

CONSIDERANDO IV: Que, de lo antes relacionado se establece que el Juez Inferior ha obrado sin criterio legal en el conocimiento y resolución de la causa en primera instancia como se relaciona precedentemente, a lo que suma la extraña conducta jurisdiccional del A quo que habiendo declarado improbada la excepción de impersonería de la demandada, Fs. 16 Vlta., de oficio la declara probada en el penúltimo considerando de su resolución, Fs. 92.

Error en el que también incurre el Tribunal de apelación, pretendiendo justificarlo, ya que la declaración de improcedencia de la excepción conlleva la definición, por pasiva, de que la demandada tenía personería para asumir defensa en la litis, sin que ello implique la resolución del conocimiento de la causa en favor de la actora. Bastaba con que se declare improbada la acción sin referir el tema de personería si, como se dice, el fundamento de la sentencia radica en la supuesta inexistencia de relación obrero patronal entre las partes.

Siendo aplicable al auto de vista el análisis efectuado precedentemente con relación a la existencia sí probada de relación laboral, en términos de dependencia, con pago de salario mensual y en el lugar de trabajo señalado por la empleadora para la prestación del servicio pactado. Sin que exista relación de causalidad entre la relación laboral y el derecho propietario de inmueble administrado que refiere el auto de vista.

Consiguientemente, son evidentes y tienen todo sustento legal las infracciones acusadas en el recurso en examen.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la facultad y atribución que le confiere el Art. 60-1) de la Ley de Organización Judicial, en desacuerdo con el Dictamen Fiscal de Fs. 410-411, CASA el auto de vista de Fs. 101 y, deliberando en el fondo, declara probada la demanda de Fs. 8-9 con reconocimiento de los beneficios sociales demandados en el monto de Bs. 13.541,00, sin responsabilidad por ser excusable.

Para sorteo y resolución de la causa, según convocatoria de Fs. 120, interviene el Ministro Juan José González Osio, de Sala Social y Administrativa Segunda.

Para resolución, según convocatoria de Fs. 122, interviene el Ministro Eddy Wálter Fernández Gutiérrez, Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda.

Relator: Ministro Dr. Jaime Ampuero García.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Jaime Ampuero García.

Dr. Juan José González Osio.

Dr. Eddy Wálter Fernández Gutiérrez.

Sucre, 10 de noviembre de 2006

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara