SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 570/01

AUTO SUPREMO Nº 064 - Social Sucre, 10 de noviembre de 2006.

DISTRITO: La Paz

PARTES: Nancy Cristina Sandi Niño de Guzmán c/ Honorable Alcaldía Municipal de La Paz.

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VISTOS: El recurso de casación de Fs. 89-92, interpuesto por la Alcaldía Municipal de La Paz, representada por Juan Carlos Salinas Fiorilo, contra el Auto de Vista de Fs. 79, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro del proceso social seguido por Nancy Cristina Sandi Niño de Guzmán contra la entidad recurrente; los antecedentes del proceso, el dictamen Fiscal de Fs. 99, y

CONSIDERANDO I: Que planteada la demanda de pago de beneficios sociales a Fs. 1, por Nancy Cristina Sandi contra la H. Alcaldía Municipal de La Paz, el Juez Segundo del Trabajo y S.S. dicta sentencia a Fs. 50-51 declarando probada la demanda, disponiendo el pago de Bs. 81.320,66. En grado de apelación, la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz, a Fs. 79 expidió el auto de vista CONFIRMANDO la sentencia apelada y modificando el monto de las vacaciones anuales a Bs. 8.978 correspondientes a las dos últimas gestiones; fallo que motivó el recurso de casación de Fs. 89 a 92 interpuesto por la Alcaldía Municipal de La Paz en el se que acusa: Infracción por ilegal aplicación e inobservancia de los Arts. 13 y 19 de la Ley General del Trabajo y Art. 9 del DS. 21137 de 30 de noviembre de 1985; los dos primeros por haber reconocido un promedio salarial inexistente en la escala salarial, conforme -afirma el recurrente- haberse demostrado ampliamente con pruebas documentales presentadas por la propia actora y, sobre el segundo, señala que el promedio salarial establecido por el Tribunal de apelación incluye un "refuerzo salarial adicional", esto es, una doble percepción prohibida por dicha norma; asimismo, señala que el mencionado refuerzo salarial no fue pagado por el Tesoro Municipal sino por el PFM que, a su vez, constituye una entidad con autonomía administrativa y financiera distinta, conforme establece la Ordenanza Municipal 32/87 y 41/87 y, por último, agrega que en el caso en particular, estos sobresueldos fueron declarados ilegales por la contraloría General de la República, según los informes E.F.T.T. A/E-006/92 y 023/043/92.

Con estos argumentos demanda que se CASE el Auto de Vista de Fs. 79 y, deliberando en el fondo, se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, de la revisión de los antecedentes procesales en relación al recurso que se analiza, se concluye:

1. Que habiéndose cuestionado la personería de la parte recurrente por Nancy Cristina Sandi, en la vía de impugnación del dictamen fiscal de Fs. 99, conviene precisar, por una parte, que los Arts. 809 y 834 y 835-I del Código Civil, no contienen los requisitos que la actora extraña en el mandato de Fs. 83 a 88, esto es, "individualizar la persona que litiga contra quién dirige su acción, ante qué órgano jurisdiccional" y, por otra, que si bien la jurisprudencia glosada en el memorial de Fs. 106-109, hace referencia a esos aspectos en vía de interpretación de esos mismos dispositivos legales citados, no se debe entender de ella -la jurisprudencia- otros fines que no sean los de morigerar la intervención en el pleito, de terceros con mandatos ajenos a la litis, lo que no ocurre en autos, por cuanto el instrumento notarial de Fs. 83-88 arrimado por el recurrente contiene expreso mandato para asumir defensa en juicio laboral, recurrir de casación o nulidad y apersonarse ante la Corte Suprema de Justicia a nombre y en representación del Municipio de La Paz y, mas allá de ello, el poder se otorga a favor de Juan Carlos Salinas Fiorilo en su calidad de Jefe de Unidad de Trámites Judiciales y Administrativos del Municipio y, siendo así, la gestión que realizó en esa calidad resulta válida en el marco del Art. 120 del Código Procesal del Trabajo, en la medida que la habilitación dispuesta por este artículo hace mención a "toda gestión" que se realice en el proceso. Consiguientemente y encontrándose en legal forma el mandato con el que se apersona y deduce recurso de casación el abogado Juan Carlos Salinas Fiorilo, corresponde ingresar a considerar el fondo de dicho recurso.

2. Que, de la revisión del expediente y los términos del recurso interpuesto se arriba al convencimiento que la controversia versa sobre si corresponde o no, considerar en el promedio salarial indemnizable el "refuerzo salarial" cancelado por el Proyecto de Fortalecimiento Municipal (PFM), sobre lo que corresponde el siguiente análisis:

Por Ley 952 de 28 de octubre de 1987 se aprueba el Convenio 1842/B0 de 17 de agosto de 1987 suscrito entre el Gobierno de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial, Categoría 4ª, anexo 1 (no reembolsable) para mejoramiento de la administración de personal destinado al pago de sueldos a especialistas administrativos y técnicos necesarios para ejecutar el Proyecto "PFM", sólo durante las gestiones 1987-1988; sobre esta base se crea el PFM por Ordenanza Municipal Nº. 32/87 de 12 de junio de 1987 con la finalidad de garantizar el diseño, la ejecución y puesta en marcha de los proyectos concluidos por el mismo Proyecto de Fortalecimiento Municipal, en su período inicial bajo la forma de "Unidad" del Gobierno Municipal con vigencia desde el 1 de julio de 1986 a junio de 1987.

Lo anterior nos permite arribar a las mismas conclusiones que esta Sala expresó en oportunidad de resolver un caso similar mediante el AS. Nº. 239-Social de 22/10/01 y otros posteriores, esto es, que "el refuerzo salarial consistió en una remuneración adicional e independiente a los sueldos percibidos, sólo para quienes tenían la calidad de 'especialistas' y no para todos los funcionarios del Municipio paceño", así como que "sólo tuvo vigencia legal hasta el 31 de diciembre de 1988". Sobre este particular, conviene agregar que, en el primer caso, si los fines del convenio fueron específicos y determinados resulta congruente la contratación de especialistas para esas específicas funciones y, siendo así, mal pudo, la actora, desempeñarse simultáneamente en esas funciones específicas del PFM y aquellas para las que originalmente había sido contratada por el municipio y, en el segundo caso, que a partir de enero de 1989 ese sobre sueldo deviene en ilegal.

Sin embargo de lo anterior, corresponde tener en cuenta que por mandato expreso del Art. 9º del DS. 21137 de 30 de noviembre de 1985, no le está reconocida a ninguna autoridad la facultad de reponer o crear nuevos bonos y remuneraciones adicionales, ni autorizar su pago. Consiguientemente, en esta inteligencia y en el marco del principio de reserva legal, cualquier determinación diferente que, en definitiva, importe el pago de sumas adicionales al sueldo, como en el presente caso, deberá estar autorizado expresamente por ley de la República, lo que en la causa no se ha producido, habida cuenta que la Ley 952, a la que nos hemos referido anteriormente, aprueba un convenio con vigencia temporal y aún entendiendo que ésta autorizaba tal facticidad, su vigencia se limitaba hasta el 31 de diciembre de 1988, de ahí que lo pagado después de esta fecha no tiene sustento legal y al no tener esa reserva legal, no pudieron los jueces de instancia considerar como legales aquellos pagos denominados "refuerzo salarial" sin vulnerar el principio de reserva legal, por cuanto ese supuesto derecho no nace de la ley, sino mas bien antes, emerge de actos contrarios a ella.

En definitiva tanto el Juez A quo como el Tribunal Ad quem, al considerar como parte del promedio salarial un emolumento independiente del sueldo, concedido ilegal y arbitrariamente, vulneraron los dispositivos legales contenidos en los Art. 13 y 19 de la Ley General del Trabajo y Art. 9º del DS. 21137.

Consecuentemente, siendo evidentes las infracciones acusadas, corresponde resolver el recurso en la forma prevista por el Art. 274 del Procedimiento Civil, aplicable por disposición del Art. 252 norma remisiva del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad prevista en el Art. 60-1) de la Ley de Organización Judicial, de acuerdo con el dictamen Fiscal de Fs. 99, CASA parcialmente el Auto de Vista de Fs. 79 y, deliberando en el fondo, dispone el pago de la suma de Bs. 57.502,40, conforme a la siguiente liquidación:

Sueldo promedio: Bs. 5.196.-

Desahucio : Bs. 15.588,00

Indemnización : Bs. 35.852,40

Vacación : Bs. 6.062,00

Total a pagar : Bs. 57.502,40

Sin responsabilidad por ser excusable.

Para sorteo y resolución de la causa, según la convocatoria de Fs. 110, interviene el Ministro Juan José González Osio, de Sala Social y Administrativa Segunda.

Para resolución, según convocatoria de Fs. 112, interviene el Ministro Eddy Wálter Fernández Gutiérrez, Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda.

Relator: Ministro Dr. Jaime Ampuera García.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Jaime Ampuero García.

Dr. Juan José González Osio.

Dr. Eddy Wálter Fernández Gutiérrez.

Sucre, 10 de noviembre de 2006

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara