SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 568/01

AUTO SUPREMO Nº 058 - Social Sucre, 01 de noviembre de 2006.

DISTRITO: Tarija

PARTES: Juan Carlos Cruz Salazar c/ Consorcio CBI-INCOTAR.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 84-86, interpuesto por Félix Zubieta Mercado, en representación del Consorcio CBI-INCOTAR, contra el auto de vista de 10 de septiembre de 2001 cursante a fs. 81-82, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso laboral seguido por Juan Carlos Cruz Salazar contra el Consorcio recurrente; la respuesta de fs. 88, el auto concesorio del recurso de fs. 90, los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la demanda laboral, la Jueza Segundo del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Tarija, en fecha 5 de mayo de 2001, pronunció la sentencia de fs. 66-67, declarando probada la demanda en todas sus partes, disponiendo que el Consorcio demandado pague en favor del demandante la suma de Bs. 6.180.- por concepto de indemnización, desahucio, vacación y sueldo devengado.

Apelada la sentencia por la parte demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija emitió el auto de vista de 10 de septiembre de 2001, cursante a fs. 81-82, por el que confirma parcialmente la sentencia con modificación de la liquidación a la suma de Bs. 5.202.- Este fallo motivó el recurso de casación en el fondo que se analiza, en el que de manera concreta se acusa error de hecho en la apreciación de la prueba, al no haberse considerado las declaraciones testificales de descargo de fs. 50 a 53.

CONSIDERANDO II: Que, ingresando al análisis de los fundamentos del recurso y los antecedentes procesales, se concluye lo siguiente:

Luego de suscrito el "Convenio de Entendimiento Mutuo" de fs. 4, y reiniciadas las labores del Consorcio demandado, el demandante no fue reincorporado a su puesto de trabajo tal como se había acordado en el precitado Convenio, hecho que se desprende de la documental de fs. 5- 6, lo que dio lugar a que el demandante acuda ante el Inspector Regional del Trabajo de Bermejo reclamando su reincorporación, donde se suscribió el "Acta de Común Acuerdo" de fs. 7-8 en el que se acordó la reincorporación del trabajador, empero, tal como consta de la documental de fs. 9 y 10, se convocó a éste a presentarse en las oficinas del Consorcio, con el advertido de que se le asignarían "...nuevas funciones dentro la empresa.", situación que no fue aceptada por el demandante, acogiéndose al despido indirecto.

Ahora bien, al habérsele llamado al actor a reincorporarse a la empresa, pero, "asignándole nuevas funciones", sin siquiera definirlas específicamente, ciertamente la parte demandada ha incumplido lo estipulado en la cláusula tercera inc. b) del ya citado "Convenio de Entendimiento Mutuo" cursante a fs. 4 de obrados y, de esa manera, ha modificado las condiciones originales de su contratación, ya que lo que correspondía, según el Convenio, era "reincorporarlo a su puesto de trabajo" como está explícitamente estipulado, es decir al cargo de Encargado de Almacenes. Esta circunstancia, definitivamente, se configura en incumplimiento del contrato por parte del empleador demandado y, por ello, despido indirecto al que se acogió el demandante, haciéndose acreedor a percibir los beneficios sociales establecidos por el art. 13 de la L.G.T., los cuales -dicho sea de paso- son explícitamente admitidos por el demandado a fs. 72 vta., con el advertido que el recurrente dice interponer recurso de casación en el fondo, pero no demuestra la violación de leyes sustantivas en la decisión de la causa, a tenor del art. 253 del Cód. Pdto. Civ.

De lo precedentemente expuesto, se concluye no ser evidente el acusado error de hecho en la apreciación de la prueba de descargo, menos cuando éstas no desvirtúan los hechos; consecuentemente, corresponde dar aplicación a lo establecido en el art. 273 del Cód. Pdto. Civ., con la permisión contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad prevista en el art. 60 inc. 1) de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de nulidad de fs. 84-86, con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs. 500, que mandará pagar el Tribunal Ad quem.

Para sorteo y resolución de la causa, según la convocatoria de fs. 92, interviene el Ministro Juan José González Osio, de Sala Social y Administrativa Segunda.

Relator: Ministro Dr. Juan José González Osio..

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Juan José González Osio.

Dr. Jaime Ampuero García.

Sucre, 01 de noviembre de 2006

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara