SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 536/01

AUTO SUPREMO Nº 049 - Social Sucre, 01 de noviembre de 2006.

DISTRITO: Cochabamba

PARTES: Severo Santiago Rejas Orellana c/ Jaime Rejas Orellana.

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VISTOS: El recurso de nulidad y/o casación de fs. 134-135, interpuesto por Jaime Rejas Orellana, contra el auto de vista Nro. 392/2001 de 29 de agosto de 2001, cursante a fs. 131-132, dictado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro el proceso laboral seguido por Severo Santiago Rejas Orellana contra el recurrente; las respuestas de fs. 139 y 142-144, el auto concesorio del recurso de fs. 144 vlta., los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, el Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, en fecha 3 de julio de 2001, pronunció la sentencia de fs. 66-67, declarando probada la demanda, ordenando que la Empresa J.R. Constructores pague en favor del demandante la suma de Bs. 101.919,55 por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo, vacaciones, primas, bono de antigüedad y salarios devengados.

Apelada la sentencia por la parte demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Cochabamba emitió el auto de vista Nro. 392/2001 de 29 de agosto de 2001, cursante a fs. 131-132, por el que se confirma en parte la sentencia y se dispone que "... en ejecución de sentencia, se establezca el tiempo de servicios en base al trabajo contínuo de la última obra, el monto del sueldo mensual percibido, en base a cuyos antecedentes debe determinarse el pago de aguinaldos, vacaciones, prima y bono de antigüedad" (sic). Esta resolución, motivó el recurso de nulidad y/o casación que se analiza, que simplemente acusa que la tramitación del proceso se llevó adelante con vicios procesales que interesan al orden público y que ameritan la nulidad de obrados de acuerdo a lo dispuesto por el art. 247 de la L.O.J., por falta de citación con la demanda y notificación con la apertura del término de prueba; para finalmente de forma ambigua, anfibológica solicitar que este Tribunal se pronuncie "...casando el auto de vista...y anule o reponga obrados..." con ostensible confusión de ambos recursos, que son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica.

CONSIDERANDO II: Que, antes de ingresar al análisis de los fundamentos del recurso y lo antecedentes procesales, corresponde recordar que, conforme establece el art. 258 del Cód. Pdto. Civ. en su inc. 3), "en el recurso de casación no será permitido (...) alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores, salvos los casos que interesen al orden público para los efectos del artículo 252".

Ahora bien, el recurrente acusa que la tramitación del proceso se ha llevado adelante con vicios procesales que ameritan la nulidad, más concretamente, fundamenta su recurso en el hecho de que María Ximena Lizarazú Ferrel no podía ser creída como testigo por los impedimentos legales preestablecidos en los numerales 1) y 3) del art. 446 del Cód. Pdto. Civ.. debido a que ella es interesada directa en el juicio por ser pariente y persona de máxima confianza del demandante. De la revisión de obrados, se desprende que tales "vicios procesales" no fueron debida y oportunamente reclamadas por el recurrente, pues si éste consideró que María Ximena Lizarazú Ferrel no podía intervenir como testigo de actuación en las diligencias practicadas a fs. 10 y 22, debió oponer el incidente correspondiente ante el juez de primera instancia, cosa que no ocurrió. Tampoco hizo valer su reclamación a momento de apelar de la sentencia emitida, no siendo evidente su afirmación de que el Tribunal Ad quem "no consideró la nulidad o reposición de obrados hasta el vicio más antiguo reclamados oportunamente por memoriales de fs. 88-89..." ya que en dicho memorial (de apelación) no menciona en absoluto los vicios que ahora invoca, habiendo consentido, tácitamente, aquellos actuados, y continuó con la tramitación de la causa sin observación alguna hasta sentencia, no correspondiendo atender en esta instancia , por imperio del precitado inc. 3) del art. 258 del Cód. Pdto. Civ., la nulidad invocada.

A lo anterior hay que agregar que la argüida inhabilidad establecida por el art. 446 del Cód. Pdto. Civ., está referida a los testigos propuestos como prueba dentro del proceso y no a los testigos de actuaciones judiciales como las citaciones y/o notificaciones, por tanto resulta impertinente su cita.

Consecuentemente, en mérito a lo precedentemente expuesto, no siendo evidentes las nulidades acusadas por el recurrente, careciendo, además, el recurso de la adecuada técnica jurídica necesaria en su formulación, es llegado el caso de dar aplicación a lo establecido en el art. 273 del Cód. Pdto. Civ., con la permisión contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida en el art. 60 inc. 1) de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 134-135, con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs. 500.-, que mandará pagar el Tribunal Ad quem.

Para sorteo y resolución de la causa, según la convocatoria de fs. 147, interviene el Sr. Ministro Juan José González Osio, de Sala Social y Administrativa Segunda.

Relator: Ministro Dr. Juan José González Osio..

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Juan José González Osio.

Dr. Jaime Ampuero García.

Sucre, 01 de noviembre de 2006

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara