SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 584/01

AUTO SUPREMO Nº 038 - Social Sucre, 26 de octubre 2006.

DISTRITO: Cochabamba

PARTES: Zenón Tapia Téllez c/ Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba.

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VISTOS: El recurso de Casación de Fs. 70-71, interpuesto por Gonzalo Terceros Rojas, en su calidad de Alcalde del Municipio de Cochabamba, contra el Auto de Vista de Fs. 67-68, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social seguido por Zenón Tapia Téllez contra la entidad recurrente; los antecedentes procesales, el Dictamen Fiscal de Fs. 77; y

CONSIDERANDO: Que planteada la demanda a Fs. 4, el Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba pronuncia Sentencia a Fs. 48 a 49, declarando PROBADA la demanda. En grado de apelación la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba mediante el Auto de Vista de Fs. 67 a 68 CONFIRMA la Sentencia apelada. Esta resolución ha motivado el recurso de casación deducido por el Alcalde Municipal de Cochabamba acusando la Infracción de los Arts. 1, 2 y 6 de la Ley General del Trabajo y del DS. 23570 de 26 de julio de 1993, con el argumento de que el Tribunal de apelación ignoró el informe de Fs. 60-61 por el que se evidencia que el actor fue trabajador eventual sujeto a jornal diario, que se desempeñó en forma discontinua y, consiguientemente, no ha existido contrato, horario normal de trabajo y sueldos o salarios mensuales que hacen a una verdadera relación laboral y que, por su parte, el demandante no cumplió con los puntos fijados en el auto de relación procesal, considerando insuficientes las pruebas de cargo aportadas.

CONSIDERANDO: Que de la revisión de los antecedentes en relación a los términos del recurso, se establece:

1. Que el Tribunal de Apelación, al momento de confirmar la Sentencia de primer grado ha establecido que el actor fue trabajador dependiente del Municipio de Cochabamba y, refiriéndose a los otros aspectos que se reclaman en casación (tiempo de servicios y la relación laboral), sostiene que correspondía a la parte demandada desvirtuar tales aspectos en el marco de los Arts. 3-h), 66, 137 y 150 del Código Procesal del Trabajo, por cuanto:

En la medida que la entidad demandada se limitó a negar la demanda, sin aportar elementos de prueba que permitan sostener sus argumentos, no pudieron, ni el Juez de mérito, ni el Tribunal de Apelación, pronunciarse de otra manera, sino sobre la base de la prueba cursante en el expediente, constituida por las literales de Fs. 1 a 3 y de Fs. 30 a 40, que son las papeletas de pago que certifican que el actor fue trabajador dependiente del Municipio de Cochabamba, sujeto a sueldo mensual.

La literal de Fs. 60-61 en la que el recurrente pretende sostener su recurso, no es suficiente para formar convicción de los hechos que alega; primero, porque constituye una declaración unilateral sin respaldo e imprecisa, esto es, sin otro elemento que demuestre su veracidad como el kardex del que se dice provienen tales datos o las planillas de pago de los haberes, así sean jornales o sueldos mensuales, el libro de control de asistencia o cualquier otro elemento probatorio que demuestre fehacientemente, no sólo esas aseveraciones, sino también las fechas y el tiempo en que la relación laboral hubiere sido interrumpida; y segundo, esa única literal no cumple los requisitos de admisiblidad que permitan su consideración, debido a que no fue ofrecida oportunamente, conforme lo establece el Art. 151 del Código Procesal del Trabajo, concordante con el Art. 379 del Código de Procedimiento Civil, menos fue ofrecida en segunda instancia conforme a las reglas del Art. 232 del Código Adjetivo Civil aplicable en la materia en virtud de la expresa previsión contenida en el Art. 208 del Código Procesal del Trabajo.

2. Que, los hechos así establecidos por el Tribunal Ad quem demuestran que el actor fue dependiente de la entidad demanda sujeto a contrato verbal, cuyo valor se encuentra reconocido expresamente por el Art. 6º de la Ley General del Trabajo, concordante con el Art. 2º de la misma Ley General que define como servicios prestados por cuenta ajena y, siendo así, se encuentran comprendidos en los alcances de la misma Ley, en el marco de su Art. 1. Consiguientemente, no se advierte que, ni el Juez de mérito ni el Tribunal de apelación, hubieran incurrido en infracción de tales disposiciones legales, como tampoco del Art. 1º del DS. 23570 de 26.07.93 que establece los requisitos de validez para la concurrencia de la relación laboral.

3. Que el trabajo eventual, que se alega en el recurso, mal pudo ser reconocido en los juicios de instancia, en la medida que las papeletas de pago arrimadas al expediente advierten que el actor percibía un sueldo mensual, sin que la entidad demandada haya probado fehacientemente lo contrario; más aún, tomando como parámetro la definición contenida en el Art. 10-a) del Código de Seguridad Social, por el que se considera que aquellos trabajos ocasionales y extraños a la actividad ordinaria que suponen eventualidad, dejan de serlos a partir del 15º día de prestación del servicio; en el caso de autos, no puede considerarse eventual al prestado por el actor dada su naturaleza y el tiempo de su prestación. Tampoco este aspecto pudo ser enervado bajo el argumento de que el actor no probó sus aseveraciones, por cuanto conforme lo advierte el Tribunal de Apelación, en el marco de los Arts. 3-h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, la carga de la prueba le corresponde al empleador, por lo que era de obligación de él aportar los medios probatorios necesarios para la convicción del juzgador.

Consecuentemente, no encontrándose probadas las infracciones acusadas en el recurso, corresponde observar la disposición contenida en el Art. 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en la materia con la permisión de la norma remisiva contenida en el Art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el Art. 60-1) de la Ley de Organización Judicial, de acuerdo con el dictamen Fiscal de Fs. 77, declara INFUNDADO el recurso de Fs. 70-71, sin costas.

Sin lugar a la regulación de honorario profesional de abogado, por no haber sido respondido el recurso.

Para sorteo y resolución de la causa, según la convocatoria de Fs. 78, interviene el Ministro Juan José González Osio, de Sala Social y Administrativa Segunda.

Fdo. Dr. Jaime Ampuero García.

Dr. Juan José González Osio.

Sucre, 26 de octubre 2006

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara