SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente N° 480/01

AUTO SUPREMO N° 004 - Social Sucre, 02 de marzo de 2006.

DISTRITO: Cochabamba

PARTES: Marcial Flores Zanabria c/ Empresa "SILVER CRAFT" S.R.L.

RELATOR: MINISTRO DR.- Carlos Rocha Orosco.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 221-222 vlta., interpuesto por Georgina Arispe Sánchez, en representación de Silvia del Carmen López Gómez, por la Empresa "SILVER CRAFT" S.R.L., contra el Auto de Vista de fs. 214-214 vlta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales y otros, seguido por Marcial Flores Zanabria contra la empresa recurrente; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO: Que planteada la demanda de fs. 10-10 vlta., la Jueza de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba la tramita con arreglo a ley y pronuncia Sentencia a fs. 197-198 vlta., declarando PROBADA en parte la acción intentada. En grado de apelación, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial, expide el Auto de Vista de fs. 214-214 vlta., CONFIRMANDO la sentencia apelada. Frente a dicha resolución se interpone el recurso de casación que se analiza, el cual acusa mala interpretación y violación del art. 19 de la Ley General del Trabajo; indica, además, que: "[...] Dicho artículo es concordante con la Ley de 9 de Noviembre de 1.940 y Decreto Supremo 1592, de 19 de Abril de 1.949..."; pidiendo al Tribunal Supremo case el auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO: Que de la revisión de los antecedentes procesales, con relación al recurso de casación deducido, se determina lo siguiente:

1.- El único tema del que recurre la parte demandada, como fondo de la controversia, tiene que ver con el monto del sueldo promedio indemnizable del actor; discurriendo aquélla, que existe violación del art. 19 de la Ley General del Trabajo por los jueces de grado, cuando fue "malinterpretado" dicho precepto legal, debiendo establecerse el sueldo promedio -dice- de la suma de los tres últimos sueldos percibidos por el trabajador, dividiendo dicho resultado entre tres y que, en el caso de autos, sería de Bs. 725.-, tal cual corroboran las papeletas de pago cursantes de fs. 2-7 del expediente.

2.- Si bien el art. 19 de la Ley General del Trabajo advierte la forma de efectuar el cálculo para obtener el salario promedio indemnizable, no es menos evidente que existen disposiciones complementarias sobre el particular, como la Ley de 9 de noviembre de 1940, reglamentada por el Decreto Supremo Nº 1592 de 19 de abril de 1949; prescribiendo categóricamente aquella Ley en su art. 1º que, a los efectos de las leyes sociales concernientes al pago de jubilaciones, indemnizaciones, etc.: "[...] se consolidan como sueldo único los sueldos básicos, las bonificaciones legales, las voluntarias acordadas...". Por lo tanto, el bono de antigüedad ha sido calculado con mejor criterio por el Tribunal de apelación, en fiel acatamiento a lo normado por el art. 60 del Decreto Supremo Nº 21060 de 29 de agosto de 1985, determinando que al actor le corresponde -en los porcentajes respectivos- un reintegro por este concepto, únicamente sobre las dos últimas gestiones; sin que, por ello, dicha resolución se configure: "[...] como un pago doble y un enriquecimiento ilícito a favor del demandante...", como equívocamente colige la parte recurrente, puesto que no se percata de la explícita precisión que efectúa el Ad quem en la parte final del 2º Considerando, lo que descarta plenamente la sugestión propuesta.

Consecuentemente, el Tribunal de alzada, al confirmar la Sentencia de fs. 197-198 vlta., con la modificación respecto al cálculo del sueldo promedio indemnizable, ha obrado correctamente, con facultad propia y sin faltar a ninguna regla de criterio legal, menos incurrir en error de derecho ni de hecho, o en violación de alguna disposición legal; correspondiendo la aplicación del art. 273 del Código de Procedimiento Civil, con la permisión de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad prevista en el art. 60-1) de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de fs. 221-222 vlta., con costas.

Se regula el honorario del abogado en Bs. 500.-

Relator: Ministro Dr. Carlos Rocha Orosco.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Carlos Rocha Orosco.

Dr. Alberto Ruiz Pérez.

Sucre, 02 de marzo de 2006.

Proveído: Ricardo Medina Stephens.-Secretario de Cámara.