SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente N° 474/01

AUTO SUPREMO N° 003 - Social Sucre, 02 de marzo de 2006.

DISTRITO: Chuquisaca

PARTES: Guido Humberto Valda Cortez c/ Empresa "Monteagudo Agroindustrias Bolivia" Ltda. M* AGRIBOL.

RELATOR: MINISTRO DR.- Alberto Ruiz Pérez.


VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 199-201 vta., interpuesto por Serafín Barrón Romero, en representación legal de Guido Humberto Valda Cortez, contra el Auto de Vista de fs. 194-196, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso social de pago de sueldos devengados, beneficios sociales y otros, seguido por el recurrente contra la Empresa "Monteagudo Agroindustrias Bolivia" Ltda. M*AGRIBOL.; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO: Que, planteada la demanda de fs. 14-16 vta., es tramitada conforme a ley y la Jueza de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social de Chuquisaca, pronuncia Sentencia a fs. 163-163 vta., declarando PROBADA en parte la demanda y también emite el Auto Complementario de fs. 167 vta. Apeladas ambas resoluciones, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial, mediante el Auto de Vista de fs. 194-196, REVOCA en parte la sentencia y auto apelados. Dicho fallo motivó el recurso de casación que se examina, el cual acusa, la infracción de los arts. 13 inc. g), 44 y 57 de la Ley General del Trabajo; 8, 33 y 48 de su Decreto Reglamentario; 3 incs. g) y h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo; 5, 157 y 162 de la Constitución Política del Estado; Ley de 18 de diciembre de 1944, Decreto Reglamentario de 21 de diciembre de 1944, Decreto Supremo Nº 21060 de 29 de agosto de 1985, art. 60; pidiendo que el Tribunal Supremo, case el auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO: Que, del estudio de los antecedentes procesales con relación al recurso de casación en estudio, se establece lo siguiente:

1) El Tribunal de apelación ha efectuado una correcta apreciación y valoración de la prueba arrimada al expediente, advirtiendo los errores de hecho y derecho en los que incurrió la Jueza a quo, atendiendo a las circunstancias relevantes del juicio y a la conducta procesal demostrada por las partes, bajo el principio doctrinal que acoge el art. 3 inc. j) del Código Procesal del Trabajo, al exigir que el juzgador valore la prueba con amplio margen de libertad, conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios del Derecho Laboral; máxima que también le impone analizar la admisibilidad, pertinencia y eficacia de las mismas, a efectos de discernir si éstas son conducentes; es decir, si resultan útiles para adoptar convencimiento sobre la materia objeto del litigio, en el caso sub lite, el pago de los derechos que el actor persigue; sin que resulte coherente y suficiente para resolver la controversia, invocar únicamente el principio de proteccionismo y la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, como principio constitucional, cuando ello importa que los mismos estén debidamente respaldados por el ordenamiento jurídico que los configura. Así, el ad quem ha llegado al razonamiento jurídico-legal que consta en el contenido de su resolución; habiéndose determinado que la relación contractual laboral entre las partes tuvo vigencia por el periodo del 9 de noviembre de 1996 al 15 de octubre de 2000, sin que se haya producido un retiro intempestivo, sino el retiro voluntario del demandante -aserto corroborado por el preaviso de renuncia contenido en la literal de fs. 33, que no fue desvirtuado ni enervado en su validez-, totalizando un récord de servicios del actor, de 3 años 11 meses y 6 días; sobre cuyo lapso se le ha reconocido los derechos sociales que le corresponden, más no los que prescribe el Decreto Supremo Nº 11478 de 16 de mayo de 1974.

2) De otra parte, sobre la prueba testifical de fs. 79, de forma alguna es "contundente", tal como se afirma en el recurso, al margen de utilizarse otros adjetivos impertinentes e insustentables, pues, en aquélla atestación se indica que el demandante: "[...] ha prestado servicios en la empresa "M*Agribol, mediante contrato de trabajo a plazo indefinido desde el 1º de octubre de mil novecientos noventa y cuatro"; declaración que no hace fe, en observancia del art. 169 del ritual laboral y, por lo mismo, tampoco es de aplicación el art. 178, también del mismo cuerpo de leyes. Aseveración que, además, es incongruente con la que efectúa la parte demandada, en sentido de que la empresa fue adquirida en agosto de 1996, tomándosela ésta como confesión de parte, en consonancia con el art. 150 in fine del Adjetivo Laboral.

3) Igualmente, con la misma pertinencia y sin incurrir en vulneración de disposición legal alguna, se han precisado los montos correspondientes a los siguientes conceptos: a) aguinaldo, reconociéndosele por 9,5 duodécimas, más no por gestión completa; b) la vacación anual, en acatamiento del art. 33 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, no es compensable en dinero, excepto a la conclusión del contrato de trabajo, como es el caso en estudio; empero, no puede ser acumulada sino por acuerdo mutuo y por escrito, situación que no se dio en el proceso; entonces, le pertenece sólo por el último año precedente a la terminación de la relación laboral, cual es el comprendido entre el lapso del 15 de octubre de 1999 al 15 de octubre de 2000, que, en cumplimiento del art. 44 de la Ley General del Trabajo, rectificado por el Decreto Supremo Nº 3150 de 19 de agosto de 1952 y ratificado éste último por el Decreto Supremo Nº 17288 de 18 de marzo de 1980, corresponde a 15 días del promedio salarial mensual establecido; c) el bono de antigüedad, del mismo modo, ha sido determinado en consideración al periodo de trabajo efectivo prestado por el actor, debiendo percibir tal beneficio, en conformidad con el art. 60 del Decreto Supremo Nº 21060 de 29 de agosto de 1985.

En lo tocante al no pago de horas extraordinarias, debe manifestarse que, evidentemente, el demandante asumió la calidad de trabajador de confianza, confesión que consta en su demanda, cuando afirma haber desempeñado las funciones de Superintendente General; comprendiéndose en aquel tratamiento excepcional, a quien ocupa un cargo de vinculación inmediata con el empleador, que lo ubique dentro del personal de alta dirección en la estructura organizacional de la entidad empleadora, permitiéndole acceder a un ingreso salarial superior al promedio que perciben sus compañeros de trabajo; sumándose a ello, el tipo de labores que desempeña, no pudiendo someterse a una jornada regular de trabajo; a cuya consecuencia, el demandante está implicado en la excepción que estipula la segunda parte del art. 46 de la Ley General del Trabajo.

4) Finalmente, corresponde referirse al requerimiento de pago de sueldos devengados, los que si bien la Corte de alzada reconoce su cancelación por los meses de agosto, septiembre y 15 días de octubre de 2000, descartando la literal de fs. 34 y repetida a fs. 37, al no satisfacer las formalidades de los arts. 161 inc. a) y 162 del ritual laboral, no es menos evidente que en la parte resolutiva incurre en error porque en base al promedio salarial mensual de Bs. 2.600.- correspondía Bs. 6.500.- y no Bs. 3.900.- por concepto de sueldos devengados, haciendo un total adeudado de Bs. 12.913,33.-que cancelará el demandado, lo que así se declara.

Consecuentemente, no siendo fundadas las infracciones denunciadas en el recurso, corresponde la aplicación del art. 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el art. 60, atribución 1ª) de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 199-201 vta., con costas.

Sin lugar a regulación de honorario profesional por no haber sido respondido el recurso.

Relator: Ministro Dr. Alberto Ruiz Pérez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Alberto Ruiz Pérez.

Dr. Carlos Rocha Orosco.

Sucre, 02 de marzo de 2006.

Proveído: Ricardo Medina Stephens.-Secretario de Cámara.